Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132509 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada del 29/04/2022 que dispuso librar nuevo oficio al empleador denunciado, con el objeto de dar cumplimiento con la ampliación del embargo -medida ordenada el 26 de abril de 2019- sobre los haberes que ahora percibe el demandado señor Adriel Román Catini como beneficiario del IPS, y se ordena el levantamiento de la medida así decretada, lo que se instrumentará en la instancia de origen (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; 219, inc. 3, 220, CPCC; causas 111.863, 102.948, 98.494, 128.627 cit.). Las costas de Alzada se imponen a la ejecutante apelada dado su calidad de vencida (doct. arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132509-1 ; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
FINANCITI S.R.L. C/ CATINI ADRIEL ROMAN S/ COBRO EJECUTIVO (INC. DEL ART. 250)
La Plata, 16 de Agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución apelada dispuso librar nuevo oficio al empleador denunciado, a los mismos fines y efectos que el que fuera ordenado a hojas 13 último párrafo, con fundamento en los arts. 209 y sigts. del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-, ello con el objeto de dar cumplimiento con la ampliación del embargo -medida ordenada el 26 de abril de 2019- sobre los haberes que ahora percibe el demandado como beneficiario del IPS (ver denuncia formulada por la parte actora con fecha 25/04/2022.
2. Dicha forma de decidir agravia al ejecutado recurrente quien se disgusta del otorgamiento del embargo así dispuesto en la instancia de grado sobre sus haberes jubilatorios. La fundamentación mereció réplica de la contraria.
3. Abordando la tarea revisora, se adelanta que el recurso debe prosperar, pues no puede soslayarse que la medida pretende recaer sobre los haberes que el señor Adriel Román Catini percibe como beneficiario del IPS.
Así, más allá del régimen del decreto ley 6754/43 (normativa que declara inembargable los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas), cabe indicar que en el caso devienen aplicables las normativas que emergen del decreto ley provincial 9650/80 (Régimen Previsional de la Provincia de Buenos Aires. Jubilaciones. Agentes de la Administración Pública), es decir, el régimen de las prestaciones previsionales que otorgue el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 54, ley 13.236).
En ese entender, es dable destacar que el citado decreto ley provincial, en su artículo 57 establece que: “Las prestaciones que esta Ley establece revisten los siguientes caracteres: a) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios beneficiarios. b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en los incisos “c” y “d” de éste artículo e inciso “h” del artículo 4° de la presente Ley. c) Podrán reducirse en el monto necesario para atender el servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acuerda el Estado, o por Mandato Judicial. d) Podrán ser afectadas, previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, a favor de Obras Sociales, Cooperativas y Mutualidades con las cuales convengan los descuentos pertinentes. e) Sólo se extinguen o suspenden por las causas previstas en la Ley. Todo acto o hecho jurídico que tienda a desvirtuar lo dispuesto en los incisos precedentes serán nulos y sin valor alguno” (art. 57, dec. ley prov. 9650/80).
Resulta claro que, salvo las disposiciones expresamente contempladas por el articulado en cuestión, el haber pensionario no puede ser afectado al pago de ninguna deuda, razón por la cual puede colegirse que la norma tiende a asegurar, primordialmente, la intangibilidad de las prestaciones.
Además, se impone recordar que la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (en adelante, ley 24.241) establece que las prestaciones que se acuerden por el SIJP resultan inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas (v. art. 14, inc. “c”, ley 24241).
En este sentido, esta Sala ha dicho que el alcance de los casos expresamente enumerados por la normativa provincial (art. 57, dec. ley prov. 9650/80) tiende a ser más restrictivo que lo dispuesto por la ley 24.241 -de fecha posterior al decreto ley 9650/80-, lo que repercute con los derechos tutelados por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y por la propia Constitución Nacional (CN). En tal sentido, cuando la Nación concede mayores beneficios a las personas que perciben sus jubilaciones o pensiones sobre quienes, estando en iguales situaciones, perciben sus emolumentos de una Caja provincial, habrá que estar a la norma que brinda más protección para todo ese grupo de personas (causas 111.863, RSI 25/17, sent. int. del 21/2/17; 102.948, RSI 94/20, sent. int. del 6/5/2020; 98.494. RSD 212/20, sent. del 24/11/20; 128.627, RSD 1/21, sent. del 4/02/21).
Si bien esta Sala ha establecido que, siendo el patrimonio la prenda común de los acreedores, los bienes del deudor quedan afectados al cumplimiento de sus obligaciones, no menos cierto es que la ley puede establecer determinadas limitaciones a los derechos de los habitantes, con fundamento en el interés social (art. 21, CADH).
De allí que, por las consideraciones hasta aquí explicitadas y la naturaleza previsional de la suma que pretende afectársele, cabe excepcionar la posibilidad de retención para responder a las deudas ante terceros.
Es ante estos casos excepcionales que el derecho patrimonial de los acreedores debe ceder frente a derechos básicos tutelados por la Constitución Nacional, la Carta Magna provincial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo son los llamados derechos sociales (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH).
En orden a lo aquí expuesto, más allá de tratarse de un embargo ejecutorio, lo cierto es que -como se adelantó- nos hallamos frente a haberes previsionales que resultan inembargables en estas actuaciones, sin importar la etapa procesal de las mismas (arts. 219 inc. 3, 220, 260, 266, 272, CPCC).
4. En consecuencia, la imperatividad de las normas que consagran supuestos de inembargabilidad, deviene obligatoria independientemente de la voluntad de las partes, careciendo de toda relevancia el consentimiento del deudor respecto del embargo y siendo indiferente la preclusión (causas 115.426, RSI 201/12, sent. int. del 9-10-12; 115.431, RSD 160/12, sent. del 6-11-12; 116.113, RSD 56/13, sent del 15-5-13; 124.812, RSI 40/19, sent. int. del 12/3/19; 126502, RSD 333/19, sent. del 17/12/2019, e/o; de Lázzari, “Medidas Cautelares”, pág. 372, Librería Editorial Platense S.R.L., Bs. As., 1995).
Las previsiones sobre inembargabilidad revisten carácter de orden público, por lo que el Código ritual permite -aún consentido el embargo- que el juez pueda de oficio disponer su levantamiento, careciendo de relevancia -por ende- lo manifestado por el ejecutado en torno a la falta de notificación de la medida en los términos del art. 198 del CPCC como así también lo expresado por la parte actora respecto de la oportunidad de la presentación del ahora apelante (art. 220, CPCC; esta Sala, causas 115.426, 115.431, 116.113, 124812, 126502, ya citadas).
Tiene dicho esta Sala Segunda, en cuanto declara la inembargabilidad de los beneficios previsionales suministrados por el ANSES (más allá que, como se refirió, en este supuesto se trata de un beneficiario del IPS), que según lo prescripto por el artículo 14 de la Ley 24.241 las prestaciones que se acuerden por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones reúnen los siguientes caracteres: son personalísimas, sólo corresponden a sus titulares y son inembargables, con la salvedad de las cuotas fijadas por alimentos y litisexpensas (incisos a y c art. 14, Ley 24.241). El régimen de jubilaciones y pensiones vigente no estatuye ninguna otra excepción, ni proporción pasible de embargo (esta Sala Segunda, causas 105.952, del 18/07/2006, RSI 166/06; 113755, del 17/05/2011, RSI 90/11; 126502 citada, e/o).
Corresponde agregar entonces que, en el supuesto de estos obrados, la inembargabilidad es la regla general y la embargabilidad la excepción, por lo cual la norma debe interpretarse con criterio restrictivo (doct. y art. 219, CPCC.).
Consecuentemente, el crédito que aquí se ejecuta no se encuentra comprendido expresamente en los supuestos de excepción que prevé el régimen normativo citado, por lo cual debe revocarse el proveído atacado, máxime de consuno con lo que a continuación se considera.
5. Párrafo aparte merece lo invocado por la parte actora apelada al contestar el memorial respecto del carácter alimentario de los estipendios de su representación letrada.
Es que si bien los honorarios profesionales tienen naturaleza alimentaria (art. 1 y conc. de la ley 14967 -LHP-), no revisten el concepto de alimentos en la concepción del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede afirmarse -sin duda alguna- que los intereses que prescribe el artículo 552 del CCyC se refieren, dentro del derecho de familia, al pago de las obligaciones alimentarias que nacen dentro del derecho de familia y/o el ejercicio de la responsabilidad parental, naturaleza que no revisten las deudas por el pago de honorarios profesionales (conf. esta Sala, causas 125536, RSD 194/19, sent. del 08/08/2019; 127152, RSD 38/20, 02/04/2020; 127564, RSD 108/20, sent. del 20/07/2020; 130300, RS 2-2021, sent. del 05/10/2021).
El carácter "alimentario" que se le reconoce a los honorarios profesionales de ningún modo puede significar, entonces, una equiparación o asimilación de esa obligación a la alimentaria a la que aluden los artículos 537 a 554 del CCyC; antes bien, esa expresión sólo tiene el alcance de admitir que por medio de la retribución arancelaria, en la generalidad de los casos, los profesionales obtienen lo necesario para su subsistencia, lo que es propio de toda remuneración que se percibe por servicios prestados que correspondan a la profesión o al modo de vivir del locador (arg. art. 1251, 1255 y conc. del mismo cuerpo legal; conf. causa 130300 cit.).
6. Por último, adviértese que lo solicitado por la parte accionada apelante en esta instancia recursiva respecto de la indisponibilidad de los fondos de la cuenta de estos obrados, no corresponde sea tratado en esta oportunidad procesal y deberá -eventualmente y de así considerarlo el recurrente procedente respecto de sus intereses- ser introducido en el juzgado de origen, desde que la función de esta Alzada es de revisora de las decisiones adoptadas en la instancia de grado (art. 272, CPCC).
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3, causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
Consiguientemente, cabe revocar la resolución apelada del 29/04/2022 que dispuso librar nuevo oficio al empleador denunciado, con el objeto de dar cumplimiento con la ampliación del embargo -medida ordenada el 26 de abril de 2019- sobre los haberes que ahora percibe el demandado señor Adriel Román Catini como beneficiario del IPS, y ordenar el levantamiento de la medida así decretada, lo que se instrumentará en la instancia de origen (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; 219, inc. 3, 220, CPCC; causas 111.863, 102.948, 98.494, 128.627 cit.).
Las costas de Alzada se imponen a la ejecutante apelada dado su calidad de vencida (doct. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución apelada del 29/04/2022 que dispuso librar nuevo oficio al empleador denunciado, con el objeto de dar cumplimiento con la ampliación del embargo -medida ordenada el 26 de abril de 2019- sobre los haberes que ahora percibe el demandado señor Adriel Román Catini como beneficiario del IPS, y se ordena el levantamiento de la medida así decretada, lo que se instrumentará en la instancia de origen (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; 219, inc. 3, 220, CPCC; causas 111.863, 102.948, 98.494, 128.627 cit.). Las costas de Alzada se imponen a la ejecutante apelada dado su calidad de vencida (doct. arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia