Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132181
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca parcialmente la sentencia apelada, debiéndose conceder sobre el capital de condena -$ 20.000- los intereses compensatorios pactados, mientras no superen una vez la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, a computarse desde el vencimiento de la última cuota abonada -9 de septiembre de 2017- y hasta la fecha de mora -10 de mayo de 2018- (arts. 767 y 771 del CCyC); morigerar los intereses punitorios reconocidos desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, de modo tal que no superen el límite de una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días incrementada en un 20%; (conf. art. 767, CCCN) y confirmar el rechazo de la capitalización de intereses conforme los fundamentos del considerando 5.1. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCCN; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Imponer las costas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 132181; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
FINANPRO S.R.L. C/ RIGO JUAN MANUEL S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132181, caratulada: "FINANPRO S.R.L. C/ RIGO JUAN MANUEL S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 5 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada, en lo que aquí interesa destacar, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Juan Manuel Rigo haga a su acreedor Finanpro S.R.L. íntegro pago del capital de $20.000, con más el interés punitorio pactado, a computarse desde la fecha de mora -10 de mayo de 2018- y hasta el efectivo pago en la medida que su cálculo final no exceda de una vez y media la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ordenó deducir del resultado que arroje la liquidación el pago parcial denunciado de $4.700,00; desestimó la capitalización de intereses por no haberse pactado en el instrumento ejecutado, no reconoció los intereses compensatorios pactados e impuso las costas al ejecutado vencido, postergando la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la Ley 14.967.
2. Se agravia la recurrente respecto de la desestimación de los intereses compensatorios convenidos, el rechazo de la capitalización, como así también de la morigeración de los intereses punitorios pactados en el documento. Alega que la ejecutada asumió una obligación de "dar dinero" con pacto de intereses compensatorios legalmente válidos y que la facultad del juez para fijarlos es supletoria de la voluntad de las partes. Manifiesta que la capitalización fue solicitada en los términos del art. 770 inc b del CCCN, lo que resulta conforme a derecho según el Código Civil y Comercial de la Nación (ver memorial de fecha 12 de abril de 2022).
3. En primer lugar, corresponde señalar que no arribando discutido a esta Alzada que la relación jurídica se trate de una operación de crédito para consumo o financiación para consumo, regulada en al artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (ver documentación adjuntada en archivo "pdf" al escrito electrónico de fecha 29 de octubre de 2018 y memorial de fecha 12 de abril de 2022), se impone el análisis de la causa conforme una interpretación y aplicación armónica del decreto ley 5965/63, la Ley de Defensa del Consumidor n 24.240 y 13.133 como todo el plexo normativo de protección al consumidor que emana de la Constitución Nacional (conf. arts. 7, 1092 y cctes C.C.C.N.; 1, 2, 3, 4, 36, 37 y 65 de la Ley 24.240; 42 Const. Nac.; 38 Const. Prov. y conf. causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20, e/o; SCBA, causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís", sent. del 14/08/19).
4. Sentado ello, cabe referir que, el sentenciante concluyó que la ejecución debía prosperar por el monto efectivamente prestado -$ 20.000-, lo que condice con el criterio que sostuvo en casos análogos esta Sala (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20, e/o).
Al respecto, observa el Señor Fiscal de Cámaras en su dictamen de fecha 1ro de agosto de 2022, que no se ha imputado en forma correcta el pago parcial denunciado en la demanda -$ 4.700-, toda vez que el sentenciante lo postergó para la oportunidad de practicarse liquidación, cuando tal imputación debió realizarse al momento de dictar la sentencia y deducirse del capital puro de condena la porción de la cuota correspondiente a este mismo concepto. Si bien lo dictaminado por al Sr. Fiscal de Cámaras va en consonancia con el criterio adoptado por esta Sala, no habiendo sido materia de recurso y agravio la cuestión atinente al capital de condena determinado en la sentencia no corresponde la reforma en perjuicio de la apelante, más aún, cuando la deducción -en definitiva- ha sido ordenada aunque con diferente metodología (art. 272 del CPCC).
5. Le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no se ha reconocido el cómputo de los intereses compensatorios convenidos, los que fueron incluidos en el monto del pagaré cuya ejecución es la que se promueve.
5.1. Cabe recordar que los intereses compensatorios son los que se pagan por el uso del capital ajeno y resultan independientes de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por el artículo 767 del CCC. Corren, en general, desde que el deudor recibe el capital y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución (esta Sala, doct. causa 114.624, RSD 1/12, sent. del 3/2/12; 124735, RSD 368/18, sent. del 27/12/18, e/o) y tratándose de un pagaré a la vista, los mismos se encuentran validados por el art. 5 del decreto ley 5965/63.
En consecuencia, teniendo en cuenta que fue admitido el pago de la primera cuota con vencimiento el 9 de septiembre de 2017, la cual se compone de capital puro e intereses compensatorio, hasta dicha fecha se encuentran cancelados estos últimos, los que deben ser reconocidos, a partir de dicha fecha en adelante y hasta la mora -10 de mayo de 2018- aunque con la morigeración que cabe establecer en la especie (arts. 5 dec. ley 5965/63 -LCP-; 767 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126, cit.).
Ahora bien, esta forma de decidir debe ser conjugada -como se dijo- con la normativa consumeril aplicable a este tipo de relaciones jurídicas, en las que debe velarse por reestablecer el equilibrio entre las partes. Del documento acompañado surge que no se ha pactado la capitalización de intereses compensatorios, requisito esencial para su reconocimiento en este tipo de procesos ya que la falta de acuerdo expreso, se traduce en un claro incumplimiento del deber de información con relación a ese tópico exigido por los artículos 4 y 36 de la ley 24.240 y art. 1100 del CCyC, no resultando -frente a tal omisión- suficiente la invocación del art. 770 inc. b del CCyC cuando el mismo debe ser interpretado en forma armónica con la normativa de consumo ya citada (arts. 1061, 1094, 1095 del citado código), extremo que sella la suerte adversa del agravio esgrimido (esta Sala, causa 125.018, RS 61/2021, sent. del 21/12/2021).
Nuestro máximo Tribunal provincial, con voto del Dr. Soria ha dicho que "La búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior" y agrega que "De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía" (SCBA causa 121.684 "Asociación Mutual Asis c/ Cubilla, María Ester s/ cobro ejecutivo", sent. del 14/08/2019).
En virtud de esa aplicación, es que concluyo que la solución que se ajusta a la relación entre las partes es el reconocimiento de los intereses compensatorios -en la medida que no superen una vez la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires-, más no su capitalización por no estar esta práctica expresamente convenida y por tanto ajena al deber de información al consumidor (art. 36 LDC; arg. art. 770, CCCN; arts. 246, 261, CPCC; esta Sala, arg. causa 130.138, RS 40/2021, sent. del 25-11-2021, causa 125.018, RS 61/2021, sent. del 21/12/2021).
5.2. En relación a los intereses cabe recordar que los jueces y juezas conservan las facultades de atenuar la incidencia de los mismos, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conforme arts. 9, 10, 771, y concs. del CCyC).
Dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta. Así, el artículo 771 del CCyC prescribe que los jueces y juezas pueden reducirlos cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
A su vez, cabe tener presente en el análisis que las tasas de interés se fijan computando, no sólo la ganancia que espera percibir el acreedor por haberse privado del uso del dinero que genera el bien, sino que también se contempla la potencial depreciación monetaria, los gastos que para el acreedor irroga la operatoria y el riesgo crediticio que estará dado por la mayor o menor seguridad de cobro que tenga aquél (esta Sala, causa 126.261, RSD 275/19, sent. del 23/10/19, e/o).
Por consiguiente, analizando la documentación acompañada por el accionante, debe modificarse la sentencia apelada y admitir los intereses compensatorios pactados, determinándose que se devengarán desde el vencimiento de la última cuota admitida como paga y hasta la fecha de mora fijada en la sentencia atacada, siempre que no superen una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días (conf. art. 767, CCyC).
En relación a los intereses punitorios morigerados por el sentenciante y de lo que se agravia la recurrente, se advierte que tal morigeración difiere de la que esta Sala ha dispuesto en casos análogos (ver causas 126.261, RSD 275/19, sent. del 23/10/19; 127.480, RSD 105/20, sent. del 20/7/20, e/o), por lo que corresponde modificar este punto de la sentencia, determinando que los mismos no podrán superar una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 20%, desde la fecha de la mora -10 de mayo de 2018- y hasta el efectivo pago (769 y 771 CCyC)
Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCyC; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63 -LCP-).
Finalmente, corresponde imponer las costas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC)
Con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar parcialmente la sentencia de trance y remate apelada, en consecuencia, conceder sobre el capital de condena -$ 20.000- los intereses compensatorios pactados, mientras no superen una vez la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, a computarse desde el vencimiento de la última cuota abonada -9 de septiembre de 2017- y hasta la fecha de mora -10 de mayo de 2018- (arts. 767 y 771 del CCyC); morigerar los intereses punitorios reconocidos, de modo tal que no superen el límite de una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días incrementada en un 20%; (conf. art. 767, CCCN) y confirmar el rechazo de la capitalización de intereses conforme los fundamentos del considerando 5.1. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCCN; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Imponer las costas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca parcialmente la sentencia apelada, debiéndose conceder sobre el capital de condena -$ 20.000- los intereses compensatorios pactados, mientras no superen una vez la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, a computarse desde el vencimiento de la última cuota abonada -9 de septiembre de 2017- y hasta la fecha de mora -10 de mayo de 2018- (arts. 767 y 771 del CCyC); morigerar los intereses punitorios reconocidos desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, de modo tal que no superen el límite de una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días incrementada en un 20%; (conf. art. 767, CCCN) y confirmar el rechazo de la capitalización de intereses conforme los fundamentos del considerando 5.1. Ello, sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 771, del CCCN; conf. arg. arts. 1, 5, 35, 52, inc. 2, 103, dec. ley 5965/63). Imponer las costas por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia