Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133227
Causa: 133227
La Plata, 17 de Noviembre de 2022.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. El día 30 de septiembre de 2022 se presentó el ejecutado, solicitó el beneficio de gratuidad y adujo que la liquidación practicada por la entidad ejecutante y aprobada mediante resolución del 29 de agosto de 2022 no se ajusta a derecho, toda vez que ha desoído la morigeración que se ordenara en la sentencia de trance y remate de fs. 52/53.
1.b. Mediante resolución dictada el día 3 de octubre de 2022, el Sr. Juez de la instancia tuvo presente la franquicia requerida, ordenó una vista a la Sra. Agente Fiscal -que nunca se concretó- y, en relación a lo manifestado por el Sr. Pérez, proveyó simplemente "Estese a la liquidación aprobada el 29/8/2022 (art. 34 inc. 5 CPCC)".
1.c. Contra dicha forma de actuar se alzó el accionado, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 11 de igual mes y año; donde afirmó que, al proveer como lo hizo, el Magistrado soslayó la particular circunstancia de que los cálculos liquidatorios pueden ser revisados, reeditados y modificados de advertirse errores contenidos en ellos, pues las resoluciones que los aprueban no causan estado y se encuentran alejadas de los efectos de la cosa juzgada.
En ese sentido, recordó que las liquidaciones se aprueban en cuanto hubiere lugar por derecho, entendido ello como la correspondencia que debe existir entre la cuenta efectuada y los lineamientos brindados por el juzgador en su sentencia, citando a dichos fines jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal local.
1.d. Una vez rechazado el remedio que se planteara y al tiempo de contestar el traslado de sus fundamentos, la parte actora comenzó por citar jurisprudencia vinculada a la cosa juzgada, desde ya inaplicable por no referir a situaciones análogas al presente (nótese que, además de no relacionarse con cuestiones vinculadas a una liquidación, son dictadas en procesos de conocimiento).
Luego, explicó que si bien el artículo 771 del Código Civil y Comercial prescribe que los jueces y juezas pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación, en el presente caso fue el mismo juez quien entendió que con la liquidación practicada se estaba dando cumplimiento a la limitación impuesta en la sentencia, ello no solo por haberse aprobado la misma, sino también por considerar que el planteo recursivo que lo atacaba no era procedente.
1.e. Con fecha 3 de noviembre de 2022 emitió su dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras, donde expuso que la Suprema Corte tiene dicho que en el ámbito de las liquidaciones juega como principio o regla que, aun aprobadas, pueden ser reformuladas o modificadas, habida cuenta que las decisiones no causan instancia ni resulta aplicable el principio de la cosa juzgada; por lo que corresponde revocar este aspecto de la resolución impugnada.
2.a. El día 6 de febrero de 2017, el Sr. Juez de la instancia dictó sentencia de trance y remate, por medio de la cual mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Cristian Leonel Pérez haga a su acreedor Lucse Inversiones S.A íntegro pago del capital reclamado de Pesos Ocho Mil Trescientos ($8.300,00); con más un interés a la tasa al tipo corriente que establece el Banco de la Nación Argentina (tasa activa), desde la fecha de la mora del deudor -10 de junio de 2014- hasta el efectivo pago, capitalizable en la forma pactada en el instrumento base de la ejecución hasta el 31 de julio de 2015 y, a partir del 1 de agosto del mismo año hasta el efectivo pago, con una periodicidad de seis meses; todo ello en la medida que su cálculo final no exceda de una vez y media la tasa que percibe la misma entidad bancaria en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigentes para los distintos periodos de aplicación (tasa activa).
Posteriomente, el día 6 de agosto de 2022, la firma actora practicó liquidación, cuyo total ascendía a $429.845,86; y, una vez sustanciada en los términos del art. 133 del CPCC y como ya reseñáramos, recibió judicial aprobación mediante el decisorio del 29 de agosto de 2022, donde también se regularon honorarios.
Al menos en esta instancia, no era difícil advertir que la suma por la cual se validó el cálculo representaba en más de cincuenta y un (51) veces el monto del capital por el cual se mandó llevar adelante la ejecución, habiendo transcurrido desde la mora hasta hoy algo más de ocho años. Ello significa -al menos para graficar la situación estática- que la deuda se incrementó más de seis veces de manera interanual, lo que de por sí y sin ahondar en el cálculo, era por demás llamativo.
Ahora bien, en dichas condiciones, se presentó el demandado a los fines de objetar el cálculo, señalando que el mismo no se ajustaba a las pautas de la sentencia; y, no obstante la conocida directriz que indica que las liquidaciones siempre se aprueban "en cuanto ha lugar por derecho" -por lo que los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes a fin de verificar que éstas se ajusten a la sentencia, y aún luego de aprobadas pueden ser reformuladas o modificadas si se advierte algún error en las mismas (SCBA LP B 63367 I 11/09/2013; C 98893 S 05/11/2008; e.o.)-, el Magistrado se limitó a mencionar "Estese a la liquidación aprobada el 29/8/2022 (art. 34 inc. 5 CPCC)" .
2.b. Dicha mención, de innecesaria raigambre forense, no suele tener un uso preciso, ni mucho menos fundado. Es que si la parte quiere objetar un cálculo -como hizo en los presentes-, lo que aspira es a obtener una respuesta juridisccional, favorable o desfavorable, pero nunca una que lo remita a lo que ya sabe, conoce y, precisamente, impugnó.
Mucho más aun cuando se pretende resguardar esa decisión al abrigo de los deberes de dirección del proceso previstos en el art. 34 inc. 5 del CPCC -de expresa cita en la providencia objetada-; pues resulta harto difícil advertir como ese modo de proveer puede estar concentrando acto alguno, señalando defecto u omisión en el pedido, o su relación con la igualdad de las partes, ni tampoco la prevención de acto desleal, o cómo por medio de ella se intentó ser procesalmente económico.
Así pues, en las circunstancias procesales que exhibía la causa al tiempo que el Sr. Pérez se presentó con el referido planteo, las posibilidades del Magistrado eran numerosas (por ejemplo, sustanciar el reclamo, desestimarlo in limine con argumentos, hacer lugar al mismo explicando las razones que lo hacían atendible, etc); pero la resolución objetada, en cuanto se limitó a decir "Estése...", mal puede constituir una respuesta jurisdiccional razonablemente fundada (art. 3 del Código Civil y Comercial), dado que carece de sustento explícito o implícito alguno que permita su ratificación.
2.c. Habiendo concluido entonces en el desacierto de lo resuelto, en ausencia de una decisión sobre la temática (art. 273 del CPCC) y habiendo sido sustanciado previamente el punto con la contraria en el marco del recurso, habremos de analizar si el cálculo aprobado se ajustó o no a las pautas brindadas en la sentencia; en la cual, como ya expusiéramos, se dejó en claro que sobre la suma de Pesos $8.3000 -monto del capital de condena- debían aplicarse intereses al tipo corriente que establece el Banco de la Nación Argentina (tasa activa), desde la fecha de la mora del deudor -10 de junio de 2014- hasta el efectivo pago, capitalizables en la forma pactada en el instrumento base de la ejecución hasta el 31 de julio de 2015 y, a partir del 1 de agosto del mismo año hasta el efectivo pago, con una periodicidad de seis meses, en la medida que su cálculo final no exceda de una vez y media la tasa que percibe la misma entidad bancaria en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigentes para los distintos periodos de aplicación (tasa activa).
Vale decir, que se aceptó la acumulación de accesorios sobre la tasa activa de la entidad bancaria nacional, pero fijando como límite el monto que surja de calcular la misma a una vez y media, por todo concepto.
Esa pauta de máxima, determinada como tope y conforme el sistema que brinda en línea el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (https://colproba.org.ar/liquidaciones/), nos permite arribar a lo siguiente:
Fecha inicial: 10/06/2014
Fecha final: 13/11/2022
El monto inicial es: $ 8.300,00
La tasa bancaria aplicada es: Banco Nacion $ Activa
El interes acumulado es: $ 40.169,73
La cantidad total de días es: 3078
Se aplicó : 1.5 veces la tasa
El importe final es: $ 48.469,73
A esa operatoria cabe agregarle el rubro gastos que incorporó la actora (por $200,86), cuya procedencia no fue objetada ni se advierten motivos para su observación; mas deberán reducirse los intereses aplicables a su respecto, utilizando aquella tasa que se fijó como máxima para el resto de los accesorios, habida cuenta que no se ha establecido un índice a este respecto y por ser su resultado inferior al que exhibe el cálculo de la actora; todo ello, claro está, independientemente de su exigibilidad posterior:
Fecha inicial: 01/06/2015
Fecha final: 13/11/2022
El monto inicial es: $ 200,86
La tasa bancaria aplicada es: Banco Nacion $ Activa
El interes acumulado es : $898,63
La cantidad total de días es : 2722
Se aplicó : 1.5 veces la tasa
El importe final es: $ 1.099,49
Total: $ 48.469,73 + $1.099,49 = $49.569,22
Como se viera, el monto total final ($49.569,22) está muy lejos de la suma por la cual se aprobó la liquidación de autos ($429.845,86); en rigor de vedad, aquél reduce la deuda a algo más del 11% del importe propuesto por la contraria.
Ello, independientemente del principio dispositivo que rige nuestro proceso, ratifica la necesidad de que las liquidaciones sean controladas de oficio, aún cuando no mediare observación en su oportunidad de la parte o estas fueren presentadas extemporáneamente. Es que una solución contraria equivaldría a imponer a los órganos jurisdiccionales cohonestar toda evidencia, como modo de impedir que se tergiverse el contenido de la condena, desvirtuando el fallo en la etapa que está destinada a hacerlo cumplir (esta Sala, causa 119363, RSI 252/15, del 12/11/2015; 94766 RSI-119-7 I 01/03/2007; e.o.).
2.d. Finalmente y atento el modo en que se trató la cuestión, no es ocioso referir también que el argumento defensivo de la accionante radicó en que la liquidación se ajustaba a derecho, dado que el Magistrado la aprobó y luego rechazó el recurso de reposición planteado a su respecto; postura que -desde ya- adolece del peso suficiente para sustentar y validar actos que -por regla y como se dijo- se aprueban en cuanto ha lugar por derecho y salvo error u omisión.
Vale decir, que el pilar fundamental de una eventual defensa del cálculo debió consistir en demostrar el acierto matemático del mismo, con base en las pautas de la sentencia; lo que no se hizo en el particular, terminando por sellar así la suerte adversa de su planteo.
2.e. Por ende, corresponderá revocar la apelada decisión del día 3 de octubre de 2022 y, en su mérito, aprobar en cuanto ha lugar por derecho la liquidación de las sumas adeudadas en autos al día de la fecha, que asciende a un total de Pesos $49.569,22 ($8.300,00 capital; $ 40.169,73 intereses sobre capital; $200,86 gastos; $898,63 intereses sobre gastos).
Como consecuencia inevitable de ello y en virtud de lo previsto en el art. 274 del CPCC, deberá revocarse también y en forma completa el pronunciamiento del 29 de agosto de 2022, donde se aprobara la operatoria que practicó la accionante y se regularon honorarios tomando como base dicho monto, debiendo procederse a una nueva fijación de estipendios utilizando como pauta el nuevo monto aludido (arts. cit. CPCC; 34 LH).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la apelada decisión del día 3 de octubre de 2022; y, en su mérito, aprobar en cuanto ha lugar por derecho la liquidación de las sumas adeudadas en autos al día de la fecha, que asciende a un total de Pesos $49.569,22 ($8.300,00 capital; $ 40.169,73 intereses sobre capital; $200,86 gastos; $898,63 intereses sobre gastos); 2) revocar el pronunciamiento del 29 de agosto de 2022, donde se aprobó la operatoria que practicó la accionante y se regularon honorarios tomando como base dicho monto, debiendo procederse a una nueva fijación de estipendios utilizando como pauta el nuevo monto aludido; y 3) imponer las costas de Alzada al accionante, habida cuenta la oposición que dedujera respecto al planteo recursivo de la contraria, que ha merecido favorable acogida (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia