Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 135149
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a la ejecutante vencida (art. 68, del CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 135149; JUZGADO DE PAZ - SAN VICENTE
RADIO SAPIENZA SACII C/CASCO GUSTAVO PEDRO S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 135149, caratulada: "RADIO SAPIENZA SACII C/CASCO GUSTAVO PEDRO S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 29/04/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. La sentencia apelada, en lo que aquí interesa destacar, declaró la nulidad de la cláusula inserta en el pagaré que extiende el plazo para la presentación al cobro del mismo e hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado. Rechazó la ejecución promovida e impuso las costas del juicio al ejecutante (ver sentencia del 29/04/2022 y su aclaratoria del 05/05/2022).
Para así decidir consideró que el pagaré cuya ejecución se promueve, aunque se trate un título formalmente válido, fue utilizado como garantía de una deuda contractual y en tal sentido la cláusula que extiende su plazo al cobro, al ser ampliatoria de los derechos del ejecutante, deviene nula.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el pagaré se emitió el 8 de diciembre de 2008, se presentó al cobro el 27 de diciembre de 2016 y se promovió el juicio ejecutivo el 17 de octubre de 2019, entendió que transcurrió el término ordinario y legal de prescripción, al configurarse una inactividad extremadamente prolongada del ejecutante haciendo el mismo un ejercicio abusivo de sus derechos (ver sentencia del 29/04/2022 y su aclaratoria del 05/05/2022).
2. Se agravia en primer lugar el recurrente por cuanto sostiene que la interpretación que realiza la jueza de grado altera la seguridad jurídica, debido a que sin importar si se trata de proveedor o consumidor las reglas no deben ser cambiadas en beneficio del algunos y perjudicando, en este caso, a su parte.
En segundo lugar, se duele de que se haya hecho lugar a la excepción de prescripción y declarado la nulidad de la cláusula que extiende el plazo para la presentación al cobro del título acompañado. Alega que tal cláusula fue inserta en el pagaré en virtud de lo normado por el artículo 36 del Decreto Ley 5965/63 -Letra de Cambio y Pagaré, en adelante LCP- y que conforme surge del artículo 96 del Decreto citado la acción no estaría prescripta, pues conforme surge del expediente, la demanda fue interpuesta con antelación suficiente.
En tercer lugar, se disgusta por cuanto sostiene que en la resolución recurrida la jueza de primera instancia manifiesta que el título se usó como garantía de una deuda contractual, no dándole a su parte la posibilidad de integrar el mismo acompañando la documentación complementaria en los términos del artículo 36 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC-. Expone que, en todo caso, de no encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 36 de la ley 24.240 se debió declarar la inhabilidad del título, pero no la prescripción la cual no halla sustento en la normativa citada.
En cuarto lugar, se duele por cuanto sostiene que, al iniciar el presente proceso, la jueza de grado en su primer despacho tuvo por presentada le demanda en legal tiempo y forma ordenando librar mandamiento de intimación de pago y oficio de embargo de haberes, sin aplicar la ley de defensa del consumidor, por lo que no puede ahora mediante la resolución recurrida pregonar una defensa del consumidor en abstracto (ver memorial de agravios del 13/05/2022, con réplica de la contraria el 14/06/2022).
3. El 28 de julio de 2023 dictaminó el Fiscal de Cámaras.
4.A. Liminarmente cabe señalar que más allá de toda consideración formulada por la actora en su memorial de agravios, llega firme a esta Alzada que en los presentes obrados se trata de una operación de crédito para consumo o financiación para consumo (ver escrito del 19/04/2021 y dictamen del Agente Fiscal del 01/02/2022).
Razón por la cual resultan aplicables las disposiciones de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -en adelante LDC- la cual constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras.
Así, esta norma, al regular un tipo de relación específica, incide en los requisitos extrínsecos del pagaré previstos por el decreto ley 5965/63, al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que dio inicio a estas actuaciones, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación (esta Sala, causa 125213, RSD 102/19, sent. del 07/05/2019).
En ese entender la ley de Defensa del Consumidor cuyos preceptos de orden público, están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado, no puede violentar el principio de seguridad jurídica como señala el accionante (arts. 14, 16, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240).
4.B. Sentado lo expuesto corresponde abordar el agravio del recurrente en cuanto a la declaración de nulidad de la cláusula inserta en el pagaré, mediante la cual se extiende a diez años el plazo para la presentación a su cobro a contar desde la fecha de libramiento del mismo (ver pagaré adjuntado en formato "pdf" a la página 3 del primer archivo "pdf" del escrito electrónico del 27/11/2019).
En tal sentido cabe señalar que el artículo 36 del decreto ley 5965/63 establece que cuando se trata de un pagaré a la vista -tal como acontece en las presentes actuaciones- debe presentarse al pago dentro del plazo de un año desde de su fecha de creación pudiendo el librador disminuir o ampliar dicho plazo. Esta normativa debe ser interpretada en consonancia con la legislación consumeril (arts. 42 CN; 36, 37, 65 LDC; 2, 3 del CCyC; SCBA, causas 109305 "Cuevas", sent. del 1/9/2010 y C.121.684 "Asociación Mutual Asís", sent. del 14/08/19).
Siendo ello así, la cláusula inserta en el cuerpo del pagaré por la cual se extiende a diez años el plazo para la presentación a su cobro se presenta como abusiva, al importar una renuncia o restricción de los derechos del consumidor y ampliación los derechos del proveedor quien se ve beneficiado al contar con un mayor plazo para reclamar su acreencia en perjuicio del deudor (art. 37 inc. b. LDC; arts. 10 y 1119 del CCyC; esta Cámara, Sala Primera, causa 123152, RSD 199/18, sent. del 10/07/2018).
Nótese al respecto que a continuación del propio texto del pagaré en ejecución las partes consignaron expresamente que se instrumentaba la venta a crédito que se describe, que el monto adeudado (capital e intereses) se abonaría en 18 cuotas mensuales y consecutivas, comenzando la primera de ellas el 10/01/2009, y que en caso de incumplimiento de pago por parte del titular de una sola de las cuotas acordadas, se produciría la mora y la caducidad de los plazos en forma automática (ver página 3 del primer archivo digital adjunto en formato ".pdf" a la presentación del 27/11/2019). Luego, en el escrito de inicio, la accionante denunció que el demandado nunca abonó su deuda, reclamando así el total del importe consignado al librar el aludido pagaré -lo que implica que la mora respecto de la aludida operación de venta a crédito acaeció el 10/01/2009-.
Dicho proceder no puede ser admitido ya que contraría los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres e implica un ejercicio abusivo del derecho que trae como consecuencia la extensión indebida del plazo de prescripción de la acción cambiaria con el consecuente perjuicio para el deudor (arts. 7, 9, 10, 11, 12 del CCyC).
Por lo expuesto y en consonancia con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras departamental (ver dictamen adjunto en archivo ".pdf" al trámite del 28/07/2023) corresponde confirmar en este punto la sentencia recurrida (arts. 260, 266, 272, CPCC).
4.C. En cuanto al planteo relativo a la prescripción de la acción cabe señalar que toda vez que el artículo 96 del decreto ley 5963/65 -normativa específica en la materia- fija el plazo de prescripción de la acción cambiaria en tres años y no resultando uno menor de la ley 24240 (art. 50 LDC) habrá de aplicarse dicho plazo prescriptivo trienal (esta Cámara, Sala Primera, causa 123152, cit.).
Siendo ello así y toda vez que el pagaré en ejecución fue librado el 8 de diciembre de 2008, el mismo debería haber sido presentado para su cobro dentro del plazo genérico de un año contemplado en el art. 36 -primera parte- del dec. ley 5965/63, ello atento la nulidad de la cláusula de ampliación del plazo decidida en la instancia de origen -y que aquí se confirma-, lo que acarrea que la fecha de presentación al cobro denunciada por la actora en su escrito de demanda haya perdido toda virtualidad y efecto, razón por la cual el plazo trienal indicado de prescripción se encontraba ampliamente cumplido a la fecha de interposición de la presente ejecución y, consecuentemente, corresponde ratificar este aspecto la sentencia en crisis (arts. 260, 266, 272, CPCC).
4.D. En lo que respecta al agravio del recurrente referido a que la jueza de grado no le dio la oportunidad de integrar el título con la documentación complementaria en los términos del artículo 36 de la ley 24.240, más allá de reparar que -tal lo reseñado en el considerando "4.B" que antecede- a continuación del pagaré en ejecución se adjuntó un detalle de la operación de venta a crédito instrumentada, cabe señalar que atento el modo en que se resuelve, habiendo prosperado la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado -lo que aquí se confirma-, deviene innecesario abordar el planteo referido a la habilidad del título, ello toda vez que la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3, causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
4.E. Finalmente, cuadra meritar el agravio del apelante referido a que se encuentra precluida la facultad del Juez de analizar si se está en presencia de una relación de consumo, por cuanto en el presente proceso la jueza de grado en su primer despacho tuvo por presentada le demanda en legal tiempo y forma ordenando librar mandamiento de intimación de pago y oficio de embargo de haberes, sin aplicar la ley de defensa del consumidor.
Cabe señalar que tiene dicho esta Sala que la facultad del juzgador de examinar cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, acorde establece el artículo 529 del Código Procesal, se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del Código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio, razón por la cual, no merece favorable acogida la crítica formulada en torno a que en estos obrados operó la preclusión (esta Sala, causas 127.415 RSI 320/20 sent. del 30/10/2020, 127.416, RSI 246/20, sent. del 09/09/2020, 127.330, RSI 317/20, sent. del 30/10/2020, 127.42, RSD 695/20, sent. del 16/06/2020).
5. Por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada propongo que sean impuestas a la ejecutante vencida (art. 68, del CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada cabe que sean impuestas a la ejecutante vencida (art. 68, del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida en todo lo que fuera motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen a la ejecutante vencida (art. 68, del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2023 07:41:22 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 08:18:58 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 19/09/2023 08:36:03 hs. bajo el número RS-260-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia