Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.059, "Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Álvarez Mario Alberto. Cobro ejecutivo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había ordenado llevar adelante la ejecución incoada por la entidad bancaria. Impuso las costas de ambas instancias a la ejecutante vencida (v. fs. 598).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 607/616).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El Banco de la Provincia de Buenos promovió demanda ejecutiva contra el señor Mario Alberto Álvarez por el saldo deudor de la cuenta corriente de la que era titular y que le fue cerrada el 22 de enero de 2015, con más intereses, gastos y costas (v. fs. 22/23 vta.). El juzgado actuante ordenó el libramiento del mandamiento de estilo y la inhibición general de bienes del ejecutado (v. fs. 33).
Este último se presentó espontáneamente planteando irregularidades cometidas en el expediente, como también las excepciones de inhabilidad de título y su falsedad, litispendencia, espera, defecto legal y deuda inexistente (v. fs. 135/147 vta.). Corrido el traslado de ley, la ejecutante contestó las defensas articuladas y solicitó el rechazo de todas ellas (v. fs. 150/161).
Luego de ciertas vicisitudes procesales, se rechazaron las excepciones planteadas y se dictó sentencia de trance y remate ordenando llevar adelante la ejecución (v. fs. 401/403 vta.). Este pronunciamiento fue apelado por el ejecutado (v. fs. 410/429), cuyos agravios fueron respondidos por la entidad bancaria, repeliéndolos (v. fs. 431/435).
Elevados los autos a la Cámara, ésta confirmó la sentencia (v. fs. 437/439), bien que posteriormente esta Suprema Corte anuló dicho decisorio al acoger el recurso de nulidad interpuesto por el demandado (v. fs. 487/496 vta. y 563/565).
I.2. El Tribunal de Alzada, con nueva integración, dictó un nuevo fallo en el cual, por mayoría, revocó la sentencia de primer grado e impuso las costas de ambas instancias a la institución ejecutante vencida (v. fs. 598).
Para decidir de esa manera, el voto mayoritario abordó la excepción de inhabilidad de título opuesta y entendió que correspondía su acogida, en razón de que el ejecutado se encontraba comprendido dentro de los beneficiarios a los que aludía el art. 10 de la ley 10.390 (modificado por la ley 10.466), que incluía a los productores agropecuarios, comerciantes e industriales de las zonas afectadas entre los sujetos protegidos por la emergencia agropecuaria que había sido declarada para las explotaciones perjudicadas por las inundaciones de 2014 (por disposición de los decretos 741 y 987 de ese año) en los partidos de -entre otros- Coronel Suárez y Guaminí, límite donde se ubica la localidad de Huanguelén, sitio en el cual el señor Álvarez posee su explotación "Agronomía Álvarez", dedicada a la venta de insumos agropecuarios, acopio de cereal y transporte de granos (v. fs. 590 vta. y 591).
Comenzó advirtiendo que el demandado no había estado obligado a gestionar el certificado al que aludía el art. 8 de la ley 10.390 -lo que se desprendía de sus arts. 34 y 40- señalando que en la primera de las reglas mencionadas -que imponía la obtención del mentado certificado- no se encontraban incluidos los comerciantes e industriales, en tanto refería únicamente a los productores agropecuarios (v. 591 vta. y 592). Resaltó así que la ley 10.466 (que había incluido entre los beneficiarios de la emergencia agropecuaria a los comerciantes e industriales de las zonas afectadas) no había sido reglamentada, motivo por el cual estos últimos no estaban incluidos en la tramitación de aquel. Además, agregó que si bien el art. 8 de la ley 10.390 aludía a la presentación del certificado para acceder a sus beneficios, era igualmente cierto que el Ministerio de Asuntos Agrarios debía enviar al Banco de la Provincia de Buenos Aires la información con el fin de otorgar los correspondientes beneficios crediticios a sus clientes (v. fs. 592).
Asimismo, el sentenciante tuvo en cuenta que la entidad bancaria no sólo había apreciado en forma directa la delicada situación financiera que atravesaba el demandado como comerciante, sino que también había tomado conocimiento del certificado de emergencia que como productor agropecuario le había sido extendido por el Ministerio de Asuntos Agrarios, el cual se hallaba glosado al expediente que por daños y perjuicios vinculaba a las mismas partes (en forma inversa) y que se encontraba en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 8 de ese departamento judicial. Dicho certificado había sido acompañado como documental junto a la demanda y había sido puesto en conocimiento de la entidad bancaria con la notificación de aquella el 27 de febrero de 2015, fecha muy anterior al inicio del cobro ejecutivo (22 de abril de ese año). A ello añadió que el Banco no podía ignorar las circunstancias climáticas acaecidas en la zona en la que el ejecutado desarrollaba su actividad económica, puesto que integraba la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (v. fs. 592 y vta.).
Transcribió el art. 10 de la ley 10.390 para señalar que la entidad bancaria debía brindar esperas, renovaciones y otras soluciones financieras a pedido de los interesados por las obligaciones pendientes a la fecha fijada como de inicio de la emergencia. Y encontró que el mencionado decreto n° 741 (modificado por el n° 987) había establecido el período de emergencia agropecuaria entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de ese mismo año (v. fs. 592 vta. y 593).
Para más, observó que con fechas 24 y 30 de junio de 2014 el ejecutado había remitido tres cartas al Banco a los fines de comunicar su complicada situación económica por las heladas e inundaciones, sin que la entidad financiera oficial hubiera respondido a sus requerimientos. Por el contrario, remarcó que ésta lo había intimado el 27 de noviembre de 2014 a que abonara el saldo deudor de la cuenta corriente, lo que había motivado que el demandado volviera a enviarle una nueva misiva el 3 de diciembre de 2014 para solicitarle la aplicación -a su respecto- de la normativa de emergencia agropecuaria (v. fs. 593 vta. y 594).
El Tribunal de Alzada continuó el examen del intercambio epistolar y observó que el 8 de enero de 2015 el Banco había vuelto a intimar al señor Álvarez a abonar el saldo deudor bajo apercibimiento del cierre de su cuenta corriente, lo que finalmente había hecho y notificado el 23 de enero de 2015, para luego iniciar este proceso de ejecución cuando la ley que regía el caso le impedía hacerlo. Así surgía claramente de su texto que expresamente amparaba las deudas anteriores al estado de emergencia agropecuaria, extremo que provocaba la manifiesta inhabilidad del título (v. fs. 594).
Por otro lado, en relación con la defensa de espera también opuesta por el ejecutado, el voto mayoritario del Tribunal de Alzada señaló que al momento de confeccionar el saldo deudor de cuenta corriente y de promover su ejecución, el banco tampoco se hallaba facultado para hacerlo en virtud de la suspensión dispuesta por el inc. 1 del apartado "d" del art. 10 de la ley 10.390, y si bien a esa altura la cuestión ya resultaba abstracta, efectuaba dicha declaración a los fines de la distribución de las costas procesales.
II. Se agravia la recurrente denunciando la errónea aplicación de la ley 10.390 (v. fs. 609). Reprocha que la finalidad de la norma no se condice con la resolución de la Cámara, pues del texto legal surge que el legislador impuso al Ministerio de Asuntos Agrarios la carga de extender a los productores afectados un certificado que acreditase su estado de emergencia agropecuaria y que al tiempo de los hechos la actividad comercial del actor estaba constituida por la venta de insumos agropecuarios, acopio de cereal y su transporte, por lo que debía quedar excluido del régimen de emergencia. Así, transcribe el art. 8 de la ley 10.390 y señala que el otorgamiento de los beneficios legales poseía condiciones que se encuentran en el art. 10 y que el ejecutado no cumplía, de manera que una correcta interpretación de las mismas torna arbitraria y absurda la sentencia recurrida (v. fs. 609/610).
Insiste en que la normativa de emergencia agropecuaria referida exigía que el beneficiario cumpliera con los requisitos administrativos, obteniendo del Ministerio de Asuntos Agrarios el correspondiente certificado, y que lo presentara ante el Banco, lo que el ejecutado no había hecho; aclara que ni todos los comerciantes estaban incluidos en la emergencia agropecuaria ni la asistencia financiera resultaba automática, sino que la norma otorgaba a la entidad financiera un razonable margen de discrecionalidad para su otorgamiento, resultando erróneo y absurdo lo postulado por la Cámara respecto a que en el caso de los comerciantes no debía cumplirse con el requisito de la certificación (v. fs. 610 vta./611 vta.).
Por otro lado, objeta que se ha desnaturalizado el procedimiento del juicio ejecutivo porque el tribunal a quo ingresó a discutir sobre la causa de la obligación, lo que se encuentra vedado en esta clase de procesos, destacando que el título presentado a ejecución fue emitido con los recaudos previstos en el art. 793 del Código de Comercio, vigente a esa época (v. fs. 610).
De tal manera, apoya el criterio del voto emitido en disidencia y se agravia de que se haya considerado inhábil el título cuando debía serlo únicamente por sus formalidades externas, deviniendo improcedente todo análisis sobre la composición del saldo deudor (v. fs. 611 vta. y 612).
A su turno, respecto de la excepción de espera admitida por el tribunal a quo , la recurrente impugna que el proceso de ejecución del saldo deudor se inició en razón de que el demandado no había acreditado su carácter de beneficiario de la emergencia agropecuaria (v. fs. 612/613).
Finalmente, pone de relieve que el pronunciamiento de la Cámara, además de ser arbitrario, reviste manifiesta gravedad institucional, pues obliga al Banco a incluir al demandado en el régimen de emergencia sin haber cumplido con los requisitos administrativos. Objeta que no podía dar curso a solicitudes que implicaran un quebrantamiento de la normativa a la que se encontraba obligada (v. fs. 613 y vta.).
III. El recurso no puede prosperar atento a su insuficiencia técnica (conf. doctr. art. 279, CPCC).
La recurrente controvierte que la Cámara ingresó a conocer cuestiones vinculadas con la causa de la obligación que sustenta el título base de la acción ejecutiva, en violación a lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial, que dispone que la excepción de inhabilidad debe fundarse únicamente en las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de su causa (conf. art. 542, al que remitía el art. 793, Cód. Com.).
Sin embargo, ello no ha sido así. El Tribunal de Alzada argumentó que el título traído a ejecución resulta inhábil pues al tiempo de su confección pendía una manifiesta imposibilidad jurídica para ello, circunstancia que lo invalida como tal.
En efecto, la Cámara admitió la defensa planteada en razón de que para la época en la cual la entidad financiera procedió a cerrar la cuenta del cliente y confeccionar el certificado de saldo deudor para su posterior ejecución judicial ésta ya había tomado conocimiento de la emergencia agropecuaria que había sido declarada para la zona en la cual el ejecutado desarrollaba su actividad comercial, así como que este había obtenido de parte del Ministerio de Asuntos Agrarios el respectivo certificado que lo amparaba en la emergencia y que le imponía al Banco la aplicación -a su respecto- de las concretas medidas crediticias dirigidas a paliar las dificultades financieras e impositivas que padecían los productores agropecuarios y frutihortícolas, industriales y comerciantes de la zona a raíz de las adversidades climáticas que habían afectado sus actividades productivas (medidas establecidas en el art. 10 de la ley 10.390), entre las cuales se destacaba la necesidad de otorgarle nuevas refinanciaciones, nuevos créditos especiales y descuentos de documentos, unificaciones y esperas de las obligaciones dinerarias que estuvieran vencidas y pendientes de cancelación (apdo. 1 incs. "a", "b" y "c" de la citada norma), facilidades que incluso habían sido expresamente reclamadas por el señor Álvarez mediante tres cartas documento remitidas a la entidad financiera oficial en esa época (v. fs. 592/593).
El carácter manifiesto de la inhabilidad del título presentado a ejecución derivó -para el tribunal a quo - de la mera existencia de la normativa que declaró la emergencia agropecuaria en la zona y de la evidencia del señalado certificado emitido por el Ministerio de Asuntos Agrarios en favor del ejecutado (documental en la causa "Álvarez Mario Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", agregada a estas actuaciones; v. copia a fs. 23 y constancia de la reserva del original a fs. 118). Luego, tales circunstancias conocidas le imponían a la entidad bancaria un curso de acción incompatible con el cierre de la cuenta corriente y la confección del certificado de saldo deudor traído a ejecución.
Se advierte así que la recurrente se desentiende de las razones sobre las que la Cámara asentó su decisión, pues sobre ellas nada dice.
Por el contrario, insiste en que la normativa de emergencia agropecuaria era sólo para productores agropecuarios, desconociendo esa condición en el demandado (v. fs. 609 vta. y 610 vta./611 vta.) y sin advertir -además- que la ley 10.466 ya había incorporado como beneficiarios del régimen previsto en el art. 10 de la 10.390 a los comerciantes e industriales de las zonas afectadas, todo lo que pone de manifiesto la insuficiencia de sus embates (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Es dable recordar que en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 120.925, "Ferbin Construcciones S.R.L.", sent. de 6-XII-2017 y C. 121.102, "Brandauer", sent. de 25-IV-2018), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del recurso.
Tampoco prosperan los agravios vertidos sobre la excepción de espera en razón de que son derivaciones que la Cámara realizó a mayor abundamiento, con una finalidad específica y aclarando que su debate resultaba abstracto, por lo que no integraron el fundamento central de la decisión que desestimó la ejecución.
A ese respecto, esta Corte sostiene que las manifestaciones formuladas "a mayor abundamiento" sólo tienen un valor accesorio que no perturba ni incide de manera alguna en las motivaciones esenciales que respaldaron la decisión del Tribunal de Alzada; por ende, no causan agravio y, consecuentemente, devienen inapelables e impropio su tratamiento por la Suprema Corte (conf. doctr. causas C. 118.900, "Centrales de la Costa Atlántica S.A.", sent. de 15-VII-2015 y C. 118.950, "Consorcio de Propietarios", sent. de 5-X-2016).
Por último, también resulta insuficiente el embate fincado en la gravedad institucional que provocaría incluir al demandado en el régimen de la ley 10.390 (v. fs. 613), pues no cabe admitirla si el planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doctr. causas C. 117.114, "Fisco ", sent. de 4-III-2015 y C. 121.447, "De Benedetto", resol. de 20-IX-2017), extremos que tampoco ha cumplido la recurrente (doctr. art. 279, CPCC).
IV. En consecuencia, no habiéndose acreditado las infracciones legales denunciadas, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto. Costas a la agraviada vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:35:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 18:04:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 18:46:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 11:09:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 13:12:43 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia