Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131602
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución en lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art 69 y 556 CPCC). Se levanta el embargo sobre el sueldo que percibe la ejecutada en el Ministerio de Seguridad, sin costas por haber sido introducido de oficio la cuestión (arg art. 68 y 219 inc 3 y 220 CPCC). Líberese el oficio pertinente lo cual se efectivizará en la instancia de origen.
MP- YAN
CREDIL SRL C/ PEPPI CAROLINA S/ COBRO EJECUTIVO
Causa: 131602
La Plata, 29 de Junio de 2023
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
El 25/11/22 el juez de grado hizo lugar a la revocatoria deducida por Carolina Peppi y desestimó la transferencia requerida por el letrado apoderado del actor el 19/10/2022 08:24:46 en concepto de honorarios y aportes regulados a su favor el 29/8/2022, dejando sin efecto la transferencia ordenada con fecha 21/10/2022.
El letrado interpuso Recurso el 1/12/22 concedido 5/12/22, fundado con el Memorial de fecha 6/12/22 y contestado el 25/12/22.
Se agravia porque los honorarios no son alcanzados por el beneficio de gratuidad obtenido por la Sra.Peppi toda vez que si bien el mismo puede ser solicitado en cualquier estado del proceso no corresponde reconocerle efectos retroactivos anteriores a la fecha de su interposición (Cámara 2, Sala I de La Plata; 104.580 RSD- 78-5 S 5-5-2005 "Fernández, Manuel Horacio c/ Naum, Jorge Enrique y otros s/ escrituración). Si bien la ejecutada solicitó la franquicia de justicia gratuita, que le fue concedida con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos, no debemos perder de vista que se presentó a estar a derecho y a solicitar el beneficio con posterioridad al dictado de la sentencia, considerando que su aplicación no es retroactiva.
El 10/2/23 el Fiscal aconseja confirmar la decisión por resultar una aplicación adecuada de las normas de derecho del consumidor.
4.1. El art. 53 in fine de la LDCN, dispone que las actuaciones judiciales que se inicien en base a dicha ley gozaran de "justicia gratuita", pero la demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor por vía incidental, en cuyo caso cesará tal beneficio automático. El beneficio de gratuidad en favor del consumidor no es un beneficio de litigar sin gastos. Son dos instituciones diferenciadas.
El juez debe reconocer que se aplica el beneficio de gratuidad cuando el conflicto tenga su fuente en la normativa que regula la defensa del consumidor. No se requiere petición de parte, pudiendo ser declarado de oficio. No es necesario acreditar el estado de pobreza, ni otra prueba más que la de la calidad de consumidor. La gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo. Siendo, reiteramos, aplicable de pleno derecho, en ese aspecto es similar a la gratuidad prevista en favor del trabajador. Por ende una vez reconocida la aplicación al caso de marras, alcanza a todo el proceso, no rige a partir de la petición (Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata sala 2 “Israel Silicaro, Osvaldo Juan c / Gonzalez Julio César s/ cobro sumario de sumas de dinero”, c. 270.984, 23/3/23).
En la especie no se ha controvertido que entre las partes exista la señalada relación de consumo que torna aplicable las previsiones del Estatuto Consumeril, por lo que al estarse frente a normativa de Orden Público, no hay duda de la procedencia de la aplicación oficiosa.
La Corte Suprema de la Nación que: "... los claros términos del precepto reseñado permiten concluir que, al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional. No es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor. En ese sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo" (CSJN, "Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/Nación Seguros S.A. s/Ordinario", sent. del 24/11/2015; considerando 6, el subrayado nos pertenece).
En ese orden la SCBA ha tenido oportunidad de señalar que el art. 25 de la ley 13.133 exime al peticionante de toda "imposición económica" razón por la cuál el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que cabe concederlo con alcance análogo al del beneficio de litigar sin gastos, respecto a que exime de todos los gastos y honorarios (S.C.B.A., Ac. 106.568 del 26-10-2010; en el mismo sentido esta Sala 120958 , sent. del 29/11/2016; Sala III de esta Cámara, causa 117.654, sent. del 14/10/2014).
4.3. Cabe concluir, que es ajustado a derecho revocar la transferencia en concepto de honorarios, cuando el juez advierte por pedido de la parte que este proceso esta alcanzado por este beneficio de gratuidad. En su caso, si la quejosa considerare que en la especie tal beneficio resulta un abuso, por poseer el consumidor niveles económicos para soportar los costos del proceso, deberán iniciar el incidente de solvencia a los efectos de hacer cesar la dispensa (art. 53 LDC; “Visión Integral de la nueva ley del consumidor”, por Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, L.L., Doctrina Judicial, Año XXIV, Nro. 17, Buenos Aires, 23 de abril de 2008, pág. 1108 y siguientes).
4.4. Por otro lado el embargo trabado lo es sobre un bien inembargable, por lo cual en cumplimiento del art 219 inc. 3 y 220 CPCC -esta Sala causa 132036, 133.763 y 133500-, cabe levantarlo de oficio.
En ese sentido, el decreto ley 6754/43, ratificado por la ley 13894, consagra la inembargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, Provincial y Municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compras de mercaderías (art. 1°). Y no obstante que el citado cuerpo normativo establece excepciones al principio general de inembargabilidad, entre los que cuenta la existencia de una sentencia firme dictada en un proceso ordinario o plenario abreviado (art. ll inc. "b" dec. 6754 ratif. ley 13.894, y su doctr.), tal situación en la especie no se da. Ni tampoco se refiere al consumo de mercaderías supuesto en que esta sala ha equiparado la sentencia de trance y remate de consumo a tales sentencias.
En la medida que tampoco los instrumentos de crédito que se pretenden ejecutar consignan la certificación que exige el inciso "b" del art. 2, ni se ha acompañado la autorización prevista por el inciso "c" de la misma norma, se aprecia, frente a ellos que como se dijo, instrumentan préstamos de dinero, la inembargabilidad del sueldo de la ejecutada (art. 219 inc. 3º Código Procesal; Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos..." 2da. ed. tº II-C, p. 797 y 834; esta Sala b-83.420, reg. int. 6/97). Dicha preceptiva reafirma que la regla legal en la materia es la inembargabilidad y que la excepción es la afectación del sueldo a través de un embargo. De ahí que resulta contrario al espíritu de la norma hacer una interpretación extensiva en favor de dicha medida cautelar (art. 219 inc. 3º, Código Procesal; esta Sala causa 102.943, reg. int. 213/04).
Entonces, deviene improcedente el embargo requerido por la ejecutante sobre los haberes mensuales que percibe la ejecutada de su empleador, Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As, desde que los mismos deben reputarse inscriptos en el área de inembargabilidad consagrado por el decreto ley 6754/43, ratificado por la ley 13.984(esta Sala, causas 107140, RI206/06; 116456, RI131/2013, e.o.).
POR ELLO, se confirma la apelada resolución en lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art 69 y 556 CPCC). Se levanta el embargo sobre el sueldo que percibe la ejecutada en el Ministerio de Seguridad, sin costas por haber sido introducido de oficio la cuestión (arg art. 68 y 219 inc 3 y 220 CPCC). Líberese el oficio pertinente lo cual se efectivizará en la instancia de origen. REG. NOT. y DEV. Con carácter de urgente.
Fin de la sentencia