Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 110886
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada resolución de fecha 03/06/2022 (arts. 260, 272, CPCC), con costas de Alzada a cargo de la actora recurrente que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 110886; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA
PILMAN S.A. C/ BAUDAGNA MARIA ESTELA S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 110886, caratulada: "PILMAN S.A. C/ BAUDAGNA MARIA ESTELA S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 03/06/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Mediante resolución del 03/06/2022 la jueza de primera instancia dispuso que, en atención a que las presentes permanecieron sin movimiento procesal útil desde el 30/07/2014 hasta el 26/09/2014 y desde el 18/07/2016 al 13/12/2021 momento en el cual se extrajeron los obrados del legajo en el cual se encontraban paralizados, ello implica una conducta disvaliosa y computar intereses durante ese lapso resulta injusto, arbitrario y contrario a la ley que proscribe el abuso del derecho, dado que tal inactividad inexcusable del reclamante no puede transformarse en una fuente generadora de recursos que agrave aún más la situación del deudor, con cita de los arts. 1071 del Código Civil -CC, hoy derogado- y 9, 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-.
Contra dicho pronunciamiento interpuso el letrado apoderado de la parte actora recurso de apelación en subsidio con fecha 30/06/2022, fundándolo en el mismo escrito electrónico. Luego de tener al quejoso por notificado espontáneamente de la providencia puesta en crisis, el remedio fue concedido -previo rechazo de la revocatoria deducida- mediante proveído del 11/07/2022, habiéndose ordenado sustanciar por Presidencia de este Tribunal el día 18/08/2022, sin merecer réplica de la parte demandada. Asimismo, el día 03/08/2022 obra el dictamen emitido por el señor Fiscal de Cámaras, encontrándose las actuaciones en estado de resolver (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. Cabe abordar el planteo de la parte recurrente referido a que la señora jueza de grado dispuso la eliminación del cómputo de los intereses durante los períodos que corren desde el 30/07/2014 hasta el 26/09/2014 y desde el 18/07/2016 al 13/12/2021.
En ese orden, cierto es que este Tribunal ya se ha expedido en lo que resulta materia de agravio.
A fin de dar respuesta al apelante habrá que valorar si en el particular caso de estos obrados se ha configurado un supuesto de ejercicio abusivo del derecho, tal como sostiene la sentenciante en la resolución recurrida.
En tal sentido, esta Sala ha resuelto en la causa 125017, RSD 135/19, sent. del 29/05/2019, en los términos que a continuación se transcriben.
“He de señalar que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación al legislar sobre el abuso del derecho ha establecido una doble pauta para su identificación, especificando que es ejercicio abusivo de un derecho tanto el que contraría los fines del ordenamiento jurídico como el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.
“Al respecto se ha sostenido que se abusa del proceso cuando éste se usa no para resolver un conflicto real, sino con otros fines (Roland Arazi "Abuso del Derecho: del proceso y en el proceso", en Peyrano, Jorge W. (director) "Nuevas herramientas procesales - II", Rubinzal Culzoni Editores, 2014, pág. 139)”.
“Manifiesta Peyrano que un acto sería abusivo -más allá de toda injerencia de un proceder doloso o culposo- cuando desvía una norma o instituto procesal del fin que le asigna el ordenamiento, siempre y cuando dicha desviación haya causado un daño procesal. Habitualmente, el acto abusivo redunda en una demora y alongamiento del trámite que ya puede invocarse como perjuicio procesal computable. Detectado el abuso, el abusador no puede, en ningún caso, obtener una ventaja procesal de su conducta abusiva (Peyrano, Jorge W. "Vademécum de la proscripción del abuso procesal", La Ley 13/11/2018, 1)”.
“En consecuencia, cuando los instrumentos procesales son empleados de forma disfuncional, el proceso se resiente, no logra cumplir su finalidad, porque por múltiples manifestaciones se obstruye, altera o dificulta su objetivo de organizar un debate amplio en cuyo marco el órgano jurisdiccional pueda brindar la solución justa (BERIZONCE, Roberto Omar "Abuso del Proceso como insustancialidad de las proposiciones y técnicas de abreviación de trámites, en Revista de Derecho Procesal, 2014-I "Abuso del Proceso", Rubinzal Culzoni Editores, págs. 181 y ss.)”.
3. En la especie, de la lectura de las presentes actuaciones se advierte, con respecto al primer período de inactividad del expediente que corre desde 30/07/2014 hasta el 26/09/2014, que la actora, a partir de lo que sostiene en el recurso relativo a la falta de fondos en la cuenta, no ha solicitado nuevo embargo de haberes, ni articulado otra cautela, ni menos aún realizado gestión alguna para la identificación de otros bienes tendientes al cobro de su deuda. Si bien tales actividades constituyen una carga -imperativo del propio interés, que por ello obviamente no exige intimación, menos aún en un proceso de índole patrimonial-, objetivamente demuestran que su omisión implica un abandono en la persecución de la percepción de la deuda y de allí entonces es que no corresponde imputar los accesorios reclamados. Esto es, medió pasividad durante ese lapso temporal por parte de la ahora impugnante, por lo que no deviene apropiado recargar con intereses a la contraria frente al temperamento por aquélla asumida.
En relación al segundo tramo que se corre desde el 18/07/2016 al 13/12/2021 sobre los cuales la jueza de grado decidió también no imputar intereses, es dable sostener que no se visualizan, ni en las constancias en formato papel ni en los registros digitales de la causa, actividades como las antes descriptas a efectos de percibir el saldo restante adeudado. Más aún, tampoco se ha solicitado ni librado dentro de las actuaciones oficio de informe alguno a la empleadora del demandado durante ese período, circunstancia esta que recién surge respondida mediante contestación electrónica de fecha 13/12/2021 emanada de la Dirección de Liquidaciones y Sueldos del Servicio Penitenciario Bonaerense en la que se menciona haber recibido un oficio requiriendo informes, manda esta que -se reitera- no fue emanada del Juzgado de origen. La conducta observada por el apelante constituye un elemento de convicción a ser tenido en cuenta para juzgar la procedencia o no de lo peticionado (arg. art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial, en adelante, CPCC). Esto en el marco de la buena fe (arts. 9 CCyC; 34 inc. 5, ap. d, CPCC).
Cabe recordar que por aplicación de las normas tuitivas que resultan de orden público y aplicable a las presentes actuaciones (arts. 42 Constitución Nacional; 38 Constitución Provincia de Buenos Aires; 1, 3, 65 y concs. ley 24240 -Ley de Defensa del Consumidor, LDC-; 1, 2 y sgtes. ley 13133 -Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; establece bases para la Defensa del Consumidor-), recae la carga de activar el proceso en cabeza de la parte accionante, y las consecuencias negativas de no haber procedido de ese modo, no pueden ser trasladables a la parte demandada consumidora, ya que de ser así se tornaría inoperativo todo el plexo jurídico que le brinda a ésta una tutela especial.
En definitiva, la no constatación de actividades tendientes a la percepción del cobro del saldo de la deuda implica un abandono del mismo y ello no puede ser perjudicial para la contraparte consumidora, ya que de lo contrario la prolongación indefinida del proceso en el supuesto de reconocer los intereses reclamados conllevaría un beneficio indebido para aquél que tiene la carga de activarlo al abultar la obligatoriedad dineraria en su sólo beneficio, con transgresión del principio de buena fe antes enunciado -art. 9 CCyC-.
4. Con la reseña efectuada se ha puesto de manifiesto la injustificada inacción del acreedor por un lapso de tiempo que excede de lo razonable y que ofrece como resultado un provecho únicamente para su parte, acrecentando la deuda y produciendo un agravamiento de la situación patrimonial del deudor.
Tal conducta configura un abuso de derecho que no puede ser amparado por la ley ya que contraría los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 9, 10, 11, 12 del CCyC).
El servicio de justicia no puede tolerar la conducta abusiva que consiste, en el caso, en mantener inactivo el proceso durante un lapso de más de 5 años, mientras el monto de la deuda se incrementa con el devengamiento de intereses -sin peticionar la accionante medida alguna para la satisfacción del saldo restante-, generándose un enriquecimiento inadmisible en el patrimonio del acreedor por su propia inacción.
Es que, si bien el acreedor tiene derecho a percibir lo que le es debido (artículo 17 de la Constitución Nacional), ese derecho no puede ejercerse de manera abusiva, utilizando el proceso como una herramienta directa de encarecimiento de las deudas, haciendo que por el solo hecho de la inactividad del ejecutante las mismas se tornen desproporcionadas en relación al monto contratado y/o adeudado (esta Cámara, Sala 3, causas 123083, RSI 376/18, sent. int. del 20/12/2018; 124374, RSD 118/19, sent. del 14/2/2019; esta Sala, causas 125017 citada, 128252, RSD 206/20, sent. del 12/11/2020; 130172, RSD 198/21, sent. del 16/09/2021).
5. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3, causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
Consecuentemente, conforme los argumentos vertidos en el presente y, además, teniendo en cuenta el dictamen concordante del señor Fiscal de Cámaras de fecha 03/08/2022, de compartir mi colega tal criterio, considero que la resolución atacada de fecha 03/06/2022 debe ser confirmada (arts. 260, 272, CPCC), con costas de Alzada a cargo del apelante que resulta vencido (arts. 68, 69, CPCC).
Voto, por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada resolución de fecha 03/06/2022 (arts. 260, 272, CPCC), con costas de Alzada a cargo de la actora recurrente que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada resolución de fecha 03/06/2022 (arts. 260, 272, CPCC), con costas de Alzada a cargo de la actora recurrente que resulta vencida (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia