Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131150
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios; se imponen las costas a la recurrente en su condición de vencida.
Sentencia Definitiva
Causa N° 131150; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
WARP GROUP S.A. C/ SCIACCHITANO JORGE PABLO S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131150, caratulada: "WARP GROUP S.A. C/ SCIACCHITANO JORGE PABLO S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fecha 16 de agosto de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de trance y remate que viene apelada rechazó la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el ejecutado, así como el planteo de abuso de firma en blanco; en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado Jorge Pablo Sciacchitano haga íntegro pago a Warp Group S.A. del capital adeudado que asciende a la suma de U$S 680.000,00, con más los intereses fijados a la tasa activa promedio de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de mora -04/02/2019- y hasta su efectivo pago. Impuso las costas al accionado vencido y postergó la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 de la ley arancelaria vigente.
2. El recurso de apelación fue interpuesto por la ejecutada en escrito de fecha 28 de agosto de 2023, concedido en providencia del día 29 siguiente, fundado en sus agravios y contestado por la contraria en presentaciones de fechas 11 y 15 de septiembre de 2023, respectivamente.
2.1. La recurrente se agravia del resultado de la sentencia cuya nulidad solicita, en primer lugar, por incongruente.
Alega en este punto que, la sentencia se funda en una documentación apócrifa -contrato de mutuo- que la parte ejecutante agregó en forma extemporánea, desoyéndose los argumentos, planteos y pruebas producidas por la ejecutada apelante, lo que, advierte, afecta gravemente el principio de congruencia.
Luego, continua con el planteo de una absurda valoración de la prueba, toda vez que el juez de grado no ha aplicado el principio de las cargas probatorias dinámicas, según el cual debe probar quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo por su posición en la relación jurídica, independientemente de los hechos alegados. Indica que, en el caso, es la parte ejecutante quien debió haber acreditado que no existe una relación de consumo, sin embargo, ello no ha sucedido.
Finalmente, observa que el juez no analizó debidamente los presupuestos que permiten tener por cierta la tipificación antes mencionada. En el caso, la calidad de consumidor de la persona física del ejecutado y la de proveedora de servicios de la persona jurídica ejecutante.
En razón de lo expuesto, solicita se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia de grado.
2.2. Al contestar los agravios la parte ejecutante, solicita su rechazo y la confirmación de lo decidido en primera instancia.
Manifiesta que, la contraria funda sus agravios en la “falsedad” de un documento que ella dictamina unilateralmente como apócrifo sin -ni siquiera- haberlo podido probarlo, efectuando una denuncia penal que intenta entorpecer el proceso ejecutorio, denuncia penal que no tuvo cobijo en el citado fuero, y en esa circunstancia intenta fundar una nulidad por violación al principio de congruencia, olvidándose que nunca negó su firma ni en el documento ejecutado (pagaré) ni en el contrato de mutuo citado.
Citando jurisprudencia del Máximo Tribunal Provincial, sostiene que el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia, y las pretensiones y defensas deducidas en juicio, es decir, que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento. Ante ello, entiende que el proceso transitado en la primera instancia, ha transcurrido regularmente, sin existencia de violación alguna al principio de congruencia.
Respecto del absurdo en la valoración de la prueba que alega la recurrente, sostiene que, ello requiere la acreditación de un error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; circunstancias que a su criterio en la sentencia de grado no se han configurado.
Respecto de la relación de consumo, manifiesta que ningún asidero tiene el fundamento del agravio atento el cumplimiento de los requisitos del art. 36 de la LDC sobre lo que se expidió la sra. Agente Fiscal el 17 de enero de 2023.
3. En presentación de fecha 3 de octubre de 2023 obra adjunto en archivo pdf el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras quien -ratificando su dictamen anterior de fecha 25 de noviembre de 2022- consideró que entre las partes aquí litigantes no ha mediado una relación de consumo y deviene inaplicable las normas consumeriles, entre ellas el art. 36 de la LDC. Ello en cuanto, así surge de los hechos referidos al libramiento del pagaré; sin perjuicio de la existencia de ilícito alguno en la confección y/o utilización del documento.
4. Tratamiento del tema.
4.1. En primer lugar, corresponde determinar si bajo el pagaré que aquí se ejecuta subyace como negocio jurídico una operación de crédito para consumo en los términos de los arts. 1092 y 1093 del CCyC.
Para ello, resulta indispensable realizar una valoración fáctica, como lo ha hecho el juzgador de grado en la sentencia, conforme las pautas dadas por la doctrina legal de la SCBA en “Cuevas” -C. 109.193, sent. del 11 de agosto de 2010-, aplicando el “test de consumo”, consistente en determinar -en principio y como presunción que admite prueba en contrario- la configuración (o no) de una relación de este tipo en razón de la presencia de elementos serios y justificados derivados de los hechos expuestos y la documentación adjuntada y, en su caso, proceder en forma inmediata a la aplicación del plexo normativo protectorio en la materia (art. 42 CN; art. 38 Const. Prov; Ley 24.240 y Ley 13.133).
Así entonces, en criterio compartido con el juez de grado, con el sr. Agente Fiscal en dictamen de primera instancia -fs. 30- y con el sr. Fiscal de Cámaras en sus dos dictámenes en segunda instancia- 25 de noviembre de 2022 y 3 de octubre de 2023- se concluye que no se encuentra configurada en este caso una relación de consumo. Ello, toda vez que, de los hechos aportados por las partes, las constancias de estos obrados y la consulta efectuada oficiosamente (art. 36 inc. 2 del C.P.C.C.) por este Tribunal de las causas ingresadas por ante la Receptoría General de Expedientes que tienen como actora a la aquí ejecutante -http://receptorias.scba.gov.ar/.- no surgen indicios que permitan presumir su habitualidad en la provisión de préstamos para el consumo.
Como consecuencia entonces de lo concluido, debe confirmarse la inexistencia de la relación de consumo declarada en primera instancia, lo que torna inaplicable al caso la ley 24.240 y su par provincial 13.133 - en particular el art. 36 de la LDC-; por el contrario, aplicable en toda su extensión las normas emanadas del decreto ley 5965/63.
4.2. Sentado ello, cabe señalar que, el pagaré base de la presente constituye un título abstracto, autónomo y literal, por lo que su ejecución solo resulta procedente si reúne los requisitos exigidos para ser tenido como tal; por el contrario, de alegarse la excepción de inhabilidad esta deberá limitarse a las formas extrínsecas de aquel, quedando vedada toda discusión vinculada con el origen o legitimidad de su causa (arts. 521, 529, 542 inc. 4 del C.P.C.C; arts. 101 y 102 decreto ley 5965/63).
En consecuencia, la excepción de inhabilidad de titulo opuesta por la ejecutada en cuanto se funda en el abuso de la firma en blanco, no resulta procedente en el estrecho marco cognoscitivo de este proceso; toda vez que el análisis de tal circunstancia no puede realizarse sin incursionar en aspectos causales de la obligación ya que -mientras la firma sea de puño y letra del suscriptor -tal como aquí fue reconocido- la forma en que se llene el resto de los espacios de la cartular, no resulta relevante ni importa adulterarlo ya que la ley permite al tenedor completar el título cambiario (arts. 102 y 103 decreto ley citado). En virtud de lo cual, corresponde el rechazo del agravio.
4.3. Por último, no se advierte que la sentencia recurrida infrinja el principio de congruencia, entendido este como la correspondencia entre el contenido de aquella y el pedimento formulado respecto de las personas, el objeto y la causa (Palacio L. “Derecho Procesal Civil”, t. V, pág. 430, Ed.Abeledo-Perrot, Bs.As., 1992). Ahora bien, que deba existir un correlato entre lo que el juez da y lo que las partes pidieron no significa que aquel no pueda apartarse en forma fundada de las peticiones o defensas que considere improcedentes, tal como ha acaecido en el caso al rechazarse la excepción de inhabilidad de título y otras alegaciones introducidas por la ejecutada.
Sentado ello, cabe destacar que, el recurso de nulidad se encuentra comprendido en el de apelación (art. 253, CPCC) y se halla circunscripto a salvaguardar las exigencias formales -intrínsecas y extrínsecas-impuestas a la sentencia. La nulidad no puede basarse en una discrepancia personal de quien recurre, sobre el modo en que el sentenciante hubo argumentado al fundar sus conclusiones. Tales planteos hacen al acierto o justicia del pronunciamiento, no a su validez (conf. esta Sala, causas 123630, sent. del 13/06/2018, RSD 147/18; 130052, RR 8/21, sent. int. del 05/10/2021). Tampoco en base a errores de procedimiento cuya irregularidad debe ser articulada por vía del incidente de nulidad previsto en el art. 172 del C.P.C.C. y ante el mismo juez.
Para que una sentencia sea intrínsecamente válida tiene que dictarse respetando los principios que hacen al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa. Más aún, debe contener un adecuado tratamiento de las cuestiones planteadas por las partes, postulando en forma expresa, precisa y positiva la forma en que tales cuestiones deben de resolverse y explicitando las razones o fundamentos normativos, fácticos, morales, etc. que justifiquen la solución elegida. Por lo tanto, la nulidad de las sentencias sólo procede cuando adolecen de vicios o defectos de forma o construcción que las descalifiquen como actos jurisdiccionales, es decir, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos que emanan de la Constitución o los establecidos legalmente y siempre que tales vicios no puedan ser reparados al tratarse el recurso de apelación (arts. 34 Inc. 4; 163 inc. 4, 5 y 6; 253; arts. 17 y 18 CN; arts. 168 y 171 CPBA; conf. CC0102 MP 140604 257-S S 27/09/2022).
Conforme ello, toda vez que no se advierte en la especie vicio extrínseco ni intrínseco alguno en el acto recurrido toda vez que el mismo cumple con los requisitos dispuestos en la ley procesal y la Constitución Provincial, corresponde desestimar esta parcela del planteo.
5. Las costas deben imponerse a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde, rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios e imponer las costas a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68; 163 inciso 6 y 8; 521 inciso 5; 529; 542 inciso 4; 556 del C.P.C.C; decreto ley 5965/63).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios; se imponen las costas a la recurrente en su condición de vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 SCBA del 21/10/20. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
art. 36 ley 5827
Firmas
Funcionario Firmante: 17/10/2023 07:52:52 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 08:11:24 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/10/2023 08:56:51 hs. bajo el número RS-296-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia