Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe lo declara procedente. En consecuencia, los autos deberán ser remitidos a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, a fin de que se practique el sorteo de rigor (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la accionante, en su condición de vencida (art. 68, Cód. cit.).
La Plata, 28 de Noviembre de 2018.
Los señores Jueces doctores Soria, de Lázzari, Genoud y Negri dijeron:
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, en el marco de un proceso de cobro ejecutivo incoado por la empresa Forma Crédito S.A. contra Miguel Ángel Sequeyra, revocó el pronunciamiento del magistrado de origen quien -a su turno- se declarara incompetente para intervenir en las presentes actuaciones (v. fs. 69 y vta. y 85/87 vta.).
II. Frente a ello, el señor Fiscal General departamental interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce conculcación de doctrina legal que cita (v. fs. 89/101).
III. Oído lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 110/117, se anticipa que la impugnación debe prosperar, en virtud de lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Ha manifestado este Superior Tribunal que -más allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título- cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (conf. arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Ello, a fin de poder arribar a la solución que cumpla de la forma más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores (conf. doctr. causa C. 109.305, "Cuevas", resol. de 1-IX-2010).
En tal sentido, los jueces se hallan habilitados para declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación -mediante elementos serios y adecuadamente justificados- de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 (conf. leyes 26.361 y 26.993). La circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales del juicio (vgr. intimación de pago, citación para oponer excepciones, libramiento del correspondiente mandamiento o la sentencia mandando llevar adelante la ejecución) no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio , en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina legal (conf. doctr. causas C. 121.136, "López", resol. de 26-X-2016; C. 122.036, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 29-XI-2017 y C. 122.603, "Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.", resol. de 15-VIII-2018).
Por otra parte, los distingos que se formularen en torno a la fecha de promoción de los juicios ejecutivos, ni los que pudieran realizarse con relación al momento del libramiento de los pagarés de consumo base de las acciones, no pueden tener incidencia a los fines de evaluar la posibilidad de la declinatoria. Si bien el estricto apego al efecto inmediato de las leyes supone, correlativamente, su no aplicación a las situaciones y relaciones jurídicas constituidas o ya extinguidas y a las consecuencias ya producidas bajo la ley anterior, lo cierto es que tal premisa no rige para cuando se ventilen -como en el caso- cuestionamientos vinculados con los derechos de los consumidores (conf. causa C. 121.248, "Crédito para todos S.A.", sent. de 30-V-2018).
En consecuencia, habiéndose constatado en la especie -mediante elementos serios y adecuadamente justificados- la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240, la declaración oficiosa de incompetencia en razón del domicilio del deudor resulta ajustada a derecho, no siendo óbice el hecho de que la sentencia que mandara a llevar adelante la ejecución sea de fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley 26.361 (conf. causas C. 121.248, "Crédito para todos S.A.", cit. y C. 121.315, "Colmi S.A.", resol. de 17-X-2018).
Lo brevemente expuesto basta para acoger la vía intentada (arts. 289 y 31 bis, cits.).
Por ello, el Tribunal
Atento a que el planteo introducido en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, se lo declara procedente. En consecuencia, los autos deberán ser remitidos a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, a fin de que se practique el sorteo de rigor (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la accionante, en su condición de vencida (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia