Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122666
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad del pronunciamiento de fs. 703/704 vta., debiéndose remitir los autos a la instancia de origen para que, debidamente integrada, emita nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.) y 2) declarar abstracto el tratamiento de la pieza impugnativa de fs. 796/800 vta.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (conf. art. 68, 2do. párrafo, CPCC).
La Plata, 8 de Mayo de 2019.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el fallo de origen que, a su turno, reformulara oficiosamente la sentencia ejecutiva dictada en autos (v. fs. 656/660 y fs. 703/704 vta.).
II. Frente a ello, la parte ejecutada -por medio de asistencia letrada- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 714/726 vta.), el que, denegado en razón de la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 727), motivó la articulación de una queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 796/800 vta.), la que ahora debería ser resuelta.
III. Tras una atenta lectura de las actuaciones, entiendo que no es posible tal resolución desde que corresponde, a los fines de sanear el proceso, declarar la nulidad de oficio de la sentencia del Tribunal de Alzada. Las razones para ello exigen un detalle de los antecedentes de la causa.
III.1. El letrado apoderado del señor Osvaldo Juan Israel Silicaro promovió demanda por cobro ejecutivo de pesos contra la señora María Haydée Berón, trayendo como título un pagaré suscripto por esta última a favor del primero, y que por esa época permanecía impago. En su escrito de inicio, el legitimado activo solicitó el dictado de una sentencia condenatoria a su favor que estableciera que la ejecutada debía hacer efectivo el pago del capital del título valor con más los intereses -moratorios y punitorios- pactados y que ascendían al 9 % mensual, capitalizables mensualmente (v. fs. 9/12).
Dispuesto el mandamiento de intimación, ejecución y embargo, se presentó la señora María Haydée Berón a contestar la pretensión (v. fs. 38/39), reconociendo su firma en el instrumento que se ejecuta, impugnando los intereses pactados en el título valor por considerarlos violatorios de las normas de orden público y haciendo saber la realización de ciertos pagos para que se tuvieran en cuenta al practicarse la liquidación.
Al momento de resolver, el doctor Alejandro M. Torre -magistrado circunstancialmente a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 12 del Departamento Judicial de La Plata- mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada hiciera íntegro pago del capital reclamado por el accionante con más los intereses y capitalización establecidos en el pagaré de fs. 1 (v. fs. 42 y vta.), sin que hubiera siquiera una alusión a la defensa opuesta por la ejecutada.
III. 2. Transcurridos varios años desde aquella decisión y encontrándose todavía insoluta la deuda ejecutada -a pesar del embargo trabado y de las sumas percibidas en distintas ocasiones por la actora-, la accionada efectuó una presentación (v. fs. 585/90 vta.), donde hacía saber que el origen de la deuda había sido una relación de consumo, a la vez que denunciaba un abuso del derecho del accionante y solicitaba la revisión, y consecuente reducción, de los intereses establecidos en la sentencia.
Ordenado el correspondiente traslado de tales impugnaciones a la contraparte, habiendo tomado intervención el agente fiscal (en virtud de la denuncia de tratarse de una relación consumeril), practicada una medida para mejor proveer y fracasadas las distintas audiencias conciliatorias, la magistrada ahora a cargo del referido órgano jurisdiccional -doctora María Daniela Ferenc- dispuso reformular -pongo énfasis en el término usado- la sentencia de trance y remate dictada a fs. 42 y vta., dejando establecido que al monto de condena (la suma por la que se suscribió el pagaré), se le aplicaría la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones normales de descuento, en concepto de moratorios y el 70% de éstos en carácter de punitorios, todo ello desde la fecha de constitución en mora, y hasta su efectivo pago (v. fs. 656/660 vta.).
Apelada tal resolución por el ejecutante, la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones del fuero departamental, integrada por los doctores Alejandro Moisés Torre y Alejandro Luis Maggi, la revocó, en el entendimiento que se había vulnerado el principio de la cosa juzgada (v. fs. 703/704 vta.). Contra este último pronunciamiento se alzó la ejecutada con recurso extraordinario de inaplicabilidad, el que, en razón de que el agravio no excede el monto mínimo establecido en el art. 278 del CPCC, fue denegado, generándose la queja de la que ahora nos ocupamos.
IV. Esta copiosa relación de los antecedentes tiene una doble finalidad: advertir, por un lado, el despropósito que implica la sentencia de fs. 42 y vta., donde -sin siquiera mencionar las escuetas pero existentes razones de la ejecutada- se convalidó la aplicación de tasas de interés exorbitantes, abusivas, desmedidas, contrarias a todos los usos y modalidades, etc., y que, según la liquidación de la propia interesada, significaría que la deuda se multiplicó casi por cien, lo que nos coloca muy cerca de una cosa juzgadaírrita.
La segunda finalidad es más atinente al sentido de mi propuesta: el doctor Alejandro M. Torre aparece firmando la sentencia original, actuando como juez de primera instancia; y luego (aunque hay un largo lapso en el medio esto debió ser advertido) figura convalidándola, ahora desde su función como magistrado de la Cámara de Apelación.
El Código Procesal Civil y Comercial provincial establece (art. 30) el deber del juez de apartarse espontáneamente del conocimiento de un asunto cuando se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación establecidas en su art. 17. Entre ellas, en el inc. 7°, se consagra la de haber emitido opinión o dictamen sobre el pleito, antes o después de haber comenzado.
La situación bajo juzgamiento cae con meridiana claridad dentro del ámbito de referencia de la norma: dada la situación de autos, el juez debió excusarse de intervenir -más allá de cualquier solicitud de las partes-, porque, al no hacerlo, ocurre una afectación de la garantía del juez natural y se expone lo resuelto a una consistente crítica respecto a su imparcialidad. Así lo ha reclamado esta Corte en reiteradas oportunidades: causas C. 66.011, "Castillo", sent. de 31-III-1998; C. 77.374, "Giusti", sent. de 21-XI-2001; C. 101.622, "Salvo de Verna", sent. de 21-XII-2011; C. 120.699, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó", sent. de 24-IV-2019; entre otras.
Consecuentemente, haciendo aplicación de la potestad exclusiva y excluyente de este Tribunal establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, frente a la falencia señalada que descalifica al pronunciamiento de grado como acto jurisdiccional válido, se impone la declaración oficiosa de nulidad (conf. causas L. 97.080, "Szucs", sent. de 1-IX-2010; C. 97.003, "Feltrín", sent. de 21-XI-2012; C. 119.134, "A., A. A.", sent. de 19-II-2015; entre muchas).
V. Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de oficio el fallo de fs. 703/704 vta., debiéndose remitir los autos a la instancia de origen para que, debidamente integrada, emita nuevo pronunciamiento (conf. art. 168, Const. prov.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Al igual que el distinguido colega que me precede en el orden de votación, estimo que corresponde anular de oficio la decisión recurrida toda vez que se verifica en la especie una doble actuación en el trámite de este expediente por parte del doctor Alejandro M. Torre, quien ha emitido opinión a fs. 42 vta. como juez de primera instancia, y luego, como vocal integrante del órgano de alzada al suscribir la decisión en crisis (doctr. Ac. 66.011, "Castillo", sent. de 31-III-1998; C. 77.374, "Giusti", sent. de 21-XI-2001; C. 101.622, "Salvo de Verna", sent. de 21-XII-2011; C. 120.699, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó", sent. de 24-IV-2019). Con el alcance indicado, adhiero al voto del doctor de Lázzari.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del doctor de Lázzari.
La señora Jueza doctora Kogan , por iguales fundamentos, adhiere al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar de oficio la nulidad del pronunciamiento de fs. 703/704 vta., debiéndose remitir los autos a la instancia de origen para que, debidamente integrada, emita nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.) y 2) declarar abstracto el tratamiento de la pieza impugnativa de fs. 796/800 vta.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (conf. art. 68, 2do. párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia