Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126562
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 292, 296 y 297, CPCC); con costas.
C. 126.562 "ARANEDA FERNANDO GABRIEL C/ FRANCO MARINA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS"
I. La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un cobro ejecutivo de expensas promovido por Fernando Gabriel Araneda como administrador del "Consorcio de Propietarios de calle 33 n°1414 de la ciudad de La Plata" contra Marina Alejandra Franco, confirmó la decisión que a su turno, desestimara las excepciones opuestas de falta de personería y de inhabilidad de título, y mandara llevar adelante la ejecución hasta tanto la demandada Franco haga al acreedor íntegro pago del capital reclamado de pesos setenta mil quinientos setenta ($ 70.570), con más los intereses desde el vencimiento de cada obligación, siempre que los mismos en su conjunto no superen la tasa de interés que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días incrementada en un 20%, no capitalizables (v. sents. electrs. 15-XII-2022 y 13-IV-2023, en arch. adj. a escr. electr. de 10-V-2023).
Para así resolver, ponderó el Tribunal de Alzada en cuanto a la alegada falta de personería, que ya en el escrito inicial surgía que se trataba de un reclamo por deudas de expensas, destacando el certificado en que se apoyó la pretensión, lo que sumado a los términos del proveído de fecha 25 de febrero de 2021 y lo previsto en el allí citado art. 522 del Código Procesal Civil y Comercial, resultaba indudable la actuación como administrador del señor Araneda. En igual sentido, señaló que la ejecutada no puede poner en debate, contrariando su propia conducta anterior en los autos "Franco Marina Alejandra c/ Araneda Fernando Gabriel y otro s/ medidas cautelares" (Exp. LP-75056/2018), el reconocimiento expreso que hiciera de su función de administrador del consorcio al referido Araneda -a quien demandó en tal carácter-; asumiendo entonces -en estos autos- un temperamento inconsistente y reñido con los principios de buena fe y lealtad que gobiernan el ordenamiento (v. sent. cit.).
Y en relación a la rechazada excepción de inhabilidad de titulo fundada en la ausencia de deuda exigible por no existir -de acuerdo a sus dichos- asamblea válida que la haya aprobado, ni designación de quien la reclama, la Cámara expresó que transitándose la especial vía ejecutiva para la percepción las expensas comunes, esenciales para la existencia misma del consorcio, el ceñido marco procesal cognoscitivo limita las defensas oponibles con una posibilidad posterior de debate mucho más amplia; por lo que no era admisible incorporar aquí la discusión relativa a la existencia o no -y, en su caso, la validez- de la asamblea pues importaría debatir la causa de la obligación, debiéndose circunscribir el análisis al examen de los requisitos formales del título. En esa inteligencia, destacó que el certificado adjunto a la demanda contiene la identificación expresa y detallada de los conceptos y períodos que se reclaman, el monto de capital que se adeuda -por cada uno de aquellos y en forma total-, la individualización de la unidad funcional generadora del reclamo y la fecha que corresponde a ese "estado de cuenta"; y que con el intercambio epistolar adjunto surge la intimación realizada, con identificación precisa de la persona destinataria, su condición de propietaria, y el plazo concedido para cancelar lo debido (v. sent. cit.).
En cuanto a la pretendida nulidad en los términos del art. 543 Código de forma, señaló el Tribunal de Alzada que la misma no podía admitirse, desde que no sólo ninguna de las situaciones de dicho precepto se ha invocado en autos, sino que el reclamo resulta por demás extemporáneo de conformidad con el art. 540 del Cód. cit. (v. sent. cit.).
Contra dicho pronunciamiento la parte ejecutada articuló recurso extraordinario de nulidad (v. present. electr. de 26-IV-2023, adjuntado a la queja), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de la resolución atacada (v. resol. de 2-V-2023). Ello motivó la interposición de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. recurso electrónico de 10-V-2023).
II. Al respecto, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que las decisiones recaídas en un juicio ejecutivo no revisten, por regla, carácter definitivo en términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 119.848, "Silvestri", resol. de 26-VIII-2015; C. 120.675, "Romano", resol. de 11-V-2016; C. 123.145, "Casarin", resol. de 14-VIII-2019; C. 122.740, "Obregon", resol. de 26-II-2020; C. 124.273, "Bergamini", resol. de 11-XII-2020; C. 124.661, "Huinca Hue S.R.L.", resol. de 23-IX-2021).
Así, en el caso en que el Tribunal de Alzada desestimó la apelación deducida por los fundamentos reseñados y confirmó el rechazo de las defensas opuestas mandando llevar adelante la ejecución, no se observan expuestos en el recurso traído a consideración motivos suficientes para configurar una excepción al mencionado criterio. Ello así, desde que, no habiéndose introducido el juzgador de origen en cuestiones que excedan el marco de la ejecución, como son aquéllas que hacen a la causa de la obligación, con la decisión aquí atacada no se clausuran vías hábiles para que la demandada pueda hacer valer sus derechos (art. 551, Cód. cit.; conf. doctr. causas Ac. 89.334, "Cabalieri", resol. de 5-XI-2003; C. 121.453, "Banco Supervielle S.A.", resol. de 16-VIII-2017; C. 123.145, cit. y C. 123.878, "Alimentos Balanceados Pigue S.R.L.", resol. de 5-VI-2020; C. 124.273 y C. 124.661, cits.).
Asimismo, deviene pertinente observar que los precedentes de esta Corte que se citan en el recurso para sustentar el carácter definitivo de la decisión atacada resultan inaplicables al caso desde que se refieren a situaciones diversas a la aquí planteada.
Finalmente, es de señalar que en el presente -de acuerdo a los términos del fallo atacado y en el contexto descripto- no se exhiben argumentos que -valorados de forma liminar- sean suficientes para dar apoyo a la invocación de la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, toda vez que si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que se haya demostrado que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.976, "Metales Aconcagua", resol. de 19-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 292, 296 y 297, CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/02/2024 14:05:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:16:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 09:26:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:57 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:40:23 hs. bajo el número RR-152-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia