Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123383
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
"FEBRE EXEQUIEL FAUSTINO C/ SERRANO JUAN MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO"
La Plata, 14 de Agosto de 2019.
I. El señor Exequiel Faustino Febre demandó, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 de General San Martín, al señor Juan Marcelo Serrano domiciliado en la localidad de Pilar, por cobro ejecutivo de un pagaré. Asimismo, solicitó el dictado de la medida cautelar de embargo (v. fs. 3, 17/18).
El órgano, previo dictamen del señor agente fiscal (v. fs. 19 y 20/21) se inhibió de entender en estos obrados, en la inteligencia de que la relación habida entre las partes es de consumo y se encuentra regulada por la ley 24.240. En tal virtud y dado que el domicilio del accionado se ubica en la citada localidad, fuera de su jurisdicción, consideró que corresponde por imperio del art. 36 de la citada ley la intervención del juez del domicilio real del ejecutado. Citó en apoyo a su postura el precedente de esta Corte "Cuevas", C. 109.305, resol. de 1-IX-2010. En consecuencia, remitió los presentes a la Receptoría de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro (v. fs. 22/23).
A su vez, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 de esa jurisdicción que resultó desinsaculado (v. fs. 26 vta.), no aceptó su intervención, al ponderar en coincidencia con lo dictaminado por el señor agente fiscal (v. fs. 30) que no se evidencian elementos serios que ameriten prima facie la existencia de una relación de consumo entre las partes del presente proceso. En virtud de lo expuesto, devolvió las actuaciones a su par de General San Martín (v. fs. 31/32).
Recibidos, el magistrado amplió su postura alegando que sin perjuicio de que el ejecutante de autos se trata de una persona física, al inhibirse tuvo en consideración la multiplicidad de procesos idénticos iniciados en su Departamento Judicial por el mismo actor, conforme surge de la Mesa Virtual, presumiendo mediante elementos fehacientes y justificados que la actividad desarrollada por el accionante lo es de manera profesional. Por ello, concluyó que el actor encuadra dentro de la noción de "proveedor" a la luz del art. 2 de la ley 24.240 y el demandado se ubicaría en el rol de destinatario final de ese crédito, y por ende "consumidor" en virtud de la citada ley. Además, afirmó que la ocupación del accionado -empleado en relación de dependencia- y el monto percibido no admiten suponer otro destino que el de adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal, abarcando el supuesto previsto en el art. 36 de la mencionada ley. Por todo lo expuesto, rechazó la atribución conferida y elevó los autos ante esta Corte (v. fs. 34/36).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto es de señalarse que la aplicación del precedente "Cuevas" de esta Corte a los conflictos suscitados entre órganos jurisdiccionales del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en modo alguno libera al magistrado de primera instancia de fundar adecuadamente su decisión, subsumiendo las circunstancias de la causa en la doctrina legal a aplicar. Y así, recién entonces, en la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los jueces resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la mencionada Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia (conf. C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010; y C. 119.166, "Rodriguez", resol. de 11-II-2016, entre muchos otros).
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente "Cuevas" no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (conf. C. 119.166, cit.; C. 120.591, "Valle", resol. de 30-III-2016; C. 122.778, "Atenko S.A.", resol. de 26-IX-2018; C. 122.674, "V., N. L.", resol. de 28-XI-2018).
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la inhibición ex officio del órgano que previno, fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, hizo alusión a la actividad del ejecutante, consistente en el otorgamiento de préstamos de dinero personales y que el demandado es una persona física destinataria final del crédito, elementos que enmarcan en los principios que concurren en la construcción de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010 (causas C 119.166,"Rodriguez", resol. de 11-II-2016; C. 121.020, "Amorese International Corp.", resol. de 26-X-2016; C. 121.840, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", resol. de 13-IX-2017, e. o.).
Con apoyo en tales circunstancias, debe declararse hábil para conocer en estos obrados al magistrado con competencia territorial en el Departamento Judicial de San Isidro.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia