Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 141/143, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 11-III-2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN y arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.330, "LUIS BLANCO SA C/ CASTELL HERMANOS S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO"
I. Los demandados deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con remisión al dictamen del Procurador, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 127/138 vta., 121 y vta. y 118/120, respectivamente).
En el marco del presente cobro ejecutivo, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, rechazó la aplicación al caso de la Ley de Defensa del Consumidor que solicitaran los accionados, como así también las excepciones de incompetencia y de inhabilidad de título opuestas por los ejecutados y, en consecuencia, mandó llevar adelante la acción con más los intereses, costos y costas (v. fs. 85/88 y 98/100).
II. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, propiedad, defensa en juicio, razonabilidad y de protección al consumidor (arts. 16, 17, 18, 28, 31, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23, de la Const. nac.; v. fs. 129/130, 132 vta./134 vta., 136 vta., 137 y vta. y 138 vta.).
II.1. Sostienen que, al igual que los magistrados anteriores en grado, esta Corte negó -dogmáticamente, según su entender- la calidad de consumidores a los ejecutados. Y agregan que, sin dar fundamentos suficientes, tampoco aplicó el principio del favor ante la duda del cual gozaban -como parte débil de la contratación- por imperio de los arts. 3 de la Ley de Defensa del Consumidor y 2094 del Código Civil y Comercial nacional. Ello, aseveran, en franca vulneración de los arts. 17, 18 y 42 de la Constitución nacional (v. fs. 133 vta./134).
II.2. Alegan, también, que este Tribunal interpretó arbitrariamente la prueba rendida y exponen que la posible condición de no consumidora que se le enrostra a la empresa demandada no puede arrastrar a las personas físicas que signaron la cambial como avalistas.
En tal sentido, arguyen que dado el estrecho marco de conocimiento de los juicios ejecutivos, es deber del organismo judicial indagar separadamente la calidad con que actúan cada una de las partes en la relación contractual para verificar si debe aplicarse respecto de todos o algunos de ellos el régimen legal que brinda amparo a los consumidores o usuarios. Y aducen que, a todo evento, la parte actora debió probar que ninguno de los accionados actuó como consumidor final (v. fs. 134/136 y 137 vta./138 vta.).
II.3. Denuncian, finalmente, que la sentencia en crisis carece de sustento constitucional, en tanto dio preminencia a la Ley Cambiara y al código de rito bonaerense que limitan la defensa de los ejecutados y desconoció el orden público de la Ley de Defensa del Consumidor, así como la operatividad de la protección que brinda el art. 42 de la Carta magna. Y agregan que los consumidores y usuarios no pueden ver retaceada su tutela mediante consideraciones formales impuestas por ordenamientos legales de inferior jerarquía. Citan, en sustento de su postura, antecedentes de la Corte Suprema nacional que estiman aplicables al caso (v. fs. 136 vta./137 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 140), el mismo fue contestado por la contraria (v. escrito electrónico de fecha 11-III-2020 a las 8:05.15 hs. y fs. 141/143).
En relación a la pieza de fs. 141/143, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones a fs. 141/142 vta.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como su par electrónico de fecha 11-III-2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN y arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN).
IV. Respecto de la vía federal, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba así como las relativas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la denunciada vulneración a la ley 24.240, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.1. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, desconocimiento de la prueba y apartamiento de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.2. Resta decir que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de debido proceso, propiedad, defensa en juicio, razonabilidad y de protección al consumidor; arts. 16, 17, 18, 28, 31, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23, de la Const. nac.; v. fs. 129/130, 132 vta./134 vta., 136 vta., 137 y vta. y 138 vta.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. fs. 136 vta./137), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 141/143, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 11-III-2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN y arts. 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2020 23:46:14 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 10:39:27 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 02/06/2020 13:35:53 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 05/06/2020 18:53:54 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 11/06/2020 12:28:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia