Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la decisión apelada y se hace lugar al embargo ejecutorio solicitado sobre los haberes que la demandada percibe como dependiente del Ejército Argentino, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (art. 11, decreto ley 6754/43); todo ello sin perjuicio de la facultad de los jueces de revisar la incidencia de los accesorios en el momento de examinar la liquidación respectiva (art. 771, CCCN). Las costas se imponen por su orden de acuerdo a la forma en que se decide la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 127912; JUZGADO DE PAZ - MAGDALENA
MENENDEZ MONICA GABRIELA C/ GUIRALDE MICAELA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO (DIGITAL)
La Plata, 3 de marzo de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución apelada no hizo lugar al embargo pretendido sobre los haberes que la demandada percibe como dependiente del Ejército Argentino, de conformidad con el principio de inembargabilidad contenido en el Decreto ley 6754/43 (normativa que declara inembargable los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas).
2. Dicha forma de decidir agravia a la recurrente, quien se disgusta del rechazo del embargo dispuesto en la instancia de grado.
3. Abordando la tarea revisora, principio por destacar que esta Sala, tanto con anteriores integraciones como la actual (causas 103.846, RSI 332/04, sent. int. del 23/9/04; 106.781, RSI 164/06 sent. int. del 18/7/06; 106.728, RSI 165/06, sent. int. del 18/7/06; 114.614, RSI 4/12, sent. int. del 3/2/12; 119.480, RSI 286/15, sent. int. del 15/12/15; 119.656, RSI 299/15, sent. int. del 29/12/15; 124.825, RSI 319/18, sent. int. del 26/11/18; 125.216, RSI 37/19, sent. int. del 12/2/19, entre otras), ha resuelto que si bien es cierto que la inembargabilidad de los sueldos y jubilaciones y pensiones de los obreros y empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, queda limitada al supuesto de préstamo de dinero y compra de mercaderías (de modo que las obligaciones que no tengan los señalados orígenes quedan sujetas a la escala de embargabilidad general establecida en la ley 14443 -Ley que aumentó el mínimo inembargable de sueldos, jubilaciones y pensiones-, según prescribe el art. 11 inc. “a” del decreto ley 6754/43), en los procesos ejecutivos, la abstracción causal del título base de la acción no puede tornar procedente el embargo, bajo el argumento que su procedencia podría desvirtuar el propósito tutelar del decreto citado (doctrina artículo 1º, decreto ley citado) e incurrir en el menoscabo del legítimo derecho de defensa del ejecutado (conf. arts. 18 Constitución Nacional, en adelante CN; 34 inc. 4, 542 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC).
En aquellos antecedentes se ha concluido entonces que el caso de los juicios ejecutivos en donde obra sentencia de trance y remate, no se encausan en la referida excepción, en tanto no se trata de un litigio con sentencia firme dictada en juicio ordinario o plenario abreviado. Por ello, el haber mantiene su naturaleza de inembragable pues no pudo discutirse allí la causa de la obligación (conf. esta Sala, causas 124.812, RSI 40/19, sent. int. del 12/03/19; 127.143, RSI 51/20 sent. int del 10/3/20; 127.286, RSI 91/20, sent. int. del 27/04/20, e/o).
Sin embargo, recientemente este Tribunal (causa 128.660, RSD 238/20, sent. del 22/12/20) ha fijado nuevos parámetros en dirección de receptar el embargo ejecutorio para los casos que exista sentencia de trance y remate firme, adecuando lo establecido en el artículo 11 del decreto ley 6754/43 para los casos de procesos de conocimiento.
4. En efecto, resulta ostensible que la normativa, al contemplar como excepción a la inembargabilidad de los salarios de los empleados públicos la existencia de una sentencia firme dictada en un proceso de conocimiento, admitió su procedencia a los supuestos en los que haya existido -como en el presente- un proceso que permitiera al accionado entablar defensas atinentes a la causa de la obligación -vedadas en los juicios ejecutivos (art. 542 inc. 4, CPCC)- y que haya culminado con una sentencia firme respaldatoria del crédito reclamado, robusteciéndose con ello el amplio y efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Asimismo, el principio de flexibilidad de las formas ha cobrado especial magnitud en el juicio ejecutivo, que se adecuó a fin de dar respuesta a los casos en que se pretenda ejercitar la acción cambiaria de un título en donde se instrumenta una relación de crédito para consumo -con mayor fuerza a partir del precedente de nuestro superior Tribunal provincial "Asociación Mutual Asís"- producto de las atribuciones que poseen los jueces en la materia, quienes deben garantizar los postulados de orden público que establece la ley 24.240 (conf. art. 65) -Ley de Defensa del Consumidor, LDC-, por lo que cabe afirmar que en la actual y adaptada vía ejecutiva se encuentra ampliamente garantizado el derecho de defensa en juicio del ejecutado consumidor en cuanto al origen del crédito y a las consecuencias que del mismo surgen, en exceso de lo dispuesto por el art. 542 del CPCC.
De ello se colige sin duda alguna que los recaudos establecidos por el art. 11 del decreto ley 6754/43 se encuentran debidamente cumplimentados en este tipo de procesos y en particular en las presentes actuaciones.
Consecuentemente, ha de concluirse que en los supuestos como el presente, donde se examinó la viabilidad del título ejecutivo a la luz del art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, los postulados constitucionales a los que responde (art. 42, CN) y se analizó el negocio jurídico que constituye la causa fin de la obligación meritando la incidencia de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados -y morigerándolos en su caso-, garantizando el derecho de defensa del consumidor cuidadoso de la tutela judicial efectiva e interviniendo en resguardo de sus derechos y como contralor del orden público el Ministerio Público (conf. arts. 52, LDC; 29 inc. 4º, Ley de Ministerio Público, ley 14.442), corresponde tener por cumplido el recaudo previsto en el art. 11 del decreto ley 6754/43 en tanto exige la existencia de una sentencia firme dictada en el marco de un procedo de conocimiento, asimilándose en estos casos -por los motivos antes expuestos- a la sentencia de trance y remate firme.
Ello, claro está, es al solo efecto de tonar viable la procedencia del embargo ejecutorio, pudiendo entablarse el juicio de conocimiento posterior, con el alcance que establece el artículo 551 del CPCC.
En definitiva, se trata de una interpretación armónica de todo el plexo normativo aplicable en la especie, respetuosa del principio de legalidad, por cuanto es dable tener por cumplida la previsión aludida sin incurrir en un exceso de rigor formal.
5. Asimismo, cabe señalar que si bien es cierto que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales (art. 869, Código Civil y Comercial de la Nación; en adelante CCCN), en el caso -habiendo optado cobrar su crédito con el producido del embargo de haberes- razones de justicia y equidad, a fin de evitar gravámenes innecesarios y teniendo en consideración que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que el juez debe ordenar lo necesario para evitar ello (art. 10, CCCN), corresponde disponer que el ejecutante no podrá ampararse en aquella previsión (art. 869, CCCN), por lo que deberá peticionar la extracción de los fondos y hacer todas las gestiones conducentes a ese efecto en el plazo de 10 días de transferidos a la cuenta de estos obrados bajo apercibimiento de imputarse los pagos al vencimiento de dicho plazo.
Ello así pues debe mediar un necesario equilibrio entre el derecho de cobro que merece el acreedor y el hecho de que la medida dispuesta no perjudique al deudor innecesariamente (arg. art. 10, CCCN; art. 533 y arg. art. 204, CPCC; esta Sala, causas 117.533, RSI 378/20, sent. int. del 3/12/20; 128.660, cit.).
6. Consiguientemente, corresponde revocar la decisión apelada y hacer lugar al embargo ejecutorio solicitado sobre los haberes que la demandada percibe como dependiente del Ejército Argentino, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (art. 11, decreto ley 6754/43). Todo ello sin perjuicio de la facultad de los jueces de revisar la incidencia de los accesorios en el momento de examinar la liquidación respectiva (art. 771, CCCN). Asimismo, deberá la ejecutante peticionar la extracción de los fondos y hacer todas las gestiones conducentes a ese efecto en el plazo de 10 días de transferidos a la cuenta de estos obrados bajo apercibimiento de imputarse los pagos al vencimiento de dicho plazo (arg. arts. 10, 869, CCCN; art. 533 y arg. art. 204, CPCC). Las costas deben imponerse por su orden por la forma en que se decide la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal (arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se revoca la decisión apelada y se hace lugar al embargo ejecutorio solicitado sobre los haberes que la demandada percibe como dependiente del Ejército Argentino, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (art. 11, decreto ley 6754/43); todo ello sin perjuicio de la facultad de los jueces de revisar la incidencia de los accesorios en el momento de examinar la liquidación respectiva (art. 771, CCCN). Las costas se imponen por su orden de acuerdo a la forma en que se decide la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia