Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122765
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
"TOTAL SUPPORT SA C/ SAUCEDO LEONARDO HERNAN S/COBRO EJECUTIVO"
La Plata, 17 de Octubre de 2018.
I. La firma Total Support S.A. -actuando por medio de apoderada- demandó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 10 del Departamento Judicial de La Plata a Leonardo Hernán Saucedo por cobro ejecutivo de un pagaré, en el que se estableció el lugar de pago en Monte Grande. Asimismo, denunció en esa oportunidad que el ejecutado se domiciliaba en Cañuelas y solicitó la traba de embargo sobre sus haberes (v. fs. 1/16).
La magistrada ordenó el libramiento del pertinente mandamiento de intimación de pago y embargo y además, decretó el embargo peticionado (v. fs. 17).
El diligenciamiento de la primera de dichas piezas fracasó en varias oportunidades (v. fs. 40/42; 51/52; 60/61), en los diversos domicilios del accionado aportados por la ejecutante, situados en diferentes localidades (v. fs. 45; 55; 60/61), hasta que se denunció una nueva morada ubicada en la localidad de Esteban Echeverría (v. fs. 63), donde se diligenció finalmente con resultado positivo un nuevo mandamiento bajo responsabilidad de parte (v. fs. 84/86; 89; 90; 109/111; 113; 114/115).
A continuación, sin haberse presentado el ejecutado dentro del plazo que tenía para hacerlo, se dictó sentencia mandando llevar adelante la ejecución y se le tuvo por constituido el domicilio en los estrados del juzgado (v. fs. 117/118).
Con posterioridad, la apoderada de la accionante practicó liquidación (v. fs. 119), la que, previo traslado a la contraparte (v. fs. 120), fue aprobada (v. fs. 122).
Antes de pronunciarse sobre una nueva liquidación adjuntada (v. fs. 139; 140), y previa vista al Ministerio Público Fiscal (v. fs. 145/146), atendiendo a las manifestaciones vertidas por éste acerca del trámite de la causa, se libró oficio a la Cámara Nacional Electoral a fin de que informe sobre el domicilio del accionado (v. fs. 147; 150).
Recibido el dato requerido (v. fs. 150), tras un nuevo pase al Ministerio Público mencionado (v. fs. 152), la magistrada se inhibió de continuar interviniendo en estos obrados, en la inteligencia de que, en el caso, ponderando las circunstancias que describió, existe entre las partes una relación de consumo, por lo que debe intervenir el juez del domicilio del deudor, no siendo óbice para ello el estado del trámite ni haber dictado ya actos procesales. En apoyo de su parecer citó precedentes de esta Corte, entre los cuales constan los casos C. 117.245 y "Cuevas" -C. 109.305, resol. de 1-IX-2010- y los arts. 4, 5, 521, 522 y 542 del Código Procesal Civil y Comercial y 23 de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361-. Así, ponderando que el accionado tiene su domicilio en la localidad de Esteban Echeverría, remitió las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial que por turno corresponda del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (v. fs. 154/155).
A su turno, su par n° 3 de esa jurisdicción que resultó desinsaculado (v. fs. 159), rehusó la atribución conferida, al considerar que el accionado, pese a haber sido intimado de pago en el domicilio que fue luego corroborado por la información brindada por la Cámara Nacional Electoral, no se presentó a plantear defensas o efectuar planteo alguno sobre sus derechos en el marco de la legislación tuitiva de los consumidores. En el mismo sentido, destacó también el avance alcanzado por el trámite de la causa. Con base en todo ello, concluyó que no advierte que se haya cercenado su derecho de defensa u otra garantía constitucional y no media tampoco una razón de orden práctico que amerite un traslado de la competencia. En tal virtud, elevó el expediente a esta Corte (v. fs. 161/162).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240.
Según se aprecia, no obstante la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, CPCC), la obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio.
En la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los mismos resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la mencionada Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia.
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación.
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó (despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto el libramiento del correspondiente mandamiento y sentencia mandando llevar adelante la ejecución -no habiéndose presentado en autos el ejecutado-), no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio , en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010 (conf. C. 119.166, "Rodríguez", resol. de 11-II-2016; C. 121.020, "Amorese International Corp", resol. de 26-X-2016; C. 121.285, "Crédito Para Todos S.A.", resol. de 28-XII-2016; C. 121.422, "Colmi S.A.", resol. de 5-IV-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese, hágase saber y devuélvanse.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia