Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131706
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia de trance y remate de fecha 30 de noviembre de 2021 y su aclaratoria del 1 de febrero de 2022 y se establece que al capital adeudado -$52.756- se le adicionarán los intereses compensatorios pactados desde la fecha de creación del pagaré y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Asimismo, las costas de Alzada se imponen por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N°131706; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ BARRUECO GRISELDA ADELAIDA S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, a los doce días del mes de Mayo de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131706, caratulada: "CREDIL SRL C/ BARRUECO GRISELDA ADELAIDA S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada del día 30 de noviembre de 2021 y su aclaratoria del día 1 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1.Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado el 2 de febrero de 2022 por la letrada apoderada de la parte actora, contra la sentencia de trance y remate dictada el día 30 de noviembre de 2021 y su aclaratoria del 1 de febrero de 2022. El día 17 de febrero se acompañó el respectivo memorial, mientras que el día 20 de abril de 2022 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
2.A. El decisorio apelado mandó a llevar adelante la ejecución, hasta tanto la señora Griselda Adelaida Barrueco haga a su acreedor, Credil S.R.L., íntegro pago del capital reclamado de $70.284, con más los intereses pactados desde la fecha de mora, esto es del 19 de Julio de 2018 y del 9 de Octubre de 2018, hasta el efectivo pago, todo ello en la medida que su cálculo final no exceda de dos veces la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigentes para los distintos periodos de aplicación -tasa activa-. Asimismo, impuso las costas a la ejecutada vencida, con más los intereses establecidos en el Considerando 4; desestimó el pedido de reajuste por desvalorización monetaria por los fundamentos vertidos en el considerando 5; hizo efectivo el apercibimiento contenido en la diligencia de intimación al pago y citación para la defensa, teniendo a la parte demandada por constituido el domicilio en los estrados del juzgado y postergó la regulación de honorarios, hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la Ley 14.967 (v. res. del 30/11/21).
Por otro lado, en la sentencia aclaratoria del día 1 de febrero de 2022, el juez de grado dejó establecido que el monto por el cual se mandaba a llevar adelante la ejecución lo era por la suma de $52.756, con más los intereses pactados, desde la fecha de mora del deudor -19 de Julio de 2018 y 9 de Octubre de 2018- hasta el efectivo pago, todo ello en la medida que su cálculo final no exceda de 2 veces la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigentes para los distintos periodos de aplicación -tasa activa-; ordenando que en la liquidación respectiva se debía contemplar los pagos parciales denunciados respecto de cada una de las cartulares (v. res. del 1/2/2022).
B. En prieta síntesis, se muestra disconforme el recurrente por cuanto entiende que con fecha 15 de abril de 2019 se ordenó llevar adelante la ejecución por los montos detallados en la demanda, modificándose ello mediante la resolución apelada, violentando no sólo el principio de preclusión, sino también asumiendo una actuación de oficio que para el tema en conflicto no prevé la Ley de Defensa del Consumidor -en adelante LDC- (v. esc. eléc. del 17/2/22).
Entiende que la facultad que se otorga a la jurisdicción de examinar el título con que se deduce la ejecución, se extiende solamente a controlar los aspectos del mismo en cuanto a su viabilidad formal, no pudiendo por el contrario ese examen ir más allá y considerar cuestiones supeditadas a que el deudor las plantee en la instancia procesal correspondiente y ser resueltas en la sentencia (v. esc. eléc. del 17/2/22).
Refiere que el pagaré ejecutado se integra y complementa con la documental adicional del crédito de consumo acompañada oportunamente, formando un título complejo que permite compatibilizar la legislación cambiaria con las previsiones protectorias del consumidor, por lo que mal puede sostenerse que la mentada cartular haya sido librada en fraude de la Ley de Defensa del Consumidor y/o transgrediendo la buena fe que debe primar en las relaciones negociables (v. esc. eléc. del 17/2/22).
Manifiesta que no resulta ajustada a derecho la readecuación que de los montos demandados ha efectuado el juez de grado, en tanto que en los pagarés que se ejecutaron se incorporaron todos los gastos y costas atinentes a la operatoria financiera que incumplió la parte demandada, cuyo reintegro y percepción se verían burlados si la ejecución sólo prosperara por el monto efectivamente percibido por la señora Barrueco (v. esc. eléc. del 17/2/22).
Sostiene que cabe receptar como capital efectivamente adeudado el monto por el cual se inicia la demanda, dado que la capitalización oportunamente convenida entre las partes encuentra sustento normativo en el actual artículo 770 del Código Civil y Comercial -en adelante CCC-, en cuanto tolera que la capitalización de intereses pueda ser acordada como aquí acontece a la fecha de suscripción del respectivo documento (v. esc. eléc. del 17/2/22).
Subsidiariamente, y de confirmarse la readecuación que de los montos demandados dispuso el sentenciante de la instancia de origen, refiere que deberá tenerse presente que el juez de primera instancia omitió consignar los intereses compensatorios, es decir los que van desde la fecha de otorgamiento del crédito y hasta la cancelación de las cuotas asumidas por el tomador del mismo, destacando, asimismo, que los intereses compensatorios deberían ser los convenidos y devengados por cada cuota, lo que conformará el saldo insoluto, sobre el cual deberían liquidarse los intereses punitorios reclamados desde la fecha de mora del pagaré (v. esc. eléc. del 17/2/22).
3.No arribando discutido -más allá de lo meramente deslizado en el memorial mencionado- que la relación jurídica se trata de una operación de crédito para consumo o financiación para consumo, regulada en al artículo 36 de la LDC (ver escrito electrónico de fecha 17/2/21), se impone señalar que el agravio del recurrente en cuanto cuestiona las atribuciones del juez para analizar la viabilidad del título no merece favorable acogida, pues se trata de una cuestión ya resuelta por esta Sala en casos análogos (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20; 128267, sent. del 31/10/2020, RSD 194/2020, e/o; SCBA, causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís”, sent. del 14/08/2019).
Es que el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Constitución Nacional -CN-) la aptitud ejecutiva del título (art. 529, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-), prerrogativa que se extiende hasta la oportunidad de dictar sentencia de remate (art. 549, CPCC), que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126 cit.).
Por tal motivo, la queja referida a que se ha vulnerado el principio de preclusión y que el juez carece de facultades para analizar la composición del título debe ser rechazada, pues –como se puntualizara- el sentenciante tiene la facultad de analizar de oficio la habilidad del documento con el que se deduce la ejecución y esa facultad se extiende hasta el dictado de la sentencia. Es que, la citada ley 24.240 es de orden público. La misma habilita al juez a analizar la composición del título ejecutivo, pues de lo contrario se verían seriamente conculcados los derechos que dicha ley tuitiva reconoce (doct. y art. 65, ley 24.240).
4.A. Despejado lo anterior, se aprecia que en estas actuaciones se han cumplimentado los requisitos previstos en el mentado artículo 36 de la LDC respecto de los pagarés traídos y de la documentación complementaria a los mismos, la cual se acompañó con fecha 2 de agosto de 2021.
Sentado ello, se advierte que el sentenciante concluyó que la ejecución debía prosperar por el monto efectivamente prestado, lo que condice con el criterio que sostuvo en casos análogos esta Sala (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11702/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/3/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/5/20, e/o), y sella la suerte adversa de esta parcela del recurso.
Ahora bien, le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no se ha reconocido el cómputo de los intereses compensatorios allí convenidos y que fueron incluidos en el monto de los pagarés cuya ejecución es la que se promueve.
Cabe recordar que los intereses compensatorios son los que se pagan por el uso del capital ajeno y resultan independientes de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por el artículo 767 del CCC. Corren, en general, desde que el deudor recibe el capital y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución (esta Sala, doct. causa 114.624, RSD 1/12, sent. del 3-2-12; 124735, RSD 368/18, sent. del 27/12/18, e/o).
Dable es también señalar que la circunstancia que se trate de un pagaré con vencimiento absoluto –a día fijo- y que el artículo 5 del decreto ley 5965/63 no autorice a insertar una cláusula de intereses compensatorios en esta clase de títulos, no implica que no sea válido computarlos dentro de su monto, toda vez que en dicho caso se presume -sin admitir prueba en contrario- que se encuentran previstos en el importe del título pues, al conocerse de antemano cuándo opera su vencimiento, es posible calcularlos con antelación (doct. y art. 5, dec. ley 5965/63).
De allí que, teniendo en consideración la forma en que se resuelve y el criterio sentado por esta Sala en casos análogos, los mismos deben ser reconocidos, aunque con la morigeración que cabe establecer en la especie (arts. 5 dec. ley 5965/63; 767 del CCC; esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126, cit.).
Ahora bien, esta forma de decidir debe ser conjugada - como se dijo- con la normativa consumeril aplicable a este tipo de relaciones jurídicas. De allí es que no advierto del mutuo pacto de capitalización de intereses compensatorios. Esta falta de acuerdo expreso, se traduce en un claro incumplimiento del deber de información con relación a ese tópico exigido por los artículos 4 y 36 de la ley 24.240, extremo que sella la suerte adversa del agravio esgrimido (esta Sala, causa 125.018, RS 61, sent. del 21/12/2021).
Nuestro máximo Tribunal provincial, con voto del Dr. Soria ha dicho que “La búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior” y agrega que “De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía” (SCBA causa 121.684 “Asociación Mutal Asis c/ Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo”, sent. del 14/08/2019).
En virtud de esa aplicación, es que concluyo que la solución que se ajusta a la relación entre las partes es el reconocimiento de los intereses compensatorios, más no su capitalización por no estar esta práctica expresamente convenida y por tanto ajena al deber de información al consumidor (art. 36 LDC; arg. art. 770, CCCN; arts. 246, 261, CPCC; esta Sala, arg. causa 130.138, RS 40, sent. del 25-11-2021, causa 125.018, RS 61, sent. del 21/12/2021 cit.).
B. Cabe que los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los intereses, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conforme arts. 9, 10, 771, y conc. del CCC).
Dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta. Así, el artículo 771 del CCC prescribe que los jueces pueden reducirlos cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
A su vez, cabe tener presente en el análisis que las tasas de interés se fijan computando, no sólo la ganancia que espera percibir el acreedor por haberse privado del uso del dinero que genera el bien, sino que también se contempla la potencial depreciación monetaria, los gastos que para el acreedor irroga la operatoria y el riesgo crediticio que estará dado por la mayor o menor seguridad de cobro que tenga aquél (esta Sala, causa 126.261, RSD 275/19, sent. del 23/10/19, e/o).
Por consiguiente, analizando la documentación acompañada por el accionante, debe modificarse la sentencia apelada y admitir los intereses compensatorios pactados, los que serán devengados desde la fecha de creación de los pagarés (17 de marzo de 2017 y 20 de septiembre de 2017) y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada (19 de Julio de 2018 y 9 de Octubre de 2018), siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCCN), confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63).
5. Consecuentemente, propicio modificar la sentencia apelada, admitiendo los intereses compensatorios pactados, los que serán devengados desde la fecha de creación de los pagarés (17 de marzo de 2017 y 20 de septiembre de 2017) y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCC), confirmándose en todo lo demás que decide (art. 767, CCC; esta Sala, causas 125.126, 127.480, 128.451 cit). Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, CCC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). En cuanto a las costas generadas en la Alzada, propongo que sean impuestas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente, doctor HANKOVITS por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar la sentencia de trance y remate de fecha 30 de noviembre de 2021 y su aclaratoria del 1 de febrero de 2022 y establecer que al capital adeudado -$52.756- se le adicionarán los intereses compensatorios pactados desde la fecha de creación de los pagarés y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Asimismo, las costas de Alzada corresponden sean impuestas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia de trance y remate de fecha 30 de noviembre de 2021 y su aclaratoria del 1 de febrero de 2022 y se establece que al capital adeudado -$52.756- se le adicionarán los intereses compensatorios pactados desde la fecha de creación del pagaré y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Asimismo, las costas de Alzada se imponen por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 07:53:29 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2022 08:24:32 - HANKOVITS Francisco Agustin - JUEZ
Fin de la sentencia