Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: se revoca la resolución recurrida de fecha 08/06/2023, dejando establecido que los intereses sobre la totalidad de los aportes adeudados deben ser soportados por el obligado al pago. Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 del CPCC)
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 131415; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
CAPDEVIELLE LUIS MARIA C/ GRISOLIO GRISELDA ROXANA S/ COBRO EJECUTIVO
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado de manera subsidiaria por la parte ejecutante, doctor Carlos Roberto Bernasconi, con fecha 12 de junio de 2023 -obrando en dicha pieza expositora la respectiva fundamentación-, contra la resolución del 8 de junio de 2023. El 15 de junio de 2023 se rechazó la reposición intentada concediéndose en relación el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente.
La resolución apelada de fecha 8 de junio de 2023 rectificó la liquidación aprobada el 25 de abril del 2023 punto I, reaprobando la misma en la suma de pesos DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 72/00 -$ 268,72: capital $50; aportes 10% a cargo del obligado $5, intereses $194,29 y aportes 10% a cargo del obligado 19,43-
Para así decidir el juez de grado tuvo en cuenta que en materia de liquidaciones no puede hablarse en sentido estricto de preclusión ya que las mismas pueden ser ulteriormente rectificadas en virtud a que son aprobadas en cuanto "ha lugar por derecho" y de concluir en una solución contraria se podría convalidar un enriquecimiento sin causa y una conducta abusiva del derecho que la ley no ampara. En tal sentido, habiendo advertido que por error en la liquidación aprobada practicada con fecha 27/3/2023 07:58:45, se ha adicionado a la suma liquidada por intereses sobre capital por honorarios de $194,29, el 20% de la misma de $38,86 ($ 19,43 $ 19,43), cuando corresponde adicionar el 10% a cargo del obligado; encontrándose subsumido el 10% a cargo del letrado en la referida suma de intereses; procedió a su rectificación (ver resolución del 08/06/2023).
2. Se agravia el recurrente por cuanto sostiene que la modificación efectuada por el juez de primera instancia no radica en un error aritmético, sino en una modificación en los conceptos de la sentencia, pues no se condena solo al ejecutado por los intereses de los aportes, sino que ahora se condena a su parte al pago de intereses de aportes por el 10%. Manifiesta en tal sentido que el artículo 14 de la ley 6716 (Régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia De Buenos Aires) establece intereses por el no pago en termino de los aportes de ley.
Alega que cumplió con todos los plazos legales, dado que habiéndose regulado honorarios en fecha 29/12/2011, realizó la notificación pertinente el 06/03/2012 y el 14/08/2012 promovió la ejecución de honorarios, siendo el ejecutado Luis María Capdevielle, quien no dio cumplimiento al pago de honorarios y el 10% de contribuciones, motivo por el cual debió promover la presente ejecución.
Entiende que la mora del deudor generó tanto, los intereses por honorarios - que son de su titularidad-, como los intereses de aportes - que son de titularidad de la Caja de Previsión Social para Abogados-, por lo que es el ejecutado el responsable de la totalidad del pago por los intereses y no su parte. Solicita se revoque la imposición del pago del 10% de intereses de aportes y se condene a su íntegro pago al ejecutado, rectificándose las sumas y los conceptos de la liquidación aprobada el 25/04/2023 (ver escrito del 12/06/2023, sin réplica de la contraria).
3. Abordando la tarea revisora, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el Acuerdo 98893 del 05/11/2008 (causa: Padovani de Marchan, Graciela Patricia y otro c/Municipalidad de La Plata y otros/Daños y perjuicios) sostuvo que las liquidaciones judiciales se aprueban de acuerdo con la clásica expresión "en cuanto hubiere lugar por derecho", lo que quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al derecho declarado y reconocido en la sentencia. Es decir, que en esta materia los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes y que estas se ajusten a la sentencia que la justifica: el magistrado no es un convidado de piedra (arts. 497, 501, 502 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-.; cfr. causa L. 91.874, sent. del 02/05/2007; C.S.J.N., Fallos 312:570; 317:1845, esta Sala causa 131018, RSD 90/22, sent. del 17/05/2022).
Conforme lo expuesto, el juez de grado cuenta con facultades para revisar la cuenta de modo oficioso y resolver si la misma se adecua a las pautas de la sentencia dictada en las actuaciones, como así a las derivaciones que de su cumplimiento pudieran posteriormente derivarse (arts. 34 inc. 5, 36, inc. 2 y 166, inc. 1 del CPCC)
4. A fin de dar respuesta a los agravios del recurrente es menester señalar que la ley 6716, de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, prescribe en su artículo 12 (Texto según Leyes 10.268 y 11.625), que el capital de la Caja se formará: "…a) Con el diez (10) por ciento de toda remuneración de origen profesional que devenguen los afiliados y con el cinco (5) por ciento de esos mismos honorarios a cargo de las personas obligadas a su pago en los juicios voluntarios y con el diez (10) por ciento en los contradictorios…".
A su vez, el artículo 14 de la citada norma, en su parte pertinente dispone: "Plazo para el depósito de aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones del artículo 12, inc. A), correspondientes a honorarios regulados judicialmente deberán ingresar a la Caja dentro de los sesenta (60) días corridos de quedar firme el auto regulatorio. Si transcurridos dichos plazos no se hubieran pagado, sólo se tendrán por cumplidos cuando se abonare el importe adeudado con más los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para actualización de montos de honorarios. Cuando entre la fecha del primer auto regulatorio y aquella en que adviene firme el honorario hubiesen transcurrido más de ciento ochenta (180) días hábiles, a los aportes y contribuciones que se deban abonar a la Caja se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de los honorarios, desde la primera de esas fechas y hasta la de su efectivizarían. ...".
De la normativa bajo estudio se desprende que la parte debe aportar el 5% o 10% del monto regulado en concepto de honorarios (según se trate de juicio voluntario o contradictorio) y el letrado debe abonar el restante 10% a su cargo. Asimismo, el no pago de los aportes y contribuciones dentro de los plazos fijados por el artículo 14 de la citada ley devengará intereses (arts. 12 inc. a y 14 de la ley 6717 y art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-.)
En efecto, conforme la letra de la ley, se trata de dos obligaciones diferentes, independientes la una de la otra, ambas exigibles dentro de un mismo plazo que comienza a computarse a partir de que la sentencia regulatoria adquiere firmeza (arts. 12 inc. a y 14 de la ley 6717). En este punto, la ley no hace diferencia ni supedita el pago de los aportes a cargo del profesional a la percepción efectiva de sus honorarios.
Ahora bien, los jueces no somos simples aplicadores mecánicos de la letra de la ley, sino que la interpretamos en forma compatible con los principios y valores jurídicos (art. 2 CCyC) y, es desde esta perspectiva que, la aplicación mecánica del art. 14 de le ley 6716 al presente caso se vislumbra como contraria al principio de razonabilidad y al derecho de propiedad (arts. 17, 28 y 33 CN).
Lo razonable es definido por la Real Academia Española como lo "adecuado, conforme a razón" o "proporcionado o no exagerado". Desde una acepción jurídica, se ha definido a la razonabilidad como la adecuación de sentido en que se deben encontrar todos los elementos de la ley, entre sí y con la Constitución. El principio de razonabilidad se emplea para aludir a un criterio que permita regular el ejercicio de los derechos sin que este se vuelva abusivo o desproporcionado, sino -por el contrario- que la lógica y el sentido común impere a la hora de aplicar las leyes.
Entonces, retomando, si bien ya se dijo que la obligación de abonar aportes previsionales pesa tanto sobre el profesional como sobre el obligado al pago y, para la ley, ambas obligaciones son independientes y ninguna condiciona a la otra a los fines del cumplimiento, cierto es que, resultaría muy gravoso pretender que el letrado pague los aportes a su cargo sobre un capital de honorarios que no percibió efectivamente, ya que, justamente, es el estipendio profesional lo que genera el nacimiento del aporte previsional, existiendo entre ambos una interrelación donde aquél tiene un carácter principal y este último, accesorio. El profesional aporta a la caja previsional como consecuencia de una remuneración que le ha sido reconocida y- se presume- será percibida.
Ahora bien, si como en el caso, tal remuneración -principal- no ingresa en forma efectiva al patrimonio del abogado, no resulta lógico ni razonable que este deba igualmente desembolsar la suma de dinero que, como consecuencia de dicho capital, debe aportar en carácter previsional -accesorio-, ya que tal exigencia sin el sustento que la origina, afecta el derecho de propiedad del letrado.
No desconozco ni pretendo reducir la calidad de La Caja de Previsión Social ni la importancia de los aportes de los letrados para el cumplimiento de su fin, pero ello no obsta a que la letra de la ley (art. 14 ley 6716) deba ser conjugada con el efectivo cobro del honorario profesional.
En definitiva, el incumplimiento del profesional tiene -en el caso- su génesis en la ausencia de pago por parte del deudor de los honorarios; motivo por el cual, los intereses sobre los aportes adeudados deben ser soportados por el obligado al pago y no por el letrado como sostiene la resolución recurrida (ver cédula obrante a hojas 41, liquidación de fecha 27/03/2023 y escrito del 12/06/2023, arts. 12 inc. a y 14 de la ley 6717).
POR ELLO: se revoca la resolución recurrida de fecha 08/06/2023, dejando establecido que los intereses sobre la totalidad de los aportes adeudados deben ser soportados por el obligado al pago. Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 del CPCC) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 24/08/2023 08:11:30 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 08:15:41 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 24/08/2023 08:31:02 hs. bajo el número RR-400-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia