Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 127243
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución del 24/8/2021 en lo que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo proseguir la tramitación en la instancia de origen según su estado. Costas de Alzada por su orden atento tratarse de agravios generados de oficio y no haber mediado contradicción (arts. 68 y 69 CPCC).
Causa: 127243 JDO. CIVIL Y COMERCIAL NRO. 10
La Plata, 23 de Diciembre de 2021
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Que mediante resolución del 24/8/2021 la Sra. Juez de la instancia de origen declaró la caducidad de la instancia e impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida.
Tuvo en cuenta para ello la intimación dispuesta en fecha 2 de agosto de 2021, y la consecuente no satisfacción del impulso adecuado; que la presentación de fecha 9 de agosto de 2021 no resultó idónea a los fines de constituirse en eficaz y por ende, propender a los actuados a su fin natural, que es el dictado de la sentencia toda vez que allí se acompañó a confronte un mandamiento de intimación de pago que resultó observado. Agrega, que el pago de tasa y sobretasa de justicia, bono ley 8480, 10.268 e impuesto de sellos, tampoco satisface aquel presupuesto, que se efectivizó en forma inoportuna.
II. Que contra esa forma de decidir el apoderado de la parte actora interpone recurso de apelación que funda con la pieza electrónica del 10/9/2021.
Sostiene que la resolución apelada es arbitraria, absurda e infundada, provoca un vacío legal reprochable y una violación flagrante a las más elementales garantías y derechos constitucionales; que causa un directo perjuicio al acreedor, violación al acceso a la justicia y desigualdad de trato; que incurre en un exceso ritual; que el proveído a fs. 27/29, al ordenar librar el mandamiento que tiene como único destino lograr la traba de la Litis, fue cumplido al adjuntar un mandamiento, y que la circunstancia de que el mismo resulte observado, es una circunstancia completamente subsanable que no vulnera derecho alguno de la contraparte, más aún si resulta la única actividad útil que se puede producir.
Agrega que el argumento de que el pago de la tasa, sobretasa, impuesto de sellos, bono ley 8.480 y 10.268 era la circunstancia que supeditaba el libramiento del mandamiento, por lo que frente a la observación del instrumento, procedió a cumplir con lo querido; que el cumplimiento de estas cargas no hace más que reafirmar la voluntad de esa parte de continuar con la acción y además allanar el camino a la sentencia una vez que se encuentre trabada la Litis; que resulta inexacto que la presentación de dichas erogaciones sea inadecuada; que acompañados los comprobantes de pago, y presentado nuevamente el mandamiento a confronte, fue nuevamente observado el 24/08/21, decretándose la caducidad. Refiere que se han ignorado los diversos intentos incurridos para producir actividad procesal, vulnerando el derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia de su mandante (arts. 16, 17, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
III. Que, abordando la tarea revisora, cabe señalar que la caducidad de la instancia es un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando no se lo impulsa durante el tiempo establecido por la ley. Su finalidad atiende tanto a la necesidad de sancionar al litigante moroso, como la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial (SCBA, causas Ac. 58.849, del 15/7/97; Ac. 47.994, del 28/2/95 y Ac. 62.075, del 15/9/98).
La carga de instar el adelanto del proceso está gravada con la sanción de la caducidad de la instancia porque bien se comprende que, por razones del interés colectivo, el legislador, en resguardo del orden de la justicia, trate de impedir que se acumulen las actuaciones abandonadas por las partes (Chiovenca, “Instituciones”, t. III, pág. 311) (SCBA, “Ac. y Sent.” 1956-V, 487).
Surge así como una institución de orden público, que tiende a liberar a los órganos jurisdiccionales de la sustanciación y resolución de los procesos cuando la parte interesada -actor, demandado, apelante, incidentista- carece, presumiblemente, de interés en su prosecución (SCBA, “Ac. y Sent.”, 1978-III, pág. 24), facilitando así el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial (Fassi, "Código Procesal..." T. I, pág. 771, nº 1772), y sirviendo de remedio al mal de la prolongación injustificada de los juicios.
No es ocioso destacar que aunque la caducidad de la instancia puede ser declarada de oficio, no se produce de pleno derecho (doct. art. 316 del C.P.C.C.; SCBA, causa Ac. 42.842 del 25/9/90; L. 46.205, del 31/3/92), de manera que aunque haya transcurrido el plazo pertinente no cabe declararla si cualquiera de las partes activa el procedimiento antes de que ella sea acusada o denunciada (esta Sala, causa 91.090, reg. int. 214/99, e.o.).
Por último, no debe perderse de vista que en materia de caducidad de la instancia debe prevalecer una interpretación de naturaleza restrictiva por las consecuencias que este instituto produce en el proceso, ya que debe velarse por la continuidad del proceso (art. 18, C.N.; esta Sala, causa 118.482, RSD. 27/2015). De allí, que en su admisión debe actuarse con criterio estricto (SCBA, “Ac. y Sent.” 1973-II, 248).
IV. Sentado ello, corresponde apuntar que presentar a confronte el mandamiento con el cual sustanciar la ejecución, revela sin hesitación alguna la voluntad de mantener vivo el proceso.
El mandamiento, por su trascendental importancia procesal -citar al ejecutado a estar a derecho-, observa el principio general establecido por el art. 311 del Código Procesal, el cual se ha interpretado en el sentido de asignar carácter impulsorio a todos aquellos actos que, cumplidos por las partes, por el órgano jurisdiccional o por sus auxiliares, sean particularmente aptos para hacer avanzar el proceso de una a otra de las etapas que la integran.
Por más que el mandamiento dejado a confronte fuera deficitario y por ende observado, en este estadio del proceso, tal acto es idóneo para el avance del proceso, en el sentido de favorecer su continuidad. Con ello es claro que la actora demostró una actividad procesal y una intención de impulsar o hacer avanzar el proceso, realizado con anterioridad al decreto oficioso de perención (24/8/2021).
Y si alguna duda puede caber al respecto, el criterio restrictivo, que es orientador general en materia de caducidades, impone resolver en favor de mantener vivo el proceso (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 310, 311 y 384, C.P.C.C.).
En consecuencia, no apreciándose desinterés en la quejosa, aunque si ineficacia o error en la confección del mandamiento, el agravio ha de merecer favorable acogida (conf. CNCiv., Sala M, 11/11/2016, causa 72039/2014; Cám. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, causa JPM-4538 RSI. /19, resolución del 5/9/2019, e.o.), y hace que no sea necesario abordar las restantes cuestiones expuestas en el intento revisor (arts. 163, 164, 260. 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
POR ELLO, se revoca la apelada resolución del 24/8/2021 en lo que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo proseguir la tramitación en la instancia de origen según su estado. Costas de Alzada por su orden atento tratarse de agravios generados de oficio y no haber mediado contradicción (arts. 68 y 69 CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia