Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132573
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, en cuanto dispone que corresponde la preparación de la vía ejecutiva y cita a la accionada a reconocer la firma inserta en el instrumento acompañado con la demanda (negocio causal base del pagaré acompañado a hojas 3 con fecha 19/06/2020). Asimismo, en consonancia con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras se deberá ordenar tanto el libramiento del mandamiento como el eventual embargo de haberes conforme el monto reclamado en la demanda, con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo previsto por el artículo 549 del CPCC y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132573; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº13 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ MAIDANA CRISTIAN ARIEL S/ COBRO EJECUTIVO
La Plata, 25 de Agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. El juez de primera instancia, en el punto 2 de la resolución apelada, luego de advertir que el presente caso encuadra a primera vista en una relación de consumo y en virtud de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, C. 121.684, resol. de 14-08-2019, "Asociación Mutual Asís") y acorde con el "diálogo de fuentes" (todo con cita, entre otros, de los arts. 42 y 75 inc. 22, Constitución Nacional -CN-; 1, 2, 3, 1092, 1093 y concs. Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; 1, 2 y concs., ley 24.240 -de Defensa del Consumidor, LDC-; y decreto ley 5.963/65 -Letras de Cambio y Pagaré, LCP-), dispuso que correspondía preparar la vía ejecutiva e intimó a la parte ejecutada para que comparezca personalmente dentro del término de cinco días a fin de reconocer la firma inserta en el instrumento acompañado con la demanda (negocio causal base del pagaré acompañado a hojas 3 con fecha 19/06/2020) bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 524 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-. A su vez, en el punto 3 del mismo decisorio, ordenó que de acuerdo con los instrumentos acompañados (pagarés y mutuo), el capital efectivamente prestado a la ejecutada ascendía a la suma de $58.000, por lo que el monto reclamado en la demanda -y a los fines cautelares- no podía superar dicha suma (arts. 10 bis y 36, ley 24.240; 330 inc. 3, CPCC); ello sin perjuicio del juzgamiento de la procedencia del monto reclamado (el total financiado) en la etapa procesal oportuna (art. 549, CPCC).
2. Dicha forma de decidir agravia a la actora recurrente quien considera que el título complejo cumple con los requisitos previstos en el artículo 36 de la LDC y resulta hábil para procurar su cobro por la vía ejecutiva articulada, por lo que solicita se deje sin efecto la providencia atacada y se disponga -en consecuencia- mandar a llevar adelante la ejecución en la forma y por los importes ejecutados, disgustándose de la readecuación del monto demandado.
3. Liminarmente, cabe observar que ante la intimación dispuesta por el juez de grado en fecha 23/05/2022, la parte ejecutante a través del escrito electrónico del 01/06/2022 acompañó la documentación (ver copia digital en formato “.pdf” adjunto) a fin de cumplimentar los recaudos del artículo 36 de la ley 24.240 respecto del pagaré librado con fecha 19/06/2020 (página 11 del segundo archivo “.pdf” de fecha 11/05/2022); ello se suma a que en los dos restantes títulos ejecutivos (páginas 3 y 7 del mismo segundo “.pdf”) se consigna expresamente el referido artículo 36. Así, emerge -en principio, a primera vista- la relación de consumo, tal lo sostenido por el sentenciante. Va de suyo que, en la especie, la actora ha consentido que en el caso corresponde aplicar lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240.
Ingresando en el análisis de la apelación incoada, en relación con la preparación de la vía ejecutiva hemos de recordar que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor posee preceptos de orden público, destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado “débil” en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240; esta Sala, causas 119.754, RSD 96-16, sent. del 10/05/2016; 121.899, RSI 203/17, sent. int. del 07/08/2017; 127.349, RSI 154, sent. int. del 19/06/2020; e/o).
Se ha dicho que el crédito o financiación para el consumo será “todo aquel que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor, bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional. Usualmente, la operación de crédito al consumo quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, siempre que los bienes o servicios estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor” (Picasso, Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Tomo I, página 413, Editorial La Ley, año 2009; esta Sala, causa 116.737 RSD 156/13, sent. del 1/10/13; 121.899 y 127.349 citadas, e/o).
La mencionada ley 24.240 constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras. Así, esta norma, al regular un tipo de relación específica, incide en los requisitos extrínsecos del pagaré previstos por el decreto ley 5965/63 (arts. 101, 102, decreto ley 5965/63), al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que dio inicio a estas actuaciones, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación.
El artículo 36 de la Ley 24.240, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la Ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
Por otro lado, es dable destacar que el ejecutante reconoce la existencia de la mentada relación, acompañando la documentación atinente a la misma que une a las partes, cumpliendo así con su deber procesal de lealtad y buena fe (doct. arts 34, inc. 5 “c” y “d” y 36, inc. 2 del CPCC).
En las ejecuciones cuyo título tiene como base una operación de crédito para consumo o de financiación para consumo, para que el pagaré pueda considerarse hábil debe ser completado con la documentación en la que se consignen los datos exigidos por el artículo 36 de la ley 24.240 (esta Sala, doct. causas 120.495, 214/16, sent. del 13/10/16; 120.515, 219/16, sent. del 14/10/16; 120.891, RSD 252/16, sent. del 22/11/16; 120.868, RSD 262/16, sent. del 23/11/16; 121.899 y 127.349 citadas, e/o).
Precisamente, la actora ha acompañado, además de los 3 pagarés que se pretenden ejecutar (ver copias digitales de los pagarés de páginas 3, 7 y 11 adjuntos al segundo archivo “.pdf” de fecha 11/05/2022, sist. Augusta) el contrato de mutuo correspondiente al tercero de los nombrados (ver copia digital de la documental en “.pdf” integrante del escrito electrónico del 01/06/2022, sist. Augusta), cumplimentado, a primera vista, los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley 24240, como así también con su deber de información (arts. 36, ley 24240; 375, CPCC).
Es que el pagaré con cláusula sin protesto que reúne a primera vista los recaudos formales previstos en el artículo 101 del decreto ley 5965/63 y -en las operaciones de crédito para consumo o financiación para consumo- los prescriptos en el artículo 36 de la ley 24.240, constituye un título ejecutivo conforme lo establecido por los artículos 521 inciso 5 del Código adjetivo y 50 del decreto ley 5965/63, por lo que no requiere la preparación de la vía ejecutiva (art. 103, decreto ley 5965/63; esta Sala, doct. causas 120.495, 120.515; 120.891; 120.868, 121.899, 127.349 cit.).
Sentado lo anterior, hemos de resolver si resulta procedente que se cite a la demandada reconocer la firma inserta en la documentación complementaria (en copia digital del 01/06/2022, sistema Augusta), conforme lo prescripto por el artículo 523 del CPCC.
A tal efecto debe señalarse que en el presente juicio ejecutivo se deduce la acción cambiaria -emergente del pagaré- (arts. 46, 103, 104, dec. 5965/63; 521 inc. 5, CPCC) y no la causal -basada en el contrato de mutuo, esto es, la causa fin, relación fundamental o negocio base que une a las partes- (arts. 61, 103, 104, dec. 5965/63; 518, 521 inc. 2, CPCC), para cuyo ejercicio por la vía ejecutiva requiere que se cite a la accionada a reconocer la rúbrica respectiva -en caso de no encontrarse la misma certificada- (doct. y arts. 518, 521 inc. 2, 523, CPCC).
Consecuentemente, siendo que el apelante adjuntó la documentación accesoria de la que surgen reunidos, a primera vista, los requisitos que establece el artículo 36 de la Ley 24240 (ver copia digital del 01/06/2022, sist. Augusta -correspondiente al pagaré de fecha 19/06/2020-), sin que, por lo antes dicho resulte necesario que se cite a la ejecutada a reconocer la firma inserta en la misma, pues -como se sostuvo- lo que aquí se pretende ejecutar es el pagaré -título ejecutivo conforme lo normado por el art. 521 inc. 5 del CPCC- y no el contrato de mutuo, corresponde revocar el decisorio atacado.
Lo expuesto, claro está, es al solo efecto de habilitar la vía ejecutiva que se intenta y sin perjuicio de las excepciones que eventualmente pueda oponer el ejecutado como de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello en especial consideración a los elementos aportados para completar el título, que le imponen al decisor observar su composición para evitar que ante la incomparecencia del accionado se consoliden situaciones contrarias a derecho (arts. 34, inc. 4, 529, CPCC).
Dicha forma de resolver, se compadece con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa C. 122.436, "Electrónica Megatone S.A. C/ Diaz Jorge Alberto S/ Cobro Ejecutivo" (sent. de 29/07/2020), en el sentido que si los títulos en cuestión, en forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescriptas en el estatuto consumeril, los magistrados podrán dar curso a la ejecución, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el art. 36 de la ley 24.240, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción (conf. SCBA, causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís", sent. de 14/08/2019; C. 122.124, "Recupero On Line S.A.", resol. de 18/09/2019; C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16/10/2019).
4. En relación a la modificación del monto, cabe señalar que esta Sala ha resuelto que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación de crédito para consumo, deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240 (de Defensa del Consumidor, LDC) en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria (doct. causas: 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20, entre otras).
En la especie, es de observar que la relación de consumo emerge a primera vista de los documentos objeto de la ejecución.
Sentado ello, se impone señalar que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Constitución Nacional -CN-) la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el art. 36, ley 24.240 (LDC) -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (esta Sala, causas: 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 119.461, RSD 10/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD14/16, sent. del 4/2/16; 119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 123.369, RSI 127/20, sent. int del 28/5/20; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20, entre otras).
En estas actuaciones, los títulos por el cuales se inició la ejecución son pagarés, por ende, habrá que estarse, a los fines del mandamiento a la suma establecida en los mismos (esta Sala, causas: 122.014, RSD 311/17, sent. del 9/11/17; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 123.369, RSI 127/20, sent. int del 28/5/2; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20, entre otras).
Finalmente, corresponde aclarar que lo aquí establecido no obstaculizará el análisis de las sumas que consten en los títulos en ocasión de dictar la sentencia, decisión en la cual el judicante podrá aplicar sus facultades morigeradoras (conf. SCBA c. 121.684, sent. del 14/08/2019).
La congruencia que debe existir entre la suma pedida y el mandamiento se impone, en tanto será éste el monto al cual el ejecutado podrá oponerse, estableciéndose un coto a lo debatido en la ejecución. La sentencia podrá prosperar por lo pedido o por menos o por nada -si se rechazara- pero no por más. De ser esta última opción, se violaría el derecho de defensa en juicio del ejecutado (art. 18, Constitución Nacional -CN-; esta Sala, causa 129.142, RSI 182/21, sent. int. del 29/04/2021).
Así, atento lo establecido, se aprecia que la decisión recurrida, en cuanto deja establecido que el monto reclamado en la demanda -y a los fines cautelares- no puede superar la suma del capital efectivamente prestado (puro), no se ajusta a derecho por lo que debe ser revocada, debiéndose ordenar tanto el libramiento del mandamiento como el eventual embargo de haberes conforme el monto reclamado en la demanda, con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-; esta Sala, causas 122.014, 124.937 cit.; causa 129751, RSI 347/2021 del 03/08/2021, entre otras).
Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del CPCC y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-.
POR ELLO , se revoca la resolución apelada, en cuanto dispone que corresponde la preparación de la vía ejecutiva y cita a la accionada a reconocer la firma inserta en el instrumento acompañado con la demanda (negocio causal base del pagaré acompañado a hojas 3 con fecha 19/06/2020). Asimismo, en consonancia con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras se deberá ordenar tanto el libramiento del mandamiento como el eventual embargo de haberes conforme el monto reclamado en la demanda, con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo previsto por el artículo 549 del CPCC y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia