Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130671
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio apelado de fecha 14 de septiembre de 2021 en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Con costas de Alzada al recurrente en su carácter de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).REGISTRESE.
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 130671; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
OK CONSUMER FINANCE S.A. C/ CORIA PEDRO S/ COBRO EJECUTIVO
La Plata, 24 de Febrero de 2022.
1.Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado por la letrada apoderada de la actora con fecha 16 de septiembre de 2021, contra la resolución del 14 de septiembre de 2021. El día 28 de septiembre de 2021 presentó el respectivo memorial de agravios, mientras que el día 8 de noviembre de ese mismo año el Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
2.A. El decisorio puesto en crisis dispuso declarar la nulidad de la sentencia de trance y remate dictada el 18 de julio de 2019, así como de lo actuado en su consecuencia. En ese entender, se confirió traslado al ejecutado de la documentación acompañada con el escrito del 17 de julio de 2020, a cuyo fin, se ordenó, debería notificarse el traslado a la parte en su domicilio real para mantener la igualdad en el proceso, debiendo darse, con posterioridad, debida intervención a la señora Agente Fiscal. Asimismo, se dejó establecido que las sumas ya percibidas en estas actuaciones por la parte accionante y su letrado serían consideradas a cuenta de la eventual liquidación que oportunamente se practique en el expediente y su consecuente regulación de honorarios, una vez cumplimentados los trámites procesales pertinentes. Finalmente, se desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la ejecutante y se impusieron las costas al actor vencido en sus planteos (v. sent. del 14/9/21).
B. Contra esta forma de decidir se alza el accionante, quien entiende que lo resuelto en las actuaciones se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Refiere que el traslado dispuesto al señor Agente Fiscal se efectuó a razón de que éste se expidiera respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado, más procedió a hacerlo en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor -en adelante LDC-, considerándolo extemporáneo. Sin perjuicio de ello, aduce que accedió a acompañar la documentación que diera origen a los documentos ejecutados, la cual, señala, cumple acabadamente con los requisitos exigidos por la LDC. Finalmente, solicita que se deje sin efecto la nulidad dictada, pues, a su entender, la eventual falta de intervención de un funcionario no necesariamente debe dar lugar a la anulación de todo lo actuado, si al remitirle las actuaciones en vista se verifica que no se ha violado normativa alguna (v. esc. eléc. del 28/9/21).
3. A. Liminarmente cabe indicar que esta Sala ya se ha expedido en un caso similar al presente, en donde declaró la nulidad de la sentencia de trance y remate por haberse omitido dar intervención al señor Agente Fiscal, tal cual recepta el segundo párrafo del artículo 52 de la LDC – Ley 24.240- y el artículo 27 del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios -Ley 13.133-, lo que sella la suerte de la presente contienda (esta Sala, causa 129103, sent. del 30/3/21, RSI 68/21).
B. Ahora bien, debe señalarse, en relación a la crítica efectuada por el recurrente, que si bien el instituto de la cosa juzgada -en el caso, formal- genera tal fuerza que impide volver sobre una sentencia firme, dichos principios no pueden constituirse en obstáculo definitivo que haga prevalecer un despropósito en el contenido de aquélla (doct. art. 166, 1º párrafo del C.P.C.C., esta Sala, arg. causas B-83.163, RSD 169/96; 100635, RSI 119/2003; 129103, sent. del 30/3/21, RSI 68/21, e/o).
La posibilidad y deber de actuar de oficio frente a tales hipótesis, responde a notas connaturales e irrenunciables que caracterizan la tarea del juez, en orden a salvaguardar la eficiencia de la administración de justicia, de modo que la función específica de los magistrados goce de las garantías y condiciones necesarias al logro de resultados efectivos, plasmados en decisiones provistas de concreta utilidad para los derechos cuya protección se les demanda (C.S.J.N., Fallos 300:1282; L.L. 1979-A-430; E.D., 81-721; esta Sala, causas B 74690, RSD 354 bis/93; B 83853, RSD 249/96; causa B-84260, RSD 349/96; 129103, sent. del 30/3/21, RSI 68/21; e/o).
Conforme lo expuesto, en casos como el presente, en que podría encontrarse comprometido el orden público en el supuesto de la aplicación de la tutela consumeril, se impone que dicha temática sea revisada, máxime que el particular se trata de los efectos de la cosa juzgada formal.
Es decir, partiendo de la premisa que los jueces disponen de la facultad, legalmente consagrada, de reducir aún de oficio los intereses fijados en contrario a los límites impuestos por la buena fe y la moral, en prevención de conductas antifuncionales y abusivas, inclusive en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, al momento de examinar la liquidación respectiva, nada obsta a que también se reconozca dicha potestad de revisión a los magistrados en supuestos como el de estos obrados, donde se advierte que no se han actuado los preceptos vigentes de la legislación de defensa del consumidor y que, además, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -SCBA- al pronunciarse en la causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" (sent. del 14/08/2019; y luego en C. 122.124 "Recupero On Line S.A." resol. del 18/09/2019, C. 122.155, "Banco Columbia", resol. del 16/10/2019 y C. 122.436, “Electrónica Megatone S.A.”, resol. del 29/7/2020) fija parámetros que es dable aplicar a este tipo de procesos (arts. 3, 9, 10, 12 Cód. Civil y Comercial de la Nación -CCC-).
C. Superado así el valladar que importa la cosa juzgada, cabe resaltar que la cuestión traída a debate reside en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cuyos preceptos, de orden público, están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional -CN-, 15 Constitución Provincial -CPBA-, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-; 65, LDC).
Nótese, que la relación de consumo no deviene cuestionada por el recurrente, toda vez que señaló de manera específica que “…Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de evitar mayores dilaciones, se adjunta la documentación que diera origen a los documentos ejecutados. De la misma se desprende que la misma cumple con lo requisitos exigidos por la Ley de Defensa del Consumidor”… (v. esc. eléc. del 17/7/21).
Cabe destacar que el referido artículo 36 de la LDC, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
La falta de algún dato de los requeridos legalmente puede acarrear la nulidad total o parcial del instrumento probatorio de la operación, quedando la misma regida, en su totalidad o en relación a la parte ineficaz, por las disposiciones, usos y prácticas más favorables al consumidor (arts. 3 y 37 Ley 24.240 -LDC-).
La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones, tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquéllas que sean abusivas.
D. En estos obrados, luego de promovido el juicio ejecutivo, en el cual se ejecuta un pagaré (v. hojas 19/20), el juez de la instancia anterior ordenó librar mandamiento de ejecución y embargo, intimando al demandado al pago de $35.235,33, importe de capital reclamado, con más la suma de $18.000, estimados en forma provisoria en concepto de intereses y costas (v. hjs. 21). En ese entender, luego de diligenciado el mandamiento así ordenado, se dictó -a pedido de la parte actora según escrito electrónico del día 24/06/2019- sentencia de trance y remate con fecha 18/07/2019 (ver sist. Augusta).
De los hechos y las consideraciones expuestas, se advierte que hasta el planteo de inconstitucionalidad del decreto ley 6754/43, efectuado por la actora, no se confirió vista al señor Agente Fiscal, tal cual recepta el segundo párrafo del artículo 52 de la LDC y artículo 27 de la ley 13.133.
Al respecto, cabe mencionar que la intervención obligatoria del Ministerio Público como fiscal de ley, en casos en que no participe como parte en la causa, encuentra su razón en el interés público involucrado en aquellas causas donde resulten afectados o amenazados los intereses de los usuarios y consumidores, ello en atención al carácter de orden público que otorga la LDC (arts. 52, ley 24.240; 27, ley 13.133; esta Sala, causas 125.052, sent. del 11/04/2019, RSD 79-19; 129103, sent. del 30/3/21, RSI 68/21).
Por otro lado, la circunstancia planteada por la actora, en donde refiere que accedió a acompañar la documentación que diera origen a los documentos ejecutados, cumpliendo acabadamente con los requisitos exigidos por la LDC, mal puede implicar la revocación del decisorio apelado, toda vez que la parte accionada no fue anoticiada de los nuevos instrumentos acompañados, impidiéndose así el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio (arts. 18, CN).
Por lo expuesto, toda vez que la nulidad de la sentencia sólo es viable cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley, teniendo en cuenta las circunstancias precedentemente meritadas, especialmente la falta de intervención en tiempo y forma del Ministerio Público Fiscal, es que corresponde confirmar el decisorio apelado en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios e imponer las costas de Alzada al recurrente en su carácter de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se confirma el decisorio apelado de fecha 14 de septiembre de 2021 en todo lo que fue motivo de recurso y agravios. Con costas de Alzada al recurrente en su carácter de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia