Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el embate interpuesto y se confirma el apelado resolutorio de fecha 11/04/2022, apartado 9, con costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132300;
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA
“DAP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES LMITADA C/ MELO JAVIER EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO””
La Plata, 4 de Agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución apelada no hizo lugar al embargo pretendido sobre los haberes que el demandado percibe como empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense, de conformidad con el principio de inembargabilidad contenido en el Decreto ley 6754/43 (normativa que declara inembargable los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas).
2. Dicha forma de decidir agravia al recurrente, quien plantea la inconstitucionalidad de las normas del Decreto ley 6754/43. Apela en subsidio y solicita se tenga por interpuesto y fundado el recurso (ver presentación electrónica del 11/04/2022, sistema Augusta). Habiendo sido rechazado el planteo de inconstitucionalidad, se concedió la apelación (ver resolución del 02/05/2022, sist. Augusta).
Así entonces, como principio es dable señalar que la apelación que es esgrimida en forma subordinada al resultado eventualmente adverso de la coetánea promoción de un planteo de inconstitucionalidad, resulta formalmente improcedente (arts. 242, 243, 248 y concs. del CPCC).
No obstante ello, de los fundamentos vertidos, se aprecian críticas directas -no subordinadas a dicha inconstitucionalidad, más allá de su solicitud expresa- respecto de la denegatoria del embargo requerido, por cuanto se procederá a tratar tales planteos.
Es que al no existir en nuestro ordenamiento procesal la apelación subsidiaria de la inconstitucionalidad puede interpretarse que el recurso equivale a una apelación directa, admitiéndose a fin de garantizar el control revisor de la segunda instancia (esta Sala, causa 132221, RR 287-2022, sent. int. del 14/07/2022).
4. Ello así y en lo que respecta a la inconstitucionalidad planteada, cabe advertir que la cuestión ya fue resuelta en la instancia anterior, circunstancia que arriba enhiesta a este Tribunal de Alzada (arts. 135, 143, 150, 152, 155, 161, 260, 272, CPCC; ver sentencia del 02/05/2022; sist. Augusta).
Más allá de lo anterior, se impone señalar que la aludida decisión se condice con el criterio sostenido por esta Sala, en el sentido que ya se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la normativa bajo análisis al resolver planteos análogos al presente (causas 125.621, RSD 141/19, sent. del 4/06/19; 125.725, RSD 156/19, sent. del 18/6/19; 125.770, RSD 155/19, sent. del 18/6/19; 125.863, RSD 204/19, sent. del 13/8/19; 126223, RSD 237/19, sent. del 10/9/19; 127.604, RSD 95/20, sent. del 7/07/20; 127.930, RSD 140/20, sent. del 4/09/20; 127.875, RSD 134/20, sent. del 27/08/20, e/o) lo que sella la suerte adversa del recurso ensayado.
5. Esta Sala tiene dicho en innumerables casos que si bien es cierto que, según lo establece el artículo 11 inciso “a” del decreto ley 6754/43, la inembargabilidad de los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los obreros y empleados de la Administración nacional, provincial, municipal y de las entidades autárquicas, queda limitada al supuesto de préstamos en dinero y de compra de mercaderías, de modo que las obligaciones que no tengan los señalados orígenes quedan sujetas a la escala de embargabilidad general establecida en la ley 14.443, no puede soslayarse que en la hipótesis se trata de un juicio ejecutivo (conf. arts. 18, CN; 34 inc. 4, 542 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC; causas 119.480, RSI 286/15, sent. int. del 15/12/15; 119.656, RSI 299/15, sent. int. del 29/12/15; 124.825, RSI 319/18, sent. int. del 26/11/18; 125.216, RSI 37/19, sent. int. del 12/2/19, e/o).
Es que la abstracción causal del título base de la acción, no puede tornar procedente el embargo, porque ello podría no sólo desvirtuar el propósito tutelar del decreto citado (doctrina artículo 1º, decreto ley citado), sino también menoscabar el legítimo derecho de defensa del ejecutado, quien se vería impedido, eventualmente, de intentar demostrar que su deuda responde a un origen por el cual el embargo no sería procedente (arts. 18 Const. Nac.; 34 inc. 4, 542 inc. 4 del CPCC).
Asimismo, si bien recientemente este Tribunal estableció en causa 128.660, RSD 238/20, sent. del 22/12/20, la procedencia de los embargos ejecutorios en ciertos casos, en el presente no se advierte ninguno de los recaudos allí referidos por lo que el embargo peticionado deviene improcedente.
Por todo lo expuesto, cabe rechazar el embate interpuesto y confirmar el resolutorio de fecha 11/04/2022, apartado 9, con costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
POR ELLO, se rechaza el embate interpuesto y se confirma el apelado resolutorio de fecha 11/04/2022, apartado 9, con costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia