Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ DEIRMENDJIAN PABLO DANTE Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO"
La Plata, 14 de Agosto de 2019.
I. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. promovió, el 11 de junio de 1997, ante el Juzgado Civil y Comercial n° 9 de General San Martín el presente proceso de preparación de la vía ejecutiva contra los señores Pablo Daniel, Mariano Andrés, las señoras Gabriela Edith Deirmendjian y María Fernanda Guarino, por el cobro de la suma de $51.793,95 conforme surge del certificado de saldo deudor acompañado (v. fs. 5, 14/15).
Transcurridos varios años desde el inicio de la causa, el abogado de los demandados, por derecho propio, denunció que ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tramitan los autos "Guarino, Marina Fernanda s/ Concurso preventivo", motivo por el cual solicitó que de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 y concs. de la ley 24.522 se remitan allí estas actuaciones para continuar su tramitación (v. fs. 297).
Previa certificación de la actuaria (v. fs. 298, 299) el magistrado se inhibió para entender en los presentes, al considerar que la acreencia reclamada está alcanzada por el fuero de atracción del concurso. En consecuencia, remitió la causa al órgano ante el que tramita el citado proceso universal (v. fs. 299 vta.).
Recibidos en el mes de febrero de 2012 (v. fs. 313, 329), el juez de Lomas de Zamora asumió su intervención. Con posterioridad, siete años más tarde, la actuaria informó que el 6 diciembre de 2016 se decretó la quiebra de la señora María Fernanda Guarino (v. fs. 445). En virtud de tal circunstancia, y de lo dispuesto en los arts. 132 y 133 de ley de Quiebras, el 6 de febrero de 2019, el magistrado se inhibió de seguir entendiendo en los presentes y ordenó enviar los obrados a su par de General de San Martín con el fin de que la parte actora formule la opción prevista en el citado art. 133 de la mencionada ley, o en su caso, continúe con la intervención del síndico designado en el proceso falencial (v. fs. 445 y vta.)
A su turno, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 de la citada Departamental rehusó intervenir. Basó su parecer -luego de hacer un reseña de lo acontecido a lo largo de la causa- subrayando específicamente que cuando fue anoticiado de la iniciación del concurso preventivo de la codemandada María Fernanda Guarino, declinó su competencia y derivó las actuaciones atraídas por dicho proceso universal, por lo que, estimó que no resulta aplicable ahora el art. 133 de ley 24.522. En esa inteligencia postuló que la facultad de optar por el desistimiento del codemandado fallido solo podrá ser ejercida ante el Juzgado donde continuó la tramitación de la causa desde diciembre de 2011 por las circunstancias relatadas. En tal virtud, devolvió el expediente a su antecesora (v. fs. 448 y vta.), la que lo elevó a esta Corte (v. fs. 449).
Tal es el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
II. Esta Corte ha sostenido que la télesis del art. 133 de la ley 24.522 -si bien expuesta antes de la reforma introducida por la ley 26.086, espíritu que, en este aspecto, persiste luego de ésta- es posibilitar al demandante el desistimiento de la acción dirigida contra el codemandado cuyo estado falencial arrastraría todo el proceso, en virtud del fuero de atracción, al juzgado que tiene a su cargo la quiebra (conf. doctr. Ac. 85.456, "Banco de la Provincia de Buenos Aires" resol. de 28-VII-2004). El ejercicio de esta opción, lógicamente, está supeditado a la existencia de un litisconsorcio facultativo (conf. doctr. Ac. 98.291, "Banco de la Provincia de Bs. As.", resol. de 20-IX-2006; Ac. 99.227, "Álvarez", resol. de 7-III-2007; Ac. 105.440, "Menéndez", resol. de 4-III-2009; arts. 21, 132 y 133 de la ley 24.522 -texto según ley 26.086-), como es el que se presenta en estos autos.
En el caso, se observa que desde la denuncia de apertura del concurso preventivo de la codemandada, la señora María Fernanda Guarino (v. fs. 297, 299), e incluso, luego de su declaración de quiebra (v. fs. 445), la parte actora nunca desistió de la ejecución contra la ahora fallida. En tales circunstancias, y ponderando que por el fuero de atracción del -entonces- concurso preventivo (art. 21, ley 24.522) el magistrado de General San Martín remitió la presente causa al órgano del proceso falencial, donde tramitan desde el mes de febrero de 2012 (v. fs. 299 vta., 313 y 329) carecen de entidad, por extemporáneos, los argumentos esgrimidos por el juez de la quiebra para devolver las actuaciones a su par que previno.
En consecuencia, resulta competente para continuar interviniendo en estos obrados el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese, hágase saber y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia