Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135000
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 23 días del mes de Diciembre de 2024 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/ OCAÑA MONICA ELISABET S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 135000), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 18/10/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 11, el 18/10/2024 mandó "llevar adelante la ejecución promovida por CREDIL SRL contra MONICA ELISABET OCAÑA hasta tanto la parte deudora haga a la parte ejecutante íntegro pago del capital reclamado de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), con más los intereses, los que se liquidarán siguiendo las pautas establecidas en el considerando II, y hasta el efectivo pago". Impuso el pago de las costas al accionado vencido.
En el considerando II señaló "considero que los intereses compensatorios que surgen del pagaré y el mutuo acompañados digitalmente con la presentación de fecha 7/09/2022 y 19/09/2022 respectivamente, habrán de liquidarse desde la fecha del mutuo (10/05/2021) hasta el día 4/05/2022, por cuanto a partir de la fecha de mora se convierten en moratorios.
Ahora bien, en cuanto a los intereses moratorios, por revestir la misma naturaleza jurídica que los punitorios, ambos deben ser considerados como un único interés en concepto de punitorios, por lo que habrá de estarse únicamente a los intereses punitorios pactados en el pagaré ejecutado (art. 768 y 769 Cód. Civ. y Com.; SCBA Ac.40.200 del 13/06/89 y Ac. 67.529 del 14/03/01; Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones", 2° ed., T. 1, p. 806 y sigs.), el que deberá liquidarse a partir de la fecha de la mora, esto es, el día 5/05/2022 a la tasa pactada en el documento base de ésta ejecución -pagaré- (art. 52 inc. 2 dec-ley 5965/63, rat. por ley 16.478) y hasta el efectivo pago.
Tanto los intereses compensatorios, como punitorios, se aplicarán en la medida que su cálculo final no supere al conjunto de los intereses cobrados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la tasa de moratorios y punitorios para sus operaciones activas en mora (art. 768 inc. a y 771 Cód. Civ. y Com.)".
1.2. Contra dicha forma de decidir el ejecutante interpuso recurso de apelación el 23/10/2024, el cual fuera concedido y llega fundado a esta Alzada con la memoria presentada en fecha 31/10/2024.
Señala que el art. 529 C.P.C. sólo impone al Juez examinar cuidadosamente si el instrumento con que se deduce la ejecución se encuentra comprendido dentro de lo que las disposiciones legales enuncian como tal, sin entrar a considerar su contenido; que operó la preclusión.
Destaca que su mandante, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 de la LDC informa a los consumidores de todo lo exigido en el citado artículo mediante la información complementaria que se agregó en autos; que no resulta ajustada a derecho la sentencia en tanto que más allá de la readecuación que efectúa del monto de la demandada al dinero solicitado por el demandado, omite en el fallo en crisis consignar los INTERESES COMPENSATORIOS, es decir los que van desde la fecha de celebración de la operación crediticia y hasta la fecha de mora, así como también los INTERESES MORATORIOS solicitados en la demanda a partir del que la demandada incurriera en mora y hasta el efectivo pago; que el capital, intereses compensatorios y gastos de cuotas impagas conforman el monto de la condena -saldo insoluto-, que luego devengará los intereses punitorios dispuestos en la sentencia de primera instancia, los cuales corren desde la mora y hasta el efectivo pago; que la mentada capitalización, amén de haber sido convenida por las partes -conforme surge de la documentación acompañada, encuentra sustento normativo en el art. 623 del Código Civil con las modificaciones del art.11 de la Ley 23928 y reafirmado ello por el art.5º de la ley 25.561, principio que encuentra recepción en el actual art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).
1.3. El 10/12/2024 el Fiscal de Cámaras departamental contestó la vista que le fuera conferida aconsejando confirmar el resolutorio puesto en crisis.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Capital. Preclusión. Ingresando en el análisis de los agravios y en lo relativo al monto por el cual se mandó llevar adelante la ejecución, cabe señalar, en primer lugar que, la decisión de librar el mandamiento por una determinada suma como capital no puede llevar a sostener que ha mediado preclusión sobre el capital ejecutado, ni que se ha violado la normativa vigente. Sostener lo contrario implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas, y dar la espalda no sólo a la verdad jurídica objetiva sino a la jurisprudencia que desde hace varios años se viene aplicando (arts. 1, 2, 36 y 65, ley 24.240 -LDC-; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 771, 1092, 1093, 1094, 1095, CCCN; 34 inc. 5, 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Además, el hecho de readecuar el monto de la ejecución a lo que surge del contrato de mutuo, desplazando el importe mayor que contiene el pagaré librado en garantía de dicha operación, no significa que la jueza se excediera en sus facultades, sino todo lo contrario, ya que al tener a la vista la causa (relación causal subyacente), corrió el velo que le impedía ver el negocio y efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de derecho del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (36 inc. 2 y 518 y ccts. C.P.C.C.), bajo las directivas de la Constitución Nacional y provincial (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.).
2.2. Interpretación coherente del ordenamiento. La SCBA ya ha sentado doctrina respecto de la armonización de la normativa consumeril y la que rigen la acción cambiaria, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 1/9/2010)- al decir que "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la L.D.C. y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución.”
“Sobre el particular se ha decidido que la Cámara de Apelación valoró que merced a la integración de ambos documentos se cumplía con el art. 36 de la LDC. Por tal motivo, desglosó del reclamo el monto del capital que surgía de dicho contrato y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia. Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el "a quo" y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados" (SCBA, causa C. 121.684, S, 14/8/2019, "Asociación Mutual Asís c/Cubilla, María Ester s/Cobro Ejecutivo").
En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales (CSN, 11/6/19, "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario").
Si, como en el caso de autos, se trata del cobro de un pagaré librado con motivo una relación de consumo, cuya normativa es tuitiva del consumidor (conf. SCBA, causa C. 117.245, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/Ejecutivo", que sigue la línea establecida en la causa 109.305, del 1/9/2010, "Cuevas" y demás precedentes citados), se impone interpretar coherentemente la legislación que regula el proceso ejecutivo (arts. 518 y siguientes del C.P.C.C.; dec. ley 5965/63; 1815 y siguientes del C.C.C.N.) con la que tutela al consumidor (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 1, 2, 1092, 1093, 1094, 1095 y 1710, C.C.C.N.; 4, 36 y 65, ley 24.240).
Entiendo entonces que el Juzgador puede -en puridad debe-, en ejercicio del derecho-deber que le cabe de examinar los títulos, ingresar de oficio en la composición de la obligación hasta el dictado de la sentencia -y aún después, con relación a los accesorios (arts. 771 y 794, C.C.C.N.)- y encarrilar el importe ejecutado cuando se aprecian diferencias entre el monto del pagaré base de la acción y la documental acompañada que hace a la relación causal subyacente (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 281, 282, 283, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 36 inc. 2, 384, 529 y 549 del C.P.C.C. y arts. 3, 36, 53 y 65 de la ley 24240; esta Sala, causa 123197, RSD 63/2018).
De tal análisis surge que el pagaré (ver adjunto a la demanda del 07/09/2022) en ejecución contiene una suma de dinero comprensiva de capital, intereses y otros accesorios, mientras que del contrato de mutuo adjunto a la presentación del 19/09/2022 se aprecia discriminado el monto solicitado, el financiado, la tasa de interés efectiva anual y otros accesorios, situación en la cual no aparece ajustado a derecho consagrar una ficción admitiendo como capital un importe que no reúne tal carácter.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar esta parcela del decisorio en cuestión en la medida que la jueza de la anterior instancia mandó llevar adelante la ejecución por el monto efectivamente prestado (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 771 y 794, segundo párrafo, C.C.C.N.) que no incluye los gastos e intereses, sin perjuicio de lo que se desarrollará en los puntos siguientes.
2.3. Intereses.
En cuanto al agravio referido a la omisión de los intereses compensatorios, cabe señalar que los mismos son un accesorio que se paga por el uso del capital ajeno y resultan independientes de la mora del deudor. Requieren pacto expreso y corren, en general, desde que el deudor recibe el capital -en el caso del pagaré desde la fecha de creación- y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución, salvo cláusula en contrario (arts. 767, C.C.C.N.; 5, Dec. ley 5965/63).
Si producto del ingreso al análisis causal se toma el capital emergente de la relación fundamental -que contiene pacto de intereses compensatorios, y el mismo es inferior al que emerge del texto del pagaré, es evidente que las partes incorporaron el interés compensatorio al capital, lo cual se corresponde con lo normado por el art. 5 precitado y permite presumir -en el juicio ejecutivo- la existencia de un pacto en tal sentido.
En virtud de lo expuesto, destaco que la jueza ordenó incluirlos en la sentencia, sosteniendo de manera expresa que "considero que los intereses compensatorios que surgen del pagaré y el mutuo acompañados digitalmente con la presentación de fecha 7/09/2022 y 19/09/2022 respectivamente, habrán de liquidarse desde la fecha del mutuo (10/05/2021) hasta el día 4/05/2022, por cuanto a partir de la fecha de mora se convierten en moratorios".
Así entonces, siendo que tal manera de resolver no sólo da respuesta integral a la temática, sino que además es congruente con lo previsto en los arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial para estos accesorios, forzoso es concluir que los agravios sobre esta parcela del decisorio no habrán de merecer favorable acogida.
Por su parte, es necesario destacar que el resolutorio adolece de un error en la mención de la fecha tope, correspondiendo revocar parcialmente esta parte de la sentencia aclarando que los intereses compensatorios pactados corren desde la fecha de creación del título hasta la fecha de mora 05/05/2022 (conforme surge de la documentación), oportunidad en que seguirán devengándose como moratorios (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.; 52 inc. 2, Dec. ley 5965/63).
Respecto de los intereses moratorios sabido es que son la sanción resarcitoria que debe pagar el deudor por el retardo en el cumplimiento de su obligación de dar una suma de dinero (arts. 768 y 1748, C.C.C.N.; 622, Cód. Civ.).
A partir de la mora el deudor debe intereses, los que corresponden -a diferencia de los compensatorios- aún en ausencia de pacto. Si no hay tasa de interés compensatorio pactada -supuesto en el que los compensatorios seguirán devengándose como moratorios-, la tasa se determinará por lo que dispongan las leyes especiales. Y en ausencia de ello, por las tasas que fijen
los jueces conforme la reglamentación del B.C.R.A. (arts. 52 y 53, Dec. ley 5965/63; 768, C.C.C.N.). Ante la falta de reglamentación al respecto, se suele acudir a las que aplican los bancos oficiales (Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, etc.), lo cual nos coloca, de todos modos, dentro de la reglamentación del B.C.R.A.
Los intereses moratorios constituyen la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A.- Compagnucci de Caso, Rubén H., “Código Civil comentado”, Obligaciones, T. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 493).
El interés moratorio no constituye un modo de actualización del capital, sino que busca resarcir el daño que al actor ocasiona el incumplimiento del deudor y posee como causa la privación al dueño del capital que el deudor no tiene derecho a retener (conf. Llambías, Jorge J.; “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, t. II-A, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, pág. 205).
Finalmente, en cuanto a los intereses punitorios, cláusula no prevista por la ley cambiaria argentina, se trata de una cláusula válida ya que no desnaturaliza el régimen cambiario y concuerda con los distintos tipos de interés que consagra el C.C.C.N. en los arts. 767 (compensatorios), 768 (moratorios) y 769 (punitorios) -lo cual ya había tenido recepción legislativa a través de los arts. 16 y 18 de la ley de tarjeta de crédito 25.065-, y hace que pierda legalidad la postura que transita el sentenciante de origen en orden a considerar que los intereses moratorios han sido excluidos por los punitorios al igual que la doctrina legal elaborada con tal piso de marcha.
En materia contractual y cambiaria tienen fuente convencional y una doble función: a) compeler al deudor a cumplir; y b) resarcir el daño generado por el incumplimiento (arts. 769 y 790, C.C.C.N.; 652, Código Civil). A diferencia de los moratorios, no pueden ser fijados de oficio por el juez.
Del art. 1747 del C.C.C.N. se desprende como primera regla la acumulación o sumatoria de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, en los términos de los arts. 766 a 769. La segunda regla es que dicha acumulación puede ser morigerada por el juez cuando el resultado cuantitativo deviene abusivo y desproporcionado (arts. 771, 1714, 1715, 794, 804, 794 y concs.), directivas que se inferían de los arts. 21, 953, 1071 bis y concordantes del Código Civil derogado (conf. Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil”, t. II, Rubinzal-Culzoni, 2021, pág. 690).
A partir de la clasificación efectuada en el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 767, 769 y 769), ya no corresponde interpretar -tal como se hizo bajo la vigencia del Código Civil- que los intereses punitorios deben entenderse comprensivos de los moratorios (ver voto en minoría del Dr. Pettigiani en la causa C. 119.835, del 29/8/2018, “De Almeida”), ni que la convención de intereses punitorios excluye a los moratorios (SCBA, DJBA 137-5321); ni identificar a los moratorios y punitorios en una misma clase, como pena de la morosidad o tardanza -que no permite su sumatoria- (SCBA en las causas Ac. 83.173, 29/9/2004, “Cooperativa Eléctrica”; C. 96.698, 6/4/2011, “Eleprint”); ni considerar que a los intereses moratorios pactados se los denomina punitorios (voto en minoría del Dr. de Lázzari, en la causa Ac. 676.529, 14/3/2001, “Hueter”).
En consecuencia, los intereses moratorios y punitorios no se excluyen, ni se pueden confundir con los punitorios como se hace en la sentencia de origen, sino que deben ser objeto de análisis conjunto en razón de la estimación que las partes hicieron cuando se los estableció, sin perjuicio de la posibilidad de su morigeración por el juez, en cuyo caso deberá conciliar, armónicamente, la regla de la inmutabilidad de una pena pactada por las partes con las exigencias que fluye de los principios ético-jurídicos que se subsumen en las premisas de orden público, buenas costumbres y buena fe (esta Sala, causas B. 47.820, RSI. 53/80; B. 49.441, RSD. 8/81; B. 66.066, RSI. 511/88; 118.334, RSD. 35/2015), lo cual impone acudir al costo medio del dinero (art. 771, CCCN).
Entonces, a partir de la fecha de la mora, y hasta el momento de la cancelación de la acreencia, cesa el curso de los intereses compensatorios y comienzan a devengarse los moratorios y punitorios, motivo por el cual si existe pacto de intereses que regirán en caso de mora (véase que los intereses moratorios fueron solicitados en la demanda en el punto IV) estos deben aplicarse, salvo, claro está, que resulten abusivos o exorbitantes, para lo cual deberá limitárselos.
2.4. En relación a la morigeración de los intereses, sabido es que los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los accesorios, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conf. arts. 1, 2, 7, 9, 10, 726, 727, 729, 735, 770, 771, 794, 988, 989, 1117, 1118, 1119, 1122 y cctes. del C.C.C.N.), prerrogativa ésta que puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta (arg. art. 771, CCyC). En efecto, el artículo 771 del Código Civil y Comercial prescribe que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
Un nuevo análisis en la materia, nos lleva a considerar como parámetro la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para restantes operaciones en pesos, incrementada en un 50% en reemplazo al anteriormente utilizado por esta Sala (Tasa “activa” Banco Provincia para operaciones de descuento a 30 días en pesos). Para así decidir se consideró que este criterio es el que concuerda
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.