Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución del día 19/4/22 en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su condición de vencida en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
132260 “MENENDEZ C/ ARANO S/ COBRO EJECUTIVO”.
Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado con fecha 2/5/22 por la parte actora, contra la resolución del día 19/4/22. El día 10/5/22 se presentó el respectivo memorial de agravios, el que mereció réplica de la contraria con fecha 22/5/22.
A. El decisorio puesto en crisis declaró la nulidad de la pericia caligráfica realizada y la nulidad de la notificación al domicilio electrónico de la ejecutada en relación a la intimación de pago y embargo. Asimismo, ordenó que, una vez firme dicha resolución, se produzca una nueva pericia caligráfica en el momento procesal oportuno. Finalmente, impuso las costas a la actora en su carácter de vencida y postergó la regulación de honorarios para su oportunidad (v. res. del 19/4/22).
En prieta síntesis, se muestra disconforme la recurrente por cuanto entiende que se ha declarando la nulidad por la nulidad misma, lo que importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. Refiere que el fallo enumera varios de los principios rectores en la materia de las nulidades, pero obvió uno fundamental, exigido por el artículo 172 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC- quien solicita la nulidad deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con la declaración. Señala que debe primar un criterio de interpretación restrictiva en la materia y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, a la vez que la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma, dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal (v. esc. eléc. del 10/5/22).
Por otro lado, se queja respecto de la nulidad de la pericia caligráfica, indicando que aquélla no fue realizada en el marco probatorio, sino que fue ordenada por la Juez interviniente como requisito para proveer la medida cautelar peticionada, siendo uno de las características del proceso cautelar la no sustanciación del pedido con la contraria, motivo por el cual, a su entender, no corresponde la pretendida bilateralidad o control en la realización de la pericia caligráfica (v. esc. elec. del 10/5/22).
A. En lo que a la pericia caligráfica respecta, cabe señalar que en el presente caso, con fecha 7/11/19 la actuaria certificó que en los obrados “Arano Juan Luis s/ Sucesión” no se hizo lugar a la declaración de acreedor de legitimo abono peticionada por la señora Mónica Gabriela Menéndez, por cuanto los herederos del causante manifestaron su oposición y desconocieron la autenticidad de la documentación allí aportada (v. informe actuarial del 7/11/19).
Por su parte, la juez de primera instancia indicó que el instrumento privado traído a ejecución requería la preparación de la vía ejecutiva en los términos de los artículos 523 y 524 del CPCC, debiéndose citar para tal cometido a los herederos del demandado fallecido. No obstante ello, refirió que del informe al que se hiciera mención, surge que los herederos desconocieron en el proceso sucesorio la autenticidad del convenio de reconocimiento de deuda y pago obrante, por lo que tuvo por desconocida la firma del instrumento, ordenando se prosiga con la tramitación conforme establece el artículo 526 del CPCC (conf. prov. del 7/11/19).
Llevado a cabo la pericia caligráfica con fecha 7/4/21, se aprecia que el día 13/4/21 la juez de la instancia de origen ordenó que se diera vista a las partes por el término de 5 días. Ahora bien, de las constancias de las actuaciones, más precisamente, de la constancia de notificación que surge del despacho del 13/4/21, surge que sólo se notificó de manera automatizada a la doctora Nardelli -letrada apoderada de la actora-, no observándose que se le anoticiara mediante cédula con posterioridad (v. constancia de not. del 13/4/21, conf. sist. Augusta).
Ya el día 14/4/21 la actora solicitó, como medida cautelar y en atención a lo dictaminado por el perito calígrafo, se trabe embargo sobre un inmueble por las sumas reclamadas (v. esc. eléc. del 14/4/21), haciendo lugar a ello la juez de grado, en virtud del resultado de la pericia de fecha 7/4/2021 (v. prov. del 19/4/21).
B. En vista a lo recientemente indicado, es que mal puede hacerse lugar al recurso de la actora, pues más allá de los argumentos por ella explicitados, en donde refiere que la pericia caligráfica no fue realizada en el marco probatorio, sino que fue ordenada por la Juez interviniente como requisito para proveer la medida cautelar peticionada, lo cierto es que se decidió llevar a cabo aquélla, en el entendimiento de que la parte demandada había desconocido la documentación acompañada, lo cual no aconteció en los presentes obrados (conf. arg. arts. 523, 524, 526, CPCC).
Siguientemente, no obstante las consecuencias que pueden derivar del artículo 526 del CPCC, se procedió a llevar a cabo la mentada pericia, ordenándose que debía corrérsele vista a las partes -decisión no atacada por la actora-, no apreciándose que ello haya sucedido respecto de la accionada.
En ese sentido, cabe señalar que la vista o traslado a la contraria es una consecuencia del principio de bilateralidad, fundado en la garantía de defensa en juicio de los derechos (art. 18 CN).
Consecuentemente, estando comprometida la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN) y debiendo formularse siempre la interpretación de los actos procesales de la forma más favorable a su amplio ejercicio, es que la resolución de fecha 19/4/22 debe ser confirmada en cuanto a la nulidad de la pericia decretada (conf. arg. arts. 18, CN; 523, 524, 526, CPCC).
Los argumentos esgrimidos por la recurrente no logran conmover lo resuelto por la juez de la instancia de origen, en tanto se vulneró el derecho de defensa en juicio de la demandada, al tenerse por desconocido un documento cuando ni siquiera se había presentado en los presentes obrados, lo que conllevó a que se proceda con lo dispuesto por el artículo 526 del CPCC -con las consecuencias que pudieran derivar del mismo-, y no se le corriera vista a efecto de que pueda ejercer su derecho, cuando la misma había sido ordenada (conf. arg. arts. 18, CN; 15, CP; 384, 526, CPCC).
A. Por otro lado, en lo relativo al incidente de nulidad de la notificación, al cual se hiciera lugar, cabe adelantar que también deviene menester confirmar lo decidido por la sentenciante de grado.
En resumidas cuentas, en el caso no se logró notificar a la accionada a su domicilio real, tal cual prescribe el Código adjetivo, motivo por el cual, la actora requirió que se la notifique a la señora Arano a su domicilio constituido (v. esc. eléc. del 16/11/21, 7/12/21).
En ese entender, el juez de grado dispuso que se libre nuevo mandamiento a los mismos fines y efectos que el anterior, al domicilio constituido electrónico de la abogada codemandada, la doctora María Eugenia Arano (v. prov. del 17/12/21), lo que se efectivizó el día 28/12/21, presentándose la requerida el día 7/2/22, planteando la nulidad de la notificación, esbozando sus argumentos en dicho escrito (v. esc. eléc del 7/2/22).
Dable es mencionar que el pedido de que se lleve a cabo la notificación en el domicilio electrónico de la aquí codemandada, acorde los propios dichos de la actora, lo fue como consecuencia de no haber logrado notificarla del presente proceso y atendiendo que aquélla es abogada y actuó en el sucesorio del señor José Luis Arano, actuaciones que tramitaron por ante el mismo Juzgado en lo Civil y Comercial n°9 de La Plata (conf. esc. eléc. del 15/3/22).
B. Se ha establecido como principio que la demanda debe ser notificada al accionado en su domicilio real, si aquél fuere conocido (art. 338 primer párrafo del CPCC; esta Sala, causas 105.164, RSI 145/06, sent. int. del 4-7-06; 126768, RSI 517/19, sent. int. del 26/12/19).
Cabe destacar, además, que conforme la doctrina que dimana del artículo 42 del CPCC, al domicilio debe considerárselo subsistente para todos los trámites posteriores -entre los cuales se encuentran los incidentes- y ello es así en tanto y en cuanto se trate del constituido en los obrados principales, pues tal es el supuesto contemplado en la citada disposición legal que expresamente se refiere "a la terminación del juicio o su archivo" (esta Sala, causa 105.164 y 126768, cit.).
De allí pues, que no obstante los argumentos efectuados por la recurrente, deviene improcedente la orden de notificar la demanda a la aquí codemandada en un domicilio electrónico constituido en otro expediente en el cual se presentó, y no obstante la relación que pudiera existir entre ambas causas, no sólo porque ese no es el real, sino porque las presentes actuaciones no son un incidente del proceso sucesorio al que anteriormente se hiciera mención (arg. art. 175 del C.P.C.C).
Precisamente, el artículo 143 del CPCC prescribe -en lo que aquí respecta- que: en el caso que este Código, en los procesos que regula, establezca la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios: 1) Correo electrónico oficial; 2) Acta Notarial; 3) Telegrama Colacionado con copia certificada y aviso de entrega; 4) Carta Documento con aviso de entrega…” y que: “… Los medios mencionados en los apartados 1), 3) y 4) no podrán utilizarse en los supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1), 10) y 12) del artículo 135…”. De manera que no puede utilizarse la notificación al correo electrónico oficial en el caso previsto en el artículo 135 inciso 1 del Código adjetivo.
Cabe enfatizar que las normas procesales tienen una razón y función específica de ser: tienden a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos que hacen al debido proceso legal. Los principios sustanciales/procesales sirven para completar alguna laguna legal y/o dar una respuesta frente a dos normas que resultan contradictorias. La seguridad jurídica se sustenta en el principio de legalidad por el que todo juez debe velar (conf. causa 126768, RSI 517/19, sent. int. del 26/12/19).
Administrar un proceso judicial desde principios es disolver el principio de legalidad procesal y vaciar la garantía del debido proceso legal en aras a una impuesta efectividad de los derechos que sólo tiene el ropaje de ello. No se propician formulismos procesales como tampoco procesos abiertos, sólo garantizar, con arreglo a la ley, la garantía de la defensa en juicio (conf. arg. art. 18, CN; causa 126768, RSI 517/19, sent. int. del 26/12/19).
En orden a lo expuesto, cabe confirmar el decisorio apelado en lo que a este aspecto refiere.
Consiguientemente, en base a los fundamentos aquí explicitados, es que corresponde confirmar la resolución del día 19/4/22 en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada deben imponerse a la recurrente en su condición de vencida en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se confirma la resolución del día 19/4/22 en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su condición de vencida en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia