Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución del 29 de febrero de 2024, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Agosto de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/CORREA HORACIO MARTIN S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 137500), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 29 de febrero de 2024?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 29 de febrero de 2024, la Sra. Jueza de la instancia previa decidió rechazar la acción ejecutiva promovida en los presentes por Credil SRL contra Horacio Martín Correa, en virtud de que el el título ejecutado no contiene las exigencias previstas en el art. 36 inc. b ley 24.240 y no haberse integrado el mismo con documentación válida que demuestre lo anterior; e impuso las costas del juicio a la actora vencida.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la sociedad accionante, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 21 de marzo de 2024; donde comenzó por referir que, si bien carece de la documentación complementaria oportunamente requerida, a la fecha de suscripción del pagaré base de la ejecución (05 de Mayo de 2007) dichas piezas no eran exigidas por la normativa aplicable en la materia en los mismos términos y con los mismos efectos que los dispuestos en la actualidad por la Ley 24.240; la cual, aun cuando en su primera redacción establecía el deber de información por parte del “proveedor”, su art. 36 no era tan exhaustivo ni contenía sanción alguna para el supuesto de incumplimiento como el actual, no resultando exigible en aquélla oportunidad la rúbrica y conservación de documentación causal respaldatoria del crédito tal como hoy se la concibe.
Luego, adujo que la Magistrada no ha advertido que en autos operó la preclusión; que es improcedente la aplicación retroactiva del nuevo Código y Comercial y que presumir que el pagaré de autos constituye una prestación de un servicio financiero con un consumidor violenta principios elementales del derecho cambiario y del ordenamiento procesal, prescindiendo de la naturaleza del título en ejecución, a la luz del Decreto ley 5965/63, régimen que se halla vigente; y que se ha cometido un error al aplicar de oficio el art. 36 de la Ley de Defensa Consumidor, que requiere la actuación expresa del consumidor.
1.c. Con fecha 2 de julio de 2024 dictaminó la Fiscalía de Cámaras departamental, propiciando se confirme la resolución apelada.
2. Tratamiento de los agravios.
2.a. Liminarmente, cabe referir que la ley 26.361 fue sancionada el 12 de marzo de 2008, mientras que el pagaré objeto de autos se libró el 5 de diciembre de 2007, esto es, con anterioridad a la mencionada normativa; de allí que sus estipulaciones no resulten, en principio, directa e indiscriminadamente aplicables al referido título.
Sin embargo, a diferencia de lo que sostiene el referido, el art. 36 de la ley 24.240 introdujo, desde su redacción originaria (publicada en el Boletín Oficial el 15 de Octubre de 1993) y como requisito para las operaciones de crédito, que se consigne "bajo pena de nulidad" una serie de datos diferenciados y que hacen a los detalles de la operatoria que se celebra, a los fines de que conste la debida información para el tomador de aquel; a saber: el precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar.
Bajo tales premisas, me permito señalar que, del pagaré que se intenta ejecutar en la especie, surge que únicamente se ha dejado constancia del monto global que se ha obligado a abonar el Sr. Horacio M. Correa y la tasa aplicable para el interés punitorio, omitiendo toda otra información que, según el listado previo, resultaba relevante para la norma.
En tales condiciones y ante la ausencia -como afirmó la ejecutante- de documentación respaldatoria, no resulta posible controlar que se hubiesen resguardado, en debida forma, los derechos del consumidor (arts. cits.).
2.b. En ese sentido, habré de señalar también que no se encuentra sujeto a discusión que la relación jurídica sustancial que vinculó a las partes es de las denominadas de consumo, toda vez que, además de no desconocerse este punto al tiempo de responder la intimación dispuesta el 9 de octubre de 2023 (ver escrito del 1 de noviembre de 2023), es imposible obviar la habitualidad con que el actor litiga -todos los casos que han llegado a esta Sala, ejecutando pagarés que reconocen su base en mutuos financieros-, que el accionado es una persona humana y el monto del proceso; extremos que permiten advertir también que el negocio subyacente que instrumenta el mencionado pagaré es un préstamo de dinero (arts. 163, 164, 260, 261 y 384 del CPCC; esta Sala, causas 137438, RR 260/24, del 11-7-24; 134527, RR 239/23, del 9-5-2023; 131097, RR 26/22, del 15-2-2022; 130286, RSI 385/21, del 23-9-2021; e.o).
2.c. Así pues, en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez, en tanto director del proceso, tiene la facultad -o, mejor dicho, el deber- de determinar, con un criterio de "eficacia" (arts. 18, 31 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38, Const. Prov.; 518, 521 y 529, CPCC), la aptitud ejecutiva del título; y, además, que el proceso garantice el derecho de defensa en juicio y se cumplan las normas imperativas que imponen consignar en la operación que vincula a las partes los requisitos previstos en el art. 36 LDC, cuya omisión se sanciona con la nulidad (arts. 18 y 42 CN; 15 y 38 Const. PBA; 518, 521 y 529 del CPCC).
De allí entonces que, superada la oportunidad que tenía el accionante a fin de acreditar que no se trata de una relación de consumo y el cumplimiento del deber de información que imperativamente impone la citada norma bajo pena de nulidad, si el instrumento probatorio de la operación traído por el ejecutante no reúne los recaudos esenciales, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y el consecuente rechazo de la ejecución, tal como se hizo en la instancia de origen (arts. 34 inc. 5; 529 del CPCC; esta Sala, causas 121.150, RSD. 39/17; 121.194, RSD. 44/17, e.o.).
Es que la nulidad del contrato base de la relación causal subyacente, se proyecta sobre la validez del título valor creado, ya que ello afecta la buena fe del portador en su condición de tomador o beneficiario e impide el análisis de un elemento esencial al momento de contratar -la voluntad de obligarse del consumidor, luego de contar con la información necesaria e imperativa que impone la ley sobre el impacto económico que tendrá su endeudamiento-, lo cual imperativamente exige la normativa consumeril “bajo pena de nulidad”, cuya aplicación en forma coherente con el ordenamiento que regula la acción cambiaria se impone (arts. 1 y 2, CCCN; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
A la luz del derecho que tiene el consumidor de ser informado (art. 4 LDC), es el proveedor quien está obligado a suministrar la información de la operación en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
Ello así, el consumidor que pide un préstamo no debe en el mismo acto de contratar realizar ningún tipo de operación matemática para conocer el capital que devuelve en cada cuota, su tasa de interés y/o el importe total a devolver (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240).
No debe olvidarse que precisamente la ley pone en cabeza del que reviste la noción de "proveedor" (art. 2, ley 24.240) el cumplimiento de los requisitos en análisis por ser precisamente quien está en mejores condiciones de acercar los elementos necesarios, imponiéndose en caso contrario la sanción de la nulidad.
Habida cuenta lo expuesto, la acción emergente de un pagaré librado a raíz de una relación de consumo dejó de ser puramente cambiaria, ya que necesariamente debe contener un contenido causal, esto dar cumplimiento al deber de información sobre aspectos concretos de la operación que impone imperativamente la normativa consumeril sobre el capital, intereses y costos de la operación, tornándose en un título complejo ya que tales elementos pueden obrar en el título mismo o en un documento aparte.
2.d. No debe perderse de vista que el régimen legal correspondiente a la letra de cambio y el pagaré (decreto 5965/63) y las normas procesales locales deben ser aplicadas armónicamente, de forma coherente con todo el ordenamiento (art. 2 CCyC), lo cual importa tener en cuenta los preceptos de la ley de defensa del consumidor. Aplicar las normas del rito ciegamente, sin atender a las normas superiores de orden público protectorias de los sectores vulnerables o las relativas al abuso del derecho, implicaría persistir en el quebrantamiento de preceptos que han sido incorporados a partir de la reforma constitucional de 1994.
No resulta óbice a esa conclusión el simple argumento atinente a que se ha violado la preclusión, pues el análisis preliminar al momento de despachar la ejecución no importa mella alguna para que el juez se pronuncie luego y en forma oficiosa sobre la procedencia de la pretensión ejecutiva en la sentencia de remate (arts. 34 inc. 5, 384, 529 y 549 del CPCC; 1, 2, 36 y 65 LDC; 1, 2, 9, 10, 12, 771, 1092, 1093, 1094, 1095, CCyC).
2.e. Por todo lo expuesto y como adelantara, no satisfaciendo el ejecutante los requisitos establecidos en el citado art. 36 LDC -tal como surge de su presentación-, que tampoco surgen consignados del pagaré base de la ejecución, no cabe más que concluir que dicho instrumento no resulta hábil para la vía ejecutiva; de allí que el decisorio apelado, en cuanto rechaza la ejecución, se ajusta a derecho (arts. 36 y 53 ley 24.240; 34 inc. 5, 36 inc. 2 y 529 CPCC; esta Cámara, Sala II, causas 121.136, RSD 21/17; 127687, RSD 142/2020, e.o.).
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución del 29 de febrero de 2024, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios.
Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por el recurrente, atento el resultado adverso de su planteo revisor (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras y demás fundamentos, se confirma la apelada resolución del 29 de febrero de 2024, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia