Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO , oído que fuera el Sr. Fiscal de Cámaras Departamental, se revoca parcialmente la apelada sentencia de trance y remate de fecha 20/04/2023 y se dispone 1) la adición de los intereses moratorios y punitorios a partir de la fecha de mora establecida en la sentencia -sin perjuicio de la morigeración dispuesta-, 2) para determinar el capital de condena deberá la ejecutante practicar en la instancia de origen liquidación conforme los criterios indicados –tope máximo de interés y pagos imputados a capital e interés- según punto 2.4.; confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada por su orden.
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 31 días del mes de Octubre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/ LAURIA ROBERTO DOMINGO S/ COBRO EJECUTIVO " (causa: 129986), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia de fecha 20/04/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
1.1. El Juez "a-quo" -en lo que interesa al recurso- dictó sentencia el 20/04/2023 mandando llevar adelante la ejecución promovida por CREDIL SRL contra ROBERTO DOMINGO LAURIA hasta tanto la parte deudora haga a la parte ejecutante íntegro pago del capital reclamado de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.684), con más los intereses pactados (punitorios al 5% mensual y compensatorios a la TEA de 199,94%), en la medida que su cálculo final no supere al conjunto de los intereses cobrados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la tasa de moratorios y punitorios para sus operaciones activas en mora. Asimismo, dejó establecido que los intereses compensatorios que surgen del pagaré de fs. 2, acompañado digitalmente a la presentación de fecha 10/04/2019 y el mutuo acompañados digitalmente con la presentación de fecha 26/04/2019, habrán de liquidarse desde la fecha del mutuo (13/07/2016) hasta el día 16/08/2017, por cuanto a partir de la fecha de mora se convierten en moratorios; que estos últimos por revestir la misma naturaleza jurídica que los punitorios, ambos deben ser considerados como un único interés en concepto de punitorios, por lo que habrá de estarse únicamente a los intereses punitorios pactados en el pagaré ejecutado, el que deberá liquidarse a partir de la fecha de la mora, esto es, el día 17/08/2017 a la tasa pactada en el documento base de ésta ejecución -pagaré- y hasta el efectivo pago. Finalmente, impuso el pago de las costas al accionado vencido.
1.2. Esa forma de decidir motivó el alzamiento de la ejecutante, quien expresó su crítica en los términos que surgen de la presentación del 26/04/2023, sin merecer contestación de la contraria.
Comienza por referir que en las presentes actuaciones deberá procederse conforme a lo previsto por el art. 529 del Código Procesal Civil y Comercial sin más consideraciones; que no se encuentra comprendida la facultad de ingresar en el análisis de la composición del título, independientemente que, el mismo título discrimine entre capital e intereses devengados, ya que en definitiva el importe final del título es por el cual se reclama la vía ejecutiva. Siguiendo esa línea, agrega que el a quo tampoco ha advertido que en autos operó la preclusión.
Cita jurisprudencia de la que intenta valerse.
Señala, que la documentación complementaria fue adunada al expediente en atención a lo manifestado por el Agente Fiscal, y en forma previa a que el a quo se expidiera en el sentido que provocó la presente apelación; destaca que su mandante, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 de la LDC informa a los consumidores de todo lo exigido en el citado artículo mediante la información complementaria agregada.
Enfatiza que no resulta ajustada a derecho la readecuación que de los montos demandados a efectuado el a quo , en tanto que en el pagaré que se ejecuta se incorporaron todos los gastos y costas atinentes a la operatoria financiera que incumplió la parte demandada, cuyo reintegro y percepción se verían burlados si la ejecución sólo prosperara por el monto efectivamente percibido por el Sr. Lauria.
Relata que la situación resulta más agraviante al advertir que el a quo al readecuar el monto de demanda al dinero solicitado por el demandado ($ 5636) le resta los pagos parciales efectuados por éste con anterioridad al vencimiento del pagaré, y que fueran denunciados por la ejecutante ($ 952), los cuales al analizar la cartular conjuntamente con la documentación complementaria resulta a todas luces evidente que los mismos están compuestos tanto de capital como de intereses.
Agrega que aún restan abonar 11 cuotas y no obstante no haberse acompañado la discriminación de cada cuota en relación a su conformación de capital e intereses, la acompaña en este acto, poniendo de resalto que siendo que el monto de dinero dado en préstamo es de $ 5636.00, que se ha establecido el pago en forma mensual en 12 cuotas, y que las suma de $ 5788.00 que constituye la diferencia entre el monto de capital prestado y el consignado en el pagaré obedece a los intereses, divididos capital puro del mutuo y los intereses en la cantidad de cuotas ut-supra indicadas, se tiene que cada cuota se conforma de $ 469.66 de capital y de $ 482.34 de interés, resultando que cada cuota es de $ 952.00, suma que coincide con el valor asignado a cada cuota conforme da cuenta la documentación complementaria de autos.
Por otra parte, se agravia por cuanto los intereses compensatorios fijados por el a quo en modo alguno cubren los gastos de otorgamiento e intereses de la operatoria que realiza su mandante, que en nada se asimila con la que desarrolla la banca oficial.
Reitera que el monto que debería receptarse como adeudado es el reclamado por el título en cuestión -monto por el cual se inicia la demanda-, ello dado que ha operado la capitalización oportunamente convenida entre las partes, la cual encuentra sustento normativo en el art. 623 del Código Civil con las modificaciones del art.11 de la Ley 23928 y reafirmado ello por el art.5º de la ley 25.561, principio que encuentra recepción en el actual art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).
Finalmente, también se agravia de la forma en que los intereses compensatorios deben ser computados.
1.3. El 08/06/2023 el Sr. Fiscal de Cámaras departamental aconsejó ratificar el resolutorio apelado en razón de que aplica en forma armónica las normas que emergen del derecho mercantil con aquellas que hacen a la protección de los intereses económicos del consumidor (art. 42 C.N.).
2. Tratamiento de los Agravios.
2.1. Capital. Ingresando en el análisis de los agravios y en lo relativo al monto por el cual se mandó llevar adelante la ejecución, cabe señalar, en primer lugar que, La decisión de librar el mandamiento por una determinada suma como capital a tenor del art. 529 del CPCC no puede llevar a sostener que ha mediado preclusión en orden al capital en ejecución, ni que se ha violado la normativa vigente. Sostener lo contrario implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas, y dar la espalda no sólo a la verdad jurídica objetiva sino a la jurisprudencia que desde hace varios años se viene aplicando (arts. 1, 2, 36 y 65, ley 24.240 -LDC-; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 771, 1092, 1093, 1094, 1095, CCCN; 34 inc. 5, 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Además, El hecho de readecuar el monto de la ejecución a lo que surge del contrato de mutuo acompañado junto al pagaré de consumo ejecutado, desplazando el importe mayor que contiene el pagaré librado en garantía de dicha operación, no significa que la Sra. Jueza se excediera en sus facultades, sino todo lo contrario, ya que al tener a la vista la causa (relación causal subyacente), corrió el velo que le impedía ver el negocio y efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de derecho del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (36 inc. 2 y 518 y ccts. C.P.C.C.), bajo las directivas de la Constitución Nacional y provincial (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.).
2.2. Interpretación coherente del ordenamiento . La SCBA ya ha sentado doctrina respecto de la armonización de la normativa consumeril y la que rigen la acción cambiaria, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 1/9/2010)- al decir que "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la L.D.C. y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución .”
“Sobre el particular se ha decidido que la Cámara de Apelación valoró que merced a la integración de ambos documentos se cumplía con el art. 36 de la LDC. Por tal motivo, desglosó del reclamo el monto del capital que surgía de dicho contrato y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia. Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el "a quo" y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados" (SCBA, causa C. 121.684, S, 14/8/2019, "Asociación Mutual Asís c/Cubilla, María Ester s/Cobro Ejecutivo").
En similar sentido, La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales cuando dijo que en una relación de consumo no corresponde ordenar el secuestro del bien sin dar oportunidad al deudor de ser oído en forma previa, pues podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional (CSN, 11/6/19, "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario").
Si se trata del cobro de un pagaré librado con motivo una relación de consumo, cuya normativa es tuitiva del consumidor (conf. SCBA, causa C. 117.245, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/Ejecutivo", que sigue la línea establecida en la causa 109.305, del 1/9/2010, "Cuevas" y demás precedentes citados), se impone interpretar coherentemente la legislación que tutela el crédito y regula el proceso ejecutivo (arts. 518 y siguientes del C.P.C.C.; dec. ley 5965/63; 1815 y siguientes del C.C.C.N.) con la que tutela al consumidor como sujeto de resguardo preferente (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 1, 2, 1092, 1093, 1094, 1095 y 1710, C.C.C.N.; 4, 36 y 65, ley 24.240), en cuyo caso el Juzgador puede -en puridad debe-, en ejercicio del derecho-deber que le cabe de examinar los títulos al dictar sentencia, ingresar de oficio en la composición de la obligación -y aún después de la sentencia, con relación a los accesorios (arts. 771 y 794, C.C.C.N.)- y encarrilar el importe ejecutado cuando se aprecian diferencias entre el monto del pagaré base de la acción y la documental acompañada que hace a la relación causal subyacente (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 281, 282, 283, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 36 inc. 2, 384, 529 y 549 del C.P.C.C. y arts. 3, 36, 53 y 65 de la ley 24240; esta Sala, causa 123197, RSD 63/2018).
De tal análisis surge que Si el pagaré en ejecución contiene una suma de dinero comprensiva de capital, intereses y otros accesorios, mientras que del negocio causal -agregado al pagaré- se aprecia discriminado el monto solicitado, el financiado, la tasa de interés efectiva anual y otros accesorios, no aparece ajustado a derecho consagrar una ficción admitiendo como capital un importe que no reúne tal carácter.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar esta parcela del decisorio en cuestión en la medida que la Jueza de la anterior instancia mandó llevar adelante la ejecución por el monto efectivamente prestado (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.) que no incluye los gastos e intereses, sin perjuicio de que corresponde adicionar los intereses compensatorios como paso a explicar, de la morigeración que se pueda realizar de los intereses y de la inclusión de los gastos en su oportunidad.
2.3. Intereses compensatorios. En cuanto al agravio referido a los intereses compensatorios, cabe señalar que requieren pacto expreso y corren, en general, desde que el deudor recibe el capital -en el caso del pagaré desde la fecha de creación- y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución, salvo cláusula en contrario (arts. 767, C.C.C.N.; 5, Dec. ley 5965/63).
Si producto del ingreso al análisis causal se toma el capital emergente de la relación fundamental -que contiene pacto de intereses compensatorios- y el mismo es inferior al que emerge del texto del pagaré, es evidente que las partes incorporaron el interés compensatorio al capital, lo cual se corresponde con lo normado por el art. 5 precitado y permite presumir -aun en el juicio ejecutivo- la existencia de un pacto en tal sentido.
En virtud de lo expuesto, se colige que el decisorio recurrido, acuerda los intereses convenidos desde la fecha del préstamo en concepto de compensatorios, aunque morigerándolos, lo cual se ajusta a derecho.
Por consiguiente, analizando la documentación acompañada por el accionante, cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto a que al capital de condena se deberán agregar los intereses compensatorios pactados, desde la fecha de creación del título y hasta la fecha de la mora fijada en la sentencia puesta en crisis, oportunidad en que seguirán devengándose como moratorios (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.; 52 inc. 2, Dec. ley 5965/63).
En cuanto a La cláusula de intereses punitorios, si bien no está prevista por la ley cambiaria argentina, se trata de una cláusula válida ya que no desnaturaliza el régimen cambiario y concuerda con los distintos tipos de interés que consagra el C.C.C.N. en los arts. 767 (compensatorios), 768 (moratorios) y 769 (punitorios) -lo cual ya había tenido recepción legislativa en la ley de tarjeta de crédito (ver arts. 16 y 18, ley 25.065)-, por lo que no corresponde considerar que los intereses moratorios han sido excluidos por los punitorios, por lo que corresponde la adición de los moratorios y punitorios a partir de la fecha de mora establecida en la sentencia (arts. 769 y 794, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.), sin perjuicio de la limitación impuesta en la misma.
2.4. Pagos parciales. Su imputación.
Determinado que el monto de la condena debe ser el del capital solicitado de $ 5636 destaco que, denunciado el pago por el apelante, su cómputo a fin de determinar el capital puro adeudado merece las siguientes consideraciones.
Los pagos parciales deben descontarse en el momento en que fue realizado el pago, imputando la parte que corresponde a capital de cada cuota y el saldo a intereses compensatorios, con la morigeración si es debida (art .902 y 903 CCCN) .
Siendo que del contrato base del pagaré librado por $11.424 surge que el monto solicitado fue de $ 5636 y que el pago efectuado por el mutuo por 1 de las 12 cuotas convenidas de $ 952 representa capital e interés (cada cuota de $ 952 representa el capital constante de $ 469,67 y $ 482,33 de interés).
Ahora bien, para arribar al monto pendiente de pago respecto del pagaré en análisis, del monto efectivamente prestado ($ 5636) habrá de detraerse lo pagado en concepto de pagos parciales, a cuyo fin deberá la ejecutante practicar en la instancia de origen liquidación conforme los criterios que en la presente se dejan indicados en torno al interés máximo y pagos realizados - cuyo monto se imputará a capital e interés pactado-. Ello así para que se pueda determinar el monto final por el que la ejecución se ha de llevar adelante (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 549, C.P.C.C.).
Consecuentemente, con el alcance expuesto, voto POR LA NEGATIVA .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo : que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente la apelada sentencia de trance y remate de fecha 20/04/2023, y disponer 1) la adición de los intereses moratorios y punitorios a partir de la fecha de mora establecida en la sentencia -sin perjuicio de la morigeración dispuesta-, 2) para determinar el capital de condena deberá la ejecutante practicar en la instancia de origen liquidación conforme los criterios indicados –tope máximo de interés y pagos imputados a capital e interés- según punto 2.4.; confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por su orden, en atención al resultado, al tratarse de agravios generados de oficio y no mediar oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo : que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , oído que fuera el Sr. Fiscal de Cámaras Departamental, se revoca parcialmente la apelada sentencia de trance y remate de fecha 20/04/2023 y se dispone 1) la adición de los intereses moratorios y punitorios a partir de la fecha de mora establecida en la sentencia -sin perjuicio de la morigeración dispuesta-, 2) para determinar el capital de condena deberá la ejecutante practicar en la instancia de origen liquidación conforme los criterios indicados –tope máximo de interés y pagos imputados a capital e interés- según punto 2.4.; confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada por su orden. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE .-
Fin de la sentencia