Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134699
AL-EAS
CREDIL SRL C/ DE BAÑOS GRACIELA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO
Causa: 134699
La Plata, 04 de Julio de 2023.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.a. Mediante resolución dictada el 20 de marzo de 2023, la Sra. Jueza de la instancia señaló que de la documentación acompañada surge que el monto reclamado en la demanda, se comprende de capital más intereses, razón por la cual dispuso que el presente cobro ejecutivo se viabilice por la suma del capital puro adeudado de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) con más la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000), que se presupuestó "prima facie" para responder a intereses y costas del juicio. Asimismo, resolvió que se le haga saber al demandado que cuenta con el beneficio de gratuidad previsto por el artículo 53 de la ley 24.240 (texto según ley 26.361), que alcanza a todas las actuaciones judiciales que se inicien con invocación de un derecho o interés protegido por el régimen consumerista.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la parte actora, mediante el recurso que viene fundado en la pieza presentada el día 30 de marzo de 2023; donde comenzó por exponer que la Magistrada sólo debe proceder conforme lo previsto por el art. 529 CPCC, teniendo únicamente la facultad de controlar los aspectos del título relativos a su viabilidad formal, no pudiendo ir más allá, por ser cuestiones que, haciendo al fondo del asunto, quedan supeditadas al planteo del ejecutado, bajo pena de lesionar el principio de bilateralidad, caer en prejuzgamiento y distorsionar la naturaleza del proceso ejecutivo si se lo hace antes de trabarse la litis.
Agregó que, entre las facultades que tiene el Juez para verificar el instrumento base la ejecución, no se encuentra comprendida la de ingresar en el análisis de la composición del título, independientemente que el mismo discrimine entre capital e intereses devengados; e hizo saber que, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 de la LDC, la firma informa a los consumidores de todo lo exigido en el citado artículo mediante la información complementaria que se agregó en autos.
Cita jurisprudencia que avala su postura.
Puso de resalto que la readecuación de los montos ordenada en la instancia de origen no se ajusta a derecho, en tanto en el pagaré que se ejecuta se incorporaron todos los gastos y costas atinentes a la operatoria financiera que incumplió la parte demandada, cuyo reintegro y percepción se verían burlados si la ejecución sólo prosperara por el monto efectivamente percibido por el ejecutado.
Agregó que de confirmarse la readecuación de los montos anticipa el a quo, deberán fijarse los intereses compensatorios informados en la documentación complementaria desde la celebración de la operación hasta la fecha de mora, al momento del dictado de sentencia.
Refiere que el beneficio de gratuidad otorgado por el a quo en favor de la ejecutada, fue concedido en clara violación de los principios procesales de congruencia, debido proceso, así como los preceptos constitucionales de igualdad de partes y la defensa en juicio. Adicionó que el juez no puede apartarse de lo pedido por los litigantes ni puede variar o enriquecer la causa en que se funda el reclamo, citando a tal efecto jurisprudencia.
Argumenta que la jueza de la instancia fundó su decisión en el art 53 de la Ley 24.240, señalando al respecto que la legislación procesal es una materia de competencia exclusiva de las provincias y que no ha sido delegada por estas al Gobierno Federal., por lo que el beneficio de justicia gratuita establecido en el art 53 de la LDC, no tendría operatividad en el ámbito provincial, por el contrario si se estaría sujeto a lo que hubiera dictado la Provincia en uso de sus atribuciones.
Expresa también que así en lo referido al derecho del consumidor, en la Provincia de Buenos Aires se ha dictado la ley 13.133, que en su art. 25, ha establecido una exención en favor del actor-consumidor, no siendo el supuesto de autos donde la Sra. De Baños es traída al proceso como demandada, que comprende el pago de tasas y contribuciones, pero no así las costas que el proceso pudiera generar.
Finalmente, aduce que considerando lo dispuesto por el art. 53 de la ley 24.240 y del art. 25 de la ley 13.133, el beneficio de gratuidad señalado no posee los mismos efectos que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el Código Procesal, por lo que el beneficio de gratuidad incoado no exime de costas, para lo cual deberá instarse el beneficio de litigar sin gastos.
1.c. El día 23 de mayo de 2023 dictaminó el Sr. Adjunto Fiscal de Cámaras Departamental, aconsejando confirmar el resolutorio impugnado.
2.a. Readecuación del monto.
Liminarmente cabe destacar que no se ha controvertido que en la especie se trate de una relación de consumo, y por lo tanto de estricta aplicación la ley 24.240 (arts, 1, 2, 3, 36, 37 y 65 LDC; 1, 2, 7, 1092, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 36 incs. 1 y 2, 518 y 529, C.P.C.C.); sino que, por el contrario, así se lo ha reconocido en la presentación del 16 de marzo de 2023.
Aclarado ello y en cuanto al agravio referido a que la Sra. Juez se extralimita al ingresar de oficio en la causa de la composición de la obligación, cabe señalar que ello le está permitido conforme lo normado por los arts. 1, 2, 10, 12 y 1094, C.C.C.N. y 36, ley 24.240 a fin de velar por el cumplimiento de lo normado bajo pena de nulidad por el art. 36 precitado, lo cual se podrá hacer efectivo hasta el momento de dictar sentencia (arts. 34 inc. 5, 36 incs. 1 y 2 y 549 C.P.C.C.), de manera de determinar el monto del capital por el cual ha de ser librado el mandamiento de intimación de pago (art. 529 del C.P.C.C.).
Asimismo, la decisión de librar aquella pieza por la suma efectivamente prestada -que surge de los elementos aportados por la propia accionante- no implica decisión del fondo de la pretensión, afectación del principio constitucional de igualdad, ni clausura el debate sobre el capital, como tampoco prescindir de la legislación de la letra de cambio y pagaré (Decreto ley 5965/63), sino que hace a la aplicación del principio protectorio y realidad negocial, sin que cierre el debate de la cuestión, el cual ha de definirse en la sentencia. Sostener lo contrario implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas.
En suma, al momento de dictar sentencia el juez definirá el monto del capital de condena y podrá aplicar, si fuera el caso, el contralor y/o morigeración correspondientes (arts. 36 y 37, ley 24.240; 1, 2, 9, 10, 12, 771, 794, 1094, 1095 y 1096, C.C.C.N.). Es que al ordenar el mandamiento de intimación de pago por el capital prestado, el juez no excede sus facultades, sino que efectúa una adecuada interpretación, armónica, de las normas de derecho del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (518 y ccd. C.P.C.C.), bajo las directivas de la Constitución Nacional y Provincial (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 34 inc. 5, 36 incs. 1 y 2, 518 y 529, C.P.C.C.; 36 y 65, ley 24.240; 1, 2 y 12, C.C.C.N.).
La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, con preceptos de orden público destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado "débil" en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 y 42 de la Constitución Nacional, 15 y 38 de la bonaerense, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 1, 2 y 65, ley 24.240; arts. 1092 y sgtes. del C.C.C.N.), debe interpretarse armónicamente con la legislación que regula la acción cambiaria por vía ejecutiva (Dec. ley 5965/63 y C.P.C.C.), que establece límites al análisis interno (v.gr. causal) del título en aras de la tutela del crédito, a fin de evitar situaciones de abuso que en la práctica el juicio ordinario posterior no ha logrado canalizar, lo cual hace a la tutela judicial efectiva (arts. 1, 2 y 1094, C.C.C.N.).
La Suprema Corte de Justicia local ya ha sentado doctrina al respecto en la causa "Asociación Mutual Asis" (121684) -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 1/9/2010), en la cual ha dicho: "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Luego para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva, le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. La Cámara de Apelación valoró que merced a la integración de ambos documentos se cumplía con el art. 36 de la LDC. Por tal motivo desglosó del reclamo el monto del capital que surgía de dicho contrato y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia. Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el 'a quo' y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados".
En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales cuando dijo que en una relación de consumo no corresponde ordenar el secuestro del bien sin dar oportunidad al deudor de ser oído en forma previa, pues podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional (del 11/6/19, en "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario"). Agregó que es arbitraria la sentencia que omite estudiar fundadamente la naturaleza de la convención que exigían especial y detenido análisis por parte del tribunal a quo (fallo citado).
Por todo lo expuesto, se reitera que tratándose el presente de un proceso ejecutivo que tiene como origen una relación de consumo, ordenar el mandamiento por la suma del pagaré en concepto de capital, cuando surgen elementos que permiten sostener que el mismo contiene intereses y costos, implicaría vulnerar el sistema de protección de derechos del consumidor, al permitir realizar una medida de agresión contra el patrimonio del consumidor ejecutado por un monto como capital que no es tal y que contiene el agregado de intereses, a los cuales se le suman nuevos intereses y otros accesorios. El consumidor es sujeto de tutela preferente y el monto por el que se libra el mandamiento debe considerar como capital el consignado en el contrato de mutuo, con más lo que el juez de grado presupueste para intereses y costas del proceso (esta Sala, causas: 129.066, RSI. 103/2021, del 30/03/2021; 129.556, RR. 86/21, del 18/11/2021; 130.851, RR. 117/21, del 14/12/2021; e.o.).
2. b) Beneficio de gratuidad.
En la tarea propuesta comienzo por señalar que resulta premisa recibida que el beneficio de gratuidad previsto por las normas protectoras de los consumidores, es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez o jueza de la instancia anterior, al margen de cualquier petición de parte para su otorgamiento (esta Camara sala II, causas 132029, RR 246-2022, sent. int. del 23/06/2022; 131531, RS 92-2022, sent. del 17/05/2022; 129206, RSD 84-2021, sent. del 15/04/2021; e/o).
Se ha sostenido sobre el particular que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 de dicho cuerpo legal, remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos y costas del proceso pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas en la medida que se trate de una relación de consumo- y aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Cámara Sala II, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
En lo que respecta al alcance del beneficio de gratuidad, cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “… las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica...”.
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala , causa 120958, Sent del 29/11/2016; esta Cámara causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit.; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
En cuanto a quienes debe considerarse beneficiarios de la franquicia, las normas aplicables establecen que “las actuaciones judiciales que se inicien…” (art. 53, Ley 24.240) como “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores...” (art. 25, Ley 13.133). Una primera lectura parece considerar que tanto iniciar como promover implican una actitud activa de dar comienzo a acciones legales. No obstante, lo expuesto a tenor del método hermenéutico prevalente conforme jurisprudencia de nuestro Tribunal cimero, otra ha de ser la conclusión ya que en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).
En efecto, tiene dicho nuestra CSJ que, “al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales” (voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en “Estado Nacional (Ministerio de Economía) c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia”, CSJN sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); así como que “en supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas” (CSJN, “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación”, sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108). Además, “es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas” (CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional”, sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183).
En definitiva -tal lo anticipado- “la interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (CSJN, “Díaz Cabral, Marcelo Gonzálo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público”, sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; “Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público”, sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419).
La tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
En ese contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las "actuaciones judiciales" que se inicien de conformidad a esa normativa constitucional (art. 53 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133), corresponde interpretar que dicha gratuidad en los términos ya mencionados debe alcanzar a las costas que irrogue la tramitación del proceso. Es que adoptar en la especie el criterio sostenido por el apelante, conspira contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de Acceso a la Justicia.
Lo expuesto es, sin perjuicio que, si el ejecutante considera que la ejecutada posee niveles económicos para soportar los costos del proceso, de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.