Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 120676
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede corresponde revocar la resolución del día 17 de febrero de 2022, apartado 3 y dejar establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a las costas que irrogue la tramitación del proceso, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al beneficio de litigar sin gastos. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora que resulta vencida atento la expresa postura opositora adoptada al responder el traslado del memorial mediante presentación electrónica del 01/04/2022 (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N. º120676; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N.º 4 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ CALI CESAR LUCIANO S/COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, a los diecisiete días del mes de Mayo de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 120676, caratulada: "CREDIL SRL C/ CALI CESAR LUCIANO S/COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 17 de febrero de 2022, apartado 3?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada -con el patrocinio letrado de la Unidad Funcional de Defensa número 11 de este departamento judicial- con fecha 24 de febrero de 2022, contra el resolutorio de fecha 17 de febrero de 2022, en cuanto dispuso que el beneficio de gratuidad solicitado por el ejecutado lo exime del pago de tasas y contribuciones, pero no así de las costas que el proceso pudiera generar, debiendo en el caso que pretendiera extender la exención a las costas, proceder conforme los artículos 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-, normativa que regula en el ámbito provincial el beneficio de litigar sin gastos. El recurso fue concedido en fecha 25 de febrero de 2022, el embate se sustenta en el memorial de fecha 02/03/2022 ordenado sustanciar mediante providencia del 23 de marzo de 2022 y que mereciera la respuesta de la parte actora de fecha 1 de abril de 2022. Finalmente, el día 3 de mayo de 2022 dictaminó el señor Fiscal de Cámaras, encontrándose la causa en estado de resolver.
2. En prieta síntesis, se agravia el apelante pues sostiene que tal decisión lo perjudica ostensiblemente, no solo por el hecho de que implica hacerse cargo de honorarios y diferentes gastos que irrogue el proceso, los cuales no le corresponden a la luz de la amplitud del beneficio de justicia gratuita, sino también porque vulnera el principio protectorio que le asiste como consumidor, su derecho de propiedad de rango constitucional y avasalla legislaciones de orden público.
Manifiesta que la decisión cuestionada es arbitraria en tanto efectúa una limitación al alcance de la norma en cuestión (art. 53 de la ley 24.240 -Ley de Defensa del Consumidor; LDC-), donde ella no lo realiza, restringiendo injustamente la extensión del beneficio de justicia gratuita. Citas precedentes jurisprudenciales en apoyo a su postura.
Solicita se deje sin efecto el decisorio atacado y se le otorgue el beneficio de gratuidad de orden público, dejando establecido que tiene el mismo alcance que el beneficio de litigar sin gastos, esto es, que incluye las costas del proceso.
3. A. Liminarmente, cabe destacar que esta Sala ha entendido que el beneficio de gratuidad es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez o jueza de la instancia anterior, no precisando de una petición de parte para su otorgamiento.
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Sala, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
B. Por otro lado, deviene menester señalar, como se expusiera en el párrafo anterior, que el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender, la ley 24.240 -ley nacional, LDC- como la ley 13.133 -ley provincial, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- regularon en forma específica la mentada franquicia.
En efecto, en el presente cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “… las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica...”.
Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado “de modo coherente con todo el ordenamiento”, como acontece en la especie, máxime ello que la ley que pretende el impugnante que no sea aplicada es de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-).
Conforme ello, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor (esta Sala, causa 126.699 cit.).
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit.; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014; Sala I, causa 120958, Sent del 29/11/2016; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
En el caso, si se realiza una interpretación exegética de las normas específicas antes citadas en las que se establecen que “las actuaciones judiciales que se inicien…” (art. 53, Ley 24.240) como “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores...” (art. 25, Ley 13.133) parece considerar que tanto iniciar como promover implican una actitud activa de dar comienzo a acciones legales. No obstante ello, a tenor del método hermenéutico prevalente conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, no cabe concluir de tal modo.
En efecto, dicho máximo Tribunal sostiene que, “Al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales (CSJN, voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en “Estado Nacional (Ministerio de Economía c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia”, sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); como igualmente, “En supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas”. (CSJN, “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación”, sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108). Además, “Es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas”. (CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional, sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183). Asimismo, según señala también la misma Corte, en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).
En definitiva, “La interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (CSJN, “Díaz Cabral, Marcelo Gonzálo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público”, sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; “Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público”, sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419).
En este marco es que “la justicia se entiende más en términos de ponderación de intereses y de valores, diversos y variables, que en una simple subsunción de normas” (GUZMÁN Néstor Leandro, “La ponderación en la reforma procesal civil -Las condiciones relevantes del caso entre la vulnerabilidad y la flexibilización de las formas”; JA suplemento especial del 23-9-2020 sobre Las reformas procesales en estudio; p. 68 y sigtes.) impregnando así, en mi opinión, al método decisorio de un racionalismo teleológico.
La tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
En este contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las "actuaciones judiciales" que se inicien de conformidad a esa normativa constitucional (art. 53 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133), corresponde interpretar que dicha gratuidad en los términos ya mencionados debe alcanzar a las costas que irrogue la tramitación del proceso.
Adoptar en la especie el criterio establecido en el resolutorio atacado, conspira contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de Accesos a la Justicia.
Ello, sin perjuicio que, si la ejecutante considera que el ejecutado posee niveles económicos para soportar los costos del proceso, deberá iniciar el incidente de solvencia a los efectos de hacer cesar la dispensa requerida (art. 53 LDC; “Visión Integral de la nueva ley del consumidor”, por Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, L.L., Doctrina Judicial, Año XXIV, Nro. 17, Buenos Aires, 23 de abril de 2008, pág. 1108 y siguientes).
C. Por las razones precedentemente brindadas, corresponde revocar la resolución del día 17 de febrero, apartado 3 y dejar establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a las costas que irrogue la tramitación del proceso, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al beneficio de litigar sin gastos. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora que resulta vencida atento la expresa postura opositora adoptada al responder el traslado del memorial mediante presentación electrónica del 01/04/2022 (arts. 68, 69, CPCC).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar la resolución del día 17 de febrero de 2022, apartado 3 y dejar establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a las costas que irrogue la tramitación del proceso, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al beneficio de litigar sin gastos. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora que resulta vencida atento la expresa postura opositora adoptada al responder el traslado del memorial mediante presentación electrónica del 01/04/2022 (arts. 68, 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede corresponde revocar la resolución del día 17 de febrero de 2022, apartado 3 y dejar establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a las costas que irrogue la tramitación del proceso, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al beneficio de litigar sin gastos. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora que resulta vencida atento la expresa postura opositora adoptada al responder el traslado del memorial mediante presentación electrónica del 01/04/2022 (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 07:51:42 - BANEGAS Leandro Adrián - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 08:12:01 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/05/2022 08:23:47 hs. bajo el número RS-91-2022 por mfaguilera.
Fin de la sentencia