Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134209
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada y se dispone que en las presentes actuaciones deberá continuar entendiendo la señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 1 de este Departamento Judicial de La Plata. Asimismo, se deberá en la instancia de origen recaratular las presentes actuaciones, con comunicación a la Receptoría General de Expedientes. Sin costas, en atención a que los agravios fueron generados de oficio (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 134209; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SBRIGLIO JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La señora jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 1 departamental resolvió: “...I) Declararme incompetente de seguir entendiendo en las presentes actuaciones (arg arts. art. 18 CN, y legislación en la materia Ley 24.240 y ref. 26.361). II) Firme y consentida la presente resolución, procédase a la remisión de las presentes actuaciones por intermedio de la Receptoría General de Expedientes al Juzgado de Paz de Punta Indio que resulta ser el del domicilio real del demandado…” (ver sentencia del 22/12/2022).
2. Dicha forma de decidir agravia a la actora recurrente quien se disgusta de la declaración de incompetencia dispuesta en la instancia de grado. Manifiesta en tal sentido que el presente expediente fue transformado en un cobro de pesos sumario por resolución de fecha 15 de junio de 2016, consentida por todas las partes y que el Juzgado de Paz de Punta Indio carece de competencia material para intervenir en ese tipo de procesos. Alega, asimismo, que ha operado la preclusión respecto a la oportunidad procesal que tenía la jueza de grado para expedirse en torno a la competencia (ver memorial del 22/02/2023).
3. Ingresando en el análisis de la apelación incoada, cabe recordar que el órgano judicial es competente para conocer en un asunto determinado cuando, por ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional en ese conflicto, causa o asunto. Mientras la jurisdicción es el poder de administrar justicia, la competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso en razón de la materia, cuantía económica, lugar y grado (esta Sala, causas 114.786, RSD 40/12, sent. del 27-3-12; 114.700, RSD 41/12, sent. del 27-3-12; 115.496, RSD 152/12, sent. del 25-10-12; 120908, RSI 10/17, sent. int. del 9-2-17; 127189, RSI 59/20, sent. int. del 12/03/2020; e/o).
En ese sentido, importa señalar que la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, con excepción de la de orden territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, pues al obedecer primordialmente al interés exclusivo de los litigantes, la misma se podrá prorrogar expresa o tácitamente (art. 2 Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-). Consiguientemente, la competencia por la materia y el grado resulta ser absoluta, por cuanto sus disposiciones no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes (conf. arg. art. 1, CPCC).
El artículo 50 de la ley 5827 (t.o. ley 13.634) -Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires- dispone que los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de carácter voluntario o contradictorio con excepción de las que correspondan a los Juzgados de Familia y de Paz.
Junto a este principio general, en forma conjunta, la ley asigna competencia a los jueces de paz exclusivamente en las pretensiones y materias que taxativamente se han incluido en el artículo 61 de la norma citada.
Mientras los jueces de primera instancia en lo civil y comercial tienen la potestad y aptitud más lata, abarcadora de todos los supuestos, salvo las excepciones previstas expresamente, por el contrario, los jueces de paz letrado sólo pueden entender en los casos específicos, y que de manera taxativa ha determinado el legislador, sin perjuicio de la proyección que pueda tener la conexidad (conf. Sosa, Gualberto L., Instituciones de la moderna justicia de paz letrada, Librería Editora Platense S.R.L., 1993, pág. 111; esta Sala, causa 127189 cit.).
Ahora bien, en relación al derecho del consumidor que alega la jueza de grado, es dable destacar que si bien esta Sala se ha expedido en reiteradas oportunidades en cuestiones referidas a la relación de consumo y el domicilio del deudor -estableciendo que, si el juzgado de paz posee una competencia amplia, es ante este órgano que debe radicarse la acción iniciada por el actor, pues es el más próximo al domicilio del demandado (ver arg. causas 120903, 120107, e/o)-, ello ha sido en el marco de procesos ejecutivos, materia que se encuentra incluida dentro del articulado en cuestión -conf. art. 61, ley 5827- (esta Sala, causas 120.908, RSI 10/17, sent. int. del 9-2-17, 127189 cit.).
En la hipótesis, tal como señala la actora recurrente en su memorial de agravios, mediante resolución de fecha 15 de junio de 2016 la señora jueza de la instancia anterior decidió conferir al presente proceso el trámite sumario previsto en el artículo 484 del Código Procesal (ver resolución del 15/06/2016, punto 3.). De este modo, atento a que el objeto de la pretensión -cobro sumario de pesos- resulta ser ajeno a las materias referidas en la norma puesta bajo análisis (art. 61, ley 5827), al ser la misma de carácter taxativa y de orden público, no cabe más que concluir que la jueza competente es la de la cabecera departamental (esta Sala, causa 131188, RR-18-2022, sent. int. del 15/02/2022, 132328, RR-312-2022, sent. int. del 04/08/2022).
Cierto es que el consumidor goza de la prerrogativa prevista en el art. 36 de la ley 24.240 en relación con al acceso a la jurisdicción, mas ello debe ser compatibilizado con el régimen legal de asignación de competencia de los órganos judiciales que también reviste el carácter de orden público y que hace a la distribución equilibrada de competencias para una efectiva tutela judicial, no pudiendo quedar la misma al arbitrio del judicante, ya sea que decida asumir una competencia no prevista por la ley o, de forma inversa, desprenderse de la impuesta por el ordenamiento legal.
Los derechos no son de carácter absoluto y debe realizarse un ejercicio regular de los mismos (arts. 10 del Código Civil y Comercial, en adelante CCyC y 36 de la Ley 24.240).
Es primordial del servicio de justicia garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad, sin realizar interpretaciones que en concreto desvirtúen lo expresamente legislado al respecto. El diálogo de fuentes preceptuado en nuestro ordenamiento sustancial (art. 2 del CCyC) impone la armonización y compatibilización de los distintos plexos jurídicos que convergen en una situación dada de modo de evitar la supresión de uno en pos de otro a fin de efectivizar el resultado útil de la jurisdicción. En la especie, la prerrogativa del art. 36 de la ley de defensa del consumidor podrá ser ejercida ante el Juez/a de Paz en la medida que la ley le atribuya competencia al mismo/a para entender en esa clase de tutela y/o proceso. De no ser ello legalmente posible, también el Juez/a de la cabecera departamental es el Juez/a del domicilio del consumidor o usuario; esto es, no se trata de cualquier Juez/a sin importar en donde éste/a ejerza su jurisdicción. Es así que el artículo 30 de la ley 13.133 establece que en las acciones de consumo son competentes los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados; claro está en la medida que la ley los habilite para conocer en el tipo procesal de que se trate. Una hermenéutica sistemática e integradora de los regímenes legales, conlleva a calibrar la razonable aplicación de los mismos al caso concreto (art. 3 del CCyC).
Por otro lado, advirtiendo en este acto que las presentes actuaciones no han sido recaratuladas conforme lo dispuesto en el citado proveído de fecha 15/03/2016, deberá en la instancia de origen procederse en tal sentido, con comunicación a la Receptoría General de Expedientes (arts. 34 inc. 5 apartado “b” del CPCC; 58 inc. “a” Ac. 3397/08 -texto según Ac. 3639-, SCBA).
5. Finalmente, en cuanto al agravio del recurrente referido a que ha operado la preclusión, atento lo antes expuesto, carece de actualidad su tratamiento.
6. Por todo lo expuesto y, además, teniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras, corresponde revocar la resolución apelada, debiendo las presentes actuaciones continuar tramitando ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 1 departamental. Sin costas, en atención a que los agravios fueron generados de oficio (arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución apelada y se dispone que en las presentes actuaciones deberá continuar entendiendo la señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 1 de este Departamento Judicial de La Plata. Asimismo, se deberá en la instancia de origen recaratular las presentes actuaciones, con comunicación a la Receptoría General de Expedientes. Sin costas, en atención a que los agravios fueron generados de oficio (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 08:34:22 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:31:23 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/04/2023 09:45:34 hs. bajo el número RR-154-2023 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia