Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 139050
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada del 14/10/2024 haciéndose lugar al embargo ejecutorio solicitado sobre los haberes que percibe la ejecutada, lo cual se instrumentará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones. Costas de Alzada en el orden causado, al tratarse de agravios generados de oficio que no merecieran oposición de la contraria (arts. 68, 69 CPCC).
EAS
ASOCIACION MUTUAL ASIGNACION DE RECURSOS C/ GARCIA CLAUDIA GABRIELA S/ COBRO EJECUTIVO
Causa: 139050
La Plata, 30 de Diciembre de 2024.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 6 el 14/10/2024 resolvió "En referencia al embargo pedido, toda vez que el Dec. ley 6754/43 ratificado por la ley 13894 consagra la inembargabilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados públicos nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autárquicas, corresponde no hacer lugar en esta instancia al embargo de sueldo solicitado".
1.2. Contra dicha forma de decidir la ejecutante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en fecha 16/10/2024. Desestimada la primera se le concedió la apelación subsidiaria.
Refiere que si bien el a quo con fecha 27 de Noviembre de 2023 ha advertido que los haberes de los empleados públicos son inembargables, ya que así lo dispone el artículo 11 del decreto ley 6754/43 y que es su criterio no otorgar la medida de manera preventiva, su parte encuentra como única forma para ejecutar la sentencia dictada en autos con fecha 05 de Julio de 2024 trabar la medida solicitada sobre los haberes del demandado; que funda el derecho que asiste su petición en el inciso b del artículo 11 del decreto citado en donde se establece que aquellas deudas que “tengan su origen en suministros de mercadería sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda…y los embargos que se ordenen según este precedente no excederán del diez por ciento (10%) del sueldo del empleo”; que el decreto aludido es del año 1943 y desde la época a la actualidad han cambiado las circunstancias sociopolíticas de la Nación y los usos y costumbres empleados al momento de iniciar una demanda de este tipo; que resaltando asimismo que existen en la actualidad normas que protegen a los deudores no existentes en la época en la que se dictó el decreto cuestionado; que el artículo 497 del CPCC establece: "...Resoluciones ejecutables. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un Tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo".
Cita jurisprudencia con la cual intenta abastecer su pretensión revisora.
1.3. El 19/12/2024 el Fiscal de Cámaras departamental contestó la vista que le fuera conferida aconsejando confirmar el resolutorio.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Que esta Sala en anteriores ocasiones ha sostenido la inembargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal tratándose de obligaciones emergentes de préstamos de dinero o compras de mercaderías (art. 1, dec.ley 6754/43) y que en los procesos ejecutivos cobra relevancia la limitación de indagar sobre la causa de la obligación que se ejecuta (art. 542 inc. 4 CPCC) salvo en orden a preservar ciertas disposiciones de orden público del estatuto del consumo (arts. 7, 36 y 65 de la ley 24.240), como también que entre las excepciones al principio general de inembargabilidad cuenta la existencia de una sentencia firme dictada en un proceso ordinario o plenario abreviado (art. 219 inc. 3 y 319, 320, 519, 551 CPCC) (esta Sala, causas 107896, RI 26/07; 110062, RI243/08, 110227, RI 265/08, 129315, RI 161/21, e.o.).
2.2. Que sin embargo y a través de la sentencia dictada el 24 de Agosto de 2021 en la causa 125.956, RSD 196-21, caratulada "Credil SRL C/ Mrakovich, Graciela Beatriz S/ Cobro Ejecutivo", hemos cambiado aquella a postura, considerando viable la medida que se requiere -aun cuando se trate de una sentencia de trance y remate en el contexto de una relación consumeril- sólo y únicamente en aquellos supuestos en los que haya existido: a) un proceso que permita al accionado entablar defensas vinculadas a la causa de la obligación, prohibidas en los juicios ejecutivos conforme el art. 542 inc. 4 del CPCC, en la medida que las mismas hayan sido ampliadas en virtud de la aplicación del art. 36 LDC que requiere indagar sobre la causa de la obligación; b) que haya culminado con el dictado de una sentencia firme, respaldatoria del crédito reclamado; y c) que éste último haya sido originado por el suministro de mercaderías, lo que excluye así los préstamos o mutuos financieros.
Como el segundo párrafo del art. 551 del ordenamiento ritual dispone que “Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario”, a lo cual se agrega lo dispuesto en el tercer párrafo: “No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, …”, la apertura del análisis causal que impone la aplicación de la normativa consumeril, en especial el art. 36 de la ley 24.240, hace que lo resuelto en autos no sea revisable en un ordinario posterior y permite equiparar la sentencia dictada en el ejecutivo a una pronunciada -en la materia que se pudo debatir- en un proceso de conocimiento y a partir de allí analizar la posibilidad del embargo requerido.
De las constancias agregadas en autos (ver pagaré adjunto en la demanda de fecha 18/10/2023 y contrato de mutuo agregado en la presentación del 31/10/2023), surge que la parte ejecutada suscribió con el ahora apelante un contrato de préstamo personal para la "refacción de vivienda" y que la sentencia firme de trance y remate se dictó en el contexto de una relación de consumo, desde que se registra intervención del Ministerio Público Fiscal (esta Sala, causa 136427, RS 29-2024, e.o.).
Consecuentemente, se admite la posibilidad de aplicar la nueva línea fijada por esta Sala y corresponde tener por cumplido el recaudo previsto en el art. 11 dec.ley 6754/43 debiéndose hacer lugar a la medida peticionada -embargo ejecutorio- sobre los haberes que percibe García Claudia Gabriela como dependiente de Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, lo cual se instrumentará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones.
POR ELLO, fundamentos expuestos y oído que fuera el Fiscal de Cámaras departamental, se revoca la resolución apelada del 14/10/2024 haciéndose lugar al embargo ejecutorio solicitado sobre los haberes que percibe la ejecutada, lo cual se instrumentará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones. Costas de Alzada en el orden causado, al tratarse de agravios generados de oficio que no merecieran oposición de la contraria (arts. 68, 69 CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia