Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133950
AL-YAN
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Noviembre de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "LOPEZ RICHERO CARLOS JULIO DANIEL C/ POTOSI BURGOS YEMINA MARÍA MIRTA S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 133950), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 02/07/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. En su presentación de fecha 12/06/2024, la accionante plantea la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 que impide la indexación y la actualización de los créditos.
La Sra. Jueza de la anterior instancia desestimó dicho planteo.
Para así decidir señaló que en el caso de autos “… la sentencia de fecha 27 de junio de 2022 ha sido precedida de un proceso contradictorio, en el cual las partes han tenido la adecuada y sustancial oportunidad de realizar los planteos pertinentes, no avizorándose en absoluto que se hayan conculcado derechos y garantías constitucionales, por lo cual el instituto de la cosa juzgada cobra vigencia plena, erigiéndose como una exigencia vital del orden público y que tiene jerarquía constitucional, cuyo debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema, debiéndose evitar que entre las partes los debates se renueven indefinidamente…”.
Y agregó como argumento de refuerzo que: “…dado que la decisión que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad; se trata de una solución definitiva, concluyente y determinada. Es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar…”
1.2. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de la accionante mediante recurso de apelación que funda con los agravios presentados con fecha 05/08/2024.
Luego de relatar los antecedentes que nutren la causa, aduce en lo más relevante que la resolución judicial impugnada rechaza el planteo de inconstitucionalidad de su parte con la sola mención del instituto de la cosa juzgada que no puede ser fundamento para sostener una tutela legal de los justiciables en desmedro de derechos fundamentales.
Dice que el fallo en crisis se sostiene en la hipótesis de la íntegra juridicidad del sistema cuando el esquema jurídico establecido por el Máximo Tribunal Provincial ha cambiado a partir de la señalada doctrina "Barrios” y agrega que la patente contradicción a la que se arriba en el caso de autos demuestra que se encontraría desvirtuada la posibilidad de que el accionante pueda percibir el cobro de la deuda reconocida judicialmente, de manera acorde a la actualización establecida por la SCBA, provocando además un menoscabo para el debido proceso.
Insiste en que la decisión denegatoria de la declaración de inconstitucionalidad pedida resulta alejada de los principios de la doctrina legal de la SCBA vigente actualmente y desconocida al momento de dictarse la sentencia de remate.
Luego se explaya con relación a la necesidad de actualizar el crédito reconocido y que de sostenerse a ciegas la imposición de la cosa juzgada de manera absoluta, en el cual se funda el resolutorio apelado, el giro doctrinario reconocido por el Máximo Tribunal no podría proceder en ningún caso alcanzado por dicha institución, desvirtuando completamente el servicio de justicia en procesos judiciales ya que –según nos dice– el bloqueo que surge del art. 7 de la ley 23.928, reformado por la ley 25.561, hace mella en el equilibrio de las prestaciones y conduce a la merma de su virtualidad regulatoria, así como a su ineficacia para orientar las expectativas de los agentes económicos.
Manifiesta que una vez determinado de la manera antes señalada el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria podrá, a partir de allí, ser de aplicación el mecanismo de actualización que surge de la presente sentencia y que corresponde aplicar un sistema de actualización del capital -sin capitalizar los intereses devengados- hasta el efectivo pago, que preserve el valor real de la prestación debida , propiciando a tal fin la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) "Nivel General" (Var Interanual IPC Nacional) publicado por el INDEC en su página web (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31).
Concluye en que a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación, imputación de pagos parciales, como el cumplimiento de la sentencia al condenado, requiere que al importe de capital receptado en la sentencia deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fuera estimado el perjuicio hasta el fin de dicho mes, mientras que entre dicho mes y hasta el último I.P.C. publicado deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
Denuncia también violación al derecho de igualdad ante la ley y al derecho de propiedad y cita jurisprudencia en sufragio de su pretensión revisora.
La critica llega sin réplica de la contraria (ver actuación de fecha 03/09/2024).
1.3. El 16/09/2024 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental emitió su dictamen considerando que el rechazo de la pretensión de actualización monetaria y aplicación a estos obrados del caso "Barrios" se ajusta a derecho, no sólo porque se ha dictado sentencia, la que se encuentra firme y consentida; sino particularmente porque los supuestos fácticos a partir de los cuales la Suprema Corte dictó el mencionado precedente, son disímiles a los de autos.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Luego de la reseña formulada, se aprecia que la cuestión a revisar es si la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia local en el caso "Barrios" (causa C. 124.096, del 17 abril de 2024), en cuanto declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 -denegada en la instancia de origen- es aplicable al caso de autos.
He sostenido con anterioridad al presente, aunque para otro supuesto, que lo resuelto en el caso “Barrios” debe ser interpretado con cuidado y suma prudencia, dado que son esas lecturas posteriores las que van definiendo y redefiniendo el sentido y proyecciones del caso precedente. En virtud de lo expuesto, tal labor debe concretarse cuidadosamente, a medida que los casos se suceden, máxime cuando la aplicación de dicho precedente no siempre ha de desembocar en la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición indexatoria emergente del art. 7 de la ley 23.928 (cfr. Garay, Alberto F., La doctrina del precedente..., Abeledo Perrot, pág. 143/158; Silva, Juan A., "Aproximaciones al precedente...", ElDialon line, del 29/05/2017, DC232F; esta Sala, causa 137629, RS-350-2024).
Dicha reflexión surge a poco de pensar en la multiplicidad de casos ya decididos donde se puede invocar la aplicación de dicha doctrina legal, lo cual habrá de ser decidido por un lado conforme el principio de seguridad jurídica, sobre el cual reposan los principios de preclusión, cosa juzgada y estabilidad; y por el otro la situación sobrevenida del deudor que no cumple con la prestación debida en tiempo y forma y se mantiene en situación de mora (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 166, 242, 253, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
2.2.En consecuencia, frente al consentimiento de la actora a la sentencia dictada en autos, aquella quedó firme no pudiéndose reeditar lo propuesto y debatido en el momento procesal oportuno -y mucho menos lo no propuesto en su oportunidad-, operando la preclusión que impide volver sobre estadios superados del proceso, máxime frente a un proceso donde lo decidido tiene valor de cosa juzgada y no es fruto de un trámite tildado de fraudulento (arts. 163, 164, 166, 255, 272, 273, 384 y 482, C.P.C.C.).
Pretender modificar los términos de la sentencia con pautas que no fueron consideradas en ella, pese a que pudieron serlo, se revela improcedente (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 166, 384, 497 y 501 C.P.C.C.).
Hasta aquí los fundamentos de la denegatoria se mantienen.
Pero, cabe analizar la aplicación de la doctrina “Barrios” como cuestión sobreviniente frente a la desvalorización de la moneda.
2.3. No es ocioso destacar que en la causa C. 124.096, "Barrios c/Lascano s/Ds. y Perj.", en el voto del Dr. Soria, al cual adhirieron los restantes ministros, se establecieron pautas para determinar la efectiva aplicación del precedente en casos similares, que a mi entender cabe resumir de la siguiente manera:
a) antes del escrutinio constitucional negativo del art. 7 de la ley 23.928, es necesario verificar la posibilidad de acudir a un camino discursivo alternativo que pueda recomponer los valores comprometidos (V.7.d.v), como podría ser la utilización de la tasa activa (V.9.e.ii);
b) si la inflación que aqueja la economía del país produce la licuación del pasivo, los jueces no pueden darle la espalda a la realidad (V.1.b);
c) el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria, son hechos notorios que han impulsado el replanteo de la doctrina legal de la SCBA (V.1.e), lo cual si bien está exento de prueba (SCBA, Ac. 61.024, 7/7/98; Ac. 82.684, 31/3/2004; L. 120.519, 28/11/2018), requiere no sólo de la alegación del interesado -lo cual descarta la aplicación de oficio- sino la realización de los cálculos matemáticos que demuestren -tal es su carga (art. 375, C.P.C.C.)- la licuación de la deuda;
d) para que la merma o licuación del capital adeudado justifique sin lugar a dudas la tacha constitucional, debe ser “considerable” (V.9.e), lo cual abre un interrogante frente a los casos donde la pérdida no tiene tal carácter y es afectado el principio de reparación integral (situación no considerada en el precedente “Barrios”);
e) se debe observar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC); y
f) en el análisis de la solución aplicable debe analizarse I) la interdicción del enriquecimiento sin causa; II) la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; III) la buena fe; IV) la equidad; V) la equivalencia de las prestaciones; VI) la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, VII) en su caso, el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs. Const. Nac; arts. 1, 2, 3, 9, 10, 332, 726, 729, 766, 772, 961, 965, 1.061, 1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y cctes. C.C.C.N.).
Tales pautas, serán aplicables a los casos posteriores, en la medida que tengan como hecho relevante común la desvalorización irrazonable del capital producto de pérdida de valor de la moneda y la imposibilidad de compensar tal situación frente a la prohibición emergente del art. 7 de la ley 23.928.
Para ello no es válido realizar una distinción entre procesos de conocimiento -como el que generó la doctrina “Barrios”- y los de ejecución -en la medida que permitan dicha discusión, ya que lo resuelto no podrá ser renovado en el ordinario posterior (art. 551, C.P.C.C.)-, ya que se estaría afectado en derecho de igualdad ante la ley (art. 16, Const. Nac.).
Más adelante volveré sobre este tema (punto 2.5).
Sentado ello, frente a una sentencia que quedó firme y consentida, el Tribunal se encuentra imposibilitado de evaluar, a fin de no quebrantar los principios de congruencia, cosa juzgada y preclusión, la constitucionalidad y métodos de actualización e indexación con anterioridad a la petición, siendo sólo posible atender los hechos sobrevinientes fruto de la mora del deudor (arts. 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 2, 3, 9, 10, 332, 729, 768 inc. « c »772, 777 inc. “c”, 886, 888, 961, 965, 1061, 1091, 1716, 1738, 1747 y 1794, C.C.C.N. ; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 260, 261, 266, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
Tal como lo expone la sentenciante de origen, la sentencia dictada ha sido precedida de un trámite en el cual las partes han tenido la oportunidad de realizar los planteos pertinentes, sin que se advierta la conculcación de derechos y garantías constitucionales que puedan poner en jaque el instituto de la “cosa juzgada”, lo cual hace inmutable la sentencia, que no cabe alterar, variar o modificar.
Por más que el esquema jurídico haya variado a partir de la doctrina legal sentada en el caso “Barrios”, ello no puede tener aplicación retroactiva, a fin de no violar el principio de cosa juzgada, ni afectar derechos adquiridos. Ello sin perjuicio de la inseguridad jurídica que puede provocar su aplicación a los miles de casos ya resueltos.
Empero, la mora del deudor se ha prolongado en el tiempo y se mantiene al momento de la alegación de la necesidad de preservar el valor de lo adeudado.
2.4. Consecuentemente, cabe analizar la posibilidad de aplicar la doctrina legal emergente del precedente “Barrios” como cuestión sobreviniente por los períodos que corren a partir de su invocación.
En ese orden de ideas, con fecha 27/06/2022 ha sido dictada sentencia de trance y remate que mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte demandada, Potosí Burgos y Yemina María Mirta, haga íntegro pago a la actora, de la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) -se tomó la suma por capital que emerge del mutuo de $ 40.000 y no la inserta en el pagaré de $ 78.400-, con los intereses compensatorios que aquellos que se adeudan como contraprestación por el uso del capital ajeno desde la fecha de emisión -rectius: creación- del título ejecutado, es decir, el día 09/03/2019 hasta la fecha de mora acaecida, el día 09/04/2019 (pagaré original fs. 55/56), según la tasa activa de descuento a 30 días para operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con mas los moratorios y punitorios pactados (5% mensual de moratorio y 5% mensual de punitorio), en la medida que no superen -en su conjunto- la aplicación de una vez y media la tasa que cobra el BAPRO para las operaciones de descuento promedio a treinta días en los distintos períodos vigentes en el mismo lapso.
El dictado de la sentencia en el presente proceso, impide debatir aspectos que pudieron serlo en su oportunidad y que quedaron superados por el principio de cosa juzgada, con lo que los cambios en la doctrina legal que pueda sentar la SCBA -cuyo valor es indiscutible (art. 161 inc. 3 a, Const. Prov.)- no pueden aplicarse en forma retroactiva a los efectos de modificar los casos resueltos con anterioridad.
Si bien la desvalorización de la moneda y consiguiente licuación o diminución en términos reales de pasivos que la misma podía generar son muy anteriores a dicho precedente, lo cierto es que la SCBA recién se sensibilizó frente a dicha problemática con el caso “Barrios” precitado. Hasta entonces no se venía admitiendo -al menos por parte de la Cámara departamental ni por la SCBA- la utilización de índices para compensar la pérdida de valor del dinero.
Ahora bien, frente a la mora del deudor, que se ha mantenido en el tiempo, no observo obstáculo alguno para tratar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda y la consiguiente licuación de la deuda, como cuestión sobreviniente, y ello, a partir de la petición expresa, lo que deberá ser resuelto previa sustanciación. Aplicar la actualización para períodos anteriores, además de socavar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, abriría la puerta al análisis de situaciones de menoscabo patrimonial -miles- de hace más de diez (10) años, con la consiguiente afectación de derechos constitucionales que se encuentran tutelados por los arts 17, 18, 31 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional. El principio de “realismo” o primacía de la realidad no permiten avanzar sobre situaciones que quedaron consolidadas jurídicamente, ya que de permitirse ello podría incluso -lo cual no es razonable- revisarse situaciones donde ya la SCBA declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ver SCBA, L. 102.736, 15/7/2015, “Boll, Luján Claudio Fernando c/Ponce, Luicio Guido y otro s/Despido”; L. 92.095, 1/9/2010, “Moyano, José Omar y otros c/Consorcio de Gesión del Puerto de Bahía Blanca s/Indemnización por despido”), o en las cuales la Corte Suprema nacional ya resolvió sobre dicha temática. En el ámbito judicial, los conflictos deben tener una solución definitiva.
Así, frente a un importe de la condena incumplido, en pesos con mas la tasa antes indicada (fijada judicialmente), se puede analizar si, frente al proceso inflacionario que se viene dando al momento de su invocación, cabe remediar dicha situación hacia el futuro -cuestión sobreviniente -(ver series históricas en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformacionDeArchivo-1).
Durante la situación de mora del deudor se produjo una licuación de la deuda que justifica atender lo requerido, lo cual a fin de no afectar el principio de “cosa juzgada” no puede ser aplicado en forma retroactiva, aunque impone cotejar si desvalorización del capital puede ser corregida con la aplicación de alguna tasa de interés, paso previo para considerar que la prohibición indexatoria del art.7 precitado afecta garantías constitucionales.
La morigeración dispuesta en la sentencia de trance y remate, comparada con la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, ha llevado a un desfasaje superior al 33% del capital adeudado, que no corresponde mantener -ni aún tratándose de una deuda dineraria emergente de un préstamo de dinero que ha sido morigerada judicialmente-, ya que la afectación del derecho de propiedad que emerge de ello se aplica a todos (principio de igualdad: art. 16, Const. Nac.), lo cual puede ser corregida mediante la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, restantes operaciones, cuya utilización como tope -incrementada en un 50%- para los intereses pactados a partir de la fecha en que se introdujo el planteo de inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 (12/06/2024 ) nos acerca a un importe similar al que resultaría de la aplicación de alguno de los mecanismos prohibidos antes indicados (esta Sala doct. causa: 131.625, “Lasaga”, sentencia del 29/10/2024 RS-409-2024).
2.5.El argumento de que lo decidido en la causa C. 124.096, “Barrios”, donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, no es aplicable a un juicio ejecutivo por tratarse de una doctrina sentada en un proceso de conocimiento en el cual se reclamaban los daños y perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito, importa desconocer lo decidido en dicho precedente, que tuvo como piso de marcha la licuación irrazonable de una deuda de dinero. El limitado ámbito de conocimiento del proceso ejecutivo no impide debatir la cuestión. De lo contrario el reconocimiento de una deuda laboral o de naturaleza alimentaria, cuyo reclamo se intenta por vía ejecutiva, quedaría afuera de la aplicación de algún mecanismo que compense una desvalorización irrazonable del capital. Por otra parte, un acreedor cambiario podría sortear al limitación con el simple mecanismo de iniciar una acción de conocimiento en lugar de un juicio ejecutivo.
Tampoco corresponde limitar la aplicación de la
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