Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada sentencia del 12/5/2023 dejándose establecido que se declara la inhabilidad del título en ejecución, y en consecuencia se rechaza su ejecución. Costas de Alzada en el orden causado.
MCM-EAS
Jdo. Civil y Comercial nro. 27
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Febrero de 2024 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CABANCHICK GASTON C/ GATICA GUILLERMO CIRILO S/COBRO EJECUTIVO " (causa: 135595), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 12/5/2023?
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo :
1. Antecedentes .
1.1. Mediante sentencia del 12/5/2023 el Juez de la instancia de origen mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el deudor GATICA GUILLERMO CIRILO haga al acreedor CREDIL S.R.L. íntegro pago del capital de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA ($4.760) con más los intereses según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio del periodo comprendido y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha de mora pactada en el título que obra a fs. 1(18 de mayo del 2013) y hasta el día de su efectivo pago (arts. 10, 725, 768 inc. "c", 886, 959, 1.015, 1.019, 1.061, 1.525 y siguientes, C.C.C.N.; arts. 36 y 37, Ley 24.240). Ello en la medida que no superen los que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días. Impuso las costas a la demandada vencida.
1.2. Contra la tasa de interés fijada se alza el accionante mediante recurso de apelación que arriba fundado en la presentación del 08/6/2023, que no mereciera contestación de la parte contraria.
1.3. El 28/9/2023 el Fiscal de Cámaras interviniente contesta la vista que se le confiriera dictaminando que a su criterio corresponde revocar la sentencia apelada, y rechazar la vía ejecutiva intentada por haberse violado los requisitos prescriptos por el art. 36 LDC (art. 65 de la norma citada).
2. Análisis .
2.1. No obstante que el tribunal de apelación está sujeto a emitir pronunciamiento sobre el o los puntos que han sido objeto de agravios (alcance del recurso), En autos se observa la particularidad que en el dictamen del Fiscal de Cámaras, este último entendió que debía revocarse la sentencia de trance y remate ante la falta de cumplimiento de los requisitos requeridos imperativamente en el art. 36, LDC. En otras palabras, sin haber apelado el pronunciamiento -aspecto posible dada su condición de parte (arts. 52, ley 24.240; 27, ley 13.133)- dictamina sobre la improcedencia de la ejecución con base en la inhabilidad del título. En tal sentido considero que lo expuesto por el Fiscal de Cámaras debe ser analizado ya no como agravio de parte, mas si como un dictamen emergente de un órgano del proceso que tiene participación necesaria (arts. cits.), como controlante de la legalidad del mismo, al hallarse en juego derechos inderogables del consumidor, normativa cuya inobservancia se ha introducido en el dictamen y abre la puerta al análisis. Sin perjuicio de ello, al tratarse de la habilidad del título con el cual se deduce la ejecución de una deuda emergente de una relación de consumo, el juez tiene la facultad de pronunciarse de oficio, lo cual refuerza la postura asumida (arts. 1, 2, 3, 36 y 65, ley 24.240; 27, ley 13.133; 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 961, 962, 963, 964, 1003, 1004, 1012, 1013, 1014, 1092, 1093, 1094, 1095, 1100, 1117 y 1122, CCCN; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Las normas de Defensa de los Consumidores en tanto son de orden público (art. 65, LDC), habilitan la intervención del Ministerio Público para que fiscalice su cumplimiento en aspectos cuya observancia es imperativa para las partes (art. 12, CCCN) y en esa dirección cabe destacar - si bien en relación a cuestiones de competencia - lo dicho por nuestra SCBA (causa C. 122.176, del 8/5/19): "Es la propia ley especial que la que obliga la actuación del Ministerio Público a fin de que éste fiscalice su efectivo cumplimiento (arts. 27, ley 13.133 y 52, ley 24.240). El legislador tuvo en mira permitir la actuación coadyuvante de órgano estatal en el proceso para salvaguardar los derechos que la ley prevé para la parte débil de la relación jurídica. La sustancia de su actuación debe ser apreciada por el órgano jurisdiccional con el mismo sentido y alcance a la que realiza el sujeto vulnerable, debiendo proporcionarle los mismos efectos que aquél pretendiere sobre la disputa...." .
2.3. Conforme lo señalado por el Fiscal de Cámaras, de la sentencia apelada surge expresamente que el 25/11/2022 se intimó al ejecutante a cumplimentar los recaudos del art. 36 LDC bajo apercibimiento de valorar su conducta conforme las reglas del derecho del consumidor (arts. 1, 3, 4 ,36 y cc de la Ley 24.240 y arts. 34, 36, 332 del C.P.C.C.); y que el 20/3/2023 sin acompañar la documentación complementaria solicitó el dictado de la sentencia según el pagaré traído. De igual forma surge que el juez advirtió el incumplimiento del art. 36, ley 24.240.
No es ocioso destacar que al darse vista del dictamen al accionante, que fuera notificado el 29/9/2023, éste guardó silencio.
2.4. El régimen legal correspondiente a la letra de cambio y el pagaré (decreto 5965/63), y las normas procesales locales (arts. 518, 521 y cctes.), deben ser aplicadas armónicamente, de forma coherente con todo el ordenamiento (art. 2 C.C.C.N.), lo cual importa tener en cuenta los preceptos imperativos de la ley de defensa del consumidor. Aplicar las normas del rito ciegamente, sin atender a las normas superiores de orden público protectorias de los sectores vulnerables o las relativas al abuso del derecho, implicaría persistir en el quebrantamiento de preceptos que han sido incorporados a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 42). Esta Sala ha resuelto con anterioridad que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez en tanto director del proceso, tiene la facultad - o mejor dicho el deber - de determinar con un criterio de "eficacia" (arts. 18, 31 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38, Const. Prov.; 518, 521 y 529, CPCC), la aptitud ejecutiva del título y, además, que el proceso garantice el derecho de defensa en juicio - v.gr. que el consumidor sea demandado ante el juez de su domicilio - y se cumplan las normas imperativas que imponen consignar en la operación que vincula a las partes los requisitos previstos en el art. 36 LDC, cuya omisión se sanciona con la nulidad (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 518, 521 y 529, C.P.C.C.).
De allí entonces que, superada la oportunidad que tenía el accionante a fin de acreditar que no se trata de una relación de consumo y el cumplimiento del deber de información que imperativamente impone el art. 36 bajo pena de nulidad (aunque el sentenciante de grado no lo haya así dispuesto técnicamente), Si el instrumento con el cual se deduce la ejecución (pagaré de consumo) debe reunir los recaudos esenciales que emergen de la interpretación armónica de la legislación cambiaria (arts. 101 y 102, dec. ley 5965/63) y la normativa consumeril (art. 36 LDC), que han transformado al pagaré en un título complejo, ya que si es librado en una relación de consumo y no contiene en su cuerpo las referencias causales que hacen a la operación base y del cual surja el cumplimiento imperativo requerido en el art. 36 LDC “bajo pena de nulidad”, se debe integrar con el contrato en virtud del cual se libró el mismo -que deberá cumplir con lo normado bajo pena de nulidad por el precitado artículo-. Frente a la ausencia de tales recaudos, que -reitero- hacen a la habilidad del instrumento y al carácter de “buena fe” del portador legitimado, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y el consecuente rechazo de la ejecución (arts. 34 inc. 5to., ap. b; 529 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 121.150, RSD. 39/17; 121.194, RSD. 44/17, e.o.), sin perjuicio de la posibilidad de accionar por la vía ordinaria, donde el consumidor no encontrará las limitaciones defensivas que emergen del juicio ejecutivo (arts. 163, 164, 384, 529 y 549, C.P.C.C.; 36, LDC; 101 y 102, dec. ley 5965/63; 1 y 2, CCCN).
2.6. Siendo como fuera referido precedentemente que intimada la actora a integrar el título con la documentación respectiva en los términos del art. 36 LDC (25/11/2022), no se obtuvo respuesta que diera cumplimiento con lo requerido (20/3/2023) y que el Juez goza de la facultad de analizar si se debe completar el título conforme al art. 36 LDC, lo cual que puede - en puridad debe - ser ejercida de oficio y hasta el dictado de la sentencia en virtud de lo normado por los arts. 529 y 549 del CPCC y arts. 3, 36, 53 y 65 LDC; esta Sala causa 123271, RSD 59/2018, e.o.), se impone dar acogida a lo que al respecto sienta el art. 36 LDC.
Es que En las operaciones de crédito para consumo, los instrumentos en los que se las formalicen, deben consignar expresa y claramente los siguientes datos: descripción del bien o servicio contratado; precio del mismo; pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; tasa de interés efectiva anual; costo financiero total; sistema de amortización del capital y de los intereses; cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y gastos extras que hubiere. Y ello, bajo pena de nulidad. El cumplimiento de tal normativa hace, a no dudarlo, al carácter de buena fe del portador legitimado.
A la luz del derecho que tiene el consumidor de ser informado (art. 4 LDC), es el proveedor quien está obligado a suministrar la información de la operación en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. El artículo citado agrega que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión.
En ese sentido se ha destacado que el consumidor que pide un préstamo no debe en el mismo acto de contratar realizar ningún tipo de operación matemática para conocer el capital que devuelve en cada cuota, su tasa de interés y/o el importe total a devolver (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240).
Por otra parte, no debe olvidarse que precisamente la ley pone en cabeza del que reviste la noción de "proveedor" (art. 2, ley 24.240) el cumplimiento de los requisitos en análisis por ser precisamente quien está en mejores condiciones de acercar los elementos necesarios, imponiéndose en caso contrario la sanción de la nulidad.
La circunstancia que el Juez de primera instancia advirtió - y ahora destaca el Fiscal de Cámaras - en cuanto que la actora no cumplió con dicha norma imperativa, que impone un deber de información en cabeza del proveedor "bajo pena de nulidad", afecta la validez del instrumento en virtud del cual se otorgó el crédito al consumidor, que pierde su aptitud “constitutiva”, quedando la operación regida por las normas comunes.
Frente a la inobservancia de los recaudos imperativos que establece el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, la nulidad del contrato base de la relación causal subyacente, se proyecta sobre la validez del título valor creado, ya que ello afecta la buena fe del portador en su condición de tomador o beneficiario e impide el análisis de un elemento esencial al momento de contratar - la voluntad de obligarse del consumidor luego de contar con la información necesaria e imperativa que impone la ley sobre el impacto económico que tendrá su endeudamiento -, lo cual imperativamente impone la normativa consumeril "bajo pena de nulidad", cuya aplicación en forma coherente con el ordenamiento que regula la acción cambiaria se impone (arts. 1 y 2, CCCN; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.7. Por todo lo expuesto, La acción emergente de un pagaré librado a raíz de una relación de consumo dejó de ser puramente cambiaria, ya que necesariamente debe contener un contenido causal, pues ello emerge de la necesidad de dar cumplimiento por escrito al deber de información sobre aspectos concretos de la operación que impone imperativamente la normativa consumeril sobre el capital, intereses y costos de la operación (art. 36, LDC), tornándose en un título complejo dado que tales elementos pueden obrar en el título mismo o en un documento aparte.
3. Conclusión.
3.1. Por todo lo expuesto, no habiendo satisfecho el ejecutante los requisitos establecidos en el citado art. 36 LDC tal como surge de su presentación del 20/3/2023 inmediata posterior a la intimación del 25/11/2022, que tampoco surgen consignados en el pagaré base de la ejecución, no cabe más que concluir que dicho instrumento no resulta hábil para la vía ejecutiva por lo que debe rechazarse la ejecución (arts. 36 y 53 ley 24.240; 34 inc. 5to. "b" y "c"; 36 inc. 2do., 529 CPCC; esta Cámara, Sala II, causas 121.136, RSD 21/17; 127687, RSD 142/2020, e.o.), sin perjuicio de la facultad del interesado de acudir al proceso de conocimiento que estime corresponder.
Así entonces, el decisorio apelado no se ajusta a derecho debiendo ser rechazada la ejecución.
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo : que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo :
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo por los motivos expuestos revocar la apelada sentencia de trance y remate de fecha 12/5/2023 y declarar la inhabilidad del título en ejecución y en consecuencia el rechazo de la misma. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas en el orden causado dada la suerte del recurso, tratarse de agravios generados de oficio y que no fueran contestados por la contraria (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo : que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámaras departamental el 28/9/2023, y demás fundamentos del Acuerdo que antecede, se revoca la apelada sentencia del 12/5/2023 dejándose establecido que se declara la inhabilidad del título en ejecución, y en consecuencia se rechaza su ejecución. Costas de Alzada en el orden causado. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .
Fin de la sentencia