Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135603
JS
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Octubre de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BANCO INDUSTRIAL S.A. C/ GASPARDI JORGE S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 135603), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 7 de julio de 2023?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
1.a. Mediante resolución dictada en tal fecha, el Sr. Juez de la instancia mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado Jorge Gaspardi haga íntegro pago a Banco Industrial SA del capital adeudado, que fijó en $9.105, con más intereses compensatorios según la tasa activa promedio de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires y punitorios equivalentes al 20% de aquellos, que no se capitalizarán; desde la mora ocurrida el 10 de diciembre de 2017 hasta el efectivo pago; imponiendo las costas de la ejecución al accionado vencido.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la parte actora, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 8 de agosto de 2023; donde comenzó por referir que el Magistrado se apartó completamente de los hechos y mandó llevar adelante la ejecución por la suma de un capital puro que es erróneo, además de no reconocer los intereses demandados.
En ese sentido, afirmó que e l monto de capital puro tomado por el ejecutado ascendía a $16.346,49 conforme surge de la Solicitud de Efectivización de Préstamo acompañada con la demanda, mientras que las ocho cuotas abonadas cancelaron la suma de $ 4.975,42 en concepto de capital puro; por lo que el remanente impago asciende a $11.371,07, dado que canceló el 30.43% del capital y no el 44.30% como erróneamente señala la sentencia en crisis.
En cuanto al rechazo de la capitalización, recordó doctrina que critica la prohibición aludida, dando paso a una mirada más amplia del fenómeno de la obligación de dar sumas de dinero, en particular con relación al contexto económico argentino; y que tal procedimiento está permitido en los términos del art. 770 inc. b del CCyC, que opera de pleno derecho y no requiere de reservas o reclamaciones por parte del acreedor, más allá de la usual inclusión en la demanda del rubro intereses, considerando que la simple mención de que la demanda incluye tanto el capital como los accesorios hace procedente la capitalización de los accesorios desde la fecha de la mora hasta la fecha de la notificación de la demanda, sin necesidad de otras declaraciones o reservas.
Agregó que, al promover la demanda, descontó el pago efectuado por el Sr. Gaspardi, limitando el reclamo a las 10 cuotas impagas con más sus intereses; que si bien estamos ante una relación de consumo, ha presentado la documentación a que hace referencia el art. 36 de la ley 24.240, lo cual ha sido reconocido por la Sra. Agente Fiscal en el punto II de su dictamen de fecha 26.06.23; que en este juicio se deduce la acción cambiaria -emergente del pagaré- y no la causal basada en el contrato de mutuo, esto es, la causa fin, relación fundamental o negocio base que une a las partes; y que, conforme lo expuesto, la ejecución persigue el cobro del monto reclamado en el escrito de demanda, esto es $15.955,85, que es el equivalente al monto del mutuo celebrado, $16.46,49, con más los intereses pactados, pero habiendo descontado las ocho cuotas abonadas por el ejecutado.
Continuó reiterando que el saldo impago de capital ($ 11.371,07) el deudor lo debe desde la firma del contrato de mutuo y pagaré dado en garantía, esto es el día 13 de marzo de 2017, momento desde el cual el deudor cuenta con dinero en su poder prestado por el Banco, por cuyo uso debe pagar intereses para compensar la privación del capital; sin que hubiera razón alguna ni argumento expresado en la sentencia, que indique por qué razón se lo exime de su pago desde el 13.07.17.
Relató que las partes han convenido libremente la tasa de interés que es la aplicable al caso, que al negocio jurídico se deben aplicar los intereses compensatorios (art. 767 CCyCN, por la privación del dinero) y también a partir de la mora los punitorios convenidos (art. 769 CCyC, como sanción civil del incumplidor); y tanto los compensatorios como los punitorios se deben sumar al monto que resulta de la capitalización de intereses a partir de la mora ocurrida el 10.12.17 hasta el momento del pago cancelatorio.
Adujo que no se ha demostrado que la tasa convenida afecte la moral y las buenas costumbres, y que en el hipotético caso que así fuera, la sentencia no puede tener efecto retroactivo y alterar con sus términos las etapas del contrato que las partes ya han cumplido; que si se admite computar el curso de los intereses compensatorios únicamente sobre el capital del mutuo desde la mora con más los punitorios que fija en el 20% de los compensatorios, es probable que las sumas abonadas por el deudor con imputación a las 8 cuotas pagadas, pudieran llegar a cancelar mayor cantidad de lo que las partes de común acuerdo y buena fe concertaron en extinguir con el pago, por el efecto retroactivo de la sentencia aplicada a cuestiones firmes y consentidas; y que si a ello le sumamos que el mutuo garantizado con el pagaré fue concertado conforme el sistema francés, resultaría -según sentencia- que el deudor pagó intereses, el Banco cobró intereses y el Juez cambió la imputación, asignando los pagos a cuenta del capital, violando así el principio procesal de congruencia y el derecho de propiedad dispuesto en los arts. 17 CN y 31 CPBA.
De esta forma, resulta injusto resolver que sobre las cuotas abonadas se calcularán intereses que deberán imputarse a la liquidación que resulte, porque le estaría reconociendo capitalización de intereses al deudor (sin que lo haya pedido) y no a su entidad, violando así la garantía de igualdad ante la ley.
1.c. El 28 de septiembre de 2023 presentó su dictamen el Adjunto de Fiscal de Cámaras, sugiriendo la confirmación de lo resuelto.
2.a. En lo que refiere a la objeción vinculada al monto de capital adeudado que fijó el Sr. Juez en la instancia de origen, habré de adelantar que asiste razón al apelante, ello en virtud de la forma en que las partes pactaron la devolución del préstamo y la consecuente imposibilidad de calcular aquel dato de la forma en que lo hiciera el Juzgador.
En efecto, tal como surge de la documentación adjunta a la demanda, la modalidad de cumplimiento consistía en pagos parciales que representaban, cada uno, una porción de intereses y otra de capital. En ese sistema y tal como surge del detalle obrante a fs. 8, las cuotas de interés disminuían a medida que avanzaba el tiempo, mientras que, por el contrario, la parte de cada cuota que se dedica a amortización de capital iba subiendo. De tal modo, las primeras mensualidades tenían un mayor contenido de accesorios y uno menor de capital, invirtiéndose esa lógica de forma progresiva a medida que avanzaba cronológicamente el negocio.
Va de suyo entonces que la simple operación porcentual que se realizó al pto. 11 de la sentencia no sólo no representa lo que el detalle de fs. 8 explicita con claridad, sino que además se escapa, sin justificación alguna (art. 3 del CCyC), de la lógica de devolución del préstamo.
De este modo, es posible afirmar que las ocho cuotas abonadas cancelaron la suma total de Pesos $4.975,42 por capital puro; de allí que el remanente impago y por el cual deba condenarse al Sr. Gaspardi asciende a Pesos $11.371,07; proponiendo pues la modificación de esta parcela del decisorio en tal sentido.
2.b. Ahora bien, en cuanto a los intereses y no obstante la distinción conceptual que realiza el juzgador respecto a los distintos tipos de accesorios, entiendo que su pronunciamiento no recepta en los hechos tales diferencias, en especial, respecto al momento desde el cual deben computarse.
En ese sentido, se impone recordar que El interés compensatorio es la renta o fruto que se paga por el uso o privación del capital durante el tiempo que va desde el nacimiento de la deuda hasta su vencimiento, y resulta independiente de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por los arts. 5 del Dec. ley 5965/63 y 767 del Código Civil y Comercial. Tratándose de pagarés, la ley cambiaria argentina admitió la cláusula de intereses compensatorios, aunque no en todos los pagarés, sino sólo en aquellos títulos en los cuales no fuera posible determinarlos en el mismo momento de la creación. Requieren pacto expreso y corren, en general, desde que el deudor recibe el capital -en el caso del pagaré desde la fecha de creación- y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución, salvo cláusula en contrario (arts. 5, Dec. Ley 5965/63; 767, C.C.C.N.). Así, el art. 5 del Dec. Ley 5965/63 (L.C.A.), sólo permite establecer intereses compensatorios en los pagarés de vencimiento relativo -a la vista y a cierto tiempo vista (art. 35, párrs. 1 y 2, Dec. ley 5965/63 -L.C.A.-)-, prohibiéndolos en los pagarés de vencimiento absoluto -a determinado tiempo de la fecha de creación y a un día fijo (art. 35, párrs. 3 y 4, L.C.A.)-.
El fundamento de tal regla radica en que el vencimiento, en los dos primeros, no queda determinado a la fecha de creación, sino que depende de la época en que el portador resuelva presentarlo. En el primer caso al pago (pagaré a la vista); en el segundo caso, para que el suscriptor extienda la “vista”; por lo que, en tales oportunidades, el portador deberá hacer una operación matemática para determinar el quantum de los intereses compensatorios devengados. Asimismo, Respecto de los pagaré de vencimiento absoluto, al saberse por anticipado la fecha de vencimiento del pagaré y existir la posibilidad de incluir los intereses compensatorios en el monto del pagaré -se entiende su inclusión cuando el importe del pagaré es superior al del capital del negocio base- y como contrapartida se prohíbe la cláusula de intereses compensatorios (si se pactan se tiene a tal cláusula por no escrita), lo cual apunta a favorecer los valores “certeza” y “seguridad” (conf. Gómez Leo, Osvaldo, El Pagaré , Depalma, Bs. As., 1988, pág. 122).
Teniendo en cuenta el carácter literal y completo del pagaré, la regla legal determina que la tasa o porcentual debe estar precisamente indicada en el título (v.gr. 18% anual, 2% mensual, etc.). La cláusula que remita a porcentuales que cobren los bancos (v.gr. tasa activa), se debe tener por no escrita (art. cit., segundo párrafo; Gómez Leo, Osvaldo R., op. cit., pág. 122), salvo que haya sido establecida a partir de la mora.
Sentado ello, si producto del ingreso al análisis causal se toma el capital emergente de la relación fundamental, y el mismo es inferior al que emerge del texto del pagaré, es evidente que las partes incorporaron el interés compensatorio al capital, lo cual se corresponde con lo normado por el art. 5 precitado y permite presumir la existencia de un pacto en tal sentido. En virtud de lo expuesto se colige que el decisorio recurrido, en cuanto acuerda los intereses compensatorios desde la fecha de mora, no se ajusta a derecho; por lo que corresponde que dichos accesorios se apliquen desde la fecha de creación del documento en ejecución a las tasas convenidas, ello, claro está, sin perjuicio de la morigeración que cabe establecer en la especie.
2.c. Ahora bien, en lo atinente al límite impuesto a los intereses es necesario reiterar que el presente se trata de aquellos casos comprendidos en la denominada relación de consumo, cuya normativa es tuitiva del consumidor (conf. SCBA, causa C. 117.245, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/Ejecutivo" , que sigue la línea establecida en la causa 109.305, del 1/9/2010, "Cuevas" ), e impone interpretar coherentemente la legislación que regula el proceso ejecutivo con la que tutela al consumidor.
De esta manera, Tratándose de un pagaré librado en virtud de una relación de consumo, aplicadas armónicamente las normas procesales (arts. 518 y siguientes del C.P.C.C.) y de protección del consumidor (ley 24.240 y arts. 1092 y siguientes y concordantes del C.C.C.N.), como el régimen aplicable a la letra de cambio y pagaré (dec. ley 5965/63), los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los intereses si advierten que los estipulados comprometen el orden público, contrarían los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conf. arts. 1, 2, 7, 9, 10, 726, 727, 729, 735, 770, 771, 988, 989, 1117, 1118, 1119, 1122 y cctes. del CCCN).
En efecto, el art. 771 del Código Civil y Comercial prescribe que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque su aplicación excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
Sin quita de lo expuesto, en supuestos similares al presente, esta Sala ha tenido oportunidad de decidir que sobre el capital de condena corresponde aplicar los intereses convenidos, en tanto la incidencia de tales accesorios no supere, en su conjunto y por todo concepto, una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días en los distintos períodos de aplicación -tasa activa- (conf. arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 281, 332, 770, 771, 794, 958, 960, 961, 962, 1003, 1004, 1012, 1014, 1398 y cctes. del Código Civil y Comercial; 52 y 53, Dec. ley 5965/63; esta Sala, causas 119.583, RSI 185/2016, del 12-07-2016; 125436, RSD 16/21, del 15-7-2021; e.o.)
De consiguiente, analizando la documentación acompañada por la firma actora, no obstante la reducción dispuesta por el Sr. Juez y a los fines de ajustar tal sentencia a los lineamientos aludidos, habré de proponer su modificación, disponiendo que al capital de condena se le adicionarán los intereses compensatorios pactados, desde la fecha de creación del documento en ejecución y hasta la fecha de mora, oportunidad en que se devengarán los punitorios pactados, siempre que no superen, por separado o en su conjunto, y por todo concepto, la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 50% (arts. 5, 52, 53, 101 y 102, LCA; 1, 2, 7, 9, 10, 726, 727, 729, 735, 770, 771, 988, 989, 1117, 1118, 1119, 1122 y cctes. del CCCN; 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC; esta Sala doct. causa 129.152, RSD. 117/2021).
2.d. En lo que refiere a la pretendida capitalización de intereses según lo previsto en el art. 770 inc. b del Código Civil y Comercial, habré de puntualizar que luego de una detenida lectura del texto de la demanda, no se advierte que en pasaje alguno de la misma se hubiera introducido tal petición de manera concreta y puntual (art. 330 inc. 3 del CPCC).
En esas condiciones, es preciso recordar que es El principio dispositivo que, como regla, gobierna el proceso civil, confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez. En relación a este aspecto, ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia local que "el Magistrado por regla no puede -como en el caso del derecho- suplir las deficiencias de los que ponen en marcha la pretensión [...] La moderna irrupción del juez director del pleito, tiene en el aspecto fáctico un freno insalvable: la descripción y delimitación que efectúa el reclamante, porque si bien el judicante ha dejado de ser -obviamente- un convidado de piedra, o un mero árbitro y goza por ende de amplias potestades, todo ello así menos la de alterar el 'petitum', incorporando rubros no pedidos. Si el magistrado en este defecto incurre rompe el dique dispositivo, y entra en los limbos del modelo inquisitorio. El Código del rito vigente en el campo civil y comercial fija pautas concretas en este aspecto, y no solo en beneficio del legitimado activo, sino también -y muy especialmente- en favor del legitimado pasivo. Ello así porque si la pretensión liminar resulta imprecisa, afecta el debido proceso del accionado, que no sabe contra qué molino de viento debe defenderse. Si ignora qué es lo que se reclama, los conceptos y los rubros requeridos, no puede siquiera allanarse si la pretensión fuera -a su criterio- justa [...] El petitum -o súplica como lo llama la doctrina española- debe ser claro y concreto, no pudiendo dejar duda alguna con respecto al factum descripto, y al contenido de la pretensión, porque está en juego lo que en el campo doctrinario ha dado en llamarse la teoría de la sustanciación que impone a los litigantes, la carga de formalizar los hechos y describir los ítems [...] cada pretensión procesal necesita destacarse de cualquier otra posible y este destacamiento es el que opera el llamado fundamento de la pretensión" (cfr. SCBA 56.923, del 10-6-1997; del voto del Dr. Hitters).
En línea con esa omisión, no es posible olvidar tampoco que La capitalización pretendida se trata de un derecho de orden estrictamente patrimonial y, por ende, disponible (art. 17 CN); de allí que al no haberse requerido oportunamente su aplicación, deviene inviable su procedencia (arts. 18 CN; 15 Const. PBA; 8 CADH). Por otro lado, desde un prisma procesal y como consecuencia inevitable de ello, al no haberse deducido de manera alguna tal requerimiento en la instancia previa, el mismo no pudo razonablemente ser materia de decisión para el Sr. Juez de grado y, por ende, ello importa material novedoso que no puede ser abordado por esta Sala, en orden a respetar nuestra competencia funcional (arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6, 266 y 272, C.P.C.C.).
Tal como se ha sostenido en forma reiterada, mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada cuestiones que no se articularon oportunamente, importando su tratamiento por parte del Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 272 del CPCC. Vale decir, Si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue propuesta a la instancia de origen y, obviamente, sobre la cual no pudo pronunciarse el a quo , ello encuentra el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal; pues en el sistema de la doble instancia, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (cfr. esta Sala, causa 119525, Reg. Sent. Int. 281/15, del 10/12/2015; causa 118312, Reg. Sent. Int. 262/14, del 11/12/2014; causa 111940, Reg. Sent. 124-10, del 26/08/2010; e.o.; Azpelicueta, Juan J. - Tessone, Alberto, La Alzada. Poderes y deberes , LEP, 1993, pág. 176/188).
En tanto ello así y no obstante la diferencia de fundamentos, habré de propiciar la confirmación de la sentencia en este aspecto.
2.e. Por lo demás y antes de concluir, creo conveniente hacer una disgresió
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