Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, demás fundamentos expuestos y con el alcance descripto, corresponde confirmar la apelada sentencia del 20 de abril de 2023. Costas de Alzada al ejecutante.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 4 días del mes de Julio de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PESAVENTO SERGIO FERNANDO C/ AGRO PRECISIÓN S.A. S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 132912), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 20 de abril de 2023?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 20 de abril de 2023, el Sr. Juez de la instancia decidió mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto Agro Precisión S.A. haga íntegro pago al acreedor Sergio Fernando Pesavento del capital reclamado de Pesos Un Millón ($1.000.000) con más los intereses moratorios legales a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (tasa activa), desde la fecha de mora, fijada el día 12 de diciembre de 2022, y hasta el efectivo pago; con costas a la ejecutada.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el ejecutante, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 13 de mayo de 2023; donde comenzó por referir que su agravio radica en haberse fijado la fecha de mora desde el 12 de diciembre de 2022, en lugar del 15 de junio de 2021; y en no haber declarado temeraria la actividad desplegada por la accionada.
Sobre esa línea, sostuvo que cuesta encontrar una explicación seria a la mala fe contractual y temeridad procesal de aquella, dado que consta en autos y no son hechos controvertidos el domicilio real de la firma, que no canceló en término el pagaré, y que se la intimó mediante carta documento, rechazando dicha pieza sobre la base de una mudanza, cuando el 30 de mayo de 2022 se presentó en autos constituyendo constituyó domicilio real en aquel donde se envió aquella misiva y se opuso a la ejecución del pagaré inventando excepciones no previstas por el CPCC; como asimismo, que el 12 de diciembre de 2022 se notificó el mandamiento de intimación al Sr. Nicolás Loustau, quien alegó haber cancelado el pagaré.
Adujo entonces que la supuesta mudanza solo se trató de una maniobra de mala fe para rechazar la intimación fehaciente de pago que se intentó correctamente hacer; que también actuó así al oponerse a la ejecución del pagaré, cuando le constaba que el mismo estaba bien confeccionado, no se había cancelado la deuda y tampoco se daba ninguna de las excepciones admisibles por el CPCC; y que la ejecutada alegó en el mandamiento que el dinero estaba a disposición de la actora y tan sólo diez (10) días después se presentó en autos reiterando su oposición al pago del pagaré; todas circunstancias que justificaron que se declare maliciosa y temeraria aquella, aplicando una multa del 10% de la liquidación a aprobarse conforme lo establece el art. 45 del CPCC.
En lo relativo a los intereses, esgrimió que el argumento del Juez es increíble, pues la carta documento fue enviada al domicilio consignado en el pagaré y no tuvo resultado positivo porque la accionada malintencionadamente la rechazó bajo el argumento falaz de una mudanza que no existió, tada vez que fue la misma accionada la que ratificó el domicilio del pagaré y de la misiva con su presentación en autos del 30 de mayo de 2022; lo que importó para el juez aceptar que los deudores tienen vía libre para rechazar intimaciones cursadas correctamente en sus domicilios y de esa manera evitar el pago de los intereses de sus deudas.
Afirmó que, así, se ha violado su derecho de propiedad, mediante un quebrantamiento de los principios básicos de honestidad, equidad y buena fe en las relaciones contractuales; y que no revocar el fallo en crisis constituye un grave antecedente, dad que se avala la idea de que quienes suscriben un título ejecutivo con firma certificada y no lo cancelan al vencimiento, pueden no cumplir el pago de los intereses con el simple argumento de rechazar la intimación por carta documento con una mudanza inexistente; a la vez de poner en jaque un régimen de confianza y seguridad en el ambiente de los negocios, afectando igualmente la finalidad económica de los documentos cambiarios.
1.c. Dicha postura mereció la réplica de la contraria, que se apoya en los fundamentos vertidos en su escrito del 23 de mayo de 2023.
2.a. Siguiendo el orden propuesto por el recurrente y en lo que respecto al agravio referido a la fecha a partir de la cual se dispuso el cálculo de intereses, es preciso comenzar por referir que llega inimpugnada la afirmación del Magistrado respecto que los títulos base de autos se tratan de pagarés "a la vista" (pto. III).
Esta circunstancia torna ineludible el requerimiento de pago mediante la presentación de las cambiales al deudor, por un doble orden de razones: primero, porque resulta necesarios a los fines de que éste quede constituido en mora; y en segundo término, pues al quedar indeterminado el vencimiento en su creación, las letras libradas bajo esta modalidad resultan exigibles sólo en aquella oportunidad.
De igual forma, por las características propias del sistema cambiario, la presentación del documento no puede suplirse mediante intimaciones que omitan la exhibición del titulo, toda vez que, por un lado, y al tratarse de papeles destinados a circular, el deudor desconoce hasta entonces quien es el portador al que debe efectuar el pago; y, por el otro, porque quien paga la cambial tiene derecho a exigir la entrega del pagaré con la constancia del pago puesta en el mismo (arts. 40 y 42 del dec. ley 5965/63).
En este sentido y aun cuando resulte cierto que el art. 50 contiene una presunción favorable al portador, poniendo en cabeza de quien alega la falta de presentación la carga de probar este extremo, no lo es menos que, en el caso de autos, el ejecutante siquiera ha afirmado, como era su carga hacerlo, que efectivamente presentó los títulos al ejecutado, limitándose a manifestar en el apartado "Hechos" del escrito inicial que: "La accionada el 17/2/21 suscribió a favor del suscripto un pagaré por pesos quinientos mil ($500.000.-) con vencimiento 10/5/21 y otro pagaré por pesos quinientos mil ($500.000.-) con vencimiento 10/6/21, y, en ambos casos, el domicilio de pago era en calle148 entre 472 y 476 de City Bell [...]. Ocurridos los vencimientos, la accionada no canceló sus obligaciones. En tales condiciones, la deuda total asciende a pesos un millón ($1.000.000.-) con más los respectivos intereses (que deben capitalizarse) desde la fecha de la mora incurrida y hasta el efectivo pago, junto con los costos y las costas del proceso".
Esta manifestación genérica resulta a todas luces insuficiente para presumir el cumplimiento de la carga que la ley pone en cabeza del portador del pagaré, trasladando al deudor la prueba de su inobservancia. En efecto, como tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia, reiterando jurisprudencia pacífica: "si bien la ley mercantil establece una presunción iuris tantum favorable al portador del pagaré con clausula 'sin protesto' de haber cumplido con el requerimiento de pago, y pesa sobre el deudor la producción de prueba en contrario, ello es así a condición de que el ejecutante manifieste haber presentado al cobra el documento en fecha y lugar determinados" (SCBA, Ac 78449, del 19/02/2002; Ac 46543, del 10/03/1992; Ac 45340, del 25/02/1992; Ac 36580, del 13/10/1987; e.o.).
En línea con la postura que se viene desarrollando y sin perjuicio del argumento que invocara el Sr. Juez de la instancia, carecen de entidad o resultan indiferente las circunstancias que hubiesen rodeado la carta documento que el ejecutante acompañó con posterioridad a su demanda y mediante la cual pretendió suplir la carga de presentar los títulos al deudor para su pago (arts. cits.).
Ello es así toda vez que, aun en la posición más favorable a su respecto -esto es, entender que se trataba del domicilio de destino correcto- y como ya adelantara, tal comunicación no puede suplantar una tarea cuyo contenido y alcance resulta por demás diversa; máxime cuando la misiva de referencia ha sido redactada de manera genérica y no particular, al consignar que su finalidad es "...formalizar reclamo de pago de deudas que mantienen [...] al día de la fecha", omitiendo cualquier dato que permita vincularla siquiera con los pagarés de autos.
Por ello, tratándose de pagarés a la vista y no habiendo siquiera el ejecutante manifestado que los presentó al cobro en lugar y día determinados, la fecha de la mora no puede establecerse en un momento anterior a la intimación de pago efectuada en estos autos; forzando así el rechazo del recurso a este respecto (arts. cits.; Gómez Leo, Osvaldo, Tratado del pagaré cambiario, Lexis Nexis, 2002, pág. 591/596; García Arnó, Oscar M., "Pagaré a la vista 'sin protesto'..."; ED, 2017-273, pág. 459/460).
2.b. Ahora bien, la restante parcela del recurso tampoco será de recibo, habida cuenta que luego de analizar los escritos del ejecutante, no advierto que en alguno de ellos hubiese solicitado de manera expresa la sanción a la cual aspira en los términos de los arts. 34 y 45 del CPCC, citados en apoyo de su postura.
Bajo esas condiciones y tal como se ha sostenido reiteradamente, mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada cuestiones que no fueron articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 272 del CPCC. Es decir, si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue propuesta a la instancia de origen y obviamente sobre la cual no pudo pronunciarse el Magistrado previo -nótese que ninguna referencia existe respecto al tema en el decisorio apelado-, ello encuentra el valladar que sienta el referido art. 272 del ordenamiento procesal; pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen; circunstancia que impone desestimar su tratamiento (cfr. esta Sala, causa 119.525, Reg. Sent. Int. 281/2015, del 10/12/2015; causa 118.312, Reg. Sent. Int. 262/2014, del 11/12/2014; causa 111.940, Reg. Sent. 124/2010, del 26/08/2010; e.o.; Azpelicueta, Juan J. - Tessone, Alberto, La Alzada. Poderes y deberes, LEP, 1993, pág. 176/188).
Consecuentemente y con el alcance brindado respecto al primer aspecto del recurso, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado y con el alcance descripto, corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada sentencia del 20 de abril de 2023.
Las costas de Alzada deben imponerse al ejecutante, atento el resultado desfavorable de su planteo revisor (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, demás fundamentos expuestos y con el alcance descripto, corresponde confirmar la apelada sentencia del 20 de abril de 2023. Costas de Alzada al ejecutante. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia