Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124171
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, cits. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.171 "ISRAEL SILICARO, OSVALDO JUAN C/ CASTELLANO, MARIO RENE S/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la decisión del Juzgado de Paz de Brandsen que, en el marco de un juicio ejecutivo promovido por Osvaldo Juan Israel Silicaro contra Mario René castellano, declaró de oficio la inhabilidad de título para acudir a su ejecución por la vía intentada. A tal fin, el Tribunal de Alzada señaló que el título no contenía las exigencias previstas por el art. 36 de la ley 24.240 y tampoco ha sido integrado con documentación válida que demuestre que se cumplió con las mismas (v. decisiones de fecha 28-II-2020 y del 30-VI-2020, en archivos adjuntos a la queja).
Contra dicho pronunciamiento, el ejecutante -por apoderado- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley in extremis (v. escrito de fecha 22-VII-2020 adjuntado), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de lo resuelto (v. decisión del 4-VIII-2020, en archivo adjunto). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC.; v. escrito electrónico del 18-VIII-2020).
II. En relación a la queja traída, y más allá del carácter de definitivo que pudiera asignarse a la decisión impugnada, de todos modos el recurrente no acredita que el valor del agravio -representado por el monto del pagaré base de la ejecución- alcance el monto mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para acceder a la revisión por la vía incoada.
En efecto, el ejecutante -tanto al fundar la vía extraordinaria como luego al interponer la queja- expone en referencia al mentado recaudo, su pretensión de sortear tal requisito legal, invocando las previsiones del art. 31 bis de la ley 5.827 y alegando la violación de distintas garantías constitucionales y la existencia en el caso de una cuestión federal (v. págs. 4/9 del escrito electrónico cit.).
La mentada insuficiencia del monto por el que se persigue la ejecución se ve corroborada por el importe indicado en el fallo de primera instancia acompañado ($ 3.925,66) y además, por las constancias disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual en los autos principales relacionados con la presente (v. despacho del 9 de mayo de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, donde se inició originariamente la causa).
Con respecto a los planteos expuestos en la queja, no resulta conducente la invocación realizada por el ejecutante del citado art. 31 bis (v. págs. cits.), debido a que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los presupuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional esta Corte pueda dar trámite al recurso obviando la limitación del art. 278 Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 112.809, "Di Franco", resol. de 13-X-2010; C. 114.803, "Lahitte", resol. de 5-X-2011; C. 119.068, "Mizrahi", resol. de 17-XII-2014; C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016; C. 121.488, "Cazzulo", resol. de 28-VI-2017; C. 120.296, "Fuentes Benitez", resol. de 29-XI-2017; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-X-2019; C. 122.719, "Israel Silicaro", resol. de 11-III-2020).
Asimismo, en cuanto a los alegados quebrantamientos constitucionales que menciona en distintos pasajes de su queja, esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales referidas al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en el citado art. 278 no vulneran derechos o garantías de raigambre constitucional (doctr. causas C. 118.324, "Capurro", resol. de 18-XII-2013; C. 122.359, "Segovia", resol. de 11-IV-2018; C. 123.331, cit.).
Tampoco es de recibo la pretensión de aplicar lo resuelto en el precedente de este Tribunal citado en la página 5 del escrito de queja -donde estaban comprometidos los intereses de un menor de edad- desde que se refiere a una situación distinta a la aquí configurada.
Por otra parte, en cuanto al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. pág. 6 del escrito electrónico de queja cit.; Fallos: 308:490 y 311:2478), el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011 y C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 122.719, cit.).
En consecuencia, la vía extraordinaria intentada resulta inadmisible (art. 278 cit. y Resol. 3.972/2020) y se impone el rechazo de la queja.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, cits. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:40:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 19:00:20 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2020 11:11:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2020 14:48:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2020 09:40:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2020 13:50:10 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia