Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143480
En la ciudad de La Plata, al día 1 del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: “CREDIL SRL C/ LOPEZ MARIA FERNANDA S/ COBRO EJECUTIVO” (causa: 143480), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de trance y remate del 17/04/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
Mediante la sentencia de trance y remate dictada el día 17 de Abril de 2026, el Sr. Juez de la instancia previa mandó llevar adelante la ejecución promovida, hasta tanto la ejecutada María Fernanda López hiciera a la ejecutante “Credil S.R.L.” íntegro pago del capital de $735.260 -monto que surge de las sumas otorgadas en préstamo de $400.000, $300.000 y $150.000, menos los pagos parciales denunciados en el escrito de inicio de $114.740 respecto del primer contrato de mutuo-, con más los intereses compensatorios pactados, computados desde el libramiento de los pagarés (12/12/2023, 01/02/2024 y 07/02/2024) y hasta las fechas de mora fijadas (07/10/2024, 04/12/2024 y 08/11/2024), respectivamente, y de allí en adelante los punitorios convenidos hasta el efectivo pago; en la medida que su sumatoria no superara el equivalente a una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento a 30 días vigente para los distintos períodos (tasa activa).
Asimismo, rechazó el pedido de reajuste por desvalorización monetaria; admitió la aplicación de accesorios sobre los gastos causídicos a la tasa que paga el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a 30 días, desde la fecha en que se hicieron efectivos, y hasta el momento del pago.
Por último, impuso las costas del juicio a la accionada, aunque aclaró que ésta gozaba del beneficio de gratuidad; y difirió la regulación de honorarios.
Contra dicha manera de resolver, se alzó la letrada Wanda Lorena Curten (como apoderada de la actora “Credil S.R.L.”) a través del recurso de apelación interpuesto el 21/04/2026 y fundado el 27/04/2026; cuyo traslado del memorial conferido el 28/04/2026, no fuera replicado por la aludida demandada María Fernanda López.
Con fecha 11/08/2026 el Fiscal de Cámaras dictaminó que correspondía morigerar los intereses acordados en los contratos de mutuo por resultar excesivos, a la par de que la capitalización no había sido informada a la deudora en los títulos de crédito ni solicitada en la demanda ejecutiva, a más de ser abusiva en las relaciones de consumo.
2.1. En primer lugar, la apelante refirió que el art. 529 del Código Procesal sólo imponía al Juez examinar cuidadosamente si el instrumento con que se había deducido la ejecución se encontraba comprendido dentro de lo que las disposiciones legales enunciaban como tal; por lo que no se hallaba facultado para considerar su contenido, ya que ello se encontraba supeditado a las defensas que pudiera oponer el demandado.
También afirmó que en la presente causa había operado la preclusión, que era extensible a la propia actividad judicial.
Luego, adujo que el título complejo (integrado por el pagaré y la documentación complementaria) cumplía los requisitos previstos en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor; y por ende resultaba hábil para procurar su cobro por la vía ejecutiva articulada.
2.2. Por otra parte, cuestionó que en el decisorio impugnado se hubieran descontado directamente los pagos parciales denunciados del monto total del capital prestado.
2.3. También se agravió respecto de la desestimatoria de los intereses moratorios requeridos en la demanda.
A tal fin, señaló que dichos accesorios se devengaban objetivamente por la sola demora en el pago del capital adeudado.
A su vez, recalcó que los réditos moratorios y los punitorios no se excluían.
2.4. Finalmente, sostuvo que el monto de condena debía integrarse por el capital puro, los intereses compensatorios y los gastos de las cuotas impagas (saldo insoluto), sobre el cual correspondía que se devengaran los intereses punitorios desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago.
Argumentó que la capitalización había sido acordada por las partes, de acuerdo con lo previsto por el art. 770 del Código Civil y Comercial.
3. Tratamiento de los agravios.
3.1. Relación de consumo. Facultad-deber de examinar de oficio la causa de la obligación
Inicialmente, cabe destacar que en la especie no se encuentra controvertida la existencia de una relación de consumo entre las partes, y por ende la estricta aplicación de la ley 24.240 (arts. 3, 36, 37 y 65) y las normas pertinentes del Código Civil y Comercial (arts. 1.092, 1.093, 1.094, 1.095 y cctes.).
En efecto, dicho vínculo jurídico fue reconocido por la ejecutante en su presentación del 04/04/2025, en que acompañó la documentación complementaria que había sido requerida en el proveído del 12/03/2025.
Por otro lado, la conclusión en ese mismo sendero a que arribó el Juez de grado, no fue cuestionada en el escrito recursivo (art. 34 inc. 4 CPCC).
Aclarado ello, se impone analizar el agravio referido a la endilgada extralimitación del aludido Magistrado, por haber ingresado de oficio en la causa de la composición de la obligación.
A ese respecto, es dable señalar que la decisión de librar el mandamiento por una determinada suma como capital (12/03/2025) no puede llevar a sostener que ha mediado preclusión en orden al capital en ejecución, ni que se ha violado la normativa vigente.
La postura opuesta implicaría desconocer el sistema del proceso ejecutivo y sus etapas, y dar la espalda no sólo a la verdad jurídica objetiva sino a la jurisprudencia que desde hace varios años se viene aplicando (arts. 1, 2, 36 y 65, ley 24.240; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 771, 1.092, 1.093, 1.094, 1.095 y cctes. Cód. Civ. Com; 34 inc. 5, 163, 164, 260, 266 y 384 CPCC).
Por otra parte, la readecuación del monto total de capital de la ejecución al que surge de los contratos de mutuo, desplazando así el importe total mayor que contienen los pagarés librados en garantía de dichas operaciones, no significa que el Sentenciante se excediera en sus facultades.
Al contrario, al haber tenido a la vista la causa (relación causal subyacente), corrió el velo que le impedía ver tal negocio, y efectuó una adecuada interpretación armónica de las normas de protección del consumidor (ley 24.240) y del proceso ejecutivo (36 inc. 2, 518 y cctes. CPCC), bajo las directivas de la Constitución Nacional y Provincial (arts. 18 y 42 Const. Nac; 15 y 38 Const. Pcia. Bs. As.).
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya sentó doctrina en cuanto a la armonización de la normativa consumeril y la que rige la acción cambiaria, en la causa C.121.684, “Asociación Mutual Asís”, -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso “Cuevas” (C. 109.305, resol. del 01/9/2010)-, al decir que “la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la L.D.C. y las disposiciones reguladoras del pagaré -que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101 dec.ley 5.965/63)-, así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C.91.162 y C.117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario”.
Asimismo, argumentó que “...se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36; derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior…”.
Por ende, concluyó que: “...La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego…el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva, le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución…”.
En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que debe darse preeminencia a las normas de protección del consumidor por sobre las leyes especiales (conf. CSJN, 11/06/2019, “Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario”).
Entonces, tratándose el presente del cobro de tres pagarés librados con motivo una relación de consumo, cuya normativa es tuitiva del consumidor (conf. SCBA, causa C. 117.245, “Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/Ejecutivo”, que sigue la línea establecida en la causa 109.305, del 01/09/2010, “Cuevas”; y demás precedentes citados); se impone interpretar coherentemente la legislación que regula el proceso ejecutivo (arts. 518 y sstes. CPCC; dec. ley 5965/63; 1.815 y sstes. Cód. Civ. Com.) con la que protege al consumidor (arts. 18 y 42 Const. Nac; 15 y 38 Const. Pcia. Bs. As; 1, 2, 1.092, 1.093, 1.094, 1.095 y 1.710 Cód. Civ. Com; 4, 36 y 65 ley 24.240).
Por consiguiente, el Juzgador puede -en puridad, debe-, en ejercicio del derecho-deber que le cabe de examinar el título, ingresar de oficio en la composición de la obligación hasta el dictado de la sentencia -y aún después, con relación a los accesorios (arts. 771 y 794 Cód. Civ. Com.)-, y encarrilar el importe ejecutado, cuando se aprecian diferencias entre el monto del pagaré base de la acción y la documental acompañada que hace a la relación causal subyacente (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 281, 282, 283, 771 y 794 Cód. Civ. Com; 34 inc. 5, 36 inc. 2, 384, 529 y 549 CPCC; 3, 36, 53 y 65 ley 24240; conf. esta Sala, causas 123197, RSD 63/2018 y 139702 RS 104/2025 S 08/04/2025).
De tal análisis surge que los tres pagarés en ejecución contienen una suma de dinero comprensiva de capital, intereses y otros accesorios; mientras que de los negocios causales adjuntos con fecha 04/04/2025, se aprecia discriminado el monto solicitado con relación a cada uno de ellos, el financiado, la tasa de interés efectiva anual y otros réditos; situación en la cual no aparece acorde a derecho consagrar una ficción admitiendo como capital un importe que no reúne dicho carácter, tal como hizo el Juez (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 771 y 794 Cód. Civ. Com.).
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar esta parcela del decisorio en cuestión, en la medida que el Magistrado de la anterior instancia mandó llevar adelante la ejecución por el monto de capital efectivamente prestado (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 771 y 794, segundo párrafo, Cód. Civ. Com.).
3.2. Intereses moratorios y punitorios. Acumulación del compensatorio devenido moratorio.
En segundo término, cuadra resaltar que los intereses moratorios son los debidos como consecuencia del incumplimiento oportuno de una obligación dineraria. Su tasa puede resultar de lo convenido por las partes, de las leyes especiales o de la que se determine conforme al art. 768 del aludido Digesto Civil y Comercial.
De su lado, los punitorios también tienen como causa a la mora, pero incorporan una finalidad sancionatoria dirigida a compeler al deudor al cumplimiento. En esa línea, el art. 769 dispone que los accesorios punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, la cual es definida en el art. 790 como aquélla por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar una obligación. O sea que dichos réditos punitorios constituyen una cláusula penal por la expresa remisión del precepto citado.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial distingue con nitidez tres clases de intereses: a) los compensatorios, que retribuyen el uso del capital ajeno (art. 767); b) los moratorios, que reparan el daño derivado del retardo (art. 768); y c) los punitorios, de fuente convencional y naturaleza sancionatoria y conminatoria (art. 769). Los primeros cumplen una función remuneratoria. Los segundos, una resarcitoria. Los terceros, una punitiva.
El art. 793 consagra el carácter supletorio de la cláusula penal, en cuanto la pena o multa impuesta sustituye la indemnización de los daños provenientes de la mora y priva al acreedor del derecho a una reparación adicional, aunque pruebe que aquélla no es suficiente.
De tal regla se sigue que, habiéndose convenido únicamente el punitorio, no cabe adicionarle un interés moratorio autónomo que no hubiera sido pactado como tal.
Empero, dicha supletoriedad no obsta a la coexistencia del punitorio con el compensatorio expresamente convenido que, tras la mora, prosigue devengándose como moratorio.
Sobre esa base, en este caso particular. se impone precisar que el interés compensatorio pactado no se extingue con la mora. Cesado el goce autorizado del capital, continúa devengándose -ahora en función moratoria (art. 768)- como reparación de la privación que padece el acreedor mientras el deudor retiene indebidamente lo adeudado. Se trata de un rédito expresamente convenido, y no de una indemnización cuya procedencia o cuantía deba fijar el Juzgador.
Es que la subsistencia del compensatorio no depende de la supletoriedad del art. 793, sino de haber sido pactado por las partes. No media, pues, un doble resarcimiento del mismo perjuicio, sino la aplicación de dos réditos convenidos que responden a causas distintas (arts. 767, 768, 769, 790 y 793 Cód. Civ. Com.).
Ciertamente, en los contratos de préstamos adjuntos se estipuló que: “...6.1.En caso de mora caducarán los plazos establecidos en la presente solicitud, haciéndose exigible de inmediato el total del PRÉSTAMO por capital e intereses compensatorios devengados, intereses punitorios y gastos como si fuera de plazo vencido… 6.2. La mora en el pago de las cuotas como así también de cualquier obligación adicional convenida, se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos acordados, sin necesidad de aviso previo alguno, judicial o extrajudicial. Producida la mora, la deuda se tendrá como de plazo vencido y CREDIL podrá exigir el pago íntegro de todo lo adeudado, ya sea en concepto de capital, intereses compensatorios devengados, intereses punitorios y gastos ocasionados. 6.3. Producida la mora, y por todo el tiempo que dure la misma, el/la USUARIO/A deberá abonar además del interés compensatorio, un interés punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los intereses compensatorios pactados, mientras dure la mora y hasta la cancelación de lo adeudado...".
En ese contexto, se valora que tanto en los tres pagarés como en sus correlativos contratos de mutuo se estableció expresamente un interés compensatorio y una cláusula penal como sanción por el retardo, mas no una tasa de interés moratorio autónoma y diferenciada del interés punitorio: en las cambiales, para el incumplimiento de la suma total; y en los préstamos, para el incumplimiento de las cuotas acordadas (art. 384 CPCC).
Así pues, siendo que en la presente causa se ejecutan los tres títulos de crédito, corresponde la aplicación de los intereses punitorios allí convenidos, y no la cláusula penal contenida en los contratos de mutuo, dada la improcedencia de la acumulación de ambas penalidades entre sí.
Postular lo contrario implicaría desconocer el principio de inmutabilidad de la cláusula penal, el cual sólo ha de ceder en el supuesto de que comporte una pena excesiva para el obligado (arts. 1, 2, 769, 790 y sstes. Cód. Civ. Com.).
En consecuencia, quedan desplazados los moratorios, indemnizaciones o recargos que no hubieran sido previstos de manera clara como acumulables con el punitorio; no así el interés compensatorio expresamente convenido, que -devenido moratorio a partir del incumplimiento- se acumula con aquél.
De tal modo, asiste parcialmente razón a la apelante en el agravio relativo a los intereses moratorios, ya que si bien no corresponde reconocer un interés moratorio autónomo no pactado, el compensatorio convenido se devenga como moratorio desde la mora y coexiste con el punitorio (arts. 767, 768, 769, 790, 793 y cctes. Cód. Civ. Com.; 384 CPCC).
A mayor abundamiento, el compensatorio como fruto civil del capital (art. 233 Cód. Civ. Com.), se debe seguir devengando hasta el efectivo pago, porque el acreedor sigue privado de un capital que le rendía; el punitorio se adiciona por la mora ya que no absorbe al compensatorio (causa distinta), sin perjuicio de la morigeración que corresponda en virtud de los arts. 770, 771 y 794 del Código Civil y Comercial. Es más, la ley cambiaria dispone que luego de la mora, el compensatorio pactado seguirá devengándose como moratorio (arts. 5, 52 y 53, Dec. ley 5965/63).
Por ello, en cuanto la sentencia de grado ciñó el devengamiento de los intereses compensatorios hasta la mora, sin admitir su continuación en función moratoria ni su acumulación con los punitorios, corresponde modificarla en este aspecto, con los alcances que se precisan en el Considerando 3.4 (arts. 767, 768, 769, 790, 793 y cctes. Cód. Civ. Com.; 163, 164, 260, 266, 270, 384 CPCC).
3.3. Cómputo de los pagos parciales denunciados. Falta de convenio sobre la capitalización de los intereses. Determinación del capital de condena. Cálculo de los accesorios punitorios.
En tercer lugar, asiste razón a la recurrente en cuanto a la improcedencia de la deducción directa de los abonos parciales denunciados sobre el capital (arts. 900, 901, 902, 903 y cctes. Cód. Civ. Com.).
En ese sendero, tales pagos parciales -que ascienden al total de $114.740- habrán de descontarse teniendo en cuenta el momento en que fueron realizados, imputando aquéllos primero a intereses y el saldo a capital respecto de cada cuota (arts. 902 y 903 Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 261, 384 y 594 CPCC).
Por consiguiente, se dispone que, en la instancia de origen, la ejecutante deberá practicar una liquidación conforme a los pagos parciales realizados y el criterio antes indicado, dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la devolución de las actuaciones, en aras de determinarse el importe de capital que el cual la ejecución se ha de llevar adelante (arts. 900, 901, 902, 903 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270, 384 y 549 CPCC).
Con relación al modo de computar los intereses punitorios, se recuerda que el art. 770 del Código Civil y Comercial establece, como regla, que no se deben intereses de los intereses, y sólo admite la acumu
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