Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132581
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, debiendo el juez de grado dar trámite ejecutivo al presente proceso en los términos del art. 518 párrafo primero, 521, 529, siguientes y concordantes del C.P.C.C., asimismo, ordenar tanto el mandamiento de intimación de pago como el embargo de haberes solicitado conforme al monto reclamado en la demanda -$ 41.338-, con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo previsto por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, 163 inc. 8 del CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132581; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº13 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ ALVAREZ MARIO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO
La Plata, 7 de septiembre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el día 20 de abril de 2022, contra el proveído de fecha 18 de abril del mismo año, por cuanto dispuso, por una parte y previo a todo, citar al demandado para que en el plazo de cinco días compareciera personalmente a reconocer la firma de la documentación base del presente juicio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 524 del C.P.C.C. Por otra parte, en cuanto ordenó la intimación de pago y embargo por la suma efectivamente prestada, según surge del contrato de mutuo, y no por la suma que la ejecutante reclama en su demanda, la que resulta del monto financiado en el pagaré.
El recurso fue concedido con fecha 29 de abril de 2022, el memorial de agravios fue presentado oportunamente el 5 de mayo siguiente y, finalmente, dictaminó el señor Fiscal de Cámaras el día 23 de agosto del corriente.
2. En síntesis, sostiene el recurrente en sus agravios que deviene improcedente que se ordene la preparación de la vía ejecutiva puesto que el pagaré presentado trae aparejada ejecución, ya que ha sido debidamente integrado con la documentación complementaria que da cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo tanto, resulta ejecutable por la vía del juicio ejecutivo.
Así también, se agravia en cuanto el juez de grado ordenó la intimación de pago y embargo por la suma efectivamente prestada, la que surge del contrato de mutuo, y no por la suma financiada, que surge del pagaré, la que en definitiva es la reclamada en la demanda. Alega que, con dicha forma de decidir, el sentenciante indaga en la causa de la obligación, actividad que le es vedada en razón de las características de autonomía, literalidad y abstracción del título ejecutivo.
3. De la preparación de la vía ejecutiva:
3.1. Cabe observar que el ejecutante, en respuesta a lo requerido por el juzgador el 7 de abril de 2022, acompañó -con fecha 13 de abril de 2022- la documentación complementaria del pagaré ejecutado a fin de cumplimentar los recaudos del artículo 36 de la ley 24.240, consintiendo de dicho modo la configuración de la relación de consumo entre las partes (art. 155 del C.P.C.C.).
3.2. Sentado lo anterior, ha de recordarse que la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público y la aplicación de sus preceptos deviene insoslayable. Estos están destinados a garantizar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio, como así también a reestablecer el desequilibrio de posiciones que perjudica a la parte “débil” de la relación -el consumidor o usuario- quien se encuentra en una posición de inferioridad técnica, jurídica y económica (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240; esta Sala, causa 119.754, RSD 10-5-16, sent. del 10/5/16; 121.899, RSI 203/17, sent. int. del 7/8/17, e/o).
La citada ley 24.240 -de jerarquía constitucional- atraviesa transversalmente a todo el ordenamiento jurídico y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras. Así, al regular un tipo de relación específica, incide en los requisitos extrínsecos del pagaré previstos por el decreto ley 5965/63 (arts. 101, 102, decreto ley 5965/63), al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que dio inicio a estas actuaciones, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación.
El artículo 36 de la Ley 24.240, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere. La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones, tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la Ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
3.3. Ahora bien, la crítica a la resolución recurrida se concentra en la citación del demandado a reconocer la firma inserta en el negocio causal base del pagaré a los fines de preparar la vía ejecutiva, cuestión en la que -se adelanta- asiste razón al recurrente.
Ello, toda vez que en el presente juicio ejecutivo se deduce la acción cambiaria –emergente del pagaré- (arts. 46, 103, 104, dec. 5965/63; 521 inc. 5, C.P.C.C.) y no la causal –basada en el contrato de mutuo esto es, la causa fin, relación fundamental o negocio base que une a las partes- (arts. 61, 103, 104, dec. 5965/63; 518, 521 inc. 2, C.P.C.C.), para cuyo ejercicio por la vía ejecutiva sí se requiere que se cite a la accionada a reconocer la rúbrica respectiva -en caso de no encontrarse la misma certificada- (doct. y arts. 518, 521 inc. 2, 523, C.P.C.C.).
Consecuentemente, siendo que el apelante adjuntó la documentación accesoria de la que surgen reunidos, en principio, los requisitos que establece el artículo 36 de la Ley 24240 (ver pdf adjunto el 13 de abril de 2022), integrando de dicho modo el pagaré de consumo, el mismo resulta hábil para instar la vía ejecutiva. Ello, claro está, sin perjuicio de las excepciones que eventualmente pueda oponer el ejecutado y de la facultad del sentenciante de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por último, en concordancia con lo dicho en el párrafo anterior y tal como lo sostuvo el Sr. Fiscal de Cámaras en su dictamen de fecha 23 de agosto de 2022, véase que jurisprudencialmente se ha dicho respecto de la vía procesal idónea para perseguir el cobro de un pagaré de consumo que, cuando este tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36 de la LDC, su integración con los documentos que instrumentan el negocio causal se impone como condición de admisibilidad de la pretensión ejecutiva. La constatación acerca del cumplimiento de aquella norma legal –y la observancia de los demás requisitos previstos a tal efecto- determina la viabilidad del reclamo articulado en el proceso (C. 122.436, "Electrónica Megatone S.A. C/ Diaz Jorge Alberto S/ Cobro Ejecutivo", sent. de 29/07/2020 y C. 121.684, sentencia del 14/8/2019, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo").
En razón de lo expuesto y fundamentado, corresponde hacer lugar a esta parcela del recurso y revocar dicho tramo del proveído apelado.
4. Del monto de la ejecución:
4.1. La deuda que reclama el ejecutante en la demanda asciende a la suma de $ 41.338, la cual resulta del monto del pagaré adjunto a ella, deducidos los pagos parciales denunciados por la propia reclamante (ver escrito de inicio 31 de marzo de 2022). Sin embargo, el juez de primera instancia hizo lugar a la intimación de pago y embargo tomando en cuenta un monto menor, equivalente al efectivamente prestado -capital puro- que surge del contrato de mutuo o negocio causal (ver pdf adjunto el 13 de abril de 2022).
Vale al respecto los fundamentos desarrollados en las consideraciones anteriores -punto 3 a 3.3- en cuanto a cómo debe ser integrado el pagaré de consumo a los efectos de su ejecución.
En dicho sentido y, habiendo cumplido el aquí ejecutante con la debida integración del título -al menos en principio-, el pagaré presentado resulta hábil para su reclamo por la vía ejecutiva. En consecuencia, a este -y no al negocio causal que lo sustenta- habrá que estarse a los fines del monto del mandamiento de intimación de pago y embargo (esta Sala, causas: 122.014, RSD 311/17, sent. del 9/11/17; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 123.369, RSI 127/20, sent. int del 28/5/2; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20, entre otras). Ello, sin perjuicio de las facultades del juzgador de analizar y valorar la procedencia de la suma que corresponda determinar en oportunidad de dictar la sentencia, decisión en la cual el juez podrá aplicar sus facultades morigeradoras (conf. SCBA c. 121.684, sent. del 14/08/2019).
Lo concluido es en resguardo del principio de congruencia que debe existir entre la suma pedida y el mandamiento ordenado en consecuencia, en tanto será este el monto al cual el ejecutado podrá oponerse, estableciéndose un coto a lo debatido en la ejecución. La sentencia podrá prosperar por lo pedido o por menos o por nada -si se rechazara- pero no por más. De ser esta última opción, se violaría el derecho de defensa en juicio del ejecutado (art. 18, Constitución Nacional -CN-; esta Sala, causa 129.142, RSI 182/21, sent. int. del 29/04/21).
Así, atento lo establecido, se aprecia que la decisión recurrida, en cuanto deja establecido que el monto reclamado en la demanda -y a los fines cautelares- no puede superar la suma del capital efectivamente prestado (puro), no se ajusta a derecho, por lo que debe ser revocada (conf. art. 529, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-; esta Sala, causas 122.014, 124.937 cit.; causa 129751, RSI 347/2021 del 03/08/2021, entre otras). Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del CPCC y por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-.
POR ELLO, en consonancia con lo dictaminado por el señor Agente Fiscal de Cámaras, se revoca la resolución apelada, debiendo el juez de grado dar trámite ejecutivo al presente proceso en los términos del art. 518 párrafo primero, 521, 529, siguientes y concordantes del C.P.C.C., asimismo, ordenar tanto el mandamiento de intimación de pago como el embargo de haberes solicitado conforme al monto reclamado en la demanda -$ 41.338-, con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo previsto por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, 163 inc. 8 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia