Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
La Plata, 10 de Abril de 2019.
I. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -por intermedio de apoderado- promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, demanda ejecutiva contra el señor Gustavo Héctor Mansilla domiciliado en el partido de General San Martín, por cobro ejecutivo de un pagaré (v. fs. 6, 9).
El órgano citado dispuso el libramiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate y decretó la cautelar peticionada (v. fs. 10).
Ante la devolución de varios mandamientos sin diligenciar (v. fs. 15/17, 50/52, 68/70, 75/77, 83/85, 89/91, 98/100), la parte actora denunció otro domicilio del demandado ubicado en la ciudad de La Matanza (v. escrito electrónico de fecha 3-X-2018).
Previo dictamen del señor agente fiscal (v. fs. 107) el magistrado se inhibió de entender en autos. En ese sentido, señaló que la ubicación del domicilio del accionado en extraña jurisdicción le conduce a revisar su competencia a la luz de lo normado por la ley 24.240 y por lo dispuesto por esta Corte en el precedente "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ cobro ejecutivo". En consecuencia, y en virtud de domiciliarse el ejecutado en la localidad de La Matanza remitió los autos a la Receptoría General de Expedientes del citado Departamento Judicial para que efectúe el sorteo pertinente (v. fs. 108/109).
A su turno, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 de La Matanza, con asiento en San Justo, que resultó desinsaculado (v. fs. 113 vta.), repelió la atribución conferida, con sustento en que en el presente supuesto únicamente obra la denuncia de un nuevo domicilio del accionado por parte del ejecutante, sin que medien elementos serios y debidamente justificados para trasladar la jurisdicción. En virtud de lo expuesto, devolvió las actuaciones al magistrado que previno (v. fs. 114/115), quien las elevó a esta Corte (v. fs. 116).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E.S.A.", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017; C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017; C. 122.374, "HSBC Bank Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; C. 122.995, "Fideicomiso Financiero Privado Yatasto", resol. de 7-III-2019).
En el caso, si bien el juez que primero intervino hizo referencia a los parámetros citados, haciendo hincapié en que el ejecutado poseía domicilio fuera de su jurisdicción, lo cierto es que la genérica referencia a la localidad de La Matanza basada en la mera alegación en tal sentido efectuada por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 3-X-2018), sin que siquiera obre en el expediente constancia alguna que permita conocer la fuente de ese dato, no reviste la entidad suficiente que autorice un traslado de la competencia.
Consecuentemente, en el presente estadio procesal, y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la declaración oficiosa fundada en el domicilio foráneo del ejecutado resulta prematura (conf. arts. 34 inc. 5, CPCC; causas C. 119.944, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; C. 121.514 y C. 121.989, cits.), correspondiendo devolver las actuaciones al juzgado que previno del Departamento Judicial de San Isidro para que continúe interviniendo (conf. causas C. 119.920, "Rodríguez", resol. de 14-X-2015; C. 120.613; C. 121.094, C. 122.995, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y en este estado de la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia