Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la apelada sentencia de trance y remate de fecha 22/05/2023, dejándose establecido que sobre el capital de condena se liquidarán también los intereses compensatorios pactados, desde la fecha de creación del documento en ejecución y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia puesta en crisis, siempre que no superen la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 50%. Confirmándosela en lo demás que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada por su orden.
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 24 días del mes de Octubre de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/ FORASTEFANO LUCRECIA S/ COBRO EJECUTIVO " (causa: 133635), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia del 22/05/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
1. Antecedentes.
1.1. En la especie, el Sr. Juez "a-quo" -en lo que interesa al recurso traído- dictó sentencia el 22/05/2023 mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto LUCRECIA FORASTEFANO haga al acreedor CREDIL S.R.L., íntegro pago del capital puro adeudado de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($15.897), con más los intereses moratorios y punitorios pactados, siempre y cuando los mismos no superen en 20% al conjunto de intereses moratorios y punitorios cobrados por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones normales de descuento, desde la fecha de constitución en mora el día 8 de agosto de 2018, hasta su efectivo pago, debiendo tenerse presente al momento de practicarse la liquidación respectiva los pagos realizados -a cuenta de capital- por la demandada denunciados por la actora en el punto V del escrito de inicio, a los que se les adicionarán los intereses indicados ut supra a los fines de mantener incólume la relación de dichos pagos oportunamente efectuados con el que se harán efectivos mediante el presente; desestimó lo solicitado por la accionante respecto de la actualización monetaria, rechazó los intereses sobre el rubro de "gastos del juicio" e impuso las costas a cargo de la demandada vencida.
1.2. Esa forma de decidir motivó el alzamiento de la ejecutante, quien expresó su crítica en los términos que surgen de la presentación del 31/05/2023, la cual no recibió contestación de la contraria según proveído de fecha 11/07/2023.
Comienza por referir que en las presentes actuaciones deberá procederse conforme a lo previsto por el art. 529 del Código Procesal Civil y Comercial sin más consideraciones; que dicho precepto fue primigeniamente observado por el a quo, quien con fecha 1 febrero de 2022 ordenó llevar adelante la ejecución por los montos detallados en demanda, cuestión que posteriormente solicita se modifique -mediante el acto impugnado-, violentando no sólo el principio de preclusión, sino también asumiendo una actuación de oficio que para el tema en conflicto no prevé la Ley de Defensa del Consumidor.
Señala que la facultad que se otorga al Juez de examinar al título con que se deduce la ejecución se extiende solamente a controlar los aspectos del título en cuanto a su viabilidad formal, reunidos los cuales la ejecución debe ser despachada, no pudiendo por el contrario ese examen ir más allá de considerar cuestiones que hacen al fondo del asunto, puesto que los mismos deben quedar supeditadas al planteo del ejecutado y ser resueltos en la sentencia bajo pena de lesionar el principio de bilateralidad.
Cita jurisprudencia de la que intenta valerse.
Destaca que su mandante, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 de la LDC informa a los consumidores de todo lo exigido en el citado artículo mediante la información complementaria que se agregó en las actuaciones, toda vez que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36 de la LDC, pueda ser integrado con los documentos que instrumentan el negocio causal.
Agrega que no resulta ajustada a derecho la readecuación que de los montos demandados a efectuado el a quo, en tanto que en el pagaré que se ejecuta se incorporaron todos los gastos y costas atinentes a la operatoria financiera que incumplió la parte demandada, cuyo reintegro y percepción se verían burlados si la ejecución sólo prosperara por el monto efectivamente percibido por la Sra. Forastefano.
Menciona que en el fallo en crisis se omitieron consignar los intereses compensatorios debidos a su mandante por el uso del capital prestado desde la fecha de celebración de la operación crediticia y hasta la fecha de mora, los cuales el magistrado -en el marco de sus atribuciones- puede morigerar, pero de ningún modo suprimir.
Finalmente, concluye que los intereses compensatorios devengados desde la fecha de otorgamiento del préstamo, y hasta la fecha de incursión en mora que surge del instrumento que se ejecuta, deberían ser los convenidos y devengados por cada cuota (conf. surge de la documentación complementaria adunada) y/o -a todo evento- una vez y media la tasa activa del Banco Provincia, conforme criterios de la Excma. Cámara de Apelaciones.
1.3. El 24/08/2023 el Sr. Fiscal de Cámaras departamental manifestó que el resolutorio apelado aplica en forma adecuada la normativa protectoria de usuarios y consumidores, correspondiendo adicionar al capital efectivamente dado en préstamo los intereses compensatorios debidamente morigerados desde el libramiento del título hasta la mora.
2. Tratamiento de los Agravios.
2.1. Capital. Ingresando en el análisis de los agravios y en lo relativo al monto por el cual se mandó llevar adelante la ejecución, cabe señalar, en primer lugar que, Frente a la decisión de librar el mandamiento por una determinada suma como capital -la que emerge del contrato en lugar del importe mayor que contiene el pagaré- no puede llevar a sostener que ha mediado preclusión en orden al capital en ejecución, ni que se ha violado la normativa vigente. Sostener lo contrario implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas, y dar la espalda no sólo a la verdad jurídica objetiva sino a la jurisprudencia que desde hace varios años se viene aplicando (arts. 1, 2, 36 y 65, ley 24.240 -LDC-; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 771, 1092, 1093, 1094, 1095, CCCN; 34 inc. 5, 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Interpretación coherente del ordenamiento . La SCBA ha sentado doctrina respecto de la armonización de la normativa consumeril y la que rigen la acción cambiaria, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 1/9/2010)- al decir que "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la L.D.C. y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución .” Por ello, no contraviene los parámetros mencionados la resolución que desglosó del reclamo el monto del capital que surgía del contrato base y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia . Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el "a quo" y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados" (SCBA, causa C. 121.684, S, 14/8/2019, "Asociación Mutual Asís c/Cubilla, María Ester s/Cobro Ejecutivo").
En similar sentido, La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales cuando consideró que en una relación de consumo no corresponde ordenar el secuestro del bien sin dar oportunidad al deudor de ser oído en forma previa, pues podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional (CSN, 11/6/19, "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario").
Entonces, si, como en el caso de autos, Frente al cobro de un pagaré librado con motivo una relación de consumo, cuya normativa es tuitiva del consumidor (conf. SCBA, causa C. 117.245, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/Ejecutivo", que sigue la línea establecida en la causa 109.305, del 1/9/2010, "Cuevas" y demás precedentes citados), se impone interpretar coherentemente la legislación que regula el proceso ejecutivo (arts. 518 y siguientes del C.P.C.C.; dec. ley 5965/63; 1815 y siguientes del C.C.C.N.) con la que tutela al consumidor (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 1, 2, 1092, 1093, 1094, 1095 y 1710, C.C.C.N.; 4, 36 y 65, ley 24.240), por lo que el Juzgador puede -en puridad debe-, en ejercicio del derecho-deber que le cabe de examinar los títulos, ingresar de oficio en la composición de la obligación -lo cual es factible hasta el dictado de la sentencia, y aún después, con relación a los accesorios (arts. 771 y 794, C.C.C.N.)- y encarrilar el importe ejecutado cuando se aprecian diferencias entre el monto del pagaré base de la acción y la documental acompañada que hace a la relación causal subyacente (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 281, 282, 283, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 36 inc. 2, 384, 529 y 549 del C.P.C.C. y arts. 3, 36, 53 y 65 de la ley 24240; esta Sala, causa 123197, RSD 63/2018).
De tal análisis surge que Si el pagaré ejecutado, librado a raíz de una relación de consumo, contiene la promesa de pagar una suma determinada de dinero, comprensiva de capital, intereses y otros accesorios, los cuales surgen discriminados en el negocio causal subyacente (conforme contrato adjuntado a fin de controlar el cumplimiento del art. 36, ley 24.240, donde se expresa el monto solicitado, el financiado, la tasa de interés efectiva anual y otros accesorios), no aparece ajustado a derecho consagrar una ficción admitiendo como capital un importe que no reúne tal carácter. Ello no significa que el Juez se excediera en sus facultades, sino todo lo contrario, ya que al tener a la vista la causa (relación causal subyacente), corrió el velo que le impedía ver el negocio y efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de derecho del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (36 inc. 2 y 518 y ccts. C.P.C.C.), bajo las directivas de la Constitución Nacional y provincial (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.).
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar esta parcela del decisorio en cuestión en la medida que el Juez de la anterior instancia mandó llevar adelante la ejecución por el monto efectivamente prestado (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.) que no incluye los gastos e intereses, sin perjuicio de que corresponde adicionar los intereses compensatorios como paso a explicar, de la morigeración que se pueda realizar de los intereses y de la inclusión de los gastos en su oportunidad.
2.3. Intereses compensatorios. En cuanto a la crítica sobre Los intereses compensatorios son un accesorio que se paga por el uso del capital ajeno, y resultan independientes de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por los arts. 5 del Dec. ley 5965/63 para los títulos de vencimiento relativo y 767 del Código Civil y Comercial para las obligaciones en general. Tratándose de un pagaré, en base a su carácter literal y completo, la ley establece que la tasa o porcentual del interés compensatorio debe estar precisamente indicada en el título (v.gr. 18% anual, 2% mensual, etc.). La cláusula que remita a porcentuales que cobren los bancos (v.gr. tasa activa) se debe tener por no escrita (art. 5, párr. segundo, LCA; Gómez Leo, Osvaldo R., El Pagaré, Depalma, 1988, pág. 122). Requieren pacto expreso y corren, en general, desde que el deudor recibe el capital -en el caso del pagaré desde la fecha de creación- y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución, salvo cláusula en contrario (arts. 767, C.C.C.N.; 5, Dec. ley 5965/63).
Ahora bien, El art. 5 del Dec. Ley 5965/63 (LCA), establece la posibilidad de introducir una cláusula de intereses compensatorios en los pagarés de vencimiento relativo -a la vista y a cierto tiempo vista (art. 35, párrs. 1 y 2, LCA)-, prohibiéndolos establecerlos en los pagarés de vencimiento absoluto -a determinado tiempo de la fecha de creación y a día fijo (arts. 35, párrs. 3 y 4, LCA). El fundamento de la regla legal radica en que el vencimiento, en los dos primeros, no queda determinado a la fecha de creación, sino que depende de la época en que el portador resuelva presentarlo; y que en el caso del título valor de vencimiento absoluto, al saberse por anticipado la fecha de vencimiento, los intereses compensatorios se pueden incluir en el monto del pagaré, por lo que para favorecer la "certeza" y "seguridad" se lo debe incluir en el monto del instrumento, siendo inválido su pacto.
Si producto del ingreso al análisis causal -que se impone frente a la ejecución de un pagaré librado en una relación de consumo- el capital emergente de la relación fundamental -que contempla el pago de intereses-, es inferior al que emerge del texto del pagaré, es evidente que las partes incorporaron el interés compensatorio al capital, lo cual se corresponde con lo normado por el art. 5 precitado y permite presumir la existencia de un pacto en tal sentido. En virtud de lo expuesto se colige que el decisorio recurrido, en cuanto omite acordar los intereses convenidos en concepto de compensatorios, no se ajusta a derecho; por lo que corresponde que dichos accesorios sean computados a las tasas convenidas, ello, claro está, sin perjuicio de la morigeración que cabe establecer en la especie.
2.4. Morigeración. En cuanto a la morigeración dispuesta en la sentencia apelada, se impone recordar que Los jueces conservan la facultad de atenuar la incidencia de los intereses, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conf. arts. 1, 2, 7, 9, 10, 726, 727, 729, 735, 770, 771, 794, 988, 989, 1117, 1118, 1119, 1122 y cctes. del C.C.C.N.). Dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí donde se puede evidenciar, nítidamente, la existencia de desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta y se observa un exceso injustificado y desproporcionado con relación al costo medio del dinero (arg. art. 771, C.C.C.N.).
En efecto, el artículo 771 del Código Civil y Comercial prescribe que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
De consiguiente, analizando el pagaré y documentos acompañados, cabe modificar dicho decisorio y disponer que al capital de condena se le adicionarán los intereses compensatorios que se pactaran, desde la fecha de creación del título en ejecución y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia puesta en crisis, oportunidad en que se devengarán los moratorios y punitorios pactados, siempre que no superen la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 50% (conf. arts. 5, 52, 53, 101 y 102, LCA; 1, 2, 7, 9, 10, 726, 727, 729, 735, 770, 771, 988, 989, 1117, 1118, 1119, 1122 y cctes. del CCCN; 163, 164, 260, 261, 384 y 549, CPCC; esta Sala doct. Causa 129.152, RSD. 117/2021).
Consecuentemente, con el alcance expuesto, voto POR LA NEGATIVA .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo : que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo :
En atención el acuerdo logrado, corresponde, y así lo propongo, modificar la apelada sentencia de trance y remate de fecha 22/05/2023, dejándose establecido que sobre el capital de condena se liquidarán también los intereses compensatorios pactados, desde la fecha de creación del documento en ejecución y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia puesta en crisis, dejando constancia que los mismos no podrán superar en conjunto como tope máximo la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 50%. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por su orden al tratarse de agravios generados de oficio y no mediar oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68 y 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que : por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , dictamen del Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental del 24/08/2023 y demás fundamentos expuestos, se modifica la apelada sentencia de trance y remate de fecha 22/05/2023, dejándose establecido que sobre el capital de condena se liquidarán también los intereses compensatorios pactados, desde la fecha de creación del documento en ejecución y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia puesta en crisis, siempre que no superen la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días, incrementada en un 50%. Confirmándosela en lo demás que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada por su orden. REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUÉLVASE .-
Fin de la sentencia