Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 163443
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso de apelación deducido subsidiariamente por la parte ejecutada el día 4-10-2018 (v. fs. 300/302), e imponer las costas de alzada al apelante vencido (arts. 68, 69, 71, 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.)
II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el consorcio ejecutante el día 29-10-2018, e imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.)
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° 40-R FOLIO N° 80/2
EXPEDIENTE N° 163443 JUZGADO N ° 15.
"CONSORCIO PROP. EDIF. MANUEL GUERRERO CALLE RIVADAVIA 2134 C/ GARRIDO, CARLOS A. S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS".
Mar del Plata,26 de febrero de 2019.
AUTOS Y VISTOS: las presentas actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver los recursos de apelación deducidos por ambas partes, contra los proveídos dictados los días 1-10-2018 y 18-10-2018, a fs. 290/294 y 306/308 respectivamente.
I. En la resolución del día 1-10-2018 obrante a fs. 290/294 el Sr. Juez a quo decretó la venta en subasta pública del bien inmueble generador de las expensas reclamadas en autos.
El ejecutado interpuso revocatoria con apelación en subsidio el día 4-10-2018 (fs. 300/302) alegando que el referido inmueble se encontraba inscripto como bien de familia y, como tal, ajeno a la agresión patrimonial de sus acreedores.
El consorcio ejecutante, por su parte, contestó el traslado el día 10-10-2018. Solicitó la confirmación del proveído en crisis, con costas, afirmando que el caso se encontraba excluido de la tutela tal como lo disponía el art. 249 inc. "a" del CCyC., que la causa de la obligación del pago de expensas era anterior a la constitución del bien de familia y que al tratarse de una excepción de fuente legal hacía innecesario el inicio de un incidente tendiente a determinar la inoponibilidad.
II. Mediante la decisión del día 18-10-2018 obrante a fs. 306/308 el juez resolvió el recurso de reposición aseverando que "[...] siendo que el instrumento que sirvió de base a la presente ejecución se funda en una deuda por expensas comunes, la cual se encontraría excluida de su tutela (conf. art. 249 inc. "a" del CCyC), corresponde rechazar el remedio interpuesto [por el ejecutado] , sin perjuicio de lo resuelto en el punto siguiente en lo que refiere a la necesidad de transitar el incidente de inoponibilidad o desafectación del instituto de bien de familia por parte del acreedor ejecutante..." con el resto de los beneficiarios que se desprenden del informe del oficial de justicia al diligenciar el mandamiento glosado a fs. 289, esto es, además de la persona del accionado "(...) su pareja, su madre, su hermano y pareja de éste. Total 5 personas" ( sic ).
En esos términos se desestimó la revocatoria y se concedió la apelación en subsidio (objeto de la presente interlocutoria), pero se mantuvo la suspensión de los términos hasta que se llevara a cabo el incidente indicado, distribuyendo las costas en el orden causado por tratarse de un error involuntario en el que había incurrido el propio juez al dictar el decreto de venta respecto a las condiciones del inmueble a subastar.
III. Así fue que el consorcio apeló esta última decisión el día 29-10-2018. En el memorial de fecha 9-11-2018 alegó dos agravios.
Mediante el primero afirmó que no correspondía mantener la suspensión de la subasta ni iniciar el incidente de inoponibilidad y/o desafectación, toda vez que ello estaba previsto sólo para los supuestos del art. 255 del CCyC, que no era el caso de autos, puesto que aquí la inoponibilidad del régimen de vivienda a la obligación por expensas comunes surgía de manera expresa del art. 249 inc. "a" del mismo cuerpo legal.
En segundo lugar, se quejó del modo en que fueron impuestas las costas, peticionando que sean íntegramente soportadas por la contraria.
En su conteste, el ejecutado solicitó que se mantenga la suspensión de la subasta en virtud de la referida afectación como bien de familia hasta tanto se cumpla con el trámite pertinente con todos los beneficiarios, y que se confirme la distribución de costas en el orden causado toda vez que el error en el decreto de subasta es ajeno a su parte.
III.1. Abordaremos de manera conjunta el recurso del ejecutado y el primer agravio del embate del ejecutante por versar sobre una misma materia
En esa tarea, observamos que el marco del nuevo sistema de protección amplió sus propósitos tuitivos en consonancia con la visión constitucional de la vivienda como un derecho fundamental. En ese sentido, la afectación y protección que otorga el código unificado es a la "vivienda", término más amplio que la noción de "bien de familia", ya que la tutela se brinda exista o no una familia y sin tener en cuenta cómo ésta se encuentra constituida (arts. 7, 244/265 del CCyC; 14 bis , 75 inc. 22, CN y los tratados internacionales a ella incorporados).
No obstante, el efecto que la normativa prevé es idéntico al que contemplaba la derogada ley 14.394: la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción y, correlativamente, la afectación es inoponible a acreedores de causa anterior a la afectación, salvo en los casos específicamente contemplados en el art. 249 del CCyC.
Ahora bien, en el trámite de desafectación o inoponibilidad de un inmueble como bien de familia, por el pedido de un acreedor en base a una deuda pretendidamente anterior, todos los beneficiarios que actualmente se encuentran en uso y goce de la propiedad son directos interesados y dado que una eventual resolución contraria afectaría al conjunto de ellos (piénsese en una orden de desalojo frente a una eventual subasta judicial) debe considerarse a la intervención de estos sujetos bajo las reglas del litisconsorcio necesario (art. 89 C.P.C.C.; doct. S.C.J.B.A., Ac. 66.663 del 23/12/2002, entre otros; Falcón, "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", 1° ed., 2006, t. I, p. 342).
En esa inteligencia, la citación a los beneficiarios debe cursarse necesariamente asegurando el derecho de defensa de las partes afectadas y la vigencia plena del contradictorio (art. 18 CN).
Por lo tanto, previo a dictar el decreto de subasta deberá citarse debidamente a los interesados y, con sus respectivos contestes, el juez evaluará la necesidad de tramitar el incidente en piezas por separado o, directamente, declarar la cuestión de puro derecho y dictar la sentencia pertinente, la que se efectivizará una vez que cobre firmeza (arts. 34, 175, y conc. del C.P.C.C.).
Por lo tanto, no le asiste razón al ejecutado en su pretensión primigenia de revocar por contrario imperio el decreto de subasta con fundamento en la inscripción como bien de familia del inmueble embargado, como tampoco al consorcio ejecutante al formular su primer agravio relativo a la innecesariedad de formar un incidente, pues el entuerto deberá ser resuelto en concreto luego de los trámites indicados precedentemente, lo que aún no sucedió (v. fs. 300/302, de fecha 4-10-2018).
III.2. En lo atinente al segundo agravio del ejecutante, relativo al modo en que se impusieron las costas de la resolución de fs. 306/308, adelantamos que tampoco es de recibo.
Nuestra ley formal adopta como principio general en materia de costas el criterio objetivo de la derrota, según el cual cabe atenerse al resultado del juicio; o sea quién reviste la calidad de vencido en la solución del pleito debe cargar con las costas como una consecuencia de tal carácter. Sin embargo, esta aparente rigidez no impide que se dispongan las costas en el orden causado, aún tratándose de incidentes cuando la condena en costas conduciría a una solución inequitativa por tratarse de cuestiones dudosas de derecho (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.; esta Sala en causas nro. 155.573 RSD 100 del 7-4-2014; nro. 147.460 RSD 115 del 23-2-2017, entre otros).
Es decir que el juez puede, en caso de encontrar mérito para ello y expresándolo en su decisorio, eximir total o parcialmente de ésta responsabilidad al vencido (arts. 68, 2° párr. y 69 1° párr. del C.P.C.C.).
En autos, la eventual declaración de inoponibilidad del régimen de protección de la vivienda en los términos del Cap. 3 del CCyC debió ser declarada por el juez -lógicamente- con anterioridad al decreto de venta y previa citación a los beneficiarios, lo que no aconteció (arts. 34, 89, 175, sstes, y cctes. del C.P.C.).
Consecuentemente, si bien -como se dijo antes- la parte ejecutada resultó vencida en su pretensión de revocar la orden de venta con fundamento en la constitución del bien de familia, no puede eludirse que el consorcio ejecutante tampoco denunció dicha circunstancia ni solicitó la citación a juicio a los beneficiarios en salvaguarda de sus derechos constitucionales.
Con todo, y considerando también que el juez no advirtió la referida inscripción al tiempo de dictar el auto de venta (v. fs. 290/294), estimamos que la distribución de las costas en el orden causado es razonable, por lo que tampoco es procedente el agravio en tratamiento (arts. 68, 71, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 89, 161, 175, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Desestimar el recurso de apelación deducido subsidiariamente por la parte ejecutada el día 4-10-2018 (v. fs. 300/302), e imponer las costas de alzada al apelante vencido (arts. 68, 69, 71, 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.)
II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el consorcio ejecutante el día 29-10-2018, e imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.)
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia