Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138879
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de Diciembre de 2024 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/ GOIS JOEL FRANCO S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 138879), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 15/10/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 10, el 15/10/2024 señaló que "más allá de la oportuna imposición de las costas a la parte vencida, déjese establecido que el demandado se encuentra amparado por el beneficio de gratuidad de la legislación del consumidor, no pudiéndosele cobrar las costas del proceso (v.g. honorarios de los abogados, tasa de justicia, contribución sobre tasa de justicia y todo lo que comprenda legalmente el concepto de costas)", asimismo mandó "llevar adelante la ejecución hasta tanto JOEL FRANCO GOIS haga a su acreedor CREDIL S.R.L íntegro pago del capital de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($58.142) distribuidos de la siguiente manera: respecto de primer pagaré (librado el 17 de diciembre de 2020), procede por la suma de $3.512, respecto del segundo (librado el 7 de febrero de 2022), procede por la suma de $6.550 y respecto del tercero (librado el 29 de junio de 2022) procede por la suma de $48.080; ello con más los intereses punitorios pactados (0,16% diario), en la medida que su cálculo final no supere una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días en los distintos períodos de aplicación (tasa activa), desde las respectivas fechas de mora (20 de abril de 2021 respecto del primer pagaré, 9 de enero de 2023 respecto del segundo y 5 de julio de 2023 respecto del tercero) hasta su efectivo pago". Impuso las costas al demandado vencido.
1.2. Contra dicha forma de decidir la ejecutante interpuso recurso de apelación el 23/10/2024, el cual concedido viene fundado con la memoria presentada en fecha 30/10/2024. No hubo réplica de la contraria conforme surge del proveído del 20/11/2024.
Comienza por señalar respecto del beneficio de gratuidad otorgado por el a quo en favor del demandado, que el mismo es concedido en clara violación de los principios procesales de congruencia, debido proceso, así como los preceptos constitucionales de igualdad de partes y la defensa en juicio; que el juez no puede apartarse de lo pedido por los litigantes ni puede variar o enriquecer la causa en que se funda el reclamo; que el significado de las facultades ordenatorias no es tomar el lugar de las partes, sino integrar por impulso propio el material que aparezca insuficiente. Una de las limitaciones a dichas facultades de los jueces reside en la prohibición de que puedan ser ejercidas para suplir la negligencia en que hubiere incurrido cualquiera de las partes respecto de su defensa o en la producción de las pruebas por ella ofrecida, ya que, de lo contrario se afectaría la igualdad que los magistrados deben mantener entre los litigantes; que la ley 13.133 en su art. 25 ha establecido una exención en favor del actor-consumidor, no siendo el supuesto de autos donde el Sr. Gois es traído al proceso como demandado, que comprende el pago de tasas y contribuciones, pero no así las costas que el proceso pudiera generar; que resulta claro que el beneficio de gratuidad incoado no exime de costas, para lo cual debe instarse el beneficio de litigar sin gastos.
Aduce que el juez debe proceder de acuerdo a lo estipulado en el art. 529 CPCC; que no se encuentra comprendida la de ingresar en el análisis de la composición del título; que operó la preclusión; que el pagaré ejecutado se integra y complementa con la documental adicional del crédito de consumo acompañada oportunamente, formando un título complejo; que su mandante, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 de la LDC informa a los consumidores de todo lo exigido en el citado artículo mediante la información complementaria agregada.
Refiere que no resulta ajustada a derecho la sentencia dictada por el Sr. Juez “a quo”, en tanto que más allá de la readecuación que efectúa del monto de la demandada al dinero solicitado por el demandado, omite en el fallo en crisis consignar los INTERESES COMPENSATORIOS, es decir los que van desde la fecha de celebración de la operación crediticia y hasta la fecha de mora, los cuales el magistrado -en el marco de sus atribuciones- puede morigerar, pero de ningún modo suprimir, así como también los INTERESES MORATORIOS solicitados en la demanda a partir del que la demandada incurriera en mora y hasta el efectivo pago.
Destaca que en el decisorio en crisis el a quo manda a llevar adelante la ejecución del demandado de autos por el capital puro solicitado, al cual solo ordena adicionar los intereses punitorios pactados a una tasa del 5% mensual desde la fecha de mora del deudor, siempre que su cálculo final no exceda de una vez y media la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigentes para los distintos periodos de aplicación (tasa activa), omitiendo expedirse sobre los intereses moratorios solicitados en demanda como así también los compensatorios que corresponde adicionar; que tal como surge del art. 767 del C.C.C.N., son válidos los intereses convenidos entre el deudor y el acreedor, así como también la tasa que hayan fijado para su liquidación, por lo que con la documentación complementaria de autos se han cumplido dichos requisitos para que los mismos sean los acogidos en la sentencia.
Enfatiza que los intereses compensatorios serán devengados desde la fecha de suscripción de las cartulares y hasta la fecha de incursión en mora, sumados al capital puro -y previa deducción de los pagos realizados-, deben conformar el saldo insoluto, sobre el cual se liquidarán los intereses moratorios que también omitiera el a quo, sumados a los punitorios establecidos, ambos desde la fecha de mora de los pagarés y hasta la del efectivo pago; que la mentada capitalización, amén de haber sido convenida por las partes -conforme surge de la documentación acompañada, encuentra sustento normativo en el art. 623 del Código Civil con las modificaciones del art.11 de la Ley 23928 y reafirmado ello por el art.5º de la ley 25.561, principio que encuentra recepción en el actual art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994);
Se agravia al considerar que el a quo al readecuar el monto de demanda al dinero solicitado por el demandado le resta los pagos parciales efectuados por éste con anterioridad al vencimiento de los pagarés, y que fueran denunciados por su parte ($ 56.758,00), los cuales al analizar las cartulares conjuntamente con la documentación complementaria dice que resulta evidente que los mismos están compuestos tanto de capital como de intereses. Detalla que respecto del documento 1, 2 y 3 restan abonar cuotas y discrimina cada cuota en relación a su conformación de capital e intereses.
1.3. El 09/12/2024 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental contestó la vista que le fuera conferida. Dictaminó aconsejando modificar la sentencia recurrida, disponiendo que sobre el capital dado en préstamo -capital puro- monto por el cual ha de prosperar la ejecución, se adunen intereses compensatorios, a la tasa convenida por las partes, debidamente morigerada; a computarse desde la fecha de creación de cada título hasta la mora (arts. 771, 776 CCyC); debiendo efectuarse la correcta imputación del pago parcial denunciado. A partir de la mora se manden aplicar sobre el monto de lo adeudado - sin capitalización de los intereses compensatorios- los intereses punitorios pactados morigerados de conformidad a lo dispuesto en la sentencia en crisis hasta el efectivo pago.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Beneficio de gratuidad.
En la tarea propuesta comienzo por señalar que en la especie no se discute que se trata de una relación de crédito para el consumo y que por lo tanto resultan de aplicación las normas propias del Estatuto Consumeril (Ley 24.240).
Ahora bien y a mayor abundamiento respecto a lo manifestado por el apelante en cuanto a la afectación del principio de congruencia, resulta premisa recibida que el beneficio de gratuidad previsto por las normas protectoras de los consumidores, es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez o jueza de la instancia anterior, al margen de cualquier petición de parte para su otorgamiento (esta Cámara Sala II, causas 132029, RR 246-2022, sent. int. del 23/06/2022; 131531, RS 92-2022, sent. del 17/05/2022; 129206, RSD 84-2021, sent. del 15/04/2021; e/o).
Se ha sostenido sobre el particular que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 de dicho cuerpo legal, remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos y costas del proceso pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas y aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna- (conf. Kielmanovich, "Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita", publicado en La Ley el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Cámara Sala II, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
En lo que respecta al alcance del beneficio de gratuidad, cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que "las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio".
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: "Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica...".
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, "Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario", sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda "imposición económica", por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120958, Sent del 29/11/2016; esta Cámara Sala II causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit.; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014;"La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo", por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
En cuanto a quienes debe considerarse beneficiarios de la franquicia, las normas aplicables establecen que las actuaciones judiciales que se inicien (art. 53, Ley 24.240) como las actuaciones judiciales promovidas por consumidores (art. 25, Ley 13.133).
Una primera lectura parece considerar que tanto iniciar como promover implican una actitud activa de dar comienzo a acciones legales.
No obstante lo expuesto a tenor del método hermenéutico prevalente conforme jurisprudencia de nuestro Tribunal cimero, otra ha de ser la conclusión ya que en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262). En efecto, tiene dicho nuestra CSJ que, "al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales" (voto de los Dres.
Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en "Estado Nacional - Ministerio de Economía c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia", CSJN sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); así como que "en supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas" (CSJN, "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación", sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108).
Además, "es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas" (CSJN, "Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional", sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183).
En definitiva, -tal lo anticipado- "la interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial" (CSJN, "Díaz Cabral, Marcelo Gonzálo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público", sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; "Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público", sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419).
La tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
En ese contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las "actuaciones judiciales" que se inicien de conformidad a esa normativa constitucional (art. 53 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133), corresponde interpretar que dicha gratuidad en los términos ya mencionados debe alcanzar a las costas que irrogue la tramitación del proceso. Es que adoptar en la especie el criterio sostenido por el apelante, conspira contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de acceso a la Justicia.
Lo expuesto es, sin perjuicio que, si el ejecutante considera que la ejecutada posee niveles económicos para soportar los costos del proceso, deberá iniciar el incidente de solvencia a los efectos de hacer cesar la dispensa requerida (art. 53 LDC; "Visión Integral de la nueva ley del consumidor", por Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, L.L., Doctrina Judicial, Año XXIV, Nro. 17, Buenos Aires, 23 de abril de 2008, pág. 1108 y siguientes).
2.2. De los montos de la ejecución.
2.2.1. Ingresando en el análisis relativo al monto por el cual se mandó llevar adelante la ejecución, cabe señalar, en primer lugar que, la decisión de librar el mandamiento por una determinada suma como capital no puede llevar a sostener que ha mediado preclusión en orden al capital en ejecución, ni que se ha violado la normativa vigente. Sostener lo contrario implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas, y dar la espalda no sólo a la verdad jurídica objetiva sino a la jurisprudencia que desde hace varios años se viene aplicando (arts. 1, 2, 36 y 65, ley 24.240 -LDC-; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 771, 1092, 1093, 1094, 1095, CCCN; 34 inc. 5, 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Además, el hecho de readecuar el monto de la ejecución a lo que surge de los contratos de mutuo, desplazando el importe mayor que contienen los pagarés librados en garantía de dicha operación, no significa que la jueza se excediera en sus facultades, sino todo lo contrario, ya que al tener a la vista la causa (relación causal subyacente), corrió el velo que le impedía ver el negocio y efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de derecho del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (36 inc. 2 y 518 y ccts. C.P.C.C.), bajo las directivas de la Constitución Nacional y provincial (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.).
2.2.2. Interpretación coherente del ordenamiento. La SCBA ya ha sentado doctrina respecto de la armonización de la normativa consumeril y la que rigen la acción cambiaria, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 1/9/2010)- al decir que "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la L.D.C. y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.