Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132980
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de Octubre de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAPDEVIELLE LUIS MARIA C/ CRUZ JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC) " (causa: 132980 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 11/8/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
I.1. Mediante resolución del 11/8/2022 el Sr. Juez de la instancia previa mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte ejecutada Luis María Capdevielle haga al acreedor Carlos Roberto Bernasconi íntegro pago del capital reclamado de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150 más aporte de ley e IVA si correspondiere), con más los intereses moratorios a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo digital a treinta días, vigente a la fecha de la mora -01 de enero de 2021-, hasta el pago efectivo (conf. SCBA, Ac. 117.210, 117.007 y 113.958 del 15/7/2015; e.o.) y las costas de la ejecución.
I.2. Contra dicho decisorio se alzó el ejecutante, mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio que dedujera el 12/8/2022. Desestimado el primero el 17/8/2022, se concedió en igual fecha el segundo. El 06/9/2022 se da por perdido el derecho de la ejecutada a contestar el traslado conferido.
El quejoso expuso en los fundamentos de su recurso que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, surge la realidad de una ley posterior al dictado de la sentencia referida, de igual jerarquía a la ley de convertibilidad -n° 23.928 y sus ratificatorias-, de la que claramente se desprende que la autoridad normativa ha valorado que la aplicación de la tasa activa no colisiona con la prohibición consagrada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.298, quedando descartado, por tal interpretación legal, que la aplicación de tal índice consagre la repotenciación de deudas o constituya un mecanismo indirecto de actualización monetaria o indexación por precios; que no empece a ello que el índice en estudio se haya previsto para el caso de deudas de carácter alimentario, en tanto se vincula de alguna manera con la naturaleza del crédito por honorarios de abogado; que lo determinante en la especie es que a través de esta ley nacional se ha zanjado la incerteza sobre la referida oposición entre la aplicación del índice mencionado y la Ley de Convertibilidad.
Luego de ello, cita abundante jurisprudencia y afirma que la mencionada tasa de interés no implica en modo alguno una indexación o repotenciación de deudas exponiendo que no puede confundirse conceptualmente una tasa de interés -cualquiera sea su guarismo- con un mecanismo de repotenciación o indexación de deudas, tal como lo hace la mayoría en el fallo "Isla"; que actualmente se aplican tasas muchísimo más altas como surge de los arts. 96 y 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que imponen intereses a la tasa activa por sobregiro en cuenta corriente -que es la más alta disponible- incrementada en un 100% y 150% respectivamente que la prevista por el art. 54 inc. "b" de la Ley 8904, sin que resulten tachadas de inconstitucionales o indexatorias, por lo que vedar su imposición a los honorarios profesionales implicaría una violación a las garantías de igualdad ante la ley y protección de la propiedad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional); que la interpretación sistémica de la norma impone admitir que el inc. "a" del art. 54 citado se refería a la indexación, mientras que el inc. "b" alude sólo a intereses, conceptos que -como se ha visto- no pueden confundirse.
Por último, manifestó que la aplicación de la tasa pasiva a los honorarios profesionales resulta violatoria de la Constitución Nacional, en tanto no sólo no alcanza a reparar el daño moratorio, sino que ni tan siquiera mantiene el valor del crédito alimentario que los honorarios representan, premiando en cambio al deudor que se beneficia con la falta de pago a través del "dinero judicial barato", agraviando así las garantías asignadas por la Constitución Nacional al trabajo personal, a la igualdad y a la propiedad (arts. 14 bis, 16 y 17).
II. Tratamiento de los agravios.
II.1. Liminarmente, corresponde destacar que la regulación de los honorarios cuya ejecución se solicita en autos, se realizó con sustento en lo normado por el Dec. ley 8904/77 (ver resolución del 02/6/2017), cuyo art. 54 establece que a partir de la mora se podrán reclamar los honorarios "con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento" (inc. b), lo cual remite indudablemente a la aplicación de la tasa activa.
Reiterando los argumentos expuestos en causas 131.023, RSD. 70/2022 y 132.553, RSD. 243/22 e.o., señalo que, pese a la claridad del texto legal precitado, la tasa de interés aplicable en materia de honorarios de abogados tuvo diversas interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
En ese sentido, en un primer momento se respetó la tasa activa, de origen legal, establecida en el art. 54 inc. b del Dec. ley 8904/77 (SCBA, Ac. 53.588, del 30/8/94, "Robles, Miguel s/Sucesión"; Ac. 53.734, 23/4/96, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Beprea S.A. s/Apremio").
Luego, hubo un cambio de postura, y la SCBA consideró que con la vigencia de la ley 23.928 (B.O. 28/3/91), que impide la actualización monetaria (art. 7) y deroga todas las normas que establecen o autorizan la indexación o cualquier otra forma de repotenciación de deudas (art. 10), se ha derogado implícitamente el inc. b del art. 54 del Dec. ley 8904/77. Para fundamentar dicha decisión, expresó que el art. 54 inc. b es una norma que no trata solamente de resarcir al abogado acreedor por la indisponibilidad del dinero durante el tiempo de la mora, sino que además lo protege contra la depreciación monetaria; y que dicha norma consagra la repotenciación de deudas que corresponden al precio de un servicio y, como tal, debe reputarse derogada por imperio del art. 10 de la ley 23.928, y sobre tal premisa, consideró que la tasa de interés aplicable por la demora en el pago de los honorarios en juicio, es la denominada "tasa pasiva", es decir la que pague el Banco de la Provincia en los depósitos a treinta días (SCBA, B. 47.871, 27/11/96, "Yabra, Mario c/Municipalidad de Vicente López s/Demanda contencioso administrativa. Incidente de ejecución de sentencia").
Tal postura se mantuvo en pronunciamientos posteriores (SCBA, Ac. 54.968, 12/5/98, "Alberto V. Governatori y Cía."; Ac. 72.204, 15/3/2000, "Quinteros Palacio"; B. 57.146, I, 7/9/2005, "La Proveedora Industrial S.A."), hasta que en la causa Ac. 77.434, del 19/4/2006, "Banco Comercial Finanzas S.A.", a través del voto del Dr. Roncoroni, quien abrió el acuerdo, la SCBA consideró -por mayoría- que: a) no hay norma alguna que haya derogado en forma expresa el inc. " b" el art. 54 del dec. ley 8904/77; b) no se puede considerar que hay una derogación genérica del artículo precitado, ya que dicha norma no prevé indexación, sino intereses; c) es incorrecto rechazar la aplicación de la tasa activa con el argumento de ser indexación encubierta, porque lo normal es que todos los intereses -no solamente las tasas de descuento- suban cuando hay inflación; d) el interés es el precio del dinero, es la cantidad que se debe pagar para conseguir una suma ahora, y poder devolverla en algún momento futuro. Esa variación de precio -al igual que la variación del precio de los automóviles, computadoras, tornillos, etc.- no están alcanzadas por la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad. Y no están prohibidas porque no son indexación; y e) la tasa activa o la tasa pasiva pueden subir o bajar, como cualquier otro precio y ello no viola la ley de convertibilidad. Tampoco niega esa ley que haga remisión a una tasa variable, pues, al contrario, la admite expresamente.
En función de ello, por mayoría se confirmó lo resuelto en orden a la tasa activa establecida en el pronunciamiento apelado conforme el art. 54 del dec. ley 8904/77.
A pesar de los sólidos fundamentos del voto mayoritario -que se comparten-, tal doctrina duró poco ya que la SCBA -omitiendo hacer referencia alguna a la doctrina emanada por mayoría en el caso "Banco Comercial de Finanzas S.A.", del 19/04/2006, donde se había consagrado la tasa activa- con la sola referencia del precedente en la causa B. 47.871 bis, "Yabra", por mayoría, del 27/11/96, en un voto conjunto de los Dres. Pettigiani, Genoud y Soria, retomó su postura en el sentido de considerar que la aplicación de la tasa activa se encuentra tácitamente derogada a partir de la prohibición de actualizar deudas contempladas en los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 (ratif. por el artículo 4to. de la ley 25.561), por lo que no habiendo precepto específico que regule la cuestión, correspondía aplicar la tasa pasiva (ver SCBA, causa B. 49.7145, por mayoría, resol. del 13/7/2011, "La Proveedora Industrial S.A. c/D.O.S.B. A s/Incidente ejecución honorarios").
El cambio operado fue confirmado con el dictado de la causa Ac. 71.170 por mayoría, del 10/6/2015, “Isla, Sara E. c/Provincia de Buenos Aires s/Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", y se mantuvo en pronunciamientos posteriores (ver causas C. 107.7027 por mayoría, 15/7/2015, "Arriaga, Jorge Omar c/E.S.E.B.A. s/Daños y perjuicios"; L. 117.0078 por mayoría, 15/7/2015, "Nuñez, Marco c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/Indemnización ley 24.557"; L. 113.9589 por mayoría, 15/7/2015, "Romano de Albuernez, Marta D. c/Dirección General de Escuelas y otra s/Accidente de trabajo", L. 114.191, por mayoría, 15/7/2015, "Roselli, Roberto Tomás c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/Daños y perjuicios"; L. 15/7/2015, por mayoría, "Carrasco Quintana, Carlos Marcelo y otros c/Provincia A.R.T. s/Ejecución de honorarios").
Dicho argumento es cuestionable ya que -tal como lo ha explicado el Dr. Roncoroni en la causa Ac. 77.434 precitada- la aplicación de la tasa de interés activa no constituye un supuesto de actualización o repotenciación que viole la prohibición indexatoria establecida por la ley 23.928. Además, tal interpretación pierde consistencia cuando la misma SCBA no ha considerado derogadas otras tasas activas de origen legal, anteriores a la vigencia de la ley 23.928 (v.gr. arts. 52 y 53, Dec. ley 5965/63; 41, ley 24.452; 565, Código de Comercio). Empero, la postura de la SCBA ha sido respetada por el suscripto en su carácter de doctrina legal (art. 161, inc. 3 "a", Const. Prov.) y en aras del principio de economía procesal (art. 34 inc. 5, "e", C.P.C.C.).
No es ocioso destacar -por la importancia de los fundamentos allí vertidos- que la postura de la SCBA contrasta con la decisión en favor de la tasa activa en fallos plenarios de: a) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, del 27/10/94, "La Razón S.A. s/Quiebra"; b) Cámara Nacional en lo Civil, del 10/4/2009, autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/Daños", donde se estableció la aplicación de la tasa activa Banco Nación; c) Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, 31/5/2013, autos "Eiben, Francisco c/G.C.B.A. s/Empleo público (no cesantía ni exoneración)". A ello cabe agregar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se pronunció en favor de la tasa activa e, incluso, de tasas superiores a la activa (ver actas 2600, 2601, 2630 y 2658, entre otras).
II.2. Ahora bien, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -CCCN- (1/8/2015, conf. art. 7, ley 27.077), vino a reforzar los argumentos de la tesis contraria a la doctrina legal precitada, ya que el art. 552 de dicho código -norma posterior a la ley 23.928- establece expresamente la aplicación de la tasa activa más alta en las deudas alimentarias. Es que, si el propio legislador escogió una tasa activa para liquidar intereses moratorios del crédito por alimentos, no puede argumentarse válidamente que dicha tasa pueda colisionar con la prohibición indexatoria que establecen los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928.
En dicha línea, el art. 12 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (texto según ley 27.348 -B.O. 24/2/2017-) establece la tasa activa como un interés moratorio de fuente legal, aplicable conforme art. 768 inc. b, CCCN.
Con ello es evidente que el legislador, quien mantuvo la prohibición indexatoria, no ha considerado que la aplicación de la tasa activa tenga tal carácter.
Ante la vigencia del nuevo CCCN y en particular a raíz del contenido del art. 552 de dicho cuerpo legal, esta Sala, en la causa 117.076, del 22/2/2016, autos "Seoane, Ana María s/Determinación Judicial de honorarios" (RSD. 18/2016), ha decidido -por mayoría- que el nuevo Código Civil y Comercial constituye una ley posterior al dictado del precedente sentado en la causa "Isla" del 10/6/2015, donde se infiere que el legislador ha considerado que la aplicación de la tasa activa -al introducirla en el art. 552-, no vulnera la prohibición establecida en los arts. 7 y 10, de la ley 23.928, con cita de un precedente de la Sala II (causa 119.545, 22/12/2015, "Esperanza Créditos S.A. c/Rivadeira, Elva Nieves y otro /a s/Cobro ejecutivo", con el voto de los Dres. Hankovits y Bermejo).
No desconozco que en pronunciamientos posteriores a la vigencia del nuevo código el 1/8/2015, la Suprema Corte dejó aclarado que en atención a lo resuelto en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), los intereses -en todos los casos se trató de honorarios de abogados- deben calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (SCBA, Rc. 120.23310, 2/11/2016, "Musotto, Gerardo Raúl s/Incidente de ejecución honorarios", Rc. 118.06211, 15/11/2016, "Garay, Lucía c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Ejecución de honorarios"; Rc. 115.83812, 21/12/2016, "Sacoski, Carlos Vladimiro s/Incidente ejecución honorarios"; Rc. 118.77113, 21/12/2016, "Compagnucci de Caso, Rubén; Compagnucci, Marcelo Pablo y Moreno, Valeria s/Incidente ejecución honorarios"; Rc. 120.66014, 21/12/2016, "Diez, María Eugenia y otro/a c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de ejecución de honorarios"; Rc. 117.93815, 28/12/2016, "Tomiello, Rubén Oscar c/Caja de Seguro de Vida S.A. s/Cobro de pesos"; Rc. 122.32216, 3/5/2018, "Wagner, Leonardo s/Ejecución de honorarios"; Rc. 120.81117, 12/9/2018, "Varela, Alberto Rufino c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de ejecución de honorarios; A. 72.12718, 3/10/2018, "Cámaras y Luces S.A. c/ARBA s/Amparo. Recurso de queja"; Rc. 121.98619 , 14/11/2018, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Goñi, Juan Carlos s/Apremio").
Ahora bien, tal doctrina legal, fijada en base a la interpretación realizada sobre de lo normado por el art. 54, inc. b, Dec. ley 8904/77, no hace referencia alguna al art. 54 la ley 14.967 -derogatoria de la norma arancelaria precitada-, por lo que si bien ha sido aplicada conforme el art. 31 bis de la ley 5827 -que permite rechazar en casos análogos el recurso extraordinario con la sola invocación de dicha norma-, me lleva a considerar, frente a las diferencias de redacción que presenta el art. 54 precitado en ambas leyes arancelarias -aspecto que será ampliado a continuación-, que la SCBA omitió dar su autorizada opinión respecto de la nueva redacción del art. 54, por lo que la doctrina sentada con relación a la ley arancelaria anterior debe aplicarse hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley de honorarios de abogados y procuradores 14.967 -esto es el 15/10/17-, ya que no pervive más allá de la ley analizada.
II.3. Sentada la aplicación temporal de la doctrina legal en orden al art. 54 del Dec. ley 8904/77, cabe analizar lo que dispone la nueva norma arancelaria de abogados y procuradores ley 14.967.
De conformidad con el art. 54 de la ley 14.967, una vez operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en dicha ley, con más un interés del 12% anual; b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación -C.C.C.N.-, esto es, la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central (opción que ha sido ejercida por el ejecutante).
Considero oportuno aclarar que la tasa de interés emergente del art. 552 del C.C.C.N. se aplica a los honorarios de los abogados no porque el honorario tenga carácter alimentario, sino porque hay una ley que fija la tasa de interés aplicable (ley 14967).
Es innegable que la tasa de interés establecida por el art. 552 del CCCN, esto es la tasa activa más alta, tiene un fuerte componente coercitivo, lo cual se justifica frente a la naturaleza de la obligación alimentaria que regula. Mientras dicha norma no sea declarada inconstitucional, se impone su aplicación, sin perjuicio de las facultades morigeradoras del juez en orden a lo normado por los arts. 771 y 795 del CCCN, y de que en ciertos casos particulares se pueda aplicar una tasa activa que excluya el carácter punitivo (v.gr. tasa activa en operaciones de descuento a treinta días -o en restantes operaciones- respecto de un abogado que pretende cobrarle sus honorarios al cliente que no ha sido constituido en mora).
En sustento de la aplicación de la ley 14.467, es importante poner de manifiesto que el artículo 7 del C.C.C.N. reza textualmente: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales".
Según la teoría de Roubier -utilizada para la redacción del art. 3 del Código Civil derogado, idéntico al actual artículo 7 del C.C.C.N.-, la nueva ley debe aplicarse a las situaciones en curso que pueden ser alcanzadas por la nueva ley a partir de su entrada en vigencia, sin que haya otra cosa que un efecto inmediato de la ley. Respecto de las relaciones y situaciones existentes en el momento del cambio legislativo "el sistema del efecto inmediato consiste en que la ley nueva toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron".
La Corte Suprema no ha hecho distinciones, aplicando las leyes nuevas con efecto inmediato cuando "tan sólo alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir de la entrada en vigencia del nuevo texto legal (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil…", coment. art. 3 por Jorge E. Lavalle Cobo, cit. CSN, 21/5/76, E.D. 67.412). En igual sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al sostener que el art. 3 del Código Civil consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están "in fieri" o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de
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