Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $450.160 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.034, "Italpresse Industrie S.P.A. contra Aluminio Della Croce S.A. Cobro ejecutivo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la resolución de fs. 364 que, a su turno, había ordenado a la actora practicar nueva liquidación (v. fs. 394 y vta.).
Se interpusieron, por el letrado apoderado de Italpresse Industrie S.P.A., recursos extraordinarios de inaplicabilidad e inconstitucionalidad (v. fs. 414/426 vta.), los que denegados por la Cámara (v. fs. 516/517) provocaron la interposición del recurso de queja que finalmente acogió la primera de las vías recursivas intentadas (v. fs. 598/600).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En el marco del presente juicio ejecutivo por cobro de siete pagarés librados por la suma de quince mil quinientos noventa y cinco euros (Euros 15.595) cada uno, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Avellaneda mandó llevar adelante la ejecución por el total de ciento nueve mil ciento sesenta y cinco euros (Euros 109.165) o su equivalente en pesos conforme la cotización al día de su cancelación, con más un interés a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones ordinarias mensuales (v. fs. 194/195).
A fs. 218/220 la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó dicha decisión.
A fs. 232 la ejecutada dio en pago la suma de un millón ciento setenta y nueve mil trescientos nueve pesos con cuarenta y nueve centavos ($1.179.309,49) en concepto de capital de condena (a razón de 1 Euro = $10,80 según la cotización del Banco de la Nación Argentina a la fecha del depósito, 25 de febrero de 2014).
Corrido el pertinente traslado, la ejecutante practicó liquidación y rechazó el pago efectuado (v. fs. 235/251). A su turno, la accionada impugnó la liquidación elaborada por la actora y pidió la revisión de la cosa juzgada respecto de la aplicación de la tasa de interés establecida en la sentencia (v. fs. 268/274).
El magistrado de origen, luego de considerar la suma depositada como un pago parcial y de determinar el modo de su imputación, aprobó la liquidación formulada por la ejecutante y desestimó la revisión de cosa juzgadaírrita planteada (v. fs. 275 vta. y 276).
A fs. 342 y vta., el letrado apoderado de Italpresse Industrie S.P.A. practicó nuevo cálculo, el que fue nuevamente impugnado por el representante de Aluminio Della Croce S.A. alegando la improcedencia del cómputo de los intereses sobre la suma dada en pago oportunamente, así como la inaplicabilidad al caso de las previsiones del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 362/363).
El magistrado de origen, tras advertir una discordancia entre el cálculo efectuado por la actora en su nueva liquidación y lo previamente dispuesto por el Tribunal de Alzada a fs. 275/276, expresó -reiterando lo allí resuelto por el superior- que al momento de realizarse el pago por $1.179.309,49 permanecía un saldo deudor de $54.255,01, por lo que el actor debía convertir ese monto a euros y calcularle los intereses fijados en la sentencia hasta la fecha de su efectivo pago. En atención a lo dispuesto, intimó a la ejecutante a practicar una nueva liquidación (v. fs. 364).
II. Apelada esta providencia por la actora, la Cámara departamental la confirmó (v. fs. 394 y vta.).
III. Frente a ello, la sociedad extranjera actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 867, 868, 869, 870, 880, 932, 934, 942, 948 y 951 del Código Civil y Comercial de la Nación -y normas análogas del Código Civil-; y 557 y 589 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega, además, el vicio de absurdo y hace reserva del caso federal (v. fs. 414/426 vta.).
Aduce que la Cámara ha quebrantado su derecho de propiedad al resolver que el depósito judicial efectuado por la empresa Aluminio Della Croce S.A., por una suma inferior a la debida y en una moneda diversa a la establecida en la sentencia, podía constituir un pago parcial válido (v. fs. 414 vta.).
Así como también sostiene que a fs. 275 ya se había aprobado la liquidación practicada y se había rechazado el pago pretendido mediante las sumas depositadas. Por lo que luego, a fs. 364, se obligó al acreedor a aceptar un pago que no había reunido los requisitos de identidad e integridad establecidos por las leyes aplicables, en franca violación con lo anteriormente resuelto y con afectación del principio de preclusión y cosa juzgada (v. fs. 418 vta./421).
Asimismo, expresa que la demandada tampoco había ofrecido en pago las sumas depositadas pues las mismas no estaban a su disposición, esto es, la ejecutada no poseía su libre disponibilidad para darlas en pago, en virtud del embargo previamente trabado (v. fs. 421).
IV. Pues bien, el recurso no puede prosperar.
IV.1. La discusión gira en torno a la incidencia de las sucesivas decisiones recaídas respecto del depósito judicial efectuado a fs. 232.
En la resolución impugnada, la Cámara expresó que en la previa resolución de fs. 275/276, dictada con fecha 30 de agosto de 2014, "...se ha[bía] tomado la suma depositada de $1.179.309,49.- como pago parcial, restando la suma de $54.255,01.- (resultante de la diferencia al tipo de cambio vendedor), corriendo los intereses hasta la fecha del depósito -25/2/2014-, debiendo deducirse aquel pago parcial y sobre el saldo calcularse nuevos intereses y gastos (v. fs. 275 vta.)" (fs. 394 y vta.).
En virtud de lo expuesto, recordó que los efectos de la preclusión impedían el replanteo de cuestiones decididas en forma expresa o implícita en el juicio, toda vez que ello operaba como un escollo o una imposibilidad de reeditar aquellas que ya habían sido objeto de tratamiento y de resolución anterior (v. cit.).
Asimismo, precisó que toda cuestión ya resuelta, sin haber sido atacada idóneamente en tiempo oportuno y por la vía adecuada, había adquirido firmeza y no podía ser revocada en el mismo proceso. Y ello así porque debía atenderse al principio esencial de seguridad jurídica que se manifiesta, precisamente, a través de la firmeza de los actos procesales así dictados, evitando la incertidumbre de la reedición infinita del litigio y la prolongación " sine die " de su definición (v. fs. cit.).
En consecuencia, teniendo en cuenta que el decisorio de fs. 275/276 se encontraba firme y consentido, concluyó que las quejas vertidas por la apelante no podían resultar de recibo (v. fs. cit.).
IV.2. En esta oportunidad, la recurrente insiste -iterando los agravios vertidos ante el Tribunal de Alzada (v. fs. 365/373 vta.)- con que el pago parcial del deudor fue rechazado, habiéndose aprobado a fs. 275/276 la previa liquidación presentada por su parte.
Sin embargo, ello no ha sido así.
La impugnante pretende revisar el pronunciamiento dictado partiendo de una desinteligencia de las decisiones arribadas en las instancias inferiores, contraponiendo argumentos que lucen dogmáticos y no logran conmover las conclusiones del fallo impugnado (conf. causas C. 120.670, "Ostheguy", sent. de 12-VII-2017; C. 120.906, "Gallino", sent. de 9-V-2018; e.o.).
En efecto, en su oportunidad, al examinar la dación en pago, impugnación de liquidación y planteo de cosa juzgadaírrita, el juez de primera instancia señaló que "de la lectura de autos surg[ía] que a fs. 232 el dr. Ernesto Daniel Distefani, apoderado de la accionada Aluminio Della Croce S.A., [había dado] en pago la suma de $1.179.309,49.- en concepto de capital de condena en Euros 109.165 (1 Euro= $10,80), según cotización del Banco de la Nación Argentina al día 25 de febrero de 2014" (fs. 275).
A ello agregó que "analizando el pago efectuado por el accionado, cotejando el tipo de cambio a la fecha del depósito que lucía a fs. 239, surgía que el valor de venta ese día [había sido] de $11,30 y de ahí surgía claramente la diferencia apuntada por la actora en sus conteste" (fs. 275 vta.).
Continuó sosteniendo que la "...jurisprudencia provincial expresaba que a los fines liquidatorios correspondía calcular los intereses desde la fecha de la mora de la obligación y hasta el día en que [había tenido lugar] el pago parcial, [por lo que] a lo así obtenido se le deb[ía] deducir la suma abonada imputándosela a intereses y capital, en ese orden, y al monto por capital no saldado se le [debían calcular] los intereses desde la fecha del pago parcial hasta el momento del pago definitivo" (fs. 275 vta.).
Así las cosas, concluyó que "tomando la suma depositada de $179.309,49 como pago parcial resta[ban] $54.255,01 (resultante[s] de la diferencia al tipo de cambio vendedor), corriendo los intereses hasta la fecha del depósito -15/2/2014-, [por lo que] deb[ía] deducirse aquel pago parcial y del saldo calcular[se] los nuevos intereses y gastos que integra[ban] la condena en costas" (fs. cit.).
Finalmente, "...de acuerdo a estas pautas, y del análisis de la presentación de fs. 249/251, aprob[ó] la liquidación formulada por la ejecutante" (fs. cit.).
Esta decisión quedó firme y consentida (v. fs. 331/332) y su télesis -como se aprecia- fue reiterada por el sentenciante de origen a fs. 364 -reproduciendo los términos allí vertidos- y luego confirmada por la Cámara a fs. 394 y vta.
En tal sentido, para dar debida respuesta a la pretendida exégesis de la resolución de fs. 275/276 por la quejosa, cabe recordar -como regla hermenéutica- que una sentencia es un todo único compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias; de manera tal que lo que [eventualmente] se deja de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho al fundar su resolución (conf. doctr. causas Ac. 50.350, "Oggero Hnos. Sociedad de hecho", sent. de 3-V-1994; Ac. 53.753, "Cooperativa Agrícola Limitada La Victoria", sent. de 4-IV-1995 y C. 100.949, "C., J. R.", sent. de 29-VI-2011).
Bajo esta premisa, no es posible afirmar que el magistrado de origen haya rechazado el depósito efectuado por la ejecutada cuando de la lectura del decisorio surge de manera clara y precisa que dichas sumas fueron consideradas por el sentenciante como un pago parcial de lo adeudado, para luego -teniendo en cuenta tal contingencia- aprobar la respectiva liquidación de autos.
Ha sido la recurrente -más bien- quien ha atribuido a lo resuelto a fs. 275/276 una inteligencia diversa de la efectivamente dada por los jueces, desentendiéndose de las premisas esenciales del fallo.
En reiteradas oportunidades esta Corte ha señalado que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales o incurre en absurdo no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese fin la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador sin atacar los pilares del pronunciamiento impugnado (conf. causas C. 119.294, "Sánchez", sent. de 3-V-2018; C. 120.040, "Harnan", sent. de 29-VII-2018; entre muchas).
De este modo, la impugnante soslaya el plano en que la Cámara instaló su decisión -esto es, los concretos efectos jurídicos dados al depósito del ejecutado por la resolución de fs. 275/276, pasada en autoridad de cosa juzgada-, dejando incólume el fundamento en que descansa (conf. causas C. 98.117, "Sachinelli", sent. de 15-IV-2009; C. 105.471, "Panini S.P.A.", sent. de 29-XII-2009 y C. 104.485, "Santoro", sent. de 14-IV-2010), sin lograr demostrar la violación de la norma legal denunciada, ni cumplir con la carga de formular una crítica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, circunstancias que sellan adversamente la suerte del recurso (doctr. art. 279, CPCC).
V. En consecuencia, no habiéndose demostrado ni el absurdo invocado, ni las infracciones legales denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto. Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $450.160 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:49:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 08:44:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:47:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:37:47 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2020 13:26:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia