Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que el caso no corresponde al fuero contencioso administrativo y, en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de Mar del Plata a los efectos que pudieren corresponder (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.79.013 "MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG C/ LA POBRE S.A. S/ COBRO EJECUTIVO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La Municipalidad de Armstrong, perteneciente al Departamento de Belgrano, Provincia de Santa Fe, promovió demanda por cobro ejecutivo contra la firma La Pobre SA por la suma de $28.417,13 con más sus intereses y costas.
Al respecto, manifiesta que el monto reclamado en concepto de multa, cuyo origen responde a una infracción de tránsito -exceso de velocidad- que habría cometido un vehículo a nombre de la demandada dentro de los límites territoriales de la localidad santafesina, se encuentra respaldado en el decisorio del 12 de febrero de 2020 de la justicia de faltas de aquella jurisdicción provincial (v. constancias que se adjuntan en el expediente).
Expresa que su presentación ante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se halla justificada, en tanto el domicilio legal de la empresa infractora se sitúa en la ciudad de Mar del Plata (arts. 69 inc. "h" y 71, ley nacional 24.449 -texto según ley 23.363-). En ese sentido, también remarca que, debido a su carácter de sujeto de extraña jurisdicción, su pretensión debe encausarse por el carril de juicio de cobro ejecutivo y no del apremio.
Así, puesto que ha agotado "...todas las instancias de reclamos administrativos y extrajudiciales", entiende que la promoción de una acción como la presente es el último resorte con el que cuenta para hacer valer sus derechos.
Finalmente, en virtud de los hechos descriptos y a los efectos de asegurar el crédito aquí reclamado, requiere se decrete a través de la anotación "...en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y Nacional de la Propiedad de Automotor", la inhibición general de bienes de la demandada (v. escrito electrónico de fecha 21-IX-2023).
II. Las actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el cual, en su primera providencia, decidió declarase incompetente para entender en el asunto por considerar -sencillamente- que el caso era propio de la materia contencioso administrativa (arts. 1 inc. 1 y 2 inc. 2, CCA; véase sent. interlocutoria de fecha 27-IX-2023).
Así fue que, previo pase por la Receptoría General de Expedientes, los obrados fueron asignados al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental, sin que el magistrado a su cargo aceptase la declinatoria formulada por su par remitente.
Para resolver de esa manera, dio cuenta de las singularidades que rodeaban a la controversia, como lo eran, por un lado, la "ausencia del ejercicio de función administrativa por parte de un sujeto público provincial" y, por el otro, la "naturaleza no tributaria del crédito litigioso".
En sustento de esa determinación, trajo a colación que el decreto ley 9122/78 fija "...la competencia del fuero civil y comercial para las ejecuciones de créditos fiscales promovidas por los municipios".
Sobre la base de tales consideraciones es que planteó formalmente el conflicto de competencia, sometiendo el incidente ante esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima con arreglo a la previsión del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. interlocutorio electrónico de fecha 2-X-2023)
III. Tal como ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021; B. 77.219, "Ríos" y B. 77.183, "Ignacio", ambas resol. de 19-VIII-2021, e.o.; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Bajo esa premisa, asiste razón al juez en lo contencioso administrativo en cuanto a que el caso no compete al fuero especializado en esa materia, debido a que, como surge de las constancias de autos, la presente acción es promovida por una autoridad pública ajena al ámbito local, cuyo ejercicio de la función administrativa -en todo caso- resulta extraño a los supuestos enunciados por las cláusulas que diagraman la competencia del fuero en cuestión (cfr. arts. 166, último párr., Const. prov. y 1 y 2, CCA; doctr. causa B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021).
Siendo ello así, toda vez que la actual contienda se ha suscitado entre un juez en lo civil y comercial y otro en lo contencioso administrativo de la jurisdicción provincial, procede devolver las actuaciones al primero.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que el caso no corresponde al fuero contencioso administrativo y, en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de Mar del Plata a los efectos que pudieren corresponder (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:07:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:19:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:36:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:53:49 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/02/2024 11:56:38 hs. bajo el número RR-19-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia