Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del día 27 de abril de 2022, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas a la recurrente.
En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de Agosto de 2022, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "FINANPRO S.R.L. C/ LEÓN CÁCERES RONALD PAUL S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 132352), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 27 de abril de 2022?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 27 de abril de 2022 y en lo que aquí resulta sustancial, la Sra. Jueza de la instancia decidió otorgar a Ronald Paul León Cáceres, en forma automática, el beneficio de litigar sin gastos, lo que comprende la eximición de abonar el pago de las costas originadas en el proceso, en virtud de lo previsto en los arts. 25 de la ley 13.133, 53 de la Ley 24.240, y 84 CPCC.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la actora, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día el 23 de mayo de 2022; donde comenzó por referir que la decisión apelada equipara incongruentemente el beneficio de gratuidad al beneficio de litigar sin gastos.
En ese sentido y con cita de un precedente de la Cámara Primera, expuso que el llamado ‘beneficio de justicia gratuita’ se encuentra destinado a no trabar por razones patrimoniales el acceso pleno a la jurisdicción, evitando gravar con imposiciones económicas la intervención del justiciable; mas, una vez franqueado el acceso, el litigante queda sometido a los avatares de los procesos, incluidas las costas.
Asimismo, manifestó que esta interpretación del alcance del beneficio en materia de consumo desnaturalizaría el régimen de interdependencia de las obligaciones, pues la deudora deberá pagar la principal y, en caso de ser vencida, no hará lo propio con la accesoria, que son los estipendios profesionales; situación que no puede ser tolerada.
1.c. El día 4 de agosto de 2022 emitió su dictamen el Fiscal de Cámaras, donde expuso que, en su criterio, debe otorgarse carácter amplio a la exención prevista por el art. 25 de la ley 13.133, y en todo caso, si el accionado considera que tal beneficio resulta abusivo, por poseer el consumidor la solvencia económica suficiente para soportar los costos del proceso, deberá promover el incidente de solvencia, conforme lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 24.240, último párrafo.
2.a. He sostenido reiteradamente que la franquicia legal del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor equivale, en su contenido, al artículo 83 del CPCC; por lo que el consumidor se encuentra exento del pago de las costas y gastos del proceso en los términos del artículo 84 del mismo cuerpo legal (esta Sala, causas 131257, RR 180/22, del 28-4/2022; 120175, RSI 271/18, del 04-12-2018; e.o.).
El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene por fin cargar sobre el proveedor la posibilidad de desvirtuar el beneficio que operaba automáticamente a favor de consumidor, mediante el incidente de solvencia.
Acotar el alcance del beneficio de justicia gratuita sería atentar contra el espíritu tuitivo de la Ley 24.240, que tiene raigambre constitucional al estar contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En ese mismo sentido se ha pronunciado, en plenario y el 21 de diciembre de 2021, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -en Acuerdo Extraordinario- para conocer en la causa caratulada “H.,D. R. c/ CMR Falabella S.A. s/ sumarísimo” (Expte. Nº 757/2018), donde se concedió un recurso de inaplicabilidad de la ley, con el objeto de resolver el alcance del beneficio de gratuidad del art. 53 L 24240. En el plenario se hizo un recuento de lo discutido en el ámbito legislativo con motivo de su sanción y se señaló que: “a) según el razonamiento de los legisladores el “beneficio de justicia gratuita” es sinónimo del “beneficio de litigar sin gastos” —en los términos del art. 78 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación— ; interpretación que se funda en lo explicitado en el veto que el PE efectuó al originario art. 53 (dto. 2089/93). Ergo, es dable sostener que la exención prevista en la ley 24.240 comprendía no sólo el pago de la tasa de justicia sino también las costas que se impusieran a quienes impetraran una acción en los términos fijados por la ley; y b) surge de los debates de los senadores que la distinción entre los conceptos “beneficio de justicia gratuita” y “beneficio de litigar sin costas” como se adelantó- obedeció a que en el último se incluye la tasa de justicia; así, al constituir tal tributo un recurso de orden local, su exención no podía —por respeto a las autonomías provinciales— figurar en una ley de fondo, por lo que la única interpretación posible es que en las provincias el “beneficio de justicia gratuita” comprende las costas que irrogue un proceso judicial iniciado de conformidad a la LDC —con las salvedades allí establecidas— sin que se incluya dentro del mismo a la tasa judicial, aspecto sobre el cual habrá de estarse a lo que dispongan las respectivas jurisdicciones.
Conforme el examen precedente y en el orden nacional, cabe asimilar ambos beneficios (“de justicia gratuita” y “de litigar sin gastos”) conforme lo estatuido en el art. 78, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por lo que el actual art. 53 de la LDC incluye no sólo la tasa de justicia sino también las costas que irrogue un proceso judicial iniciado conforme dicha normativa, siempre que aquéllas sean impuestas a su promotor y no prospere el incidente de solvencia al que se encuentra facultada la demandada (CNCom., Sala B, in re “Zoli, Sergio c. Caja de Seguros S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos” del 24/08/2016)”.
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo:
En causas anteriores que refieren a la temática, he sostenido una postura en disidencia con la de mi distinguido colega, dando las razones pertinentes. No obstante, ello no ha logrado modificar el resultado, pues, integrada la sala con el Sr. Presidente, éste ha apoyado la posición del Dr. Sosa Aubone (ver mi voto, por ejemplo, en la causa 127356, del 2 de diciembre de 2021; y el sentido de la decisión).
Por tal motivo, entiendo que carece de sentido, con la actual composición de esta Cámara, reiterar tal postura, generando la convocatoria al Sr. Presidente para obtener un resultado que, como se anticipa, habrá de ser adverso. Opto entonces por una solución que considero más apropiada para agilizar el proceso y evitar injustificado dispendio de recursos.
Por ello, dejando a salvo mi parecer, adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone; y en consecuencia, también voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, corresponde confirmar la decisión dictada el 27 de abril de 2022.
Las costas habrán de ser impuestas a la recurrente, en virtud de su objetiva condición de vencida en su intento revisor (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, se confirma la apelada resolución del día 27 de abril de 2022, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas a la recurrente. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia