Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77459
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.77.459 “EDESUR S.A. C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ COBRO EJECUTIVO - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR) promueve demanda por cobro ejecutivo contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) por la suma de pesos sesenta y ocho mil quinientos veinte con 03/00 -$68.520,03-, con más intereses y costas.
Al respecto, alega que en su carácter de concesionaria del servicio público de electricidad local suministró energía eléctrica en el inmueble sito en Avenida San Martín N°4001, Departamento “B”, de la localidad de Rafael Calzada en el Partido de Almirante Brown, donde opera el organismo demandado. Sin embargo, explica que el mencionado Instituto -pese a las gestiones extrajudiciales efectuadas- no abonó las correspondientes facturas por el servicio prestado, acompañando el respectivo certificado de deuda en respaldo de sus dichos.
Finalmente, manifiesta que luego individualizará un bien sobre el cual trabar cautelarmente embargo, a fin de garantizar la percepción del crédito reclamado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo magistrado subrogante se inhibió de intervenir en el asunto tras considerar que el caso subsumía en los términos del art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, toda vez que se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (v. resol. de 28-IX-2021).
De esta manera, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada en el entendimiento de que en autos se pretendía “el cobro ejecutivo de una deuda por prestación de servicio de electricidad, que debe tramitar por ante la justicia ordinaria en lo civil y comercial, ya que no existe función administrativa que habilite la intervención de este fuero, máxime que el cobro ejecutivo es un instituto regulado por el art. 521 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial Provincial” ( v. resol. de 18-X-2021).
En virtud de ello, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es dable recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Ahora bien, deviene necesario señalar que el art. 84 de la ley 24.065 -precepto en virtud del cual se emitieron los certificados de deuda que se pretenden ejecutar-, establece en su parte pertinente que “para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa en bloque y/o de tarifas de suministros de usuarios finales, se aplicará el procedimiento ejecutivo, siendo título hábil la constancia de deuda que determine la reglamentación”.
En consonancia con ello, el decreto 1398/92 que lo reglamenta, precisa: “determínase como título hábil, a los efectos de la aplicación del procedimiento ejecutivo previsto en el Segundo Párrafo del Artículo 84 de la Ley N.24.065, a la constancia de deuda que sea emitida por los Generadores, Transportistas y/o Distribuidores, que reúna los requisitos, que, a tales efectos, determine la Secretaría de Energía Eléctrica”.
V. Así las cosas, cabe concluir que si bien en la especie quien promueve la demanda sería uno de los sujetos a los que alude el art. 166 in fine de la Constitución provincial (conf. art. 2 inc. 7, CCA), al mismo tiempo que la actividad que da origen a la obligación se vincula a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, lo cierto es que la controversia -dado los términos en los que ha sido propuesta y su específico alcance ceñido al cobro ejecutivo de un título en apariencia hábil- se halla regida primariamente por normas y principios de derecho privado y, por ende, se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (conf. doctr. causas B. 68.132, "Pourtalet", resol. de 2-III-2005; B. 73.105, "Municipalidad de San Nicolás", resol. de 2-VII-2014 y B. 74.242, “Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Construcciones Ensenada SRL”, resol. de 21-IX-2016).
Tal solución se impone, asimismo, al observar que de la propia naturaleza del crédito cuya percepción procura la firma actora se desprende que no se trata de un tributo provincial, único supuesto contemplado en el art. 2 inc. 8 de la ley 12.008 -texto según ley 13.131- que habilitaría la vía ejecutiva directa ante el fuero especializado (conf. doctr. causa B. 70.081, "Provincia ART SA", resol. de 22-IV-2009).
VI. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 09:49:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:48:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:21:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:31:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 14:00:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/12/2021 14:06:31 hs. bajo el número RR-985-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia