Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la resolución apelada en cuando considera que no es aplicable al caso el microsistema de defensa del consumo y se rechaza el recurso en cuanto pretende que se admita el pago en pesos, por falta de agravio. Se imponen las costas de alzada al demandado en su carácter de vencido (arts. 68, 69 26, 261, 272, 273 y 274 CPCC).
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es ajustada a derecho la apelada sentencia del 22/4/22?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Loez Muro dijo:
La Sra. Jueza de grado el 22/04/22 decidió 1) rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado, 2) rechazar la excepción de pago parcial, sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por las sumas percibidas en la pertinente liquidación a practicarse en la oportunidad procesal correspondiente, 3) rechazar el planteo de imposibilidad de pago en moneda extranjera formulado por el ejecutado, debiendo efectuar el pago en la moneda pactada, y 4) mandar a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado, JUAN PABLO AYCAGUER, haga al acreedor JOSÉ ANTONIO DÍAZ, íntegro pago del capital reclamado en la suma de U$S 30.000, desde la fecha de mora ocurrida el día 14/05/2020 y hasta el efectivo pago, sin perjuicio del cómputo de la suma percibida que deberá tenerse en cuenta al momento de practicarse la liquidación definitiva, con más los intereses dispuestos en el considerando IV, 5) imponer las costas al ejecutado vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios hasta el momento procesal oportuno y hacer saber a las partes que los honorarios serán regulados conforme el Dec. Ley 8904/77 o la Ley 14967, según las etapas hayan sido cumplidas durante la vigencia de una u otra normativa.
En relación al pago en pesos consideró que, al no ser imperativa la norma contenida en la última parte del art. 765 CCCN y ante el carácter categórico del art. 766 CCCN sobre la obligación del deudor al disponer que "debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada", debe mantenerse la moneda en la que debe hacerse el pago, esto es, en dólares billetes estadounidenses.
2. El recurso.
El demandado interpuso recurso de apelación con fecha 28/04/22, que fue concedido el 29/04/22 fundado con la memoria de 6/05/22 y contestado el 19/05/22.
Se agravia porque entiende errado el razonamiento de la jueza al decidir que no es una relación de consumo. Considera que como la LDC no requiere habitualidad para que una persona sea considerada como proveedor por ello que este proceso sea el único iniciado como cobro ejecutivo por el actor no es relevante para decidir que no es un préstamo para consumo. Agrega que ha probado con la documentación acompañada al contestar demanda, obtenida de AFIP; que el actor resulta ser comerciante, inscripto en el rubro de transporte de personas y venta de bienes muebles y por ello es "proveedor", en los términos del art.2 de la ley 24240 LDC y él ha pedido el préstamo de dinero para su uso personal como consumidor final. Agrega que sólo una persona que se dedica al comercio, pueda entregar a otro la importante suma de U$S 30.000, lo cual constituye otro elemento de peso para considerar al actor como prestador. Concluye que por ser una relación de consumo el título sería inhábil atento que no se lo integró con la documentación de base conforme el 36 LDC y subsidiariamente sería nula la cláusula de intereses por no contener las menciones de ese artículo, debiendo establecerse en su lugar la tasa pasiva promedio del mercado difundida por el Banco Central para mutuos concertados en dólares. Agrega que corresponde readecuar los intereses compensatorios por ser una relación de consumo.
Finalmente se agravia por considerar que es aplicable al caso el art. 765 CCCN, considera que esta norma fue creada justamente para permitir al deudor liberarse entregando moneda de curso legal cuando existen restricciones cambiaras, como en la actualidad. Respecto del monto en pesos interpreta que debe ser a valor oficial tipo vendedor, informada por el Banco de la Nación Argentina, pues debe entenderse que el artículo se refiere al cambio oficial.
El 13/6/22 el Fiscal dictaminó que no corresponde su intervención por no tratarse de una relación de consumo pues no surge, en los términos de los arts. 1° y 2° de la ley 24.240 (texto según ley 26361), presunción que amerite resaltar la habitualidad de las personas físicas, accionante o demandante en autos, en la provisión de préstamos para el consumo.
4. Tratamiento de los agravios.
4.1. El actor ejecuta un contrato de mutuo de fecha 23/5/2019 por U$S 30.000, donde el deudor se obligó a devolver dicha suma en "papel billete".
A la luz de los concretos embates sometidos a conocimiento de esta alzada, las cuestiones a dilucidar en autos son dos. La primera, vinculada a la naturaleza consumeril de la obligación, denegada en la instancia. Esto a criterio del apelante haría procedente la aplicación de la doctrina SCBA "Asis" y la inhabilidad de título en caso de ausencia de los requisitos del art 36 LDSC. La segunda, concerniente a la procedencia de recurrir al mecanismo previsto en el art. 765 del CCCN para cancelar la obligación de abonar una obligación pactada en moneda extranjera y, por tanto, la viabilidad de admitir la entrega del importe resultante de convertir dicho monto en pesos, denegada en el fallo apelado.
4.2. El art. 1 LDC señala que se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (en igual sentido art. 1092, CCCN).
Para construir la presunción de que se trata de un mutuo de consumo la jurisprudencia parte de indicios, como que el acreedor es litigante asiduo, calidad profesional, reclamo de pequeñas sumas a una persona física, situación fiscal, y demás elementos que permitan presumir que se está frente a una operación de crédito para consumo y no para integrarlo a un proceso de producción. De la lectura del expediente surge que ninguno de estos indicios está presente, salvo que el deudor es persona física.
Al presentarse el demandado y oponer la excepción de inhabilidad pide la aplicación de la ley de defensa del consumidor y la inhabilidad del título con base en el incumplimiento del art. 36 de la ley 24.240, pero no indica cuál es la relación causal subyacente consumeril que invoca como fundamento de su excepción, lo cual se vuelve en su contra (arg. art. 547, C.P.C.C.). De hecho, la realización de un mutuo en moneda dólar hace presumir lo contrario, ya que los mutuos que han arribado a esta Sala emergentes de relaciones de consumo son todos en pesos. Por otra parte, el importe por el cual se documentó el crédito en cuestión (U$S 30.000), por su importancia, también aparece como excepcional y alejado de los casos que normalmente se presentan.
No toda relación jurídica cuyo acreedor es un comerciante es una relación de consumo, ya que para ello se requiere que los bienes o servicios sean utilizados como destinatario final (arts. 1, LDC; 1092, CCCN), lo cual no se ha demostrado.
En suma, el presente proceso ejecutivo tiene como base un MUTUO y no existen elementos probatorios para presumir una relación de consumo y exigir el cumplimiento del art. 36 LDC. Se trata entonces de un proceso ejecutivo en el que rige eminentemente el principio dispositivo y las normas de ese proceso.
Por la forma en que se resuelve este agravio caen los demás relacionados con la aplicación de la jurisprudencia elaborada en torno al pagaré de consumo. Así las cosas, propongo confirmar este segmento de la decisión.
4.3. Resta examinar los cuestionamientos contra la denegatoria de la posibilidad de pagar en pesos la deuda. Cabe señalar que el demandado se obligó a pagar en dólares "papel billete" (ver cláusula PRIMERA que da cuenta de la entrega y cláusula CUARTA del mutuo). Ante la ausencia de una norma imperativa, no hay inconveniente para que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1137, 1198 CC, 766, 958 y 962 del CCyC), pacten que el deudor deberá entregar la cantidad correspondiente en la especie de moneda convenida, como en el presente. Siendo una condición esencial deberá entregar dólares para desobligarse.
En ese sentido, existe un marcado consenso doctrinario y jurisprudencial en punto al carácter disponible de la facultad contemplada en el citado artículo 765 (cf. Rivera, Julio C., Cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera: la Babel de los tiempos que corren, LL 2020-F, 343; Trigo Represas, F.A. en "Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético", Alterini, J.H. -dir.-, 2° ed., La Ley, CABA, 2016, t.° IV, p. 135/138; Despacho 15.1. de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Bahía Blanca en 2015; CNCom., sala C, "Reprografías JMA", sent. de 13-10-2020, LLeyonline AR/JUR/48936/2020; CNCiv., sala E, "R., I.J.E. y ot.", sent. de 12-5-2021, LLeyonline AR/JUR/33801/2021; íd. sala A, "Jáuregui", sent. 20-4-2021, LLeyonline AR/JUR/9517/2021; CCC Dolores, "Zuccato", resol. de 07-7-2020; e.o.). El derecho de conversión del art. 765 del citado ordenamiento no hace al orden público económico.
Asimismo, si bien actualmente existe un límite para adquirir dólares al precio oficial de 200 por persona (Comunicación "A" 6815/2019, BO 28/10/2019), el deudor puede adquirirlos a través del mecanismo llamado Dólar MEP, esto es realizar dos operaciones financieras que permiten la compra de divisas, comprando bonos en dólares y venderlos. El deudor en ese caso deberá realizar la operación y solventar los costos necesarios para ello.
Como viene sosteniendo esta Sala en casos similares, no se da el supuesto de imposibilidad de obtener los dólares como pretende el demandado. Si bien ha habido restricciones para su adquisición en el mercado oficial, ello sigue siendo posible a través del llamado "dólar MEP", cuya operación está disponible y es de público conocimiento, como he referido más arriba.
En consecuencia, el deudor puede recurrir a ese procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia. Y en caso de que así no lo hiciera, también puede llevarlo adelante compulsivamente el acreedor por el procedimiento de ejecución de sentencia, bien que en ese caso procederá a ejecutar bienes, obtener pesos y con ellos adquirir los dólares mediante ese mismo procedimiento, lo que así se deja explícito y aclarado. En uno u otro caso estarán a cargo del deudor los gastos necesarios para hacer la compra en el Mercado de divisas pertinente.
Siendo así, en términos económicos, y en la medida de las actuales circunstancias cambiarias, lo cierto es que no habría diferencia para el apelante si debe abonar en dólares o en pesos, en tanto esos pesos deben permitir al acreedor adquirir los dólares correspondientes.
De allí que, bajo esta perspectiva, no existe agravio y por ello debe rechazarse el recurso.
Sentado ello, en los términos en que quedó trabado el presente (art. 272 C.P.C.C.), propongo confirmar la resolución apelada (163, 164, 260, 261, 272 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
Creo conveniente aclarar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), que entró en vigencia el 1/8/2015, establece que las obligaciones en moneda extranjera serán consideradas como de dar cantidades de cosas y que el deudor podrá liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal (art. 765), para lo cual corresponde acudir al tipo de cambio oficial.
Debido a que el pago de un préstamo contraído en dólares (U$S 30.000) no está dentro de las opciones en las que el Gobierno Argentino autoriza a comprar moneda extranjera, y la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial, con el dólar bolsa, dólar “solidario” y el dólar que se maneja en el mercado extraoficial -llamado blue-, lo estipulado en el mentado art. 765 genera mucha incertidumbre e inseguridad, tanto al acreedor como al deudor.
Más allá del carácter que se le de a dicha disposición -dispositiva, también llamada supletoria o de orden público- y de que la obligación de “dar cantidades de cosas” no existe en el nuevo C.C.C.N. -a diferencia del derogado Código Civil-, lo cierto es que para que la prestación satisfaga el interés del acreedor debe mantenerse la equivalencia de la suma en pesos con la prestación debida en dólares (integridad). Y si el deudor tiene dificultades para acceder a dólares en el mercado oficial, no corresponde admitir el pago del valor en pesos al dólar oficial, sin impuestos ni recargos, ya que ese precio está alejado de lo que actualmente cuesta al acreedor volver a adquirir los dólares adeudados (esta Sala, causa 126.596, del 9/3/21, “ARMANINI HECTOR RENE Y OTROS C/RAMIREZ MIGUEL A. S/ EJECUCION HIPOTECARIA”), generando una desproporción en las prestaciones, que no es dable tutelar. Además, no hay imposibilidad de obtener moneda extranjera en virtud de las disposiciones dictadas por el poder público, ya que existen otras operaciones de tipo cambiario y bursátil que habilitan a los particulares a adquirir dólares estadounidenses, a través de la adquisición y el posterior canje de determinados bonos.
En consecuencia, para el caso que no se puedan comprar dólares a través de los medios tradicionales, el deudor puede adquirirlos en operaciones de tipo bursátil y de esa manera hacerse de los billetes en forma legal para saldar su deuda. Por lo tanto la imposibilidad de comprar dólares en el mercado oficial no se soluciona abonando la deuda en pesos al tipo de cambio oficial, ni invocando una situación de fuerza mayor insuperable, sino acudiendo al mercado bursátil a fin de adquirir los dólares comprometidos.
Por ello, si la deuda se calcula en pesos, deberá tomarse el valor por medio del cual, legal y efectivamente, se puedan obtener dólares estadounidenses billetes, incluyendo los gastos con lo cual, como ya señalado el voto precedente, no existiría agravio tutelable en el planteo del demandado (arts. 163, 164, 260, 261, 272 y 384, C.P.C.C.).
.A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Atendiendo al acuerdo logrado corresponde y así lo propongo, confirmar la sentencia en cuando considera que no es aplicable al caso el microsistema de defensa del consumo y rechazar el recurso en cuanto pretende que se admita el pago en pesos, por falta de agravio. Las costas de alzada deben imponerse al demandado (arts. 68, 69 y 272 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Lopez Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la resolución apelada en cuando considera que no es aplicable al caso el microsistema de defensa del consumo y se rechaza el recurso en cuanto pretende que se admita el pago en pesos, por falta de agravio. Se imponen las costas de alzada al demandado en su carácter de vencido (arts. 68, 69 26, 261, 272, 273 y 274 CPCC). REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia