Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122995
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro.
La Plata, 7 de Marzo de 2019.
I. El Fideicomiso Financiero Privado Yatasto -por intermedio de apoderado- promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, demanda ejecutiva contra el señor Ariel Hernán Trecco domiciliado en la localidad de San Fernando, por cobro ejecutivo de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria (v. fs. 7, 8/10 y 47).
El órgano citado dispuso el libramiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate y decretó la cautelar peticionada (v. fs. 11/12).
Ante la devolución de varios mandamientos sin diligenciar (v. fs. 25/27, 31/33, 60/63), la parte actora denunció otro domicilio del demandado ubicado en la ciudad de Avellaneda (v. fs. 67).
Seguidamente, el órgano interviniente se inhibió de entender en estos obrados, invocando a tales fines el fallo plenario departamental "Luna Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. c/ Galarce, Gustavo Enrique s/ Cobro Ejecutivo" del día 30 de septiembre de 2014. Consecuentemente, valoró que en el caso se configura una típica relación de consumo y con cita de los arts. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 36 de la ley 24.240 y en virtud del nuevo domicilio denunciado del ejecutado giró los autos a la Receptoría General de Expedientes de Lomas de Zamora (v. fs. 68).
Ínterin, la cédula electrónica diligenciada en la localidad de Avellaneda también tuvo resultado negativo (v. fs. 71/73).
A su vez, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 de Lomas de Zamora que resultó desinsaculado (v. fs. 77), repelió la atribución conferida, con sustento en que en el presente supuesto únicamente obra la denuncia de un nuevo domicilio del accionado por parte del ejecutante, sin que medien elementos serios y debidamente justificados para trasladar la jurisdicción. Asimismo, alegó que de acreditarse fehacientemente el domicilio del ejecutado en la ciudad de Avellaneda, resultarían competentes los Juzgados descentralizados de esa localidad, creados por ley 14.484. En virtud de lo expuesto, elevó las actuaciones a esta Corte (v. fs. 78/79 y 88).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E.S.A.", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017; C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017 y C. 122.374, "HSBC Bank Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018).
En el caso, si bien el juez que primero intervino hizo referencia a los parámetros citados, haciendo hincapié en que el ejecutado poseía domicilio fuera de su jurisdicción, lo cierto es que la genérica referencia a la localidad de Avellaneda basada en la mera alegación en tal sentido efectuada por la parte actora a fs. 67, sumado al posterior resultado negativo de la cédula electrónica allí diligenciada, en tanto, el Oficial de Justicia informó que el requerido no vive allí (v. fs. 72), dichas circunstancias hacen improcedente el traslado de la competencia.
Consecuentemente, en el presente estadio procesal, y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la declaración oficiosa fundada en el domicilio foráneo del ejecutado resulta prematura (conf. arts. 34 inc. 5, CPCC; causas C. 119.944, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; C. 121.514 y C. 121.989, cits.), correspondiendo devolver las actuaciones al juzgado que previno del Departamento Judicial de San Isidro para que continúe interviniendo (conf. causas C. 119.920, "Rodríguez", resol. de 14-X-2015; C. 120.613 y C. 121.094, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia