Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132271
Causa N° 132271; juzgado en lo civil y comercial nº13 - la plata
CREDIL SRL C/ BONILLA OLGA ISABEL S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de agosto de Dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132109, caratulada: "CREDIL SRL C/ BONILLA OLGA ISABEL S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 18 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada, en lo que aquí interesa destacar, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Olga Isabel Bonilla haga íntegro pago a la actora, Credil SRL, de la suma de $23.886. A dicho monto ordenó adicionar: a) intereses compensatorios desde la fecha de emisión de cada uno de los títulos aquí ejecutados, esto es, desde el día 30/3/2017 y desde el 5/1/2017, en ambos casos hasta la fecha de mora ocurrida el 7/5/2018 y el 7/2/2018, respectivamente, según la tasa activa de descuento a 30 días para operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires; b) intereses moratorios solicitados y punitorios pactados, en la medida en que no superen -en su conjunto- una vez y media la tasa que cobra el BAPRO para las operaciones de descuento promedio a treinta días en los distintos períodos vigentes en el mismo lapso (tasa activa promedio), desde las fechas de mora antes mencionadas y hasta su efectivo. Del resultado que arroje dicha liquidación, ordenó deducir los pagos parciales reconocidos por la ejecutante ($18.656 y $8.560). Desestimó el pedido de reajuste por desvalorización monetaria, impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de honorarios hasta la oportunidad en que obren fondos en la causa (ver sentencia fecha 18 de abril de 2022).
Se agravia la recurrente respecto del monto por el cual se ordenó llevar adelante la ejecución. Alega que el juez carece de facultades para analizar la composición del título y que debe proceder por la suma ejecutada. Requiere la inclusión de los intereses compensatorios en la forma pactada y comprendida en los pagarés y se agravia respecto de la capitalización que no ha sido estimada (ver memorial de agravios de fecha 2 de mayo de 2022).
2. En primer lugar, corresponde señalar que no arribando discutido a esta Alzada que la relación jurídica se trate de una operación de crédito para consumo o financiación para consumo, regulada en al artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (ver documentación complementaria adjuntada en archivo “pdf” al escrito electrónico de fecha 9 de noviembre de 2021 y memorial de fecha 2 de mayo de 2022), el agravio de la recurrente en cuanto cuestiona las atribuciones del juez para analizar la viabilidad del título no merece favorable acogida, pues se trata de una cuestión ya resuelta por esta Sala en casos análogos (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20, e/o; SCBA, causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís”, sent. del 14/08/19).
Dispone el artículo 529 del CPCC que "el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución…", a lo que cabe agregar, que este Tribunal tiene resuelto que dicha facultad se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126 cit.).
Por tal motivo, la queja referida a que se ha vulnerado el principio de preclusión y que el juez carece de facultades para analizar la composición del título debe ser rechazada, pues -como se puntualizara- el sentenciante tiene la facultad de analizar de oficio la habilidad del documento con el que se deduce la ejecución y esa facultad se extiende hasta el dictado de la sentencia.
Asimismo, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, de orden público, habilita al juez a analizar la composición del título ejecutivo, pues de lo contrario se verían seriamente conculcados los derechos que dicha ley tuitiva reconoce (doct. y art. 65, ley 24.240).
3. Sentado ello, cabe referir que, si bien en las presentes actuaciones el sentenciante concluyó que la ejecución debía prosperar por el monto efectivamente prestado, lo que condice con el criterio que sostuvo en casos análogos esta Sala (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20, e/o) se observa -de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal de Cámaras (ver dictamen adjunto en archivo pdf al támite de fecha 14 de julio de 2022)-, que no se han imputado los pagos parciales denunciados en la demanda, postergándose ello para la oportunidad de practicarse liquidación, solución que no resulta correcta; al efecto, cabe señalar que tal imputación debe realizarse en esta instancia procesal, en concepto de capital adeudado y de intereses compensatorios, según corresponda, por lo que cabe modificarla en este punto, de acuerdo a lo que seguidamente se explicita.
3.1. Pagaré de fecha 5 de enero de 2017, con vencimiento el 7 de febrero de 2018, por la suma total financiada de $ 27.984 (ver pdf adjunto el 3 de abril de 2019), suscripto en garantía de un préstamo de consumo (ver pdj adjunto el 9 de noviembre de 2021), por la suma efectivamente prestada de $13.774. El monto total financiado sería pagado en 12 cuotas de $ 2.332 cada una (comprensivas de capital compensatorio e intereses). Es decir que los intereses se encuentran comprendidos en el importe del pagaré (art. 5, dec. ley 5965/63 -Letras de Cambio y Pagarés, LCP-). La ejecutante denunció pagos parciales por la suma de $ 18.656.
Sobre tales enunciados, teniendo en consideración el sistema de amortización de capital e intereses convenido, se deduce que el ejecutado abonó 8 cuotas ($ 18.656/ $ 2.332) compuestas de la siguiente manera: en concepto de capital $ 1.145,33 ($ 13.744/12) y por interés compensatorio $ 1.186,67. En consecuencia, se abonó un total de $ 9.162 ($ 1.145,33 x 8) en concepto de capital con más los compensatorios pactados devengados hasta el mes de septiembre de 2017. El saldo debido por capital puro asciende a la suma de $ 4.582 ($ 13.744 - $ 9.162).
3.2. Pagaré de fecha 30 de marzo de 2017, con vencimiento el 7 de mayo de 2018, por la suma total financiada de $ 20.544 (ver pdf adjunto el 3 de abril de 2019), suscripto en garantía de un préstamo de consumo (ver pdj adjunto el 9 de noviembre de 2021), por la suma efectivamente prestada de $ 10.112. El monto total financiado sería pagado en 12 cuotas de $ 1.712 cada una (comprensivas de capital compensatorio e intereses). Es decir que los intereses se encuentran comprendidos en el importe del pagaré (art. 5, dec. ley 5965/63 -Letras de Cambio y Pagarés, LCP-). La ejecutante denunció pagos parciales por la suma de $ 8.560.
Sobre tales enunciados, teniendo en consideración el sistema de amortización de capital e intereses convenido, se deduce que el ejecutado abonó 5 cuotas ($8.560/1712) compuestas de la siguiente manera: en concepto de capital de $ 842,66 ($ 10.112/12) y por interés compensatorio $869,34. En consecuencia, se abonó un total de $ 4.213,30 ($ 842,66x 8) en concepto de capital con más los compensatorios pactados devengados hasta el mes de septiembre de 2017. El saldo debido por capital puro asciende a la suma de $ 5.898,70 ($10.112- $ 4.213,30).
3.3. La suma de ambos resultados, arroja un monto total de capital puro para esta ejecución de $ 10.480,70.
Se concluye así, que la sentencia cuestionada, en cuanto determina que la condena prospera por la suma de $ 23.886 (resultado al que arribó la sentenciante sin descontar a los montos efectivamente prestados los pagos parciales denunciados de $18.656 y $ 8.560) no se ajusta a derecho y debe ser revocada, debiendo prosperar la ejecución por la suma de $ 10.480,70, que se corresponde con lo que resta abonarse en concepto de capital (art. 903, Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126 cit.).
Así, conviene recordar que incluso este Tribunal de Alzada goza de la potestad para observar de oficio la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la pretensión y de la oposición, como de la constitución válida de la relación procesal, examinando recaudos previos y condicionantes de la decisión sustancial que está llamado a emitir de conformidad con los agravios articulados y en donde campea el principio de congruencia (art. 272 del CPCC), por lo que en la verificación oficiosa de los presupuestos procesales de admisibilidad señalados no hay propiamente reforma en perjuicio del apelante (conf. La Alzada -poderes y deberes-, J.J. Azpelicueta y A. Tessone, LEP, 1993, págs. 40/41).
En virtud de todo lo anteriormente reseñado, teniendo en cuenta que el monto de capital por el que progresa la acción resulta materia de agravios de la propia actora apelante y máxime tratándose de un supuesto de aplicación de la legislación protectoria del consumidor, habiéndose denunciado pagos parciales sin que fueran debidamente aplicados al resultado final al que se arriba en el decisorio atacado, se reitera que la ejecución debe prosperar por la suma de $10.480,70, que se corresponde con lo que resta abonarse en concepto de capital (conf. esta Sala, causas 124911, RSD 176/21, sent. del 20/08/2021; 130191, RSD 191/21, sent. del 14/09/2021; 131347, RS 85-2022, sent. del 12/05/2022).
4. A. Ahora bien, le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no se ha reconocido el cómputo de los intereses compensatorios convenidos y que, tal como fuere expuesto en el considerando que antecede, fueron incluidos en el monto del pagaré cuya ejecución es la que se promueve.
Cabe recordar que los intereses compensatorios son los que se pagan por el uso del capital ajeno y resultan independientes de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por el artículo 767 del CCC. Corren, en general, desde que el deudor recibe el capital y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución (esta Sala, doct. causa 114.624, RSD 1/12, sent. del 3/2/12; 124735, RSD 368/18, sent. del 27/12/18, e/o).
Dable es también señalar que la circunstancia que se trate de un pagaré con vencimiento absoluto -a día fijo- y que el artículo 5 del decreto ley 5965/63 -LCP- no autorice a insertar una cláusula de intereses compensatorios en esta clase de títulos, no implica que no sea válido computarlos dentro de su monto, toda vez que en dicho caso se presume -sin admitir prueba en contrario- que se encuentran previstos en el importe del título pues, al conocerse de antemano cuándo opera su vencimiento, es posible calcularlos con antelación (doct. y art. 5, dec. ley 5965/63 -LCP-).
De allí que, teniendo en consideración la forma en que se resuelve y el criterio sentado por esta Sala en casos análogos, los mismos deben ser reconocidos, aunque con la morigeración que cabe establecer en la especie (arts. 5 dec. ley 5965/63 -LCP-; 767 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126, cit.).
Ahora bien, esta forma de decidir debe ser conjugada -como se dijo- con la normativa consumeril aplicable a este tipo de relaciones jurídicas. De allí es que no advierto del mutuo acompañado, ya referenciados, pacto de capitalización de intereses compensatorios. Esta falta de acuerdo expreso, se traduce en un claro incumplimiento del deber de información con relación a ese tópico exigido por los artículos 4 y 36 de la ley 24.240, extremo que sella la suerte adversa del agravio esgrimido (esta Sala, causa 125.018, RS 61/2021, sent. del 21/12/2021).
Nuestro máximo Tribunal provincial, con voto del Dr. Soria ha dicho que “La búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior” y agrega que “De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía” (SCBA causa 121.684 “Asociación Mutual Asis c/ Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo”, sent. del 14/08/2019).
En virtud de esa aplicación, es que concluyo que la solución que se ajusta a la relación entre las partes es el reconocimiento de los intereses compensatorios, más no su capitalización por no estar esta práctica expresamente convenida y por tanto ajena al deber de información al consumidor (art. 36 LDC; arg. art. 770, CCCN; arts. 246, 261, CPCC; esta Sala, arg. causa 130.138, RS 40/2021, sent. del 25-11-2021, causa 125.018, RS 61/2021, sent. del 21/12/2021).
B. En relación a los intereses cabe recordar que los jueces y juezas conservan las facultades de atenuar la incidencia de los mismos, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conforme arts. 9, 10, 771, y concs. del CCyC).
Dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta. Así, el artículo 771 del CCyC prescribe que los jueces y juezas pueden reducirlos cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
A su vez, cabe tener presente en el análisis que las tasas de interés se fijan computando, no sólo la ganancia que espera percibir el acreedor por haberse privado del uso del dinero que genera el bien, sino que también se contempla la potencial depreciación monetaria, los gastos que para el acreedor irroga la operatoria y el riesgo crediticio que estará dado por la mayor o menor seguridad de cobro que tenga aquél (esta Sala, causa 126.261, RSD 275/19, sent. del 23/10/19, e/o).
Por consiguiente, analizando la documentación acompañada por el accionante, debe modificarse la sentencia apelada y admitir los intereses compensatorios pactados, determinándose que se devengarán desde la última cuota impaga del otorgamiento del préstamo denunciado y hasta la fecha de mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCyC), confirmándose en todo lo demás que decide.
En este punto, se advierte que la morigeración de los intereses punitorios establecida en la sentencia difiere de la que esta Sala ha dispuesto en casos análogos (ver causas 126.261, RSD 275/19, sent. del 23/10/19; 127.480, RSD 105/20, sent. del 20/7/20, e/o). Sin embargo, atento el especial marco del recurso y dado que la Cámara se encuentra vedada de alterar el decisorio en contra del propio apelante, corresponde confirmarla (doct. y art. 272 y conc., CPCC).
Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCyC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63 -LCP-).
5. Consecuentemente, se modifica la sentencia de trance y remate cuestionada y se ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $ 10.480,70-que se corresponde con lo que resta abonarse en concepto de capital- y se admiten los intereses compensatorios pactados, los que serán devengados desde la última cuota impaga del otorgamiento de cada préstamo denunciado y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCCN), confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCCN; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). En cuanto a las costas generadas en la Alzada, propicio que sean impuestas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada, debiéndose llevar adelante la ejecución por la suma de de $ 10.480,70-que se corresponde con lo que resta abonarse en concepto de capital- y se admiten los intereses compensatorios pactados, los que serán devengados desde la última cuota impaga del otorgamiento de cada préstamo denunciado y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCCN), confirmándose en todo lo demás que decide. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCCN; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). En cuanto a las costas generadas en la Alzada, propicio que sean impuestas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca parcialmente la sentencia apelada, debiéndose llevar adelante la ejecución por la suma de $ 10.480,70 -que se corresponde con lo que resta abonarse en concepto de capital- y se admiten los intereses compensatorios pactados, los que serán devengados desde la última cuota impaga del otorgamiento del préstamo denunciado y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia atacada, siempre que
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