Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137030
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada de fecha 16/02/2024 y se dispone que el sueldo del ejecutado no se encuentra comprendido en el régimen de inembargabilidad emergente del Dec. Ley 6754/43, debiendo en la instancia de origen ordenarse el embargo peticionado de acuerdo a derecho. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio y no mediar oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 del Código Procesal).
MCM-YAN
BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA C/ ATTADIA PABLO JESUS S/ COBRO EJECUTIVO
Causa: 137030
La Plata, 21 de Mayo de 2024
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.1. Que el 16/02/2024, el Juez de la primera instancia desestimó la ampliación de embargo requerida sobre el salario del demandado como dependiente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, dejando al mismo tiempo sin efecto el ordenado con fechas 22/2/2019 y 10/2/2022.
Consideró para ello la naturaleza de la obligación reclamada, pagarés impagos en virtud de un préstamo de dinero, y los arts. 1º, 2 y 11 b del decreto ley 6754/43 (conf. arts. 219 inc. 3 CPCC y arts. 242 y 743 CCCN)
1.2. Que esa decisión motivó el alzamiento de la parte actora mediante recurso de apelación que funda con el memorial de fecha 07/03/2024, que no mereció contestación de la parte contraria según proveído del 19/04/2024.
Señala, en lo sustancial de su alzamiento, que los argumentos del magistrado respecto al Dec. ley 6754/4 reglamentado en el Dec. 9472/43, ratif. en la ley nacional 13894 además de ser una normativa absolutamente anacrónica, es violatoria de numerosas garantías contenidas en nuestra Ley Fundamental (igualdad ante la ley, derecho de propiedad, garantía de defensa en juicio), por lo cual plantea su inconstitucionalidad. Cita jurisprudencia a su favor.
Agrega que no corresponde la aplicación del mencionado régimen, dada la inexistencia de empleo público en la persona del demandado; que el empleo de la contraparte reviste características específicas, en virtud de la cuales el mismo en realidad no es un empleado público, por lo que no es abarcado por la inembargabilidad sobre sus haberes que establece el Dec. Ley 6754/43; que el ejecutado trabaja en una empresa estatal, en una sociedad del estado, no es integrante esa entidad entonces de la “Administración Pública Nacional, Provincial, o Municipal, o entidades autárquicas dependientes de alguno de esos tres niveles de dicha Administración Pública” como se indica en el Decreto Ley citado; que dependan las empresas como la empleadora del demandado del Ministerio Nacional con competencia en cuestiones de Transporte público no implica que los empleados de esas empresas sean públicos; que al demandado se le aplica el convenio colectivo laboral que corresponde por la actividad ferroviaria que desempeña, y no la Ley Nacional o Provincial, o Municipal, o alguna ley de empleo público de algún escalafón, de alguna carrera de agentes del Estado específica como militares, docentes, policías, personal diplomático de Empleo Público ni en forma principal ni en forma supletoria; que en el caso de trata de un dependiente de una Sociedad del Estado regida por la ley 20.705, 19.550 y sus modificatorias, y el estatuto creado por el decreto 752/08, corolario de lo cual refiere que la ley 26352 (art. 12) establece que las relaciones laborales de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y de la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado se regirán de acuerdo a la ley 20744 (TO 1976) y sus mod., es decir por la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, sostiene que lo decidido además de una intolerable desigualdad y privilegio materializa una flagrante injusticia, ya que soluciones como la propuesta en el caso no sólo producen daño a la entidad bancaria, sino que terminan afectando a los usuarios bancarios en general (consumidores y empresas) que verán el perjuicio, en las cada vez mayores trabas para acceder al crédito.
1.3. Que el 29/04/2024 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental aconsejó rechazar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
2.1. Inconstitucionalidad del Decreto Ley 6754/43 y Decreto Reglamentario 9472/43.
Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por consiguiente, al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas, y cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución.
En ese sentido, las alegadas violaciones a derechos constitucionales (arts. 16, 17 y 18 CN) no existen, ya que el ejecutante no se ve privado de obtener lo que le es debido. La norma establece los requisitos para la procedencia de los embargos sobre la remuneración manteniéndose a salvo las opciones para ejecutar la obligación, conforme las disposiciones legales vigentes, sobre otros bienes o recursos que pueda ser titular el ejecutado. Tampoco existe afectación al debido proceso legal (art. 18 CN) por la inembargabilidad de estos haberes. Las limitaciones establecidas por el legislador para ejecutar determinados bienes en cumplimiento de la sentencia (vivienda única, haberes del empleado público, etc.) no son irrazonables ni afectan ni limitan el derecho de defensa en juicio, por lo que cabe desestimar el planteo efectuado (arts. 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Aplicación de la Ley 26352.
Que sin perjuicio del análisis expuesto precedentemente, en el caso hemos de referirnos a la ley nacional 26.352.
Por ella se crearon las sociedades Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. Conforme lo precripto en su art. 7, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) queda sujeta al régimen establecido por la ley 20.705 -que establece el funcionamiento de las sociedades del Estado, dispone su sometimiento a las normas de las sociedades anónimas (en lo pertinente) y la no aplicación de las leyes de contabilidad, obras públicas y de procedimientos administrativos- disposiciones pertinentes de la ley 19.550 -ley general de sociedades- y a las normas de su estatuto; actuará en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (art. 10), y las relaciones laborales se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley 20.744 (L.C.T.) (art. 12).
A fin de combatir la usura, el artículo 1 del Decreto Ley 6.754/43 (ratificado por la ley 13.894), declara inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías, salvo las autorizadas por dicha norma (límite del 20% de la remuneración nominal mensual, deuda a sola firma, certificación de la repartición donde prestar servicios el deudor, autorización al acreedor a incorporarse al régimen).
Asimismo, respecto de las deudas contraídas sin afectación de haberes, establece que si se trata del suministro de mercaderías sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme de condena (art. 11 inc. b, dec. ley citado).Cabe añadir que las disposiciones del Dec. ley 6754/43 son de orden público (art. 16, dec. ley cit.).
Dicho régimen, que establece la inembargabilidad como principio para los empleados públicos y de entidades autárquicas, por escapar al principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores (art. 743, C.C.C.N.), debe ser interpretado restrictivamente a fin de evitar que por vía de la aplicación analógica se modifique el régimen legal y con ello se viole el principio constitucional de división de poderes.
2. 3.- El caso.
Que con tal plataforma, cabe analizar si corresponde considerar que los trabajadores de SOFSE están insertos en la categoría de “empleados públicos” o no. Siendo que los trabajadores de dicha sociedad están regidos por la L.C.T. no cabe incluirlos en dicha categoría, donde la estabilidad es absoluta, sino que se trata de una relación contractual que se enmarca en el ámbito del derecho privado y no público. No hay norma alguna que disponga que su personal debe regirse por el estatuto de los empleados públicos, sino que tanto la ley como el decreto reglamentario establecen que su personal debe regirse por la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.).
Por otra parte, aún cuando en el caso se trata de un embargo ejecutorio es de señalar el precedente de esta Sala del 24 de Agosto de 2021 en la causa 125.956, caratulada "CREDIL SRL C/ MRAKOVICH GRACIELA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO", en el que hemos cambiado la postura hasta ahora sostenida, considerando viable la medida que se requiere -aún cuando se haya dictado sentencia de trance y remate- sólo y únicamente en aquellos supuestos en los que haya existido: a) un proceso que permita al accionado entablar defensas vinculadas a la causa de la obligación, prohibidas en los juicios ejecutivos conforme el art. 542 inc. 4 del CPCC (tal como sucede con un juicio ejecutivo con base en un pagaré de consumo); b) que haya culminado con el dictado de una sentencia firme, respaldatoria del crédito reclamado; y c) que éste último haya sido originado por el suministro de mercaderías, lo que excluye así los préstamos o mutuos financieros (art. 36, ley 24240), extremos que no se hallan configurados en la especie.
Y si bien esta Sala había sostenido que los empleados de las sociedades del estado integran la Administración Pública (conf. esta Sala, causa 116173 "CREDIL SRL C/ RODRIGUEZ JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO", 20/10/2022 RSI 511/22, y 03/11/2022 RSI 511/22), un nuevo análisis de la cuestión, teniendo como piso de marcha la aplicación del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, y la ausencia de otros elementos de juicio que permitan tener por acreditado que el vínculo del demandado Pablo Jesús Attadia con la empresa SOFSE sea de naturaleza pública, y en consecuencia de aplicación el derecho que le es propio, corresponde admitir la ampliación del embargo peticionado (esta Sala, causa 135617, del 14/11/2023 (esta Sala, causa 135617, RR-609-2023).
2.4. Que respecto a las demás cuestiones sometidas a consideración de este Tribunal, dada la solución que se alcanza, su análisis se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65).
2.5. Que en función de lo discurrido, que resulta suficiente para dirimir el alzamiento, corresponde revocar la solución dada en la instancia de origen y establecer que el sueldo del ejecutado no se encuentra comprendido en el régimen de inembargabilidad emergente del Dec. Ley 6754/43 (arts. 34 inc. 4; 163 inc. 5 y 6, 219 inc. 3, 242, 246, 260 del Código Procesal).
POR ELLO, fundamentos expuestos y oído que fue el Adjunto de Fiscal de Cámaras Departamental el 29/04/2024, se revoca la resolución apelada de fecha 16/02/2024 y se dispone que el sueldo del ejecutado no se encuentra comprendido en el régimen de inembargabilidad emergente del Dec. Ley 6754/43, debiendo en la instancia de origen ordenarse el embargo peticionado de acuerdo a derecho. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio y no mediar oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 del Código Procesal). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.-
Fin de la sentencia